Auto C.E. 11001-03-28-000-2026-00262-00 (2026)

CONSEJO DE ESTADO 11001-03-28-000-2026-00262-00 AUTO INTERLOCUTORIO SUSTENTO NORMATIVO : CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 238 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 179 NUMERAL 1 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 179 NUMERAL 4 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 179 NUMERAL 7 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 191 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 197 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 40 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 96 / LEY 2332 DE 2023 - ARTÍCULO 34 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 188 / LEY 2332 DE 2023 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 275 NUMERAL 5 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 192 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 213 NORMA DEMANDADA : FECHA : 04/08/2026 SECCION : SECCION QUINTA PONENTE : OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ ACTOR : DAVID FERNANDO CANO MAZUERA DEMANDADO : ABELARDO GABRIEL DE LA ESPRIELLA OTERO, JOSE MANUEL RESTREPO ABONDANO DECISION : ADMITE TEMA : MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL Problema jurídico: Corresponde a la Sala determinar si procede suspender provisionalmente los efectos de la Resolución E-3181 del 24 de junio de 2026, expedida por el CNE, mediante la cual se declaró la elección del presidente y vicepresidente de la república para el período constitucional 2026-2030. Respuesta al problema jurídico: No De la medida cautelar de suspensión provisional. El artículo 238 de la Constitución Política establece la facultad que tiene la jurisdicción de lo contencioso administrativo para suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial. (...) [E]l (...) CPACA consagró la posibilidad de decretar medidas cautelares dentro de todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, sin que dicho acto implique prejuzgamiento alguno. En materia de suspensión provisional, en su artículo 231, la aludida codificación fijó una serie de requisitos (...). [D]e la interpretación armónica de las normas que rigen la figura, se extrae que, para que pueda decretarse la suspensión provisional de un acto en materia electoral, debe realizarse su análisis frente a las disposiciones superiores invocadas como vulneradas en la demanda o en la solicitud, según corresponda, para así verificar si hay una violación de aquellas con apoyo en el material probatorio con el que se cuente. De lo anterior se colige, respecto de la suspensión provisional del acto en materia electoral que: (i) la solicitud del accionante procede por violación de las disposiciones normativas constitucionales o legales invocadas en el escrito correspondiente; (ii) dicha violación surge del análisis del acto demandado y su cotejo con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con aquella. Esto implica que el demandante puede sustentar su petición e invocar las normas que considera desconocidas por el acto acusado, o remitirse a los argumentos de la demanda. A partir de ello, el juez debe analizar esas razones y las pruebas aportadas, con el fin de determinar la procedencia de la medida. No obstante, no cualquier desconocimiento normativo implica per se la suspensión provisional, pues debe analizarse, en cada caso concreto, si la infracción alegada tiene entidad suficiente para afectar la aplicabilidad del acto y, en últimas, su legalidad. Además, se reitera que el pronunciamiento que se profiera con ocasión de una solicitud de medida cautelar no implica prejuzgamiento, por lo que la decisión adoptada puede variar en el curso del proceso e incluso el fallo puede ser diferente. FUENTE FORMAL: Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 238,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231 REQUISITOS PARA SER ELEGIDO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Problema jurídico: Corresponde a la Sala determinar si procede suspender provisionalmente los efectos de la Resolución E-3181 del 24 de junio de 2026, expedida por el CNE, mediante la cual se declaró la elección del presidente y vicepresidente de la república para el período constitucional 2026-2030. Respuesta al problema jurídico: No Decisión sobre la medida cautelar. (...) [E]l actor solicitó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución E-3181 de 2026, mediante la cual el CNE declaró la elección de los señores [AGDLEO] y [JMRA]como presidente y vicepresidente de la república, respectivamente. Sostuvo que el primero no reunía las condiciones constitucionales para ejercer el cargo, debido a la supuesta incompatibilidad entre el Oath of Allegiance prestado para adquirir la ciudadanía estadounidense y el juramento previsto en el artículo 192 de la Constitución Política. Enmarcó el reproche en la causal del numeral 5.