Auto C.E. 68001-23-31-000-2009-00064-02 (2026)

CONSEJO DE ESTADO 68001-23-31-000-2009-00064-02 AUTO INTERLOCUTORIO SUSTENTO NORMATIVO : LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 193 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167 NORMA DEMANDADA : FECHA : 23/09/2026 SECCION : SECCION TERCERA SUBSECCIÓN B PONENTE : ALBERTO MONTAÑA PLATA ACTOR : LAUREANO BURGOS, HERNANDO BURGOS RUIZ DEMANDADO : POLICIA NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DECISION : CONFIRMA TEMA : AUTO QUE RESUELVE SOLICITUD DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / SOLICITUD DE PRUEBA / FALTA DE SOLICITUD DE PRUEBA / INCIDENTE DE REGULACIÓN DE PERJUICIOS / DICTAMEN PERICIAL / SOLICITUD DE DICTAMEN PERICIAL / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO Problema jurídico: ¿La solicitud de tener como pruebas todas las que obran en el expediente comprende el decreto de un nuevo dictamen pericial previsto en la sentencia de segunda instancia y exime a la parte interesada de impulsar su incorporación al trámite incidental? Respuesta al problema jurídico: No El Despacho considera que los argumentos expuestos por el recurrente no están llamados a prosperar, por las siguientes razones: (...) la solicitud de tener como pruebas “todas y cada una de las que obran en el expediente” no puede entenderse como una petición de decreto del dictamen pericial de un profesional en agronomía, pues dicha experticia no hacía parte del material probatorio existente al momento de promoverse el incidente. Además, aunque la sentencia de segunda instancia estableció como parámetro para la liquidación que durante el trámite incidental “deberá realizarse” un dictamen de esa naturaleza, tal determinación no comportó su decreto oficioso ni relevó a la parte interesada de las cargas probatorias propias del incidente En cuanto al primero de los argumentos, no resulta jurídicamente admisible sostener que, al solicitar en el escrito de promoción del incidente que se tuvieran como pruebas “todas y cada una de las que obran en el expediente”, la parte demandante hubiera pedido también el decreto de un nuevo dictamen pericial a cargo de un profesional en agronomía. La expresión utilizada delimitó la solicitud al material probatorio que ya se encontraba incorporado al proceso y, para ese momento, la experticia prevista en la sentencia de segunda instancia no obraba en el expediente. (...) Si bien durante el proceso principal se aportó un dictamen elaborado por el ingeniero agrónomo (...), este fue considerado insuficiente por la Sala para cuantificar los perjuicios, entre otras razones, porque no acreditaba la idoneidad y experiencia del perito en esa clase de avalúos ni explicaba adecuadamente el método y los procedimientos empleados. (...) Por tanto, se trataba de una nueva experticia, que no podía entenderse comprendida en una solicitud referida exclusivamente a las pruebas ya existentes. De hecho, al promover el incidente, la única actuación de contenido técnico expresamente solicitada para determinar el quantum fue la remisión del expediente al contador liquidador del Tribunal. (...) Tampoco puede concluirse que la sentencia hubiera decretado de oficio dicho dictamen. De conformidad con los artículos 167 del CGP y 193 del CPACA, correspondía a la parte interesada promover el incidente y acreditar la cuantía del perjuicio con arreglo a las bases fijadas en la condena. En ese sentido, la indicación de que durante el trámite “deberá realizarse” un dictamen pericial delimitó el medio técnico mediante el cual debía sustentarse la liquidación, pero, por supuesto, no constituyó, por sí misma, una decisión de decreto oficioso de la prueba ni relevó a la parte de las cargas procesales necesarias para procurar su incorporación al trámite. Una cosa es establecer las bases conforme a las cuales debe liquidarse la condena en abstracto y otra, distinta, decretar una prueba dentro del incidente. (...) En consecuencia, la solicitud de tener como pruebas aquellas que ya obraban en el expediente no comprendió el dictamen pericial previsto en la sentencia, pues se trataba de una experticia nueva que aún no había sido incorporada al proceso; y la referencia que a ella hizo la providencia de segunda instancia tampoco comportó su decreto oficioso. Por ello, no es posible atribuir a la solicitud probatoria inicial el alcance que ahora propone el recurrente. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 193,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167 SOLICITUD DE PRUEBA / AUTO QUE RESUELVE SOLICITUD DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD DE PRUEBA / DICTAMEN PERICIAL / SOLICITUD DE DICTAMEN PERICIAL / PRUEBA EXTEMPORÁNEA / INCIDENTE DE REGULACIÓN DE PERJUICIOS / TRÁMITE DEL INCIDENTE DE REGULACIÓN DE HONORARIOS Problema jurídico: ¿La solicitud de dictamen pericial presentada el 12 de junio de 2024 fue presentada de forma oportuna dentro del incidente de liquidación de perjuicios, en atención a las actuaciones adelantadas para obtener los insumos requeridos para su elaboración? Respuesta al problema jurídico: No [L]a solicitud del dictamen formulada el 12 de junio de 2024 fue extemporánea, en tanto no se efectuó al promover el incidente, que era la oportunidad procesal correspondiente, sin que las actuaciones posteriores adelantadas por el interesado para obtener la información destinada a su elaboración permitan reabrir una etapa probatoria precluida; (...) La parte demandante promovió el incidente de liquidación de