Auto C.E. 11001-03-28-000-2026-00131-00 (2026)

CONSEJO DE ESTADO 11001-03-28-000-2026-00131-00 AUTO INTERLOCUTORIO SUSTENTO NORMATIVO : LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 175 PARÁGRAFO 2 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 101 NUMERAL 2 / LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 38 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 228 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 71 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 182A NUMERAL 1 LITERAL C / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 213 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 169 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 173 NORMA DEMANDADA : FECHA : 24/09/2026 SECCION : SECCION QUINTA PONENTE : OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ ACTOR : HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA, MANUEL RICARDO MOLINA ARCHILA DEMANDADO : LOURDES PAOLA MATEUS SERRANO DECISION : NIEGA TEMA : EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / CONSEJO NACIONAL ELECTORAL / REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Problema jurídico: ¿Corresponde mantener vinculado al CNE por haber resuelto en sede administrativa la revocatoria de la candidata, y declarar la falta de legitimación de la RNEC al tratarse de censuras subjetivas e institucionales ajenas a vicios en la votación o escrutinios? Respuesta al problema jurídico: No Sobre la legitimación en la causa de las entidades que conforman la organización electoral, la Sección Quinta ha señalado que su relación jurídico-procesal con el contencioso electoral está determinada por la naturaleza específica de los actos que se cuestionan y de los cargos que se formulan en su contra. Bajo ese criterio, su comparecencia al proceso no se deriva del elemento formal referido a la expedición del acto o por haber intervenido en su adopción, sino del mayor o menor grado de conexidad que tengan las censuras o irregularidades advertidas en las demandas con las actuaciones que desplegó el citado órgano en el marco del proceso electoral. En otros términos, su vinculación dependerá de la relación directa e intrínseca entre las competencias ejercidas y los cargos que se formulan, lo que equivale a un elemento sustancial. (...). En ese orden, los fundamentos de la nulidad se edifican en la incursión de la demandada en causales de inhabilidad y en la expedición irregular del acto, censuras que atañen a condiciones propias de la elegida y al incumplimiento del porcentaje del 15% de los votos válidos de la respectiva circunscripción. Ahora bien, el CNE indicó en la contestación que conoció de la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura de [la demandada], dentro del expediente CNE-E-DG-2025-027977, la cual se negó a través de la Resolución 0398 del 28 de enero, y por Resolución 0757 del 2 de febrero de 2026, igualmente se negó el recurso de reposición. Por lo anterior, el despacho encuentra que al organismo electoral le asiste interés para permanecer vinculado al proceso, razón por la que se declarará no probada la excepción propuesta. Sobre el mismo medio exceptivo, propuesto por la RNEC, se encuentra que su vinculación al proceso es imperativa cuando los cargos contra el acto de elección demandado son de naturaleza objetiva, esto es, los relacionados con irregularidades o vicios en las votaciones o en los escrutinios. Si bien el acto de elección es expedido por las comisiones escrutadoras, lo cierto es que a ese organismo le corresponde la organización, dirección y ejecución del certamen electoral, lo cual comporta, entre otras funciones, la de diseñar la tarjeta y los formularios electorales, adelantar el proceso de inscripción de cédulas, conformar el censo electoral, consolidar y emitir los resultados electorales y servir de secretario de las comisiones escrutadoras. Por el contrario, se releva a la RNEC de acudir al proceso cuando la demanda se basa en cuestionamientos referentes a las calidades, requisitos, inhabilidades o la prohibición de doble militancia, es decir, cuando se invocan causales de nulidad de tipo subjetivo contra el acto de elección. De acuerdo con lo expuesto, se advierte que la RNEC no tiene legitimación en la causa por pasiva en este asunto, toda vez que los cargos de nulidad planteados en las demandas están relacionados, de un lado, con la configuración de una inhabilidad por ejercicio de autoridad de la demandada, durante el año anterior a la inscripción de su candidatura como representante, es decir, encuadra en la causal consagrada en el numeral 5.º del artículo 275 del CPACA. De otra parte, en la expedición irregular del acto por haber superado la coalición que la inscribió como candidata el 15% de la votación para el periodo 2022-2026, en contravía de lo establecido en el inciso 5.