Auto C.E. 11001-03-24-000-2018-00455-00 (2026)

CONSEJO DE ESTADO 11001-03-24-000-2018-00455-00 AUTO INTERLOCUTORIO SUSTENTO NORMATIVO : LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 137 / DECRETO 1076 DE 2015 / DECRETO LEY 2811 DE 1974 / LEY 99 DE 1993 - ARTÍCULO 31, 63 / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, RESOLUCIÓN 455 DE 2021 - ARTÍCULO 3 / LEY 962 DE 2005 - ARTÍCULO 1 NUMERAL 3 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231 NORMA DEMANDADA : 1 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA. RESOLUCION 200.41.11.1130 DEL 22 DE JUNE DE 2011 2011 ARTÍCULO: INCISO: LITERAL: NUMERAL: PARÁGRAFO: ORDINAL: (SUSPENDER DEL AUG 5 2026 12:00AM) / 2 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA. RESOLUCION 500.41.13.1571 DEL 6 DE NOVEMBER DE 2013 2013 ARTÍCULO: INCISO: LITERAL: NUMERAL: PARÁGRAFO: ORDINAL: (SUSPENDER DEL AUG 5 2026 12:00AM) / 3 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA. RESOLUCION 500.41.15.1241 DEL 24 DE AUGUST DE 2015 2015 ARTÍCULO: INCISO: LITERAL: NUMERAL: PARÁGRAFO: ORDINAL: (SUSPENDER DEL AUG 5 2026 12:00AM) / 4 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA. RESOLUCION 500.41.15.1753 DEL 3 DE DECEMBER DE 2015 2015 ARTÍCULO: INCISO: LITERAL: NUMERAL: PARÁGRAFO: ORDINAL: (SUSPENDER DEL AUG 5 2026 12:00AM) FECHA : 05/08/2026 SECCION : SECCION PRIMERA PONENTE : PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA ACTOR : OSCAR JAVIER RODRIGUEZ PEREZ DEMANDADO : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA - CORPORINOQUIA DECISION : DECRETA TEMA : MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD / SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR / ORDEN / CORPORINOQUÍA / IMPOSICIÓN DE SANCIONES / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / NEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR Problema jurídico: Si procede emitir pronunciamiento con respecto a la segunda pretensión dispuesta en el escrito de medida cautelar, en la que el demandante solicitó que se ordene a Corporinoquia abstenerse de imponer sanciones o exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los actos demandados Respuesta al problema jurídico: No Respecto a la segunda pretensión dispuesta en el escrito de medida cautelar, en la que el demandante solicitó que se ordene a Corporinoquia abstenerse de imponer sanciones o exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los actos demandados, el Despacho precisa que el medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA tiene como finalidad obtener la declaratoria de nulidad de actos administrativos y no contempla la posibilidad de impartir órdenes de hacer o no hacer a las autoridades administrativas. Ahora, en el marco del medio de control de nulidad y bajo la égida de una petición cautelativa como la suspensión provisional de un acto general, tampoco es viable una petición que vaya más allá del examen del propio acto que se controvierte, lo cual comprende la imposibilidad de que la decisión abarque o se extienda a actos indeterminados. En consecuencia, la pretensión formulada en esos términos resulta improcedente en el marco del medio de control ejercido y no será objeto de pronunciamiento autónomo. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 137 MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD / NORMA DEMANDADA / SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / CORPORINOQUÍA / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / MANUAL DE MANEJO AMBIENTAL / INFORME TÉCNICO / COMPENSACIÓN / PROYECTO PRODUCTIVO / PRODUCCIÓN AGRÍCOLA / INDUSTRIA FORESTAL / ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL / GESTIÓN AMBIENTAL / VACÍO NORMATIVO / APLICACIÓN DE LA LEY / LEY 99 DE 1993 / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE RIGOR SUBSIDIARIO / NORMA NACIONAL / CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL / POTESTAD REGLAMENTARIA DERIVADA / LÍMITES A LA POTESTAD REGLAMENTARIA / FALTA DE COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL / EXTRALIMITACIÓN DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA / VULNERACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO / PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: [D]eterminar si debe suspenderse provisionalmente un acto administrativo mediante el cual una Corporación Autónoma Regional estableció que las personas naturales y jurídicas que pretendan desarrollar proyectos productivos agrícolas, forestales y agroindustriales en áreas entre 100 y 5.000 hectáreas de su jurisdicción deben presentar para evaluación y aprobación previa de la Corporación un estudio técnico que contenga las denominadas MMA como condición para obtener los permisos ambientales y desarrollar la actividad productiva, si a juicio del demandante dicho instrumento no está previsto en la legislación que regula los permisos exigibles para el uso y aprovechamiento de recursos naturales. Respuesta al problema jurídico: Si La legislación ambiental colombiana establece para el uso y aprovechamiento de recursos naturales un régimen de instrumentos de gestión ambiental regulado por el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, en el