º del artículo 275 del CPACA e invocó los artículos 1, 2, 3, 4, 9, 40, 188, 189, 191, 192, 209 y 265 superiores. Afirmó que la elegibilidad presidencial no se agotaba en las condiciones expresas del artículo 191, pues también comprendía la capacidad del elegido para asumir el compromiso de cumplir fielmente la Constitución y las leyes colombianas, sin contradicción con deberes de lealtad, defensa y eventual servicio frente a otro Estado. (...). Su inconformidad se centró en que el CNE declaró la elección sin verificar si el demandado podía prestar válidamente el juramento presidencial y ejercer las funciones relacionadas con la soberanía nacional, la dirección de las relaciones internacionales y el mando de la Fuerza Pública. (...). Caso concreto. [1] Requisitos para ser presidente de la república de Colombia. (...) De la disposición [artículo 191 de la Constitución Política] se desprenden tres requisitos concurrentes para ser elegido presidente de la república: (i) ser colombiano por nacimiento; (ii) tener la condición de ciudadano en ejercicio y (iii) ser mayor de treinta años. El primero se refiere al vínculo originario de nacionalidad con el Estado colombiano; el segundo exige que la persona conserve la capacidad para ejercer sus derechos políticos; y el tercero corresponde a la edad mínima fijada directamente por el constituyente. A su turno, el artículo 197 superior establece las circunstancias que impiden ser elegido. En primer término, prohíbe elegir presidente a quien, a cualquier título, haya ejercido ese cargo, salvo el vicepresidente que lo hubiera desempeñado por menos de tres meses, de forma continua o discontinua, durante el respectivo cuatrienio. También excluye a quien, dentro del año anterior a la elección, haya ocupado alguno de los empleos expresamente enumerados en esa disposición. Finalmente, incorpora las inhabilidades previstas en los numerales 1.°, 4.° y 7.° del artículo 179 de la Constitución. El numeral 1.° del artículo 179 comprende a quien haya sido condenado, en cualquier época, mediante sentencia judicial, a una pena privativa de la libertad. (...). El numeral 4.° se refiere a quien haya perdido la investidura de congresista. (...). El numeral 7.° comprende a quien tenga doble nacionalidad, pero excluye expresamente a los colombianos por nacimiento. Esta salvedad forma parte integral de la causal y también resulta aplicable al régimen presidencial, dado que el artículo 197 remite al numeral completo. En consecuencia, la titularidad de otra nacionalidad no configura la prohibición cuando se trate de un colombiano por nacimiento. De esta manera, el régimen constitucional de acceso a la Presidencia comprende, de una parte, las calidades previstas en el artículo 191 y, de otra, las prohibiciones establecidas en el artículo 197. Por ello, el examen de la causal subjetiva de nulidad exige identificar cuál requisito no se cumple o en qué inhabilidad concreta concurre. Además, debido a que estas últimas restringen el derecho fundamental de acceso al ejercicio del poder político, su interpretación debe ser estricta, sin analogías ni extensiones a circunstancias no previstas por el constituyente. (...). En punto del primer mandatario, el artículo 191 superior no exige que el aspirante renuncie a otras nacionalidades ni condiciona el acceso al cargo a la titularidad exclusiva de la nacionalidad colombiana. En consecuencia, el examen de elegibilidad debe efectuarse a partir de las calidades previstas en esa norma y de las prohibiciones incorporadas por el artículo 197, sin adicionar supuestos distintos. Esta interpretación coincide con la jurisprudencia constitucional, según la cual el constituyente estableció directamente las calidades especiales exigidas para ejercer las funciones de mayor relevancia estatal, entre ellas las correspondientes a la Presidencia de la República. Por tanto, el régimen de elegibilidad presidencial es constitucional y taxativo. Para acceder al cargo se requiere cumplir las condiciones establecidas en el artículo 191 y no encontrarse incurso en alguna de las prohibiciones expresamente previstas o incorporadas por el artículo 197 superior. FUENTE FORMAL: Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 179 NUMERAL 1,Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 179 NUMERAL 4,Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 179 NUMERAL 7,Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 191,Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 197,Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 