Auto C.E. 11001-03-28-000-2025-00158-00 (2026)

CONSEJO DE ESTADO 11001-03-28-000-2025-00158-00 AUTO INTERLOCUTORIO SUSTENTO NORMATIVO : LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 296 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 285 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 287 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 302 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 212 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 137 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 181 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 182A / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 275 NUMERAL 5 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 271 NORMA DEMANDADA : FECHA : 13/08/2026 SECCION : SECCION QUINTA PONENTE : PEDRO PABLO VANEGAS GIL ACTOR : JUAN CAMILO BOLIVAR RIVERA, JOSE GABRIEL SIERRA QUINTANA, FELIPE CHICA DUQUE, SAMUEL ALEJANDRO ORTIZ MANCIPE, HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA, JULIAN FELIPE TRIANA VARGAS, PAOLA FERNANDA MOLANO AYALA, SERGIO PULIDO JIMENEZ, JUAN DAVID ROMERO PRECIADO, ANA MARIA LONDOÑO AGUDELO, DAVID ALEJANDRO RINTA LANDINEZ, LUIS FERNANDO PADILLA PEREZ, MIGUEL ANGEL MUÑOZ MENDEZ, JOSE FERNANDO GUTIERREZ GALVIS, LIZ CAROLINA BERMUDEZ CARRILLO, CARLOS MARIO ROJAS CENTENO, MARYLUZ BARRAGAN GONZALEZ, WILSON NEBER ARIAS CASTILLO, DIANA CAROLINA SANCHEZ ZAPATA, VIVIAN MARIA NEWMAN PONT, ISABEL CRISTINA ZULETA LOPEZ, ANA VICTORIA VASQUEZ CARDENAS, GLORIA PATRICIA LOPERA MESA, DIANA PATRICIA ARIAS HOLGUIN, ADRIANA MARIA SANIN VELEZ, DORA LUCY ARIAS GIRALDO, ANDREA LILIANA PARRA FONSECA, SANDRA PATRICIA MANCIPE MESA, DIANA ESTHER GUZMAN RODRIGUEZ, YESSIKA JOHANNA HOYO Y OTROS. DEMANDADO : CARLOS ERNESTO CAMARGO ASSIS DECISION : ADICIONA TEMA : ADICIÓN DEL AUTO / ACLARACIÓN DEL AUTO Problema jurídico: ¿Es procedente adicionar el auto del 17 de julio de 2026, que ordenó el trámite de sentencia anticipada, en cuanto a negar la solicitud probatoria elevada por el coadyuvante en memorial del 23 de febrero de 2026; rechazar de plano la solicitud de unificación jurisprudencial elevada, y negar las demás solicitudes elevadas por los demandantes y el demandado? Respuesta al problema jurídico: Si De los mecanismos de la adición y aclaración de autos. El CPACA regula de manera especial el trámite de los procesos electorales. Sin embargo, sus disposiciones no contemplan la adición de autos, pues únicamente prevén esta figura respecto de las sentencias. Ante la ausencia de una regulación especial sobre la materia, resultan aplicables las reglas de remisión previstas en los artículos 296 y 306 del CPACA, que permiten acudir al Código General del Proceso en aquellos aspectos no regulados por la legislación contencioso-administrativa. En ese sentido, el artículo 287 del CGP disciplina la adición de providencias. (…). De la disposición transcrita se desprenden dos presupuestos relevantes para la procedencia de la adición. De una parte, esta tiene por objeto suplir la omisión de un pronunciamiento respecto de alguno de los extremos de la litis o de cualquier otro asunto que, por mandato legal, debía ser resuelto. De otra, cuando se trata de autos, la solicitud de parte debe formularse dentro del término de ejecutoria de la providencia cuya complementación se pretende. Así, la adición no constituye una oportunidad para reabrir el debate, controvertir las razones de la decisión o procurar un nuevo pronunciamiento sobre cuestiones resueltas, sino un mecanismo estrictamente dirigido a integrar la providencia cuando se haya omitido decidir un asunto que necesariamente debía ser objeto de pronunciamiento. En lo que respecta a la aclaración de autos, el CPACA, que rige el trámite especial de los procesos electorales, no tiene alguna disposición sobre la aclaración de autos, razón por la que debe aplicarse la regla remisoria contenida en los artículos 296 y 306 de ese compendio que, en aquellos aspectos no regulados por la Ley 1437 de 2011, permite acudir al CGP. Esta normativa, en su artículo 285, señaló lo correspondiente a dicha figura. (…). En este sentido, antes de llevar a cabo el estudio de los presupuestos procesales, resulta del caso precisar que, en el trámite de aclaración de una providencia, no es posible que el juez que la profirió pueda reformarla o revocarla. De igual forma, la solicitud solo procede cuando la decisión contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda y siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella. Además, dicha solicitud no constituye una oportunidad procesal para que las partes reclamen una evaluación diferente del caudal probatorio o una posición hermenéutica distinta de la que se plasmó en la respectiva providencia. En lo atinente a la oportunidad de la aclaración, se aplicarán los tres (3) días de ejecutoria que establece el artículo 302 del CGP, por cuanto el auto que ordenó el trámite de sentencia anticipada se profirió por fuera de audiencia. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 296,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 285,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 287,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 302 SOLICITUD DE ADICIÓN DEL AUTO / CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA / OPORTUNIDADES PROBATORIAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COADYUVANCIA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / PRUEBA EXTEMPORÁNEA / NEGACIÓN DE LA PRUEBA / PROCEDENCIA DE LA ADICIÓN DEL AUTO Problema jurídico: ¿Es procedente adicionar el auto del 17 de julio de 2026, que ordenó el trámite de sentencia anticipada, en cuanto a negar la solicitud probatoria elevada por el coadyuvante en memorial del 23 de febrero de 2026; rechazar de plano la solicitud de unificación jurisprudencial elevada, y negar las demás solicitudes elevadas por los demandantes y el demandado? Respuesta al problema jurídico: Si Caso concreto. Luego de examinar los planteamientos expuestos por los distintos intervinientes frente a la providencia del 17 de julio de 2026, mediante la cual se dispuso ordenar el trámite de la sentencia anticipada, el despacho concluye que las solicitudes de adición formuladas están llamadas a prosperar, mientras que las peticiones de aclaración y los recursos de reposición no reúnen los presupuestos necesarios para su procedencia. En consecuencia, se adicionará la referida providencia y se negarán las demás solicitudes elevadas en su contra, por las razones fácticas y jurídicas que se desarrollan a continuación. a) Solicitudes de adición presentadas por los señores [JFGG] y su coadyuvante y [HESM] (demandantes). Resulta procedente adicionar el auto del 17 de julio de 2026, con el fin de negar los medios probatorios aportados por el coadyuvante [HMCM], el 23 de febrero de 2026. (…). Comoquiera que en la providencia que ordenó el trámite de sentencia anticipada no existió un pronunciamiento expreso sobre estas peticiones [solicitud de aplicación de carga dinámica de la prueba y la prueba solemne del parentesco debe flexibilizarse cuando los registros civiles son de imposible obtención], el despacho procede a resolverlas. Al respecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha precisado que el artículo 212 del CPACA impone a las partes la carga de solicitar y aportar las pruebas en las oportunidades expresamente previstas por el legislador, esto es, en la demanda, su contestación, la reforma, las excepciones, los incidentes y, bajo los presupuestos legales, en la apelación de la sentencia. De ahí que la actividad probatoria no permanezca abierta durante todo el proceso, sino que se encuentre sometida a momentos específicos cuyo agotamiento determina la pérdida de la facultad procesal correspondiente. En esa línea, las oportunidades probatorias tienen carácter preclusivo, pues la ordenación del proceso exige que cada acto se cumpla en el estadio previsto por la ley y dentro del término fijado para ello. De esa manera, la preclusión no constituye una mera formalidad ritual, sino una garantía de orden, igualdad y seguridad jurídica que impide que la disponibilidad de las facultades procesales dependa de la voluntad de los sujetos que intervienen en el litigio. Por consiguiente, una vez clausurada una etapa, no es jurídicamente admisible reconstruirla o revivirla por fuera de los supuestos excepcionales establecidos por el ordenamiento, pues ello alteraría la estructura temporal del proceso y comprometería el debido proceso y el derecho de contradicción de las demás partes. Dicha regla también vincula al coadyuvante, pues, si bien el ordenamiento le permite intervenir hasta el momento legalmente previsto, esa habilitación determina únicamente el límite temporal para incorporarse al proceso y no comporta la reapertura de las oportunidades procesales consumadas, como lo es la oportunidad de pedir pruebas cuando se trata de la parte demandante. En efecto, una cosa