Decreto 1076 de 2015, etc; entre los cuales se contemplan la concesión de aguas, los permisos de emisiones atmosféricas, de vertimientos, de aprovechamiento forestal, las licencias ambientales, los planes de manejo ambiental, los estudios de impacto ambiental y los diagnósticos ambientales de alternativas. Cada uno de estos permisos se tramita y otorga de manera independiente conforme a los requisitos técnicos previstos en la legislación para cada recurso. Los proyectos productivos agrícolas, forestales y agroindustriales regulados por las resoluciones acusadas no se encuentran comprendidos en ninguno de estos supuestos. Lo que la Corporación creó fue un instrumento híbrido que toma elementos de figuras legalmente previstas para contextos distintos y los aplica a un universo de proyectos para los cuales la ley no exige instrumento de gestión ambiental integral alguno. La propia Corporación demandada reconoció este vacío en los considerandos [...] Esta declaración confirma que la Corporación era consciente de la creación del instrumento para llenar un vacío que, a su juicio, presentaba la legislación nacional. Igualmente, en los considerandos de la misma resolución, la Corporación invocó como fundamento normativo el principio de rigor subsidiario del artículo 63 de la Ley 99 de 1993, [...] Esta invocación resulta medular para el análisis del cargo, por cuanto la propia Corporación identificó expresamente el fundamento jurídico bajo el cual estimaba habilitada su actuación. Habiendo verificado que el instrumento denominado MMA no se encontraba consagrado en una norma con rango de ley ni puede derivarse de una interpretación sistemática de la legislación vigente, corresponde ahora determinar si la autoridad ambiental regional contaba con una habilitación normativa que amparara su creación. La Corporación demandada invocó en los considerandos de la Resolución 200.41.11.1130 de 2011 el principio de rigor subsidiario del artículo 63 de la Ley 99 de 1993. [...] La Corte Constitucional ha precisado el contenido y los límites de la autonomía funcional de las corporaciones autónomas regionales [...] [y ha determinado que] ejercen una potestad normativa derivada y subordinada. Pueden expedir regulaciones ambientales complementarias en su jurisdicción cuando la autoridad central haya delineado lineamientos generales que la autoridad regional desarrolla con mayor especificidad o rigor. El concepto de "autoridad central" en materia ambiental comprende tanto al Legislador como al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a las demás autoridades nacionales competentes, de suerte que la regulación base sobre la cual opera el rigor subsidiario puede tener rango legal o reglamentario. Sin embargo, esta potestad está sujeta a dos límites. En primer lugar, las regulaciones que expidan las corporaciones autónomas regionales deben respetar “el carácter superior y la preeminencia jerárquica de las normas dictadas por autoridades y entes de superior jerarquía”, según lo prevé el principio de gradación normativa consagrado en el artículo 63 de la Ley 99 de 1993. En segundo lugar, el artículo 84 de la Constitución prohíbe a las autoridades públicas establecer o exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para el ejercicio de derechos o actividades que ya hayan sido reglamentados de manera general. La Corte Constitucional precisó en la misma sentencia C-145 de 2021 que esta prohibición constituye un límite a la autonomía funcional de las CAR, puesto que estas corporaciones no cuentan con “una potestad normativa que pueda ser ejercida al margen de la ley y los reglamentos de alcance nacional”. Efectivamente, en la misma sentencia, la Corte precisó que el principio de rigor subsidiario parte del supuesto de que las regulaciones nacionales de protección ambiental son apenas un “estándar mínimo” que las autoridades regionales pueden fortalecer. [...] el rigor subsidiario presupone la existencia de regulaciones nacionales de protección ambiental que constituyen un estándar mínimo. Las corporaciones autónomas regionales pueden y deben hacer más rigurosos esos estándares cuando las particularidades de un ecosistema así lo requieran. Sin embargo, cuando no existe regulación nacional alguna, ya sea de rango legal o de rango reglamentario, que establezca un instrumento o requisito en una materia determinada, la autoridad ambiental regional carece del punto de partida normativo que el principio presupone y su actuación se desplaza del ámbito de la complementariedad al de la creación normativa autónoma, para la cual no está habilitada. En la misma línea, la jurisprudencia de esta Sección ha señalado que la aplicación del principio de rigor subsidiario presupone la preexistencia de una norma de carácter nacional que sirva de base para su ejercicio [...] Estando establecido que el instrumento denominado MMA no estaba consagrado en ninguna norma de alcance nacional, ni en la ley ni en los reglamentos expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o por el Gobierno Nacional y que el principio de rigor subsidiario no habilitaba a la Corporación demandada para crearlo, corresponde formular las consecuencias de