40 DOBLE NACIONALIDAD Problema jurídico: Corresponde a la Sala determinar si procede suspender provisionalmente los efectos de la Resolución E-3181 del 24 de junio de 2026, expedida por el CNE, mediante la cual se declaró la elección del presidente y vicepresidente de la república para el período constitucional 2026-2030. Respuesta al problema jurídico: No [2] Nacionalidad colombiana y doble nacionalidad. El artículo 96 de la Carta dispone que ningún colombiano por nacimiento puede ser privado de su nacionalidad y que la calidad de nacional colombiano no se pierde por adquirir otra. Esta colegiatura también ha explicado que la nacionalidad corresponde al vínculo político y jurídico existente entre una persona y un Estado, del cual surgen derechos y obligaciones recíprocas. La doble nacionalidad representa, entonces, la existencia simultánea de ese lazo frente a dos Estados. Por su parte, el numeral 7.° del artículo 179 superior dispone que no podrán ser congresistas «quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento». Esta causal integra el régimen de inelegibilidad presidencial, pues el artículo 197 establece que «no podrá ser elegido Presidente de la República quien hubiere incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179». La remisión efectuada por el artículo 197 comprende la totalidad del supuesto previsto en el numeral 7.° del artículo 179, incluida la excepción establecida en favor de los colombianos por nacimiento. Por esa razón, no resulta admisible aplicar la prohibición y desconocer, al mismo tiempo, la salvedad que integra la misma regla constitucional. En consecuencia, quien tenga la nacionalidad colombiana por nacimiento puede ser elegido presidente de la república, aunque posea otra nacionalidad. En desarrollo del artículo 96 superior, el artículo 34 de la Ley 2332 de 2023 dispone que «[l]a calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad». La misma disposición establece que el colombiano con doble nacionalidad, mientras se encuentre en el territorio nacional, estará sometido a la Constitución Política y a la legislación colombiana. Además, deberá identificarse como colombiano en sus actos civiles y políticos, así como al ingresar, permanecer y salir del país. De estas reglas se desprende que la adquisición de otra nacionalidad no extingue la condición de colombiano por nacimiento ni disminuye, por ese solo hecho, los derechos políticos reconocidos por el ordenamiento interno. Tampoco configura una incompatibilidad electoral ni permite concluir que el vínculo jurídico con Colombia haya perdido eficacia, pues una interpretación distinta introduciría una restricción no prevista por el constituyente. En consecuencia, (...) la condición de ciudadano estadounidense del demandado, no permite afirmar que hubiera dejado de ser colombiano por nacimiento ni que se configurara la causal prevista en el numeral 7.º del artículo 179 de la Constitución Política. Si se permite la doble nacionalidad para el presidente colombiano por nacimiento, se admite también que pueda existir un vínculo jurídico y político con otro Estado, a partir del cual surgen derechos y obligaciones recíprocas, puesto que no constituye una inhabilidad constitucionalmente establecida. FUENTE FORMAL: Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 179 NUMERAL 7,Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 197,Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 96,Ley 2332 DE 2023 - ARTÍCULO 34 JURAMENTO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Problema jurídico: Corresponde a la Sala determinar si procede suspender provisionalmente los efectos de la Resolución E-3181 del 24 de junio de 2026, expedida por el CNE, mediante la cual se declaró la elección del presidente y vicepresidente de la república para el período constitucional 2026-2030. Respuesta al problema jurídico: No [3] Naturaleza jurídica del juramento presidencial previsto en los artículos 188 y 192 de la Constitución Política. Juramento de nacionalización ante otro Estado. El artículo 122 de la Constitución Política obliga a todo servidor público a prestar juramento al posesionarse en su cargo: «Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas». Por su parte, el artículo 188 ibidem dispone que «[e]l presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos», y el artículo 192 consagra la fórmula para el juramento, en los siguientes términos: «[j] Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia». El artículo 192 de la Constitución Política regula el acto de posesión del presidente de la república (...). La Corte Constitucional se ha referido al juramento como «[u]na institución propia del sistema