Auto C.E. 11001-03-28-000-2026-00272-00 (2026)

CONSEJO DE ESTADO 11001-03-28-000-2026-00272-00 AUTO INTERLOCUTORIO SUSTENTO NORMATIVO : LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 229 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 230 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 235 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 277 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 296 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 275 NUMERAL 1 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 228 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 282 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 71 NORMA DEMANDADA : FECHA : 13/08/2026 SECCION : SECCION QUINTA PONENTE : LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA ACTOR : LUIS GUILLERMO PEREZ CASAS DEMANDADO : ABELARDO GABRIEL DE LA ESPRIELLA OTERO, JOSE MANUEL RESTREPO ABONDANO DECISION : ADMITE TEMA : MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL Problema jurídico: ¿Se debe acceder a la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto de elección del presidente y vicepresidente de la república, periodo 2026-2030, por presunta violencia psicológica? Respuesta al problema jurídico: No La suspensión provisional de los efectos del acto acusado. El artículo 230 de la Ley 1437 de 2011, establece una fórmula innominada para la adopción de medidas cautelares, clasificándolas en preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, admitiendo en esta tipología cualquier clase de mecanismo que el juez encuentre necesario para garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia e impedir que el ejercicio del medio de control respectivo pierda su finalidad. En este amplio catálogo, se contempló en el artículo 230, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, (...). [A]l coexistir en la actualidad, diferentes modalidades de medidas cautelares, concurren también distintos presupuestos para ordenarlas, teniendo siempre presente que la interpretación de los requisitos procesales para su procedencia, debe hacerse a la luz de la tutela judicial efectiva, que parte de reconocer que no solo las personas tienen el derecho de acudir a los órganos judiciales para formular su demanda, sino a que el objeto del litigio, se le proteja desde el inicio del trámite a fin de asegurar la justicia material y que la sentencia cumpla su cometido. Según el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando se pretenda la suspensión provisional de los efectos del acto demandado, el solicitante debe cumplir los requisitos señalados en el inciso primero de dicha norma (...). [E]n la actualidad, según el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, el juez administrativo está habilitado para confrontar el acto demandado y las normas invocadas como transgredidas, a partir de la interpretación de la ley y la jurisprudencia y la valoración de las pruebas allegadas con la solicitud, lo que implica hacer un estudio amplio, analítico y razonado, para verificar si se vulnera el ordenamiento jurídico, sin perder de vista que, en todo caso, se trata de una decisión temporal, que no implica prejuzgamiento, según las voces del artículo 229 ibidem. Así mismo, aunque este presupuesto, puede coincidir con el examen del fondo de la litis, debe precisarse que, por tratarse de una medida provisional, producto de un juicio preliminar, no tiene carácter definitivo, pues, de conformidad con el artículo 235 ibidem, existe la posibilidad de modificarla o revocarla y aún de dictar un fallo desestimatorio de las pretensiones, caso en el cual, esta debe levantarse. De otro lado, en el contencioso electoral, para que proceda la medida de suspensión provisional, debe establecerse que el acto acusado es violatorio de alguna de las disposiciones que se consideran infringidas en la demanda o en el acápite correspondiente del escrito introductorio, según lo dispone el artículo 231, aplicable a este trámite especial por remisión del artículo 296 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Lo anterior en tanto, el artículo 277 ibidem, norma especial para este tipo de procesos, establece que la solicitud debe estar contenida en el mismo escrito de demanda y resolverse en el auto admisorio, razón por la cual, resulta apenas razonable y acorde con la tutela judicial efectiva, que su decreto bien pueda fundarse en las razones invocadas tanto en el libelo inicial, sí así fue solicitado, o como en el escrito contentivo de la petición cautelar. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 229,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 230,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 235,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 277,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 296 SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA / ELECCIÓN DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA / VIOLENCIA PSICOLÓGICA / ASUNTO DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL Problema jurídico: ¿Se debe acceder a la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto de elección del presidente y vicepresidente de la República, periodo 2026-2030, por presunta violencia psicológica? Respuesta al problema jurídico: No Estudio de la medida cautelar. (...) [E]l actor solicitó la suspensión provisional de los efectos del acto que declaró la elección del señor [AGDLEO] como presidente de la república y, de contera, del vicepresidente [JMRA]. En escrito separado de la demanda, indicó que la solicitud se justifica en consideración al cargo de violencia psicológica, hostigamiento, amenazas, incitación a delinquir y apología del genocidio por parte del demandado durante su campaña electoral, lo cual, a juicio del actor, evidencia un riesgo para el pluralismo político y la seguridad de sectores determinados de la población. Asimismo, sostuvo que permitir la posesión de quien ha utilizado expresiones como «destripar», «extirpar», «dar de baja», «enemigos de la República», «plaga», «cáncer», «bandidos», «narcoterroristas» y «objetivo militar», frente a sectores políticos determinados, puede producir un efecto intimidatorio sobre la oposición, los electores, las comunidades rurales, los territorios estigmatizados y los funcionarios públicos que deban actuar bajo la autoridad del nuevo gobierno. Resaltó que, en ese orden, debe proceder la suspensión provisional del acto demandado, pues el señor [AGDLEO] promovió durante su campaña electoral una narrativa de violencia política, hostigamiento, intimidación y deslegitimación del adversario, motivo por el cual debe evitarse que asuma el control de la fuerza pública, la administración y la dirección política del Estado. (...). [E]n el asunto en concreto no hay lugar a analizar los presupuestos adicionales consagrados en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por cuanto, al tratarse de una cautela de suspensión provisional solo se requiere confrontar el acto con las normas que se invocan como desconocidas y las pruebas allegadas con la solicitud. Con la claridad anterior, la Sala estudiará si, para este momento procesal, se encuentra acreditado el cargo de violencia psicológica invocado por el demandante. Sobre el particular, debe precisarse que la violencia es una causal autónoma de nulidad electoral, contemplada en el numeral 1 del artículo 275 del CPACA. En efecto, la norma señala que podrá anular el acto electoral cuando se demuestre la ocurrencia de cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades electorales. (...). Asimismo, la Sala Electoral ha señalado que dicha violencia comprende no solo las formas físicas sino también las psicológicas, el constreñimiento, la coacción o cualquier tipo de situación que anule la voluntad de escoger la opción política de su preferencia. Igualmente, ha precisado que no basta demostrar la ocurrencia de hechos violentos, pues debe acreditarse que esos acontecimientos tuvieron entidad suficiente para afectar el resultado de la elección. Se debe verificar entonces: 1. La existencia objetiva de la violencia (elemento cualitativo o aspecto objetivo). 2. La afectación de la voluntad de quien es violentado (aspecto subjetivo); 3. La capacidad real de alterar el resultado electoral (elemento cuantitativo o aspecto consecuencial). Frente al primer elemento, el accionante aportó una serie de pruebas, consistentes en notas periodísticas, publicaciones en redes sociales de la cuenta de la campaña electoral del entonces candidato, [AGDLEO], que incluye imágenes, videos y mensajes remitidos por el demandado a sus seguidores. (...). [E]n criterio del actor, las declaraciones de estigmatización, criminalización e intimidación realizadas por el demandado generaron «alarma pública en la población colombiana», pues durante la campaña en 2026, el demandado continuó con «un discurso violento, amenazante, intimidatorio y excluyente» que se intensificó en los meses previos a la elección. No obstante, la Sala, de manera preliminar, no advierte cuáles fueron los actos de violencia psicológica que presuntamente recayeron sobre los electores o las autoridades electorales. Si bien el demandante estructura su cargo a partir de las declaraciones y la estrategia de campaña política contraria a los límites fijados por el ordenamiento jurídico, no se observa de qué manera, el discurso político del demandado, aun cuando reprochable en algunas de sus expresiones, coartó la libertad de los ciudadanos en las urnas. Es decir, aun en el evento de tener como actos violentos las conductas desplegadas por el señor [AGDLEO], no se advierte cómo o de qué manera mermó la voluntad de los votantes, ni el nexo causal entre el dicho del demandado y su capacidad de alterar el resultado electoral; (...). Nótese que, para demostrar el aspecto subjetivo de la causal, esto es, la afectación de la voluntad de los electores, el accionante aportó un documento que él denomina «dictamen pericial» del Colectivo Psicosocial Colombiano COPSICO, sobre la «narrativa violenta que desarrolló [AGDLEO] y su campaña presidencial». Según