es la oportunidad para adquirir la condición de coadyuvante y otra, jurídicamente distinta, la oportunidad para ejercer cada facultad procesal. De esta manera, quien interviene adhesivamente recibe el proceso en el estado en que se encuentra y, por ello, solo puede desplegar aquellas actuaciones compatibles con la etapa procesal vigente. (…). Así las cosas, para el momento en que el coadyuvante solicitó la incorporación y el decreto de tales medios de convicción ya se habían agotado las oportunidades que el ordenamiento confiere a la parte demandante para ejercer su iniciativa probatoria. (…). Por consiguiente, como la coadyuvancia habilita para intervenir en el estado en que se encuentra el proceso, pero no para retrotraerlo ni reconstruir oportunidades fenecidas, se negará el decreto de las pruebas solicitadas por extemporáneas. (…). En ese orden, la preclusión de las pruebas aportadas tardíamente por el coadyuvante no sacrifica el contenido material de su intervención ni el esclarecimiento del litigio, en tanto los elementos coincidentes ingresarán al debate probatorio por la vía procesal oportuna activada por la parte coadyuvada. (…). [El] (demandante), pidió adicionar la providencia del 17 de julio de 2026 en lo que respecta al rechazo de plano de la solicitud de unificación jurisprudencial elevada por (…) [la] (coadyuvante), por cuanto aquella no obra en el expediente ni en su correo electrónico. En efecto, contrario a lo mencionado por el accionante, el memorial fue radicado. (…). Por consiguiente, resulta más que evidente que tal aspecto debía ser objeto de pronunciamiento y, a su vez, de decisión en el auto en mención, máxime cuando dicha solicitud no cumplió un requisito formal y, por ende, debió ser rechazada de plano. Al respecto, se consideró que, si bien dicha solicitud fue formulada por la tercera en mención, lo cierto es que se advirtió que la parte a la que coadyuva no formuló una petición en ese sentido, razón por la cual [LVRJ] carecía de legitimación para promoverla de manera autónoma. Pese a ello, el despacho considera, como se infiere del confuso escrito del demandante, que tal decisión no se incluyó en la parte resolutiva del auto del 17 de julio de 2026. Así, se dispondrá adicionar un ordinal en los siguientes términos: (…) RECHAZAR DE PLANO la solicitud de unificación jurisprudencial elevada. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 212 SOLICITUD DE ACLARACIÓN DEL AUTO / CONTROVERSIA DE LA PRUEBA / TRASLADO PARA ALEGAR DE CONCLUSIÓN / NEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN DEL AUTO Problema jurídico: ¿Es procedente adicionar el auto del 17 de julio de 2026, que ordenó el trámite de sentencia anticipada, en cuanto a negar la solicitud probatoria elevada por el coadyuvante en memorial del 23 de febrero de 2026; rechazar de plano la solicitud de unificación jurisprudencial elevada, y negar las demás solicitudes elevadas por los demandantes y el demandado? Respuesta al problema jurídico: Si b) Solicitudes de aclaración de los (…) (demandantes) y el demandado. Asimismo, el demandante (…) solicitó aclarar el ordinal referido a negar la excepción previa de inepta demanda, por cuanto, a su juicio, de la fijación del litigio propuesta se desprende la acumulación de causales objetivas y subjetivas. (…). [E]l despacho no accederá a la petición planteada en tanto que el accionante no expuso algún concepto o frase que ofrezca verdadero motivo de duda ni, mucho menos, indicó que aquel estuviera contenido en la parte resolutiva del auto del 17 de julio de 2026. (…). [S]u argumentación se limitó a afirmar, con fundamento en los términos de la fijación del litigio, la existencia de una supuesta indebida acumulación de causales de nulidad electoral. No obstante, resulta pertinente aclarar que, si bien la causal prevista en el ordinal 5.