esa conclusión para este cargo. En este caso se advierte que la Corporación demandada creó un instrumento de gestión ambiental que opera como requisito habilitante del ejercicio de actividades productivas lícitas sin que el ordenamiento jurídico le hubiera atribuido esa potestad. No existía un estándar mínimo nacional, ni de rango legal ni de rango reglamentario, sobre el cual la Corporación pudiera ejercer el rigor subsidiario. La potestad que el artículo 63 de la Ley 99 de 1993 le confería la habilitaba para hacer más exigentes los estándares de evaluación de los permisos individuales de uso de recursos naturales ya previstos en la normatividad vigente pero no para crear un instrumento integral enteramente nuevo que condiciona el ejercicio de actividades productivas a un procedimiento de aprobación previa que ninguna autoridad del orden nacional ha previsto. Por ende, el cargo prospera para efectos de la decisión que se proferirá frente a la medida cautelar solicitada. Adicionalmente, las resoluciones demandadas imponen compensaciones ambientales a cargo de los titulares de los proyectos productivos sujetos al régimen de MMA. La legislación ambiental colombiana sí contempla la exigencia de medidas de compensación, pero su aplicación se encuentra circunscrita a 3 escenarios específicos: (i) proyectos que requieren licencia ambiental conforme al artículo 57 de la Ley 99 de 1993 y los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015; (ii) proyectos que implican la sustracción temporal o definitiva de áreas de reserva forestal conforme al artículo 204 de la Ley 1450 de 2011 y (iii) actividades de aprovechamiento forestal único en terrenos de dominio público conforme al Decreto 1076 de 2015. Los proyectos productivos agrícolas, forestales y agroindustriales regulados por las resoluciones acusadas no requieren por definición licencia ambiental ni se enmarcan necesariamente en los otros dos supuestos legales. Al imponer compensaciones ambientales de manera general a todos los titulares de proyectos sujetos al régimen de MMA la Corporación demandada extendió la aplicación de una carga que la ley reserva a contextos específicos a un universo de proyectos que no se encuentra comprendido en ninguno de ellos. En esa misma línea, las resoluciones demandadas establecen cobros por los servicios de evaluación, de control y de seguimiento del instrumento de MMA. Si la Corporación carece de habilitación legal para crear el instrumento carece igualmente de título jurídico para cobrar por los servicios asociados a su evaluación y seguimiento. El cobro por un servicio presupone que el servicio esté legalmente autorizado. Al no estarlo los cobros impuestos carecerían de soporte legal. En este contexto, prima facie, se advierte que al crear un instrumento de gestión ambiental no previsto en la ley para un tipo de proyectos que conforme al ordenamiento jurídico vigente solo requieren permisos individuales de uso de recursos naturales, al extender las compensaciones ambientales a proyectos no comprendidos en los supuestos legalmente previstos y al imponer cobros por servicios asociados a un instrumento sin habilitación legal, la Corporación demandada excedió el ámbito de aplicación del principio de rigor subsidiario y ejerció una potestad normativa que no le ha sido atribuida por el Legislador. FUENTE FORMAL: Decreto 1076 DE 2015,Decreto Ley 2811 DE 1974,Ley 99 DE 1993 - ARTÍCULO 31, 63 CORPORINOQUÍA / ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / VULNERACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO / PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Problema jurídico: Acreditada la apariencia de vulneración del ordenamiento jurídico, corresponde al Despacho determinar el alcance de la suspensión provisional, dado que la parte actora solicitó la suspensión de la totalidad de los 4 actos demandados Respuesta al problema jurídico: Si La Resolución 200.41.11.1130 de 2011 está organizada en 5 capítulos. El Capítulo I contiene las disposiciones generales, incluyendo las definiciones del artículo 1 y la declaratoria de obligatoriedad del artículo 2, cuyo parágrafo establece que los criterios regionales del acto son de obligatorio cumplimiento y que su transgresión da lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias de la Ley 1333 de 2009. El Capítulo II, denominado Lineamientos Ambientales, contiene el artículo 3 que constituye la disposición nuclear del régimen al crear la obligación de presentar el estudio técnico de Medidas de Manejo Ambiental. Los artículos 4 a 11 regulan el contenido del estudio técnico, la caracterización ambiental, la demanda de uso de recursos naturales y la zonificación ambiental. El Capítulo III establece los procedimientos generales: el artículo 12 fija la documentación requerida para el trámite y el artículo 13 regula el procedimiento de evaluación y los cobros asociados. Los Capítulos IV y V regulan el control y seguimiento y las disposiciones finales, respectivamente. Todas las disposiciones de la resolución giran en torno al instrumento creado por el artículo 3. Las definiciones del artículo 1 están concebidas para delimitar el ámbito de aplicación