el demandante, en aquel se pudo concluir el impacto psicosocial mediático que tuvo la campaña política de [AGDLEO], que impidió que hubiera garantías democráticas, a partir de un debate plural y respetuoso de las ideas. Con todo, el propio demandante solicitó ampliar dicho informe y recaudar información adicional para determinar el alcance, la exposición, la repetición, la aptitud intimidatoria y la incidencia de los mensajes por sectores sociales y territoriales. Es decir, el documento no permite establecer qué electores resultaron afectados, cómo se modificó su voluntad ni cuál fue la incidencia en el resultado. Por lo tanto, en esta etapa inicial no hay evidencia suficiente para concluir que, en efecto, las expresiones del demandado publicadas y difundidas durante su campaña política o incluso antes de aquella, constituyen actos de violencia psicológica sistemática y masiva sobre los electores, que puedan dar lugar a la suspensión provisional del acto demandado. A lo anterior se suma que, ante la indeterminación del elemento subjetivo, tampoco es posible derivar el aspecto consecuencial o cuantitativo, esto es, la capacidad real de alterar el resultado electoral. En este asunto, el demandante señaló que la incidencia no puede únicamente inferirse cuantitativamente del margen de 251.854 votos de diferencia entre el demandado y el candidato [IC], pues conforme a la jurisprudencia, deben acreditarse cualitativamente los actos y su aptitud para alterar el resultado. Así, en un fenómeno digital nacional, esa cuantificación puede apoyarse, entre otros elementos, en «métricas certificadas de alcance e impresiones, distribución geográfica, inversión publicitaria, encuestas o estudios, evidencia de recepción y análisis expertos». Sin embargo, se insiste, el accionante puso de presente que requeriría las pruebas pertinentes y conducentes para verificar los datos y el fenómeno alegado, el cual impactó la libertad y voluntad democrática de los electores. Visto así el asunto, resulta necesario recaudar aun las pruebas solicitadas, para enlazar los contenidos cuestionados por el demandante con la documental allegada con el impacto sobre la voluntad de los sufragantes y la incidencia en el resultado electoral; de manera que, en esta etapa inicial no se advierte la configuración de la causal invocada. Por lo tanto, será en la sentencia, una vez recaudadas las pruebas en el proceso, que la Sala abordará el reparo elevado por el demandante, en punto a la violencia psicológica alegada y determinará si aquella tiene la virtualidad de viciar el acto de elección. Finalmente, debe precisarse que los argumentos relativos al uso del logotipo del grupo significativo de ciudadanos Defensores de la Patria, en el que, presuntamente, el demandado usó varios símbolos de la identidad nacional colombiana, así como aquellos reparos sobre la deslegitimación de los votantes del adversario con el denominado «voto fusil», no sustentaron la solicitud de medida cautelar la cual fue solicitada en escrito aparte, pues aquellos solo se refieren en el concepto de la violación de la demanda. De modo que, serán abordados igualmente en la oportunidad procesal correspondiente, esto es, en la sentencia. (...). Conforme a lo aquí expuesto, la Sala no encuentra en esta etapa del proceso configurados los requisitos necesarios para decretar la medida cautelar solicitada (...). FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 275 NUMERAL 1 SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DEL COADYUVANTE Problema jurídico: ¿Se debe reconocer como impugnadores a los señores [WDJSA], [EYTV], [ALT], [JBG], [RNMO] como ciudadano y representante de la Fundación Misión Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, [CERG], [REOA], [JFAR], [DAGDR] y [JMAE]? Respuesta al problema jurídico: Si Cuestión previa. Sobre las solicitudes de coadyuvantes e impugnadores. (...) [L]os señores [EAMC], [JSLB], [JCBN], [LFR] –en representación de la Asociación Colombiana de Agricultores – y [JALB], solicitaron que se les tuviera como coadyuvantes de la parte demandante. (...) [L]a figura de la coadyuvancia se encuentra regulada, para el proceso contencioso electoral, en el artículo 228 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (...). Si bien la norma prevé que cualquier persona puede pedir que se le tenga como impugnador o coadyuvante, y establece el límite temporal en que lo puede hacer, no se advierten los requisitos que deben acreditarse para esta intervención. De manera que, debe acudirse al estatuto procesal general, para efectos de determinar la procedencia de estas solicitudes. (...). Como se lee [en el artículo 71 del CGP], la intervención procesal de un tercero exige la presentación formal de una solicitud en la que aquel debe manifestar su intención de ayudar a una de las partes. Particularmente, el ordenamiento procesal exige que la petición contenga los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya y a ella se acompañen las pruebas pertinentes. En este caso, el mismo demandante aportó