Auto C.E. 11001-03-28-000-2026-00162-00 (2026)

CONSEJO DE ESTADO 11001-03-28-000-2026-00162-00 AUTO INTERLOCUTORIO SUSTENTO NORMATIVO : CONSTITUCIÓN POLÍTICA 238 DE 1991 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 230 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231 / DECRETO 2241 DE 1986 - ARTÍCULO 209 / DECRETO 2241 DE 1986 - ARTÍCULO 122 / DECRETO 2241 DE 1986 - ARTÍCULO 164 / DECRETO 2241 DE 1986 - ARTÍCULO 192 / DECRETO 2241 DE 1986 - ARTÍCULO 193 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 139 INCISO 2 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 229 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 287 NORMA DEMANDADA : FECHA : 24/09/2026 SECCION : SECCION QUINTA PONENTE : OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ ACTOR : JUAN MANUEL ALVAREZ VILLEGAS DEMANDADO : FERNANDO ARIAS CARDONA, FRANYELA BERMUDEZ SERNA, JOSE DURGUES ESPINOSA MARTINEZ, JOSE FREDY ARIAS HERRERA DECISION : ADMITE TEMA : REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR / ALCANCE DE LA MEDIDA CAUTELAR / SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL Problema jurídico: ¿La suspensión provisional y las demás medidas cautelares en materia electoral exigen demostrar, mediante el análisis del acto acusado y las pruebas allegadas, una vulneración con entidad suficiente para afectar su legalidad? Respuesta al problema jurídico: Si Conforme con lo anterior, de la interpretación armónica de las normas que rigen la figura, se extrae que, para que pueda decretarse la suspensión provisional de un acto en materia electoral, debe realizarse su análisis frente a las disposiciones superiores invocadas como vulneradas en la demanda o en la solicitud, según corresponda, para así verificar si hay una violación de aquellas con apoyo en el material probatorio con el que se cuente. De lo anterior se colige respecto de la suspensión provisional del acto en materia electoral que: (i) la solicitud del accionante procede por violación de las disposiciones normativas constitucionales o legales invocadas en el escrito correspondiente; (ii) dicha violación surge del análisis del acto demandado y su cotejo con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con aquella. Esto implica que el demandante puede sustentar su petición e invocar las normas que considera desconocidas por el acto o actos acusados, o remitirse a los argumentos de la demanda, lo cual será entendido de su solicitud respectiva, y que el juez o sala encargada de su estudio, debe realizar un análisis de esas posturas y de las pruebas aportadas para determinar la viabilidad o no de la medida. No obstante, resulta oportuno precisar que no cualquier desconocimiento normativo implica per se la suspensión provisional, por cuanto es claro que debe analizarse en cada caso concreto la implicación de esta con el fin de determinar si tiene o no la entidad suficiente para afectar la aplicabilidad del acto y, en últimas, su legalidad. Además, se hace necesario reiterar que el pronunciamiento que se emita con ocasión de una solicitud de medida cautelar en manera alguna implica prejuzgamiento. (...). En una decisión reciente, esta Sección indicó que el régimen cautelar del contencioso electoral permite la adopción de medidas diferentes a la suspensión provisional del acto acusado. FUENTE FORMAL: Constitución Política 238 DE 1991,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 230,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231 MEDIDA CAUTELAR / CUSTODIA DEL DOCUMENTO ELECTORAL Problema jurídico: ¿Procede ordenar cautelarmente la custodia del material electoral o practicar verificaciones preliminares de documentos electorales no aportados al expediente? Respuesta al problema jurídico: No Sobre la solicitud de custodia de los documentos electorales correspondientes a la elección, esta Sección ha señalado en varias oportunidades, que la solicitud cautelar no es procedente en consideración a que por mandato del legislador estatutario, la RNEC y el CNE adelantan las actuaciones pertinentes para garantizar la custodia de los documentos electorales. En efecto, ha explicado la sección que, según se desprende del artículo 185 del Código Electoral, «la obligación de custodiar los documentos electorales es un deber a cargo de las entidades competentes, que se cumple de manera seguida o inmediata una vez firmadas las actas correspondientes y expedidas las credenciales y que, como tal, no requiere de alguna orden judicial, como la medida cautelar, para que se cumpla el designio del legislador». Adicionalmente, según se desprende del artículo 