jurídico colombiano y de diversas leyes» y también ha indicado que constituye una obligación del presidente de la república de jurar en nombre de Dios al momento de su posesión, establecida en el artículo 192, y a otras disposiciones jurídicas que le otorgan al juramento la connotación de «un compromiso frente a la Constitución y la ley o, incluso, como una garantía de veracidad […]», o como una «promesa al pueblo, su elector». Bajo ese entendimiento, es posible colegir que se trata de un acto solemne de lealtad institucional y una promesa de someterse expresamente a la Carta Política y a las leyes. Lleva implícito el cumplimento de los deberes propios del cargo y de asumir frente al pueblo la función como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa, de conformidad con el ordenamiento jurídico. El alcance del precepto no se limita a describir un acto protocolario, sino que marca el inicio de las responsabilidades políticas y jurídicas propias del cargo. Además, se erige como una exigencia para la posesión, por lo que se descarta que constituya un requisito de elegibilidad para ser presidente de la República. (...). Dentro de las reglas para la posesión está la referente a la autoridad ante la que se debe prestar, esto es, el Congreso de la República, o, en situaciones excepcionales que impidan la sesión del órgano legislativo, ante la Corte Suprema de Justicia o dos testigos. Ahora bien, se advierte que las normas en cita no contienen una exigencia relativa a no contar con más de una nacionalidad, ni supeditan la validez del acto de posesión a la previa renuncia del vínculo de nacionalidad con el Estado extranjero. Por consiguiente, no se desprende que haya sido intención del constituyente establecer la doble ciudadanía o el juramento ante otra nación como una causal de inhabilidad o incompatibilidad autónoma para posesionarse como primer mandatario. (...). El juramento previsto en el artículo 192 de la norma superior es el complemento a las exigencias para ocupar esa dignidad, sin que, por vía de interpretación, se derive que la doble nacionalidad constituye una restricción para el ejercicio de las funciones. A partir de lo expuesto, el parámetro para medir la lealtad con el pueblo Colombiano es la observancia de la Constitución Política y la defensa del interés público nacional en el ejercicio de las funciones del cargo, y no la literalidad de juramentos anteriores que se hayan prestado para adquirir otra nacionalidad ni por la existencia de una doble ciudadanía admitida por la propia Carta Política y por la Ley 2332 de 2023. La jurisprudencia ha entendido que la posesión no constituye, en sentido estricto, un acto administrativo, sino el hecho formal mediante el cual la persona asume la función y acredita el compromiso de cumplir los deberes inherentes al cargo. Por ello, no crea la elección ni modifica sus requisitos, sino que permite iniciar el ejercicio de las atribuciones conforme a las solemnidades previstas por el ordenamiento. Así, el juramento presidencial no aparece consagrado como una calidad de elegibilidad ni como una inhabilidad anterior a la elección. Su finalidad consiste en formalizar el compromiso del elegido con la Constitución, las leyes y las obligaciones propias del primer mandatario. Por consiguiente, no resulta procedente incorporar el artículo 192 al régimen de inhabilidades para crear una condición adicional de acceso al cargo. Tal interpretación convertiría una solemnidad de posesión en una prohibición electoral que el constituyente no estableció. FUENTE FORMAL: Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 122,Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 188,Ley 2332 DE 2023 DIFERENCIA ENTRE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD Problema jurídico: Corresponde a la Sala determinar si procede suspender provisionalmente los efectos de la Resolución E-3181 del 24 de junio de 2026, expedida por el CNE, mediante la cual se declaró la elección del presidente y vicepresidente de la república para el período constitucional 2026-2030. Respuesta al problema jurídico: No [4] Diferencia entre inhabilidades e incompatibilidades. Para resolver el planteamiento del demandante también resulta necesario diferenciar las inhabilidades de las incompatibilidades, pues cada categoría opera en un momento distinto y produce consecuencias jurídicas diversas. Las inhabilidades corresponden a circunstancias previstas en la Constitución o en la ley que impiden que una persona sea elegida o designada para un cargo público. Su finalidad consiste en garantizar que quienes pretendan acceder al servicio estatal reúnan condiciones de moralidad, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia, así