un archivo de Excel en el que consta la firma y los datos de 1’044.793 ciudadanos, quienes se limitaron únicamente a suscribir el archivo, pero no manifestaron expresamente su intención de coadyuvar la demanda ni las razones por las cuales consideran que debe anularse el acto demandado. Nótese que fue el actor quien allegó el memorial con la memoria USB en la cual consta un listado de personas, frente a las cuales no es posible determinar si su intención realmente es acudir a este proceso contencioso electoral en calidad de terceros. (...). En ese orden de ideas, ante la indeterminación sobre la intención de cada uno de los firmantes, identificados por el demandante [LGPC] en el archivo allegado al proceso, la Sala considera que no es posible vincular a 1’044.793 ciudadanos, como terceros en esta causa judicial. Aun cuando el actor afirma en su documento que cada participante debía confirmar que «había leído la declaración, que manifestaba su voluntad de adherir a la acción, que había completado personalmente el formulario, que la información suministrada era verdadera y que la firma realizada correspondía a su propia firma», no se deriva, en el archivo allegado, manifestación alguna de los ciudadanos en el sentido de precisar las razones por las cuales consideran nulo el acto electoral acusado, ni el propósito de intervenir en la demanda de la referencia contra el presidente de la república. Sin embargo, en lo que corresponde a los señores [EAMC], [JSLB], [JCBN], [LFR], en representación de la Asociación Colombiana de Agricultores y [JALB], sí se les reconocerá su intervención como coadyuvantes de la parte demandante, en tanto que aquellos allegaron individualmente su escrito con la intención de apoyar las pretensiones de la demanda, precisando las razones por las cuales las respaldan y dentro del límite temporal que prevé el artículo 228 del CPACA. Ahora bien, frente a los señores [WDJSA], [EYTB], [ALT], [JBG], [RNMO]en nombre propio y como representante de la Fundación Misión Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, [CARG], [REOA], [JFAR], [DAGDR]y [JMAE], se les reconocerá como impugnadores, al indicar individualmente en sus escritos la intención de colaborar a la parte pasiva y oponerse tanto a la medida cautelar como a las pretensiones de la demanda. Finalmente, el señor [RNMO], en su condición de representante de la Fundación Misión Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, solicitó la acumulación de los procesos que en la actualidad cursan en la Sección Quinta contra la elección del señor [AGDLEO]. Al respecto, debe precisarse que aquella tendrá lugar en la oportunidad pertinente, conforme a lo dispuesto por el artículo 282 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, vencido el término para contestar la demanda. De otra parte, el mismo tercero solicitó remitir la actuación por competencia a la autoridad penal competente, en tanto que, las conductas descritas que dan lugar a la demanda, según el mismo demandante lo advirtió, constituyen tipos penales que deben ser investigados y juzgados por el juez natural, que no corresponde a esta corporación. Asimismo, requirió remitir a la Fiscalía General de la Nación, copias de las actuaciones surtidas en este proceso, por la «gravedad de los hechos» que relata el demandante, atribuidos al demandado, los cuales pueden ser falsos. Sobre el particular, debe aclararse que, su intervención en este proceso como tercero impugnador, debe limitarse apoyar los actos de la parte a la que ayuda, esto es, el demandado; sin embargo, no le está permitido elevar solicitudes, recursos o memoriales, en los que disponga del derecho en litigio o exceda los actos del sujeto procesal principal al que respalda. En este asunto, la parte pasiva no propuso la falta de competencia que aduce el señor [RNMO], de manera que su petición resulta improcedente. De cualquier forma, debe aclararse que el actor expresamente sostuvo que las presuntas conductas punibles que mencionó en su demanda no constituyen una pretensión de este medio de control y que solo las trae a colación para evidenciar la gravedad que, a su juicio, constituyen los hechos atribuibles al señor [AGDLEO]. Por otro lado, en lo concerniente a remitir copias de las actuaciones surtidas en este proceso a la Fiscalía General de la Nación, para que investigue y determine cuáles de los hechos y conductas atribuidas al demandado, son «ciertas o falsas», es un asunto que, nuevamente, desborda la calidad de tercero del señor [RNMO]. Además, debe aclararse que, en el marco del medio de control de nulidad electoral, le corresponde a esta Sección determinar el valor de las pruebas que sustentan los hechos en este asunto, y la incidencia que tiene sobre la causal invocada, sin que el resultado de una investigación penal impida la valoración autónoma que le corresponde a esta Sala Electoral. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 228,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 282,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 71