° del artículo 275 del CPACA tiene naturaleza subjetiva, en cuanto se relaciona con las condiciones personales o situaciones particulares del elegido, ello no conduce a concluir que las causales de nulidad contempladas en el artículo 137 ibidem sean de carácter objetivo. En sentido opuesto, estas últimas responden a categorías de control distintas, vinculadas a la legalidad de los actos administrativos, por lo que la clasificación propuesta por el actor parte de una premisa conceptualmente equivocada y, en consecuencia, no permite estructurar el reparo formulado respecto de la acumulación de causales. (…). De conformidad con lo expuesto, el despacho advierte que la providencia cuya aclaración se pretende no incorporó una acumulación de causales de nulidad subjetivas y objetivas, como erradamente lo afirma el accionante. En esa medida, el reparo planteado carece de sustento, al fundarse en una interpretación que no se desprende del contenido de la decisión cuestionada. Por consiguiente, esta constituye una razón adicional para negar la solicitud de aclaración presentada. Por otra parte, los demandantes (…) solicitaron la aclaración del ordinal séptimo (traslado para alegatos de conclusión), pues, según sus afirmaciones, genera una incertidumbre del momento inicial en que debe surtir el traslado para alegar de conclusión. Al respecto, consideraron que la oportunidad para surtir dicha etapa debe computarse luego de la práctica de las pruebas y no previo a ello. (…). [E]l despacho negará la solicitud en comento, en tanto que el ordinal contra el cual expuso su reproche no ofrece un verdadero motivo de duda. Todo lo contrario, la providencia ordenó, conforme los artículos 181 y 182A del CPACA, correr traslado para alegar, por escrito, a las partes, intervinientes y Ministerio Público por el término de diez (10) días. Dicha orden de traslado, en el mismo sentido alegado, debe entenderse una vez concluida la etapa probatoria, pues, precisamente, así lo disponen los artículos en mención. Nótese entonces que no resulta acertado argumentar que dicha etapa procesal es concomitante a la práctica de las pruebas decretadas, puesto que aquella solo se surtirá una vez se culmine el recaudo y contradicción probatoria, según se consideró en la providencia en mención. Evidencia de ello, puede indicarse que la providencia del 17 de julio de 2026 está, a la fecha, ejecutoriada y, pese a ello, la Secretaría de la Sección Quinta no ha surtido el traslado para que las partes, intervinientes y Ministerio Público aleguen de conclusión, porque, se insiste, ello tan solo se efectúa una vez culminados los aspectos probatorios. Así las cosas, al no ser cierto que el ordinal séptimo ordena surtir la etapa probatoria, al mismo tiempo, que alegar de conclusión, se impone la negativa de la aclaración solicitada. También la solicitud de aclaración que elevó el apoderado del demandado será negada, pues el planteamiento formulado no evidencia la existencia de un concepto o frase que ofrezca verdadero motivo de duda en la parte resolutiva de la providencia, o que influya en ella. En realidad, el interesado pretende que el despacho señale, nuevamente, cuáles de las pruebas documentales relacionadas en los cuadros fueron aportadas por la parte demandada, cuestión que no compromete la inteligibilidad ni el alcance de lo decidido. En efecto, como lo reconoce el propio solicitante, la utilización de cuadros obedeció a razones de economía procesal y a la necesidad de sistematizar un expediente acumulado de considerable extensión. (…). A lo anterior se suma que la providencia debe ser comprendida como una unidad argumentativa, y no a partir de la lectura aislada de alguno de sus apartes. (…). En consecuencia, no existe incertidumbre objetiva acerca de qué decidió el despacho, presupuesto indispensable para que resulte procedente la aclaración. (…). Así las cosas, la petición no persigue esclarecer el sentido de una expresión ambigua, sino obtener una explicación adicional sobre la forma como fue organizado el material probatorio. Por ello, al no configurarse el presupuesto que habilita la aclaración de una providencia judicial, la solicitud será negada. Por su parte, tampoco procede la solicitud de adición o complementación, pues, contrario a lo sostenido por el interesado, la providencia no omitió pronunciarse sobre las pruebas cuestionadas ni carece de las razones que sustentan su decreto. (…). En este punto, debe precisarse que el deber de motivación de las decisiones probatorias no exige reproducir, frente a cada medio de convicción decretado, una fórmula sacramental sobre su pertinencia, conducencia y utilidad, sino que lo jurídicamente esencial es que la providencia exteriorice las razones que permiten comprender por qué determinada prueba guarda relación con los hechos jurídicamente relevantes y resulta necesaria para adoptar la decisión correspondiente. De ahí que la suficiencia de la motivación deba establecerse mediante una lectura integral y sistemática de la providencia. (…). Precisamente, desde el comienzo del acápite destinado al estudio de las pruebas, el despacho