como prevenir los riesgos que el constituyente o el legislador consideraron contrarios a los intereses y principios que orientan el ejercicio de la función pública. Debido a que restringen el derecho fundamental a participar en la conformación del poder político y a acceder al desempeño de funciones públicas, las causales de inhabilidad son taxativas, excepcionales y de interpretación restrictiva. Por esa razón, no admiten analogías ni pueden extenderse a hechos que no se encuentren previstos de manera expresa en la Constitución o en la ley. Las incompatibilidades, por el contrario, son prohibiciones dirigidas a quien ya ocupa una función pública. Su propósito consiste en impedir el ejercicio simultáneo de actividades, competencias, cargos o empleos que puedan afectar la independencia, la imparcialidad o la dedicación exigidas al servidor. Por regla general, estas restricciones operan de forma concomitante o posterior a la elección, el nombramiento o la posesión. Su desconocimiento puede generar consecuencias disciplinarias, pero no afecta la validez del acto electoral, salvo que una disposición expresa convierta la conducta correspondiente en una causal de inelegibilidad. En efecto, el numeral 5.° del artículo 275 del CPACA contempla como causal de nulidad la incursión en una inhabilidad, mas no el desconocimiento de una incompatibilidad. En ese sentido, no resulta acertado calificar la coexistencia entre el juramento estadounidense y el colombiano como una inhabilidad electoral. Para que esa circunstancia afectara la validez de la elección sería necesario que una disposición constitucional o legal prohibiera expresamente la concurrencia de ambos compromisos o atribuyera al juramento extranjero un efecto impeditivo para acceder al aludido cargo; sin embargo, el ordenamiento no establece que aquel compromiso impida ser elegido ni ejercer las funciones de jefe de Estado y de Gobierno. Así las cosas, la estructura del artículo 192 excluye la posibilidad de que el análisis sobre el régimen de inhabilidades y de incompatibilidades pueda sustentarse en un supuesto «conflicto de lealtades» incompatible con la defensa de los intereses de Colombia, generado a partir de los juramentos de naturalización extranjeros, pues, como se vio, el régimen de inhabilidades es taxativo y de interpretación restrictiva. De ello se concluye que la doble nacionalidad o de manera concreta el juramento ante otra nación no equivale a una prohibición implícita para ser presidente de la república. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 275 NUMERAL 5 SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA / ELECCIÓN DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA / JURAMENTO / EXTRANJERO / DEBERES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA / CONFLICTO DE DEBERES / NEGACIÓN DE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL Problema jurídico: Corresponde a la Sala determinar si procede suspender provisionalmente los efectos de la Resolución E-3181 del 24 de junio de 2026, expedida por el CNE, mediante la cual se declaró la elección del presidente y vicepresidente de la república para el período constitucional 2026-2030. Respuesta al problema jurídico: No [5] Juramento extranjero y supuesto conflicto de lealtades. El reconocimiento constitucional de la doble nacionalidad y la excepción prevista para los colombianos por nacimiento impiden deducir, de la sola naturalización extranjera, una prohibición adicional para ser presidente de la república. La adquisición de otra ciudadanía tampoco permite presumir que el nacional incumplirá sus deberes constitucionales, que su vínculo con Colombia perdió intensidad o que carece de autonomía para ejercer una función pública. Por el contrario, el artículo 34 de la Ley 2332 de 2023 establece que el colombiano con doble nacionalidad se somete, dentro del territorio nacional, a la Constitución y a la legislación de la República. Aunque la doble nacionalidad puede originar obligaciones frente a dos ordenamientos jurídicos, esa posibilidad no basta para desconocer la excepción consagrada en el numeral 7.