209 del Código Electoral dicho deber de vigilancia se prolonga 4 años después de la elección, cuando se trata de los miembros del Congreso de la República. En este orden, la custodia de los documentos electorales está garantizada por disposición legal, de manera que no es necesario emitir una orden en ese sentido; además, tampoco fueron allegados con la solicitud cautelar, elementos que evidencien que dicho mandato se está incumpliendo por parte de las autoridades electorales. En este punto también se dirá que la «verificación preliminar» de formularios y documentos electorales no aportados con el escrito inicial desnaturaliza la figura cautelar, pues transformaría esta etapa en una probatoria anticipada. Además, en los términos del artículo 231 del CPACA, la medida cautelar debe decidirse con las pruebas que actualmente obran en el plenario, lo que impide realizar solicitudes probatorias para adoptar una decisión preliminar. FUENTE FORMAL: Decreto 2241 DE 1986 - ARTÍCULO 209,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231 IRREGULARIDAD EN EL DOCUMENTO ELECTORAL Problema jurídico: ¿Las diferencias injustificadas entre formularios E-14 y E-24 y las inconsistencias entre E-11 y E-14 constituyen irregularidades objetivas que pueden alegarse directamente en la demanda de nulidad electoral? Respuesta al problema jurídico: No La Sección Quinta ha señalado que las irregularidades objetivas que encuadren en dicha causal pueden plantearse directamente en la demanda de nulidad electoral, sin que sea obligatorio o requisito previo haber presentado una solicitud de saneamiento o reclamación ante las comisiones escrutadoras. La jurisprudencia de esta Sección ha identificado, entre otras, las siguientes situaciones concretas como constitutivas de este vicio: • Diferencias injustificadas entre los Formularios E-14 y E-24. (...). • Inconsistencias de exceso de sufragios (diferencias entre los Formularios E-11 y E-14). (...). Por el contrario, existen inconsistencias ordinarias del proceso que no pueden alegarse ante el juez electoral si no se demuestra que se invocaron en el momento oportuno y ante la autoridad electoral competente de primer nivel, teniendo en cuenta que el procedimiento de escrutinio administrativo es escalonado, sucesivo y preclusivo. Dichas anomalías están señaladas en el Código Electoral y pueden clasificarse así: i) solicitudes de recuento de votos; ii) reclamaciones en mesa ante jurados de votación; y iii) reclamaciones ante las Comisiones Escrutadoras por las inconformidades contra el cómputo o la legalidad del procedimiento de escrutinio. FUENTE FORMAL: Decreto 2241 DE 1986 - ARTÍCULO 122,Decreto 2241 DE 1986 - ARTÍCULO 164,Decreto 2241 DE 1986 - ARTÍCULO 192,Decreto 2241 DE 1986 - ARTÍCULO 193 PRECLUSIÓN / RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA ELECTORAL Problema jurídico: ¿Las inconsistencias consistentes en errores aritméticos, tachaduras, enmendaduras o diferencias superiores al diez por ciento deben formularse oportunamente ante las autoridades electorales competentes para evitar la preclusión? Respuesta al problema jurídico: Si Ahora bien, la competencia para conocer por primera vez de una inconsistencia y la autoridad que desata la apelación se distribuye según el tipo de mecanismo utilizado. (...). De acuerdo con lo expuesto, si el vicio alegado constituye una causal de reclamación ordinaria del Código Electoral y fue rechazada por haberse radicado ante la instancia equivocada, el juez contencioso electoral no puede abordar el estudio de fondo de esa irregularidad en la demanda de nulidad, pues el interesado no agotó la reclamación en la etapa oportuna. Como se sigue de lo dicho, algunas de las inconsistencias alegadas por el actor como error aritmético, tachaduras, enmendaduras, correcciones no debidamente salvadas o diferencia superior al 10%, debían ser alegadas ante los jurados de votación en la mesa o ante la Comisión Escrutadora de primer nivel correspondiente; de manera que, en caso de no haberse invocado ante la instancia de primer nivel donde ocurrió la falta, el reclamo ha precluido y esta sección no puede conocerlo por primera vez. En este orden, frente a tales inconsistencias el primer análisis se circunscribe a determinar si aquellas se formularon e impugnaron de manera oportuna ante la comisión escrutadora correspondiente durante el escrutinio. Para abordar dicho estudio de legalidad, por disposición del inciso 2.