de las MMA. El contenido técnico exigido en los artículos 4 a 11 es el contenido del estudio que el artículo 3 ordena presentar. El procedimiento del artículo 12 y los cobros del artículo 13 son el trámite mediante el cual la Corporación evalúa y aprueba ese estudio. El régimen de seguimiento del Capítulo IV es el mecanismo de verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la aprobación de las MMA. En esa medida, sin la obligación nuclear creada por el artículo 3, las demás disposiciones carecen de objeto y de aplicación autónoma: no hay contenido técnico que regular, no hay procedimiento que surtir, no hay cobro que imponer y no hay cumplimiento que verificar. Similar consideración se predica de las tres resoluciones modificatorias. La Resolución 500.41.13.1571 de 2013 modificó el parágrafo 2 del artículo 3 para incluir disposiciones sobre núcleos productivos y agricultores en arriendo e incorporó un régimen de transición para los proyectos existentes, todas ellas disposiciones que presuponen la vigencia del instrumento de MMA. La Resolución 500.41.15.1241 de 2015 modificó el artículo 3 para precisar que el estudio técnico debía presentarse para su evaluación y posterior aprobación por la Corporación, lo cual reforzó el carácter habilitante del instrumento. La Resolución 500.41.15.1753 de 2015 escindió de la resolución original los criterios relativos a proyectos forestales con fines comerciales pero mantuvo la misma estructura del régimen de MMA para ese subsector. Esta última resolución, pese a constituir un acto formalmente independiente, reproduce la lógica del instrumento creado por el artículo 3 de la resolución original para el subsector forestal, de modo que el vicio de competencia que afecta al instrumento originario se predica igualmente de su derivación. En consecuencia, dado que el vicio de competencia identificado recae sobre la disposición nuclear que sustenta la totalidad del régimen de MMA y que las demás disposiciones de los actos demandados son instrumentales o accesorias a esa obligación central, la suspensión provisional debe comprender la integridad de los actos demandados. JUICIO DE PONDERACIÓN / SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / VULNERACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO / PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / CONFLICTO DE INTERESES / INTERESES / PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE / ECOSISTEMA / JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL / PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / DECRETO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: [C]orresponde al Despacho ponderar si resulta más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla Respuesta al problema jurídico: No En este caso están en tensión dos intereses. De un lado, la protección ambiental de los ecosistemas de la jurisdicción de Corporinoquia, finalidad que motivó la expedición de las resoluciones acusadas y que constituye un mandato constitucional previsto en los artículos 8, 79 y 80 de la Constitución. De otro lado, el principio de legalidad administrativa, la reserva de trámites consagrada en el artículo 84 de la Constitución y la seguridad jurídica de los particulares que desarrollan actividades productivas lícitas y tienen derecho a que solo se les exijan los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico. El Despacho advierte que la Corporación demandada no aportó evidencia que acredite, siquiera sumariamente, que los ecosistemas de su jurisdicción se encuentren ante un riesgo concreto que no pueda ser gestionado mediante los permisos individuales de uso de recursos naturales ya previstos en la normatividad vigente. Los considerandos de la Resolución 200.41.11.1130 de 2011 reconocen un vacío normativo para proyectos entre 100 y 5.000 hectáreas, pero no incorporan un diagnóstico técnico que sustente la necesidad de crear un instrumento adicional. En esa medida, el interés ambiental invocado carece de un sustento concreto que permita oponerlo al principio de legalidad administrativa. Mantener vigente un acto que prima facie impone a los particulares un trámite administrativo sin habilitación en el ordenamiento jurídico compromete un principio estructural del Estado de Derecho. Además, la suspensión provisional no deja desprotegidos los ecosistemas de la jurisdicción de Corporinoquia, por cuanto los permisos individuales de uso de recursos naturales previstos en el Decreto Ley 2811 de 1974 y en el Decreto 1076 de 2015 continúan plenamente vigentes y exigibles. Lo que se suspende es el instrumento adicional que la Corporación creó por fuera del marco legal, no los controles ambientales que la ley establece. En consecuencia, la ponderación de intereses conduce a decretar la suspensión provisional solicitada respecto de este cargo. ACTOS DE INSCRIPCIÓN / TRÁMITE ADMINISTRATIVO / SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRAMITES / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / CORPORINOQUÍA / OMISIÓN DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE PUBLICIDAD / VIOLACIÓN DE LA NORMA / INOPONIBILIDAD / VULNERACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO / PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: [D]eterminar si la falta de inscripción del trámite de MMA en el Sistema Único de Información de Trámites (en adelante SUIT) del Departamento Administrativo de la Función Pública, si a juicio de la parte actora dicha omisión contraviene lo dispuesto por la Ley 962 de 2005 y la Resolución 1099 de 2017 y genera que el trámite no sea oponible a los particulares. Respuesta al problema jurídico: Si [E]l sistema de inscripción en el SUIT constituye un requisito de publicidad y oponibilidad establecido por una norma de rango legal. El numeral 3 del artículo 1 de la Ley 962 de 2005 dispone que todo requisito, para que sea exigible al administrado, deberá encontrarse inscrito en el SUIT y que el Departamento Administrativo de la Función Pública verificará para efectos de la inscripción que el trámite cuente con el respectivo soporte legal. Esta última condición es significativa: el sistema está diseñado para registrar trámites que cuenten con fundamento en una norma que el Congreso de la República, dado el escenario democrático, haya emitido. La confrontación de las resoluciones demandadas con esta norma superior permite advertir que el trámite de MMA creado por Corporinoquia no se encuentra inscrito en el SUIT. La falta de inscripción configura una vulneración directa del artículo 1 numeral 3 de la Ley 962 de 2005, norma de rango superior que establece la inscripción como condición de exigibilidad del trámite frente a los administrados. Esta vulneración opera como fundamento autónomo de la suspensión provisional, adicional al vicio de falta de competencia analizado en el acápite anterior, por cuanto se predica de una norma superior distinta. Por ende, el cargo prospera como fundamento autónomo adicional al de falta de competencia resuelto en el acápite anterior. FUENTE FORMAL: Departamento Administrativo de la Función Pública, Resolución 455 DE 2021 - ARTÍCULO 3,Ley 962 DE 2005 - ARTÍCULO 1 NUMERAL 3 SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / REQUISITOS DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NORMA / CONCEPTO DE VIOLACIÓN DE LA NORMA / PARTE DEMANDANTE / INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / FALTA DE REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: Si procede emitir pronunciamiento sobre los cargos relativos a la improcedencia de la escisión y a la falta de socialización o audiencias públicas previas a la expedición de los actos. Respuesta al problema jurídico: No En relación con estos reproches el Despacho advierte que en ninguno de ellos la parte demandante identificó de manera específica las disposiciones de rango superior que estima vulneradas, ni planteó frente a ellas una confrontación normativa susceptible de análisis preliminar. En lo que concierne a la escisión del acto administrativo la parte actora afirmó que esta figura no existe en el ordenamiento pero no identificó la disposición superior que prohíba esa modalidad de actuación administrativa o aquella norma que indique cuáles son las maneras en que la Administración emite sus decisiones y que la impugnada no se halle entre esas posibilidades. El artículo 231 del CPACA restringe la procedencia de la suspensión provisional a la “violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.” Esto significa que la suspensión provisional opera como un mecanismo de control normativo preliminar cuya procedencia depende de la confrontación entre el acto demandado y las normas de jerarquía superior que se estimen infringidas. Sin esa confrontación la medida cautelar carece de sustrato procesal. [...] cuando el solicitante se limita a formular cuestionamientos sobre la validez del acto sin identificar la disposición superior que estima vulnerada no se satisface la carga argumentativa mínima que exige el decreto de medidas cautelares. En esos términos tales planteamientos no habilitan, por el cargo que se analiza, el decreto de la suspensión provisional porque no suministran el presupuesto esencial que exige el artículo 231 del CPACA para el decreto de las medidas cautelares, esto es, la posibilidad de verificar de manera preliminar si el acto administrativo demandado vulnera el ordenamiento jurídico a partir de su confrontación con normas de rango superior invocadas como infringidas Finalmente, en lo que atañe al presunto incumplimiento de los requisitos de socialización o la realización de audiencias públicas, conforme al artículo 231 del CPACA, la suspensión provisional procede no solo de la confrontación normativa sino también “del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.” En el presente caso la parte actora no aportó prueba alguna que permita establecer, siquiera de manera preliminar, que la Corporación demandada omitió adelantar el proceso de socialización o participación ciudadana previo a la expedición de los actos acusados. El reproche se sustenta en una afirmación desprovista de soporte probatorio cuya verificación exige un análisis de fondo que no es propio de la sede cautelar. En tales condiciones, los cargos anteriormente señalados no prosperan. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231