º del artículo 265 de la Constitución Política. En ese sentido, no existe ninguna relación jurídico sustancial entre los cargos formulados en la demanda y la competencia constitucional y legal de la RNEC, razón por la cual se declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 175 PARÁGRAFO 2,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 101 NUMERAL 2,Ley 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 38 ACEPTACIÓN DE LA COADYUVANCIA / INTERVENCIÓN DE TERCERO PROCESAL Problema jurídico: ¿Es oportuna la intervención de terceros en el proceso de nulidad electoral cuando se presenta antes de la providencia que imprime el trámite de sentencia anticipada y sus argumentos no exceden los cargos de la demanda ni los planteamientos de defensa? Respuesta al problema jurídico: Si En ese contexto [artículo 228 de la Ley 1437 de 2011 y 71 de la Ley 1564 de 2012], la participación de terceros en el proceso electoral está concebida para que los interesados apoyen de forma voluntaria a alguna de las partes, limitada «(i) solo a aquellas actuaciones permitidas a la parte a la que adhiere, (ii) no se deben oponer a los que realice la parte que coadyuva y (iii) no deben implicar disposición del derecho en litigio». En cuanto a la oportunidad, la sección ha precisado, para los casos en que se prescinde de la audiencia inicial, que «resulta razonable y consulta el derecho al acceso a la administración de justicia que el extremo temporal final para la intervención de terceros en los procesos de nulidad electoral esté dado hasta tanto se dicte la providencia que imprime el trámite de sentencia anticipada». Las peticiones de intervención fueron oportunas, toda vez que con este proveído se adopta el trámite de sentencia anticipada, de manera que se cumple el presupuesto previsto en el artículo 228 del CPACA. Asimismo, se observa que revisadas las solicitudes no se encuentran argumentos que excedan los cargos sustentados por la parte actora ni los planteamientos de defensa de la demandada. En consecuencia, se admitirá su participación en el proceso. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 228,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 71 APLICACIÓN DEL TRÁMITE DE LA SENTENCIA ANTICIPADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FIJACIÓN DEL LITIGIO Problema jurídico: ¿Procede dictar sentencia anticipada en el proceso de nulidad electoral, con fundamento en el artículo 182A, numeral 1, literal c) de la Ley 1437 de 2011, cuando solo se solicitaron pruebas documentales y estas fueron allegadas por las partes? Respuesta al problema jurídico: Si Revisados los escritos de la demanda y contestaciones, se advierte que es posible proferir sentencia anticipada dentro de este asunto, de conformidad con lo dispuesto en el literal c), numeral 1º de la norma citada [artículo 182A de la Ley 1437 de 2011], toda vez que solo se solicitaron pruebas documentales, las cuales fueron allegadas por las partes. [1] De la fijación del litigio. Con base en los argumentos esbozados en las demandas y en las contestaciones, se debe establecer si hay lugar a declarar la nulidad del acto de elección de [la demandada] como representante a la Cámara por el departamento del Huila, para el periodo constitucional 2026 2030, contenido en el formulario E-26 CAM del 16 de marzo de 2026. Para el efecto, se deberá determinar si se configuró la causal de inhabilidad prevista en el numeral 2.º del artículo 179 de la Constitución Política y en el numeral 2.º del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992, por cuanto, en la condición de concejal y de primera vicepresidenta de la Mesa Directiva del Concejo de Neiva (Huila) y de presidenta «en reemplazo», durante la vigencia 2025-2026, ejerció autoridad administrativa, dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección como congresista. Asimismo, si la demandada, al fungir como concejal de Neiva e integrante de la Mesa Directiva de la corporación, ostentó la calidad de empleada pública, como presupuesto constitucional para la configuración de la causal de inhabilidad invocada y, en caso de configurarse el referido elemento, establecer si las funciones ejercidas implicaron el ejercicio de autoridad administrativa durante los doce (12) meses anteriores a la elección. Por otra parte, de acuerdo con lo planteado en el expediente 2026 00131-00, (…) el problema jurídico se centra en establecer si se quebrantó el inciso 5.