delimitó los presupuestos fácticos que requerían acreditación para resolver los cargos formulados. (…). Por tanto, las tablas en mención no pueden analizarse de manera descontextualizada, sino a partir de los razonamientos probatorios previamente desarrollados. (…). Bajo ese entendimiento, las pruebas cuestionadas no pueden apreciarse de manera aislada, en tanto el requerimiento dirigido a la Registraduría Nacional del Estado Civil responde a la necesidad de verificar los vínculos parentales afirmados en las demandas; mientras que la información solicitada a la Defensoría del Pueblo se encuentra vinculada con la acreditación de las relaciones laborales o contractuales que integran el supuesto fáctico sometido a examen. Entonces, para el despacho es evidente que existe una correspondencia directa entre el cargo formulado, los hechos que lo sustentan, los elementos necesarios para su comprobación y los medios de prueba decretados. De allí que no pueda confundirse la ausencia de una motivación reiterada dentro de las casillas de cada cuadro con una falta de motivación de la providencia, porque, una hermenéutica de esa naturaleza fragmentaría la decisión y desconocería que sus distintos apartados se encuentran funcionalmente relacionados. Por el contrario, una lectura integral y sistemática permite advertir que las consideraciones precedentes suministran el fundamento jurídico y probatorio de los cuadros, mientras estos últimos concretan, respecto de cada expediente, las determinaciones derivadas de aquellas premisas. (…). Antes bien, se pone de presente que la decisión sobre cada solicitud probatoria debe apreciarse a partir de las razones que resulten necesarias para explicar su procedencia o improcedencia, sin que exista una exigencia de simetría en la ubicación formal de la fundamentación empleada para decretar o negar los distintos medios de convicción. En efecto, cuando una prueba fue negada en el enunciado auto que ordenó el trámite de sentencia anticipada, resultó necesario exteriorizar la razón particular por la cual, pese a haber sido solicitada, no satisfacía los presupuestos para su decreto o su recaudo resultaba innecesario. En cambio, respecto de las pruebas cuestionadas, su pertinencia y utilidad se desprendían de la delimitación previa del objeto de prueba y de su conexión directa con los hechos relevantes para resolver el cargo sustentado en el artículo 126 de la Constitución Política. En consecuencia, no existe extremo de la litis que haya quedado sin resolver ni punto que, debiendo ser objeto de pronunciamiento, hubiese sido pretermitido por el despacho. En ese sentido, lo pretendido consiste, en realidad, en obtener una ampliación o reiteración de la motivación de una determinación cuyo fundamento resulta identificable a partir de la lectura integral y sistemática de la providencia. Por lo tanto, como esa finalidad es ajena a la institución procesal de la adición, la solicitud será negada. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 137,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 181,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 182A,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 275 NUMERAL 5 RECURSO DE REPOSICIÓN / FIJACIÓN DEL LITIGIO / PLAZO PARA FORMULAR LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / NEGACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN Problema jurídico: ¿Es procedente adicionar el auto del 17 de julio de 2026, que ordenó el trámite de sentencia anticipada, en cuanto a negar la solicitud probatoria elevada por el coadyuvante en memorial del 23 de febrero de 2026; rechazar de plano la solicitud de unificación jurisprudencial elevada, y negar las demás solicitudes elevadas por los demandantes y el demandado? Respuesta al problema jurídico: Si c) Recursos de reposición de los (…) (demandantes). El demandante [SM] interpuso recurso de reposición contra el ordinal sexto del auto del 17 de julio de 2026, mediante el cual se fijó el litigio. Como fundamento de su inconformidad, sostuvo que se omitió incorporar el cargo relacionado con la afectación de la integridad moral de la única mujer que integró la terna correspondiente a la elección cuestionada. El despacho no repondrá la decisión recurrida, pues la premisa sobre la cual se edifica el recurso no se verifica. En efecto, la fijación del litigio no exige reproducir, de manera fragmentaria o literal, cada uno de los argumentos contenidos en la demanda. Por el contrario, su función consiste en delimitar racionalmente el ámbito de la controversia, mediante la identificación de los problemas jurídicos que condensan los reproches de ilegalidad sometidos al conocimiento del juez. Bajo esa comprensión, en el auto recurrido se determinó que corresponde a la Sala Electoral establecer si el acto demandado está viciado de nulidad por la eventual configuración de las causales previstas en el ordinal 5.