º del artículo 139 del CPACA, el demandante debía demandar conjuntamente con el acto que declara la elección (Formulario E-26) los actos previos (las resoluciones) proferidos por las comisiones escrutadoras o el CNE que rechazaron o negaron las reclamaciones o solicitudes de recuento. FUENTE FORMAL: Decreto 2241 DE 1986 - ARTÍCULO 122,Decreto 2241 DE 1986 - ARTÍCULO 164,Decreto 2241 DE 1986 - ARTÍCULO 192,Decreto 2241 DE 1986 - ARTÍCULO 193,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 139 INCISO 2 IRREGULARIDAD EN EL DOCUMENTO ELECTORAL / FALTA DE PRUEBA Problema jurídico: ¿El estudio de incidencia electoral exige contar con formularios E-11, E-14, E-24, AGE y demás documentos que permitan reconstruir y verificar los resultados electorales cuestionados? Respuesta al problema jurídico: Si Frente a dichas causales se debe verificar si los actos que las resolvieron incurren en los vicios alegados de falsa motivación o infracción de las normas en que debían fundarse. (...). (...) Cabe precisar que el cálculo de la incidencia requiere el reajuste mesa por mesa de los votos legalmente obtenidos que fueron omitidos o restados indebidamente a favor del candidato o lista y la deducción de los votos espurios o mal computados que beneficiaron indebidamente a otros candidatos. Para ello se debe acudir a varios documentos como son: los Formularios E-14 (Acta de Escrutinio de Mesa), copia del Archivo Plano E-24 TXT / E-24 MMV (Consolidado mesa a mesa), Actas Generales de Escrutinio (AGE) y Formulario E-11 (Registro General de Votantes), entre otros. (...). Para determinar la ocurrencia de dichas irregularidades se requiere adelantar una verificación probatoria rigurosa que incluye el cotejo entre los Formularios E-14 y E-24. (...). Además, para verificar la inconsistencia entre los sufragios registrados y los ciudadanos habilitados para votar, es indispensable comparar el número de votantes registrados (Formulario E-11) contra el total de votos anotados (Formulario E-14). (...). En el evento de que se confirmase la falsedad en los registros reprochados deberá efectuarse el estudio de incidencia (artículo 287 del CPACA) que consiste en un ejercicio de recomposición de guarismos para determinar si las irregularidades alegadas tienen la capacidad de revertir el margen de diferencia. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 229,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 230,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 287 SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE A LA CÁMARA / IRREGULARIDAD EN EL DOCUMENTO ELECTORAL / INSUFICIENCIA PROBATORIA / AUTO QUE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Problema jurídico: ¿Procede suspender provisionalmente la elección cuando no obran en el expediente los documentos electorales necesarios para verificar la ocurrencia de las irregularidades alegadas y su incidencia en el resultado? Respuesta al problema jurídico: No Revisada el Acta General de la Comisión Auxiliar núm. 14 de Pereira que obra en el expediente y confrontada con la demanda, se encuentra que en esta se alegan supuestas irregularidades en varias mesas distribuidas a lo largo de todo el departamento. (...) Es decir, el acta allegada corresponde a una sola de las comisiones auxiliares de la ciudad de Pereira, pero faltarían las actas auxiliares y municipales de otros territorios que documentan la votación en cada una de sus respectivas jurisdicciones, además del acta general de escrutinio departamental. En este orden, dicho documento por sí solo no permite evaluar la legalidad del Formulario E-26 CAM. (...). Además, para determinar la incidencia real de las inconsistencias alegadas se requiere el cotejo integral del acervo probatorio completo de todas las mesas cuestionadas por causales de nulidad, análisis que requiere el decreto de pruebas. (...). De manera que, como el demandante se limitó a enunciar dichos documentos en el acápite probatorio y a pedir su decreto ante las autoridades electorales, con excepción del Acta General de la Comisión Auxiliar núm. 14 de Pereira, aportada por uno de los demandados; en esta etapa no existen suficientes elementos de prueba para decidir sobre la medida cautelar. Así las cosas, en esta temprana etapa procesal, la confrontación de la norma invocada y las pruebas aportadas no demuestra la configuración de las causales de nulidad alegadas. (...) En consecuencia, la medida será negada porque no se cumplen los presupuestos de procedencia del artículo 231 del CPACA; sin perjuicio de que una vez adelantadas las demás etapas procesales se llegue a una conclusión diferente, toda vez que esta decisión no implica prejuzgamiento. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231