º del artículo 262 de la Constitución Política, teniendo en cuenta que la sumatoria de las votaciones obtenidas por las colectividades que conformaron la coalición Pacto Histórico, participantes en las elecciones para Congreso de la República, periodo 2022-2026, superó el límite del 15% previsto para la conformación de coaliciones. Asimismo, si existe diferencia entre la coalición denominada Pacto Histórico, que participó en las elecciones para el Congreso de la República para el citado periodo, y el Movimiento Político Pacto Histórico, organización que surgió con posterioridad como consecuencia de un proceso de fusión partidista. Por tanto, deberá establecerse, si al existir la mencionada diferencia, no es aplicable la restricción de que trata el inciso 5º del artículo 262 de la Constitución Política, y si es posible atribuir votación al Movimiento Pacto Histórico antes de haber adquirido personería jurídica. Por otro lado, si la demandada incurrió en la prohibición para ser congresista prevista en el numeral 8º del artículo 179 de la Constitución Política, por cuanto, sin culminar su periodo como concejal de Neiva, periodo 2024-2027, se inscribió y fue elegida representante a la Cámara por el Huila, periodo 2026-2030, lo que pone de presente la coincidencia parcial de periodos que proscribe la norma constitucional. También se deberá establecer si la inhabilidad para ser congresista, para el caso de los concejales electos, se desactiva con la desvinculación mediante renuncia, conforme con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 136 de 1994. Para ello, se deberán analizar los efectos de la sentencia C-080 de 2026, dictada por la Corte Constitucional, respecto de las elecciones para Congreso de la República, periodo 2026-2030. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 182A NUMERAL 1 LITERAL C DECRETO DE PRUEBA / NEGACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / PRUEBA DE OFICIO Problema jurídico: ¿Debe negarse el decreto de pruebas documentales que no guardan conexidad con el objeto de la controversia, o que la parte pudo obtener directamente o mediante derecho de petición sin acreditar, siquiera sumariamente, haberlo intentado? Respuesta al problema jurídico: Si Se dispone el decreto de las pruebas oportunamente aportadas por las partes que reúnen los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y eficacia, así: - Expediente 2026-00131-00. (…). (i) Demandante. (...). La prueba documental [oficiar a la Secretaría de la Corte Constitucional] será negada por no cumplir con los requisitos de pertinencia y conducencia del artículo 169 del Código General del Proceso, con fundamento en que, por un lado, no guarda conexidad alguna con el objeto de la controversia y, por otro, el sustento para la expedición de la sentencia C-080 de 2026 se encuentra plasmado en la citada providencia. En ese sentido, no se advierte su utilidad o necesidad para demostrar la censura en contra del acto de elección acusado. (…). - Expediente 2026-00169-00. (…). (i) Demandante. (…). Respecto de la solicitud [oficiar al Concejo de Neiva para que remita copia de las actas de las sesiones de la mesa directiva], se advierte que la parte actora no demostró, siquiera sumariamente, haber gestionado previamente la obtención de los documentos requeridos ante la corporación, bien directamente o, a través del ejercicio del derecho de petición, lo que hace aplicable la consecuencia jurídica contemplada en el artículo 173 del CGP. (...). En consecuencia, no se configuran los presupuestos procesales para decretar las pruebas documentales pedidas, dado que se incumplió la carga procesal impuesta por el ordenamiento jurídico, aunado a que no se justificaron las razones de su inobservancia. (ii) Demandada. (…). Respecto de la petición [oficiar a la secretaria general del Concejo de Neiva para que remita documentos relacionados con las actuaciones de la demandada como concejal], se advierte que el apoderado de la demandada no demostró, siquiera sumariamente, haber gestionado previamente la obtención de los documentos requeridos ante la corporación, bien directamente o, a través del ejercicio del derecho de petición, lo que hace aplicable la consecuencia jurídica contemplada en el artículo 173 del CGP. En consecuencia, no se cumplen los presupuestos procesales para decretar las pruebas documentales pedidas, dado que se incumplió la carga procesal impuesta por el ordenamiento jurídico, aunado a que no se justificaron las razones de su inobservancia. (v) [GEEH] - tercero impugnador. (…). Por otro lado, no se decretará la prueba consistente en que se oficie al Concejo de Neiva para que certifique el régimen de honorarios y tipo de vinculación de los concejales de la corporación, por cuanto no se demostró, siquiera sumariamente, haber gestionado previamente la obtención de los documentos requeridos, bien directamente o, a través del ejercicio del derecho de petición, lo que hace aplicable la consecuencia jurídica contemplada en el artículo 173 del CGP. (…). Pruebas de oficio. Finalmente, el despacho no advierte la necesidad de decretar pruebas de oficio, de acuerdo con la facultad consagrada en el artículo 213 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que los elementos probatorios allegados al proceso se consideran suficientes para resolver el fondo del asunto. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 213,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 169,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 173