° del artículo 179 ni para estructurar una causal electoral que no aparece prevista en el texto superior. En ese sentido, el eventual conflicto de lealtades solo tendría incidencia sobre la validez de la elección si una norma constitucional o legal le atribuyera expresamente el efecto de impedir el acceso al cargo. En ausencia de esa previsión, una valoración política, ética o moral no puede transformarse en una causal de inelegibilidad ni servir de fundamento para invalidar el acto electoral. El vínculo de nacionalidad y los compromisos asumidos en otras naciones solo adquieren relevancia jurídica para las funciones si se traducen en actos concretos comprobados contrarios al deber de fidelidad constitucional, evento en el cual la investigación de la conducta del presidente le corresponderá asumirla a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Ello, si se tiene en cuenta que las actuaciones del mandatario en ejercicio de su cargo son ajenas al control abstracto de legalidad del acto de elección que realiza el juez de lo contencioso administrativo. Desde esa perspectiva, la prestación de un juramento ante otro Estado podría suscitar un interrogante sobre el cumplimiento de los deberes propios del cargo; sin embargo, ese planteamiento pertenece al ámbito del ejercicio de la función y no modifica, por sí mismo, las calidades previstas en el artículo 191 ni las inhabilidades a las cuales remite el artículo 197. De este marco se desprende que las condiciones para acceder a esa investidura están previstas en el artículo 191 y que las restricciones aplicables se encuentran consagradas en el artículo 197. El artículo 192 regula la posesión, mientras que la doble nacionalidad de un colombiano por nacimiento no activa la prohibición del numeral 7.° del artículo 179. (...). En conjunto, este material [pruebas que obran en el expediente] en esta fase inicial, no demuestra el supuesto juramento que prestó el demandado, y solo hace referencia a que ha ejercido derechos políticos en ese país, realizó o aparece relacionado con contribuciones a campañas republicanas y acudió a autoridades extranjeras para solicitar protección. No obstante, ninguna de esas pruebas denota que el demandado hubiera dejado de reunir la calidad de colombiano por nacimiento, perdido la ciudadanía en ejercicio, quedado sujeto a instrucciones de otro Estado, careciera de autonomía para ocupar el cargo en cuestión o incumpliera alguno de los requisitos previstos en el artículo 191 de la Constitución Política. Tampoco acreditan que la participación política extranjera, las contribuciones electorales, la solicitud de protección o las relaciones con dirigentes estadounidenses constituyan una inhabilidad aplicable al cargo. El actor reúne esos hechos bajo la noción de un conflicto material de lealtades, pero ninguna de las disposiciones invocadas les atribuye el efecto de configurar una inhabilidad o la falta de una calidad presidencial. En este contexto, en el presente asunto, las calidades y requisitos para ser elegido presidente de la república se encuentran en el artículo 191 de la Constitución Política, mientras que las prohibiciones aplicables están previstas en el artículo 197 superior. Ninguna de esas disposiciones establece que la ciudadanía extranjera, el juramento de naturalización, la identificación política con una colectividad de otro país, el voto en elecciones foráneas, las contribuciones a campañas políticas o la solicitud de protección ante autoridades extranjeras impidan acceder al cargo. Por el contrario, la prohibición relativa a la doble nacionalidad excluye expresamente a los colombianos por nacimiento. A su vez, el artículo 192 regula el juramento que debe prestar el elegido para asumir sus funciones, pero no consagra una calidad de elegibilidad ni una condición adicional para la validez de la elección. Así las cosas, en esa etapa procesal no se aprecia la vulneración de los artículos 1, 2, 3 y 40 superiores. El carácter social del Estado, sus fines esenciales, la soberanía popular y el derecho de participación política exigen que la elección se ajuste a la Constitución. Estas cláusulas generales no crean nuevos requisitos de acceso a la Presidencia ni convierten el eventual conflicto de lealtades alegado por el actor en una prohibición electoral. Por el contrario, el artículo 40 de la Constitución protege el derecho a ser elegido y a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos. En consecuencia, las restricciones a esa garantía deben derivarse de una disposición constitucional o legal expresa, sin que las cláusulas generales sobre la organización del Estado y la soberanía popular permitan construir una causal adicional de inelegibilidad. (...). Así, aunque la controversia planteada reviste importancia constitucional, los principios invocados y la posibilidad abstracta de una contradicción entre compromisos asumidos frente a dos Estados no permiten suspender el acto acusado. Para ello sería indispensable una disposición constitucional o legal que atribuyera a esos hechos el efecto de impedir la elección, regla que no se identifica en esta etapa. Además, es completamente lógico que el juramento de naturalización ante otro Estado tenga las implicaciones de fidelidad frente a este, circunstancia que no resulta