Auto C.E. 11001-03-26-000-2016-00150-01 (2026)

CONSEJO DE ESTADO 11001-03-26-000-2016-00150-01 AUTO INTERLOCUTORIO SUSTENTO NORMATIVO : LEY 1437 DE 2011 / LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 86 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 298 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 306 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 422 / LEY 2080 DE 2021 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 302 NORMA DEMANDADA : FECHA : 24/08/2026 SECCION : SECCION TERCERA SUBSECCIÓN C PONENTE : NICOLAS YEPES CORRALES ACTOR : JESUS MARIA VALENCIA BUSTAMANTE DEMANDADO : UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR DECISION : NIEGA TEMA : PROCESO EJECUTIVO / PROCESO EJECUTIVO DERIVADO DE LA CONDENA IMPUESTA / APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA RETROSPECTIVIDAD DE LA LEY / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO Problema jurídico: ¿Es aplicable al proceso la Ley 2080 de 2021, aun cuando la demanda fue presentada antes de su entrada en vigencia, salvo respecto de las actuaciones procesales que ya se encontraban en curso al momento de comenzar a regir dicha reforma? Respuesta al problema jurídico: Si Por tratarse de una demanda promovida el 22 de septiembre de 2016, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el CPACA, así como las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021. Lo anterior, en atención a que la mencionada normatividad entró a regir desde su publicación, exceptuando los recursos interpuestos, las pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estuvieren surtiendo, los cuales se rigen por las leyes aplicables al momento en que iniciaron los referidos actos procesales, de conformidad por lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011,Ley 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 86 PROCESO EJECUTIVO / PROCESO EJECUTIVO DERIVADO DE SENTENCIA JUDICIAL / CONEXIDAD / COMPETENCIA POR CONEXIDAD / COMPETENCIA / ÚNICA INSTANCIA / PROCESO DECLARATIVO / MANDAMIENTO EJECUTIVO / AUTO DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL Problema jurídico: ¿La competencia para conocer de la ejecución de una providencia judicial proferida en un proceso tramitado en única instancia corresponde al mismo juez o magistrado que conoció del proceso declarativo, en aplicación del factor de conexidad? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con lo establecido en el artículo 298 del CPACA, que integra el Título IX del mencionado estatuto procesal y que regula lo correspondiente al procedimiento del proceso ejecutivo, una vez vencido el término previsto para el cumplimiento voluntario de la condena, el juez o magistrado competente, según el factor de conexidad, debe librar mandamiento ejecutivo conforme a las reglas previstas en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias. Por su parte, el artículo 306 del Código General del Proceso, aplicable en virtud de la remisión expresa del artículo 298 y 306 del CPACA, determina el mismo criterio de conexidad previamente señalado como factor de competencia, (…). Este criterio de competencia para conocer de la ejecución de providencias judiciales en la jurisdicción de lo contencioso administrativo fue precisado y unificado por la Sala Plena de la Sección Tercera en auto de 29 de enero de 2020. En dicho auto, luego de examinar las disposiciones del CPACA y del CGP que regulan la ejecución de providencias judiciales, la Sala Plena concluyó que el factor de conexidad es el que determina la competencia para conocer de estos procesos, (…). Adicionalmente, se señaló que “la unificación de la regla de competencia por conexidad deberá entenderse en el siguiente sentido: conocerá de la primera instancia del proceso ejecutivo el juez que conoció de la primera instancia del proceso declarativo, con independencia de si la condena fue proferida o la conciliación aprobada en grado de apelación”. Ahora bien, aunque en la referida providencia no se hizo consideración expresa sobre la ejecución de las providencias proferidas en única instancia por esta Sección, se estima que la regla de competencia por conexidad allí establecida resulta igualmente aplicable a estos asuntos. En efecto, si la ejecución constituye una actuación derivada y consecuente del proceso declarativo, la competencia para conocer de aquella debe conservar la naturaleza que corresponde a la instancia en la que se tramitó este último. Por tanto, cuando la providencia cuya ejecución se pretende fue proferida en un proceso de única instancia, la ejecución deberá tramitarse, igualmente, en única instancia. Sobre este aspecto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que la condición de única instancia comporta una unidad estructural que se proyecta sobre las actuaciones e instituciones procesales que se integran al respectivo trámite, bajo el entendimiento de que “lo accesorio sigue la suerte de lo principal” (STC14632-2022). Asimismo, desde el año 2020, se han proferido pronunciamientos de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el sentido tramitar el proceso ejecutivo a continuación en procesos de única instancia como es el de repetición. En consecuencia, este despacho concluye que, cuando el proceso declarativo fue tramitado en única instancia, la ejecución de la providencia allí proferida conserva esa misma naturaleza y, conforme el artículo 298 del CPACA y, a su vez, el auto de unificación previamente referido, la competencia se mantiene en el juez que profirió la decisión en el proceso ordinario. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 298,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 306 PROCESO EJECUTIVO / MANDAMIENTO EJECUTIVO / PROCESO EJECUTIVO DERIVADO DE SENTENCIA JUDICIAL / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / TÍTULO EJECUTIVO / OBLIGACIÓN CLARA / OBLIGACIÓN EXPRESA / OBLIGACIÓN EXIGIBLE / AUTO DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / COBRO JUDICIAL / REQUISITOS DEL TÍTULO EJECUTIVO Problema jurídico: ¿Para determinar si procede librar mandamiento ejecutivo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, debe verificarse que la obligación cuyo cobro se pretende sea clara, expresa y exigible, aplicando las reglas previstas para la ejecución de providencias judiciales? Respuesta al problema jurídico: Si [C]on la expedición de la Ley 2080 de 2021, el legislador estableció de manera expresa que los procesos ejecutivos de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo debían regirse “según las reglas del Código General del Proceso”, es decir, las normas del CPACA debían complementarse con el procedimiento para la ejecución de providencias previsto en el Capítulo II, Título III, Sección Cuarta, Libro Segundo del CGP. Criterio que había sido adoptado previamente esta Corporación mediante el Auto de Unificación referido en párrafos precedentes. De conformidad con lo expuesto, el despacho procederá a estudiar la solicitud de ejecución con fundamento en los artículos 298 del CPACA y 422 y siguientes del CGP, a efectos de determinar si la obligación cuyo cobro se pretende es clara, expresa y exigible y, por tanto, si resulta procedente librar mandamiento ejecutivo. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 298,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 422,Ley 2080 DE 2021 MANDAMIENTO EJECUTIVO / EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN / CONDENA EN COSTAS / ENTIDAD PÚBLICA / SENTENCIA EJECUTORIADA / EFECTOS DE LA SENTENCIA EJECUTORIADA / TÉRMINO LEGAL / PROCESO EJECUTIVO / OBLIGACIÓN CLARA / OBLIGACIÓN EXPRESA / OBLIGACIÓN EXIGIBLE / ACREEDOR / COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / COBRO JUDICIAL / TÍTULO EJECUTIVO / REQUISITOS DEL TÍTULO EJECUTIVO Problema jurídico: ¿Es procedente librar mandamiento ejecutivo para el cobro de una condena en costas impuesta a una entidad pública cuando aún no ha vencido el plazo legal otorgado para el cumplimiento voluntario de la sentencia? Respuesta al problema jurídico: No En el asunto bajo examen, el señor J. M. V. B. solicitó que se librara mandamiento de pago en contra de la Universidad Popular del Cesar, por concepto de la condena en costas impuesta a dicha entidad en la sentencia del 9 de diciembre de 2025. En consecuencia, corresponde determinar si la obligación cuyo cobro se pretende reúne los requisitos de ser clara, expresa y exigible, de conformidad con las normas que regulan la ejecución de providencias judiciales. Al respecto, el despacho encuentra acreditado que, mediante sentencia del 9 de diciembre de 2025, proferida en el proceso de la referencia, se negaron las pretensiones de la demanda promovida por la Universidad Popular del Cesar y se condenó a dicha entidad al pago de costas procesales. En particular, se fijó por concepto de agencias en derecho la suma de tres millones noventa y seis mil trescientos ochenta pesos ($3.096.380), a favor de J. G. B. C. y J. M. V. B. La referida providencia fue notificada el 16 de diciembre de 2025 y, al haber sido proferida por fuera de audiencia, quedó ejecutoriada el 19 de diciembre de 2025, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 302 del Código General del Proceso. Ahora bien, el artículo 192 del CPACA dispone que las condenas impuestas a las entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia. A su vez, el artículo 298 ibidem establece que, una vez transcurrido dicho término sin que se haya cumplido la condena, el juez o magistrado competente librará mandamiento ejecutivo, previa solicitud del acreedor. En el presente caso, la sentencia quedó ejecutoriada el 19 de diciembre de 2025, de manera que el plazo de diez (10) meses previstos en el artículo 192 del CPACA vencerá el 19 de octubre de 2026. No obstante, el señor J. M. V. B. presentó la solicitud de ejecución el 11 de marzo de 2026, cuando dicho plazo aún se encuentra en curso, ya que a la fecha de esta providencia tampoco ha transcurrido en su totalidad. En consecuencia, si bien la condena en costas consta en una providencia judicial y contiene una obligación clara y expresa a cargo de la Universidad Popular del Cesar, su ejecución judicial no resulta procedente por ahora, debido a que no ha transcurrido el término de diez (10) meses previstos en el artículo 192 del CPACA. Por consiguiente, no se encuentra satisfecho, por ahora, el presupuesto previsto en el artículo 298 del CPACA para librar mandamiento ejecutivo. Así las cosas, se concluye que no se encuentra satisfecho el presupuesto de exigibilidad de la obligación necesario para librar mandamiento ejecutivo en contra de la Universidad Popular del Cesar, toda vez que, de conformidad con el artículo 192 del CPACA, aún se encuentra vigente el plazo legal concedido a la entidad pública para el cumplimiento voluntario de la condena. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 298,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 302