perjuicios el 22 de noviembre de 2023 y solo hasta el 12 de junio de 2024 solicitó al Tribunal Administrativo de Santander que decretara una experticia a cargo de un profesional en agronomía con experiencia en avalúo de cultivos. Para ese momento, ya había transcurrido la oportunidad procesal para formular dicha solicitud, pues, conforme al artículo 193 del CPACA, corresponde al interesado promover el incidente mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de la cuantía, lo que supone que es en esa oportunidad cuando debe aportar o solicitar los medios de prueba con los cuales pretende acreditar el monto cuya liquidación persigue. (...) Esta conclusión responde, además, al carácter preclusivo de las oportunidades procesales. Como lo ha señalado el Consejo de Estado, “los términos procesales son perentorios y preclusivos”, característica que garantiza la seguridad jurídica y supone que el ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia está sujeto al cumplimiento de las cargas establecidas por el ordenamiento12. Por ello, una vez promovido el incidente sin solicitar el dictamen pericial, no podía la parte pretender su decreto varios meses después, pues admitirlo implicaría reabrir una oportunidad procesal ya agotada y afectaría las garantías de defensa y contradicción de la contraparte. 21. Ahora bien, las actuaciones adelantadas por el recurrente para obtener los “Marcos de Referencia Agroeconómicos —MRA— para el cultivo de lulo para el año 2007” no modifican esa conclusión. Aunque manifestó haber realizado distintas gestiones ante entidades públicas e, incluso, haber promovido una acción de tutela para conseguir ese documento, su falta de obtención no impedía solicitar oportunamente el dictamen ni justificaba diferir dicha petición hasta el 12 de junio de 2024. En efecto, los criterios establecidos en la sentencia de segunda instancia para la elaboración de la experticia no condicionaron su solicitud o práctica a la previa obtención de los referidos MRA. En consecuencia, las dificultades alegadas para conseguirlos no constituyen una circunstancia que permita reabrir la oportunidad probatoria ya precluida. (...) Por consiguiente, las gestiones posteriores adelantadas para obtener ese documento no subsanan la falta de solicitud de la prueba en la oportunidad correspondiente ni justifican flexibilizar, en este asunto, las reglas de preclusión procesal. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 193 NEGACIÓN DEL DECRETO DE PRUEBA / OMITIR LA OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD DE PRUEBA / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN ABSTRACTO / SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / CONFIRMACIÓN DEL AUTO Problema jurídico: ¿La negativa a decretar el dictamen pericial solicitado por fuera de la oportunidad procesal vulnera lo dispuesto en la sentencia de segunda instancia que fijó los criterios técnicos para la liquidación de la condena en abstracto? Respuesta al problema jurídico: No [L]a negativa de la prueba no comportó el desconocimiento de la sentencia que impuso la condena en abstracto, pues el alcance que el recurrente atribuye a los parámetros fijados para su liquidación no se desprende de aquella providencia ni supone una excepción a las reglas que gobiernan la solicitud, decreto y práctica de las pruebas, conclusión que tampoco resulta desvirtuada por el precedente judicial invocado en el recurso, cuyas circunstancias y fundamento jurídico no son equiparables a los del presente asunto. (...) Finalmente, la negativa a decretar el dictamen pericial no comportó el desconocimiento de la sentencia de segunda instancia. Como se explicó, el recurrente atribuyó a dicha providencia un alcance que no se desprende de su contenido, pues la indicación de que durante el trámite incidental debía realizarse una experticia por un profesional en agronomía con experiencia en avalúo de cultivos constituyó un parámetro para la cuantificación del perjuicio, pero no implicó el decreto anticipado u oficioso de la prueba ni relevó a la parte interesada de solicitarla en la oportunidad procesal correspondiente. (...) En ese sentido, los criterios fijados en la sentencia para liquidar la condena debían materializarse con observancia de las reglas procesales que gobiernan la solicitud, decreto y práctica de las pruebas. La parte interesada debía, entonces, solicitar oportunamente el dictamen para que el juez pudiera pronunciarse sobre su decreto y, de ser procedente, disponer su práctica conforme a los lineamientos establecidos en la providencia. La sentencia de segunda instancia no suprimió esas etapas ni estableció una excepción a las oportunidades probatorias previstas por el ordenamiento. (...) Por consiguiente, no resulta procedente subsanar la falta de solicitud oportuna de la experticia mediante una interpretación extensiva de la sentencia condenatoria. La providencia de segunda instancia fijó las bases técnicas para determinar la cuantía del perjuicio, pero no sustituyó la iniciativa probatoria que correspondía a la parte interesada. En consecuencia, la decisión de negar por extemporánea la solicitud formulada el 12 de junio de 2024 no desconoció lo ordenado en aquella sentencia, sino que respondió a la aplicación de las reglas procesales que regían la incorporación de ese medio de prueba al incidente (...) Por las razones expuestas y tras no encontrar argumentos válidos para decretar la prueba, el Despacho confirmará la decisión que negó el decreto del dictamen pericial.