º del artículo 275 y en el artículo 137 del CPACA. (…). De este modo, resulta necesario que el recurrente comprenda que, la formulación del problema jurídico, no opera como una enumeración exhaustiva de cada premisa argumentativa de la demanda, pues, entenderlo de esa manera supondría confundir la materia objeto de controversia que proponen las partes con el ámbito jurídico propuesto por el juez al fijar el litigio. (…). Antes bien, ese reproche [planteado] se encuentra comprendido en el problema jurídico relativo a las irregularidades sustanciales que, según los demandantes, afectaron el trámite eleccionario, y será examinado en ese contexto, con el alcance que resulte de los fundamentos fácticos y jurídicos oportunamente propuestos. En esas condiciones, al no existir la omisión alegada ni advertirse razón que justifique modificar la delimitación de la controversia, el despacho no repondrá el ordinal sexto del auto del 17 de julio de 2026, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. De igual manera, los demandantes (…), de manera subsidiaria, interpusieron recurso de reposición contra el ordinal séptimo de la providencia del 17 de julio de 2026, para que, en concreto, se indique el inicio del término para alegar de conclusión, previo a la práctica de las pruebas, su traslado y contradicción. Sin embargo, el despacho no repondrá la resolutiva referida, en dicho aspecto, por las mismas razones expuestas al momento de abordar la solicitud de aclaración que recayó sobre la misma problemática. Lo expuesto, se reitera, en razón a que el inicio del cómputo para presentar los alegatos de conclusión se efectuará por la Secretaría de la Sección Quinta en los términos descritos en la solicitud de los demandantes, esto es, luego del recaudo, práctica y contradicción de las pruebas arrimadas al expediente. En ese sentido, al no advertir ninguna «superposición de actuaciones procesales» el despacho dispondrá la negativa del recurso de reposición elevado contra el ordinal séptimo del auto del 17 de julio de 2026. SOLICITUD DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL Problema jurídico: ¿Es procedente adicionar el auto del 17 de julio de 2026, que ordenó el trámite de sentencia anticipada, en cuanto a negar la solicitud probatoria elevada por el coadyuvante en memorial del 23 de febrero de 2026; rechazar de plano la solicitud de unificación jurisprudencial elevada, y negar las demás solicitudes elevadas por los demandantes y el demandado? Respuesta al problema jurídico: Si d) De la solicitud de unificación por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Los demandantes (…) solicitaron que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo asuma el conocimiento del presente asunto, con el propósito de proferir sentencia de unificación. Al respecto, el artículo 271 del CPACA autoriza al Consejo de Estado para asumir el conocimiento de asuntos pendientes de fallo, entre otros motivos, por razones de importancia jurídica o necesidad de unificar jurisprudencia. A su vez, la norma dispone que la solicitud no suspende el trámite del proceso, salvo decisión en contrario. En el presente caso, se encuentra en curso el trámite dispuesto para proferir sentencia anticipada y, en ese orden, actualmente se recaudan las pruebas decretadas, respecto de las cuales deberá garantizarse su contradicción y, posteriormente, se correrá traslado para alegar de conclusión. En ese orden, el despacho considera que la solicitud deberá ser examinada una vez agotadas esas actuaciones y el proceso se encuentre pendiente de sentencia, estado procesal al que se refiere el artículo 271 del CPACA. Por consiguiente, diferir su estudio no desconoce la petición formulada; por el contrario, armoniza la finalidad unificadora del artículo 271 [señalado] con los principios de economía procesal y celeridad, pues permite continuar el trámite sin interrupciones innecesarias y reservar aquella decisión para el momento en que resulte procesalmente útil. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 271