excluyente ni incompatible con el derecho de los nacionales colombianos a ocupar cargos públicos, incluido el de presidente de la república. Por consiguiente, sustentar, por vía de interpretación, la existencia de una inhabilidad o incompatibilidad en un hecho hipotético consistente en que el funcionario va a privilegiar los intereses de otro Estado equivaldría a sustituir el juicio objetivo que exige el régimen de inhabilidades por una presunción de deslealtad que no tiene asidero constitucional ni legal. El carácter taxativo de las restricciones electorales impide que el juez transforme esa preocupación en una nueva causal de inelegibilidad. Una decisión en ese sentido introduciría una condición no prevista por el constituyente y desconocería la excepción expresa establecida para los colombianos por nacimiento. En consecuencia, de la confrontación entre el acto acusado, las disposiciones invocadas en la solicitud cautelar y las pruebas aportadas no surge, en esta etapa, la infracción necesaria para suspender provisionalmente los efectos de la Resolución E-3181 de 2026. FUENTE FORMAL: Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 179 NUMERAL 7,Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 191,Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 192,Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 197,Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 40,Ley 2332 DE 2023 - ARTÍCULO 34 SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR / CREDENCIAL ELECTORAL / NEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR Problema jurídico: Corresponde a la Sala determinar si se debe acceder a solicitudes cautelares adicionales que piden dejar sin efectos las credenciales expedidas con fundamento en el acto de elección del presidente y vicepresidente de la república para el período constitucional 2026-2030. Respuesta al problema jurídico: No [6] Solicitudes cautelares adicionales. Además de la suspensión provisional de la Resolución E-3181 de 2026, el demandante pidió dejar sin efectos las credenciales expedidas con fundamento en ese acto y ordenar al CNE y a la RNEC que se abstuvieran de adelantar actuaciones dirigidas a consolidar la elección declarada. (...). La suspensión de las credenciales y la orden de abstención solicitada frente al CNE y a la RNEC dependen de la medida principal. Ambas pretensiones buscan impedir que el acto acusado produzca sus efectos y, por tanto, no tienen autonomía respecto de la suspensión provisional de la declaratoria de elección. En consecuencia, al no advertirse la infracción normativa necesaria para suspender la Resolución E-3181 de 2026, tampoco existe fundamento para dejar sin efectos las credenciales ni para ordenar a las autoridades electorales que se abstengan de ejecutar actuaciones derivadas de aquel acto. Una conclusión distinta permitiría alcanzar, mediante órdenes accesorias, el mismo resultado que no procede a través de la suspensión provisional. La medida cautelar no puede obtenerse de manera indirecta cuando no se encuentran satisfechos los presupuestos exigidos por el artículo 231 del CPACA. Por otra parte, las solicitudes dirigidas a obtener expedientes, certificaciones y documentos relacionados con la naturalización del demandado tienen naturaleza probatoria. Su finalidad consiste en completar el material necesario para esclarecer las circunstancias fácticas de la controversia, pero no corresponden, en sentido estricto, a medidas destinadas a proteger provisionalmente el objeto del proceso. El decreto y la práctica de esas pruebas deberán examinarse en la oportunidad procesal correspondiente, con respeto de los principios de pertinencia, conducencia, utilidad y contradicción. La facultad oficiosa prevista en el artículo 213 del CPACA tampoco puede utilizarse para suplir, en esta etapa, los elementos que el solicitante debía aportar para acreditar la procedencia de la cautela. En efecto, la suspensión provisional debe resolverse a partir de la confrontación entre el acto demandado, las normas invocadas y las pruebas allegadas con la solicitud. La posibilidad de que en el curso del proceso se incorporen nuevos documentos no permite tener por demostrado, desde ahora, el supuesto jurídico y fáctico que sirve de fundamento a la medida. En cuanto a la preservación de documentos, el actor no expuso un riesgo concreto de pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento del material relacionado con la actuación electoral. La sola importancia de esos soportes no demuestra la existencia de una amenaza que justifique una orden cautelar específica. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 213,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231