Gaceta CAN 5703 de 2025

Año XLII – Número 5703 Lima, 28 de octubre de 2025 SUMARIO SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. DICTAMEN N° 008-2025 Reclamo interpuesto por la empresa Perfumes y Cosméticos Internacionales PERCOINT S.A. contra la República de Colombia, por el presunto incumplimiento de los artículos 25 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los artículos 18 y 19 de la Decisión 516 – “Armonización de Legislaciones en materia de Productos Cosméticos” y los artículos 3, 5, 6 y 8 de la Decisión 706 –“Armonización de legislaciones en materia de productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal”............................................................. ........................ 1 DICTAMEN N° 008-2025 Reclamo interpuesto por la empresa Perfumes y Cosméticos Internacionales PERCOINT S.A. contra la República de Colombia, por el presunto incumplimiento de los artículos 25 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los artículos 18 y 19 de la Decisión 516 – “Armonización de Legislaciones en materia de Productos Cosméticos” y los artículos 3, 5, 6 y 8 de la Decisión 706 –“Armonización de legislaciones en materia de productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal”. I. SUMILLA. - El señor Jorge Enrique Vera Vargas, en calidad de apoderado de la Sociedad [1] Perfumes y Cosméticos Internacionales PERCOINT S.A. (en adelante, “la Reclamante”), presentó ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (en adelante, “la SGCAN”) un reclamo contra la República de Colombia (en adelante, “la Reclamada”), por el presunto incumplimiento de los artículos 25 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; el artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; los artículos 18 y 19 de la Decisión 516 – “Armonización de Legislaciones en materia de Productos Cosméticos”; y, los artículos 3, 5, 6 y 8 de la Decisión 706 –“Armonización de legislaciones en materia de productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal”.1 El presente Dictamen se emite en el marco de lo dispuesto en el artículo 25 del [2] Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, TCTJCAN) y de los artículos 13, 14, 15 y 21 de la Decisión 623 – “Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento (en adelante, Decisión 623). 1 Ver Escrito subsanación de Reclamo del 30 de julio de 2025, páginas 3 y 7. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 28/10/2025 2 de 38 II. RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO (ANTECEDENTES). - El 09 de julio de 2025, por vía electrónica, la SGCAN recibió el reclamo por el [3] presunto incumplimiento flagrante señalado en el párrafo supra [1], así como los correspondientes anexos.2 Mediante Nota SG/E/SJ/1263/2025, de fecha 15 de julio de 2025, la SGCAN [4] determinó que el Reclamo se encontraba incompleto, otorgando un plazo de quince (15) días hábiles a la Reclamante para presentar la subsanación correspondiente. El 31 de julio de 2025, la SGCAN recibió el escrito de subsanación del Reclamo, [5] mediante el cual la Reclamante presentó la información requerida por la SGCAN a la comunicación señalada en el párrafo supra [4], así como los correspondientes anexos.3 Con Nota SG/E/SJ/1438/2025 de fecha 08 de agosto de 2025, la SGCAN admitió [6] a trámite el Reclamo luego de la evaluación correspondiente, comunicando que la documentación presentada por la Reclamante se encontraba completa y conforme a lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Decisión 623. Consecuentemente, el 8 de agosto de 2025 la SGCAN trasladó la admisión del [7] reclamo a los Países Miembros y a la República de Colombia, con nota SG/E/SJ/1440/2025 y SG/E/SJ/1441/2025 respectivamente, otorgando un plazo de treinta (30) días calendario para que emitan comentarios o información si así lo consideran conveniente y en el caso de la Reclamada para su debida contestación al Reclamo. Mediante Radicado No. 2-2025-025106 de fecha 12 de agosto de 2025, la [8] República de Colombia solicitó una prórroga de treinta (30) días calendario, adicionales al plazo concedido para contestar el reclamo. Con Nota SG/E/DS/1517/2025 de fecha 15 de agosto de 2025, en el marco de lo [9] dispuesto por el artículo 17 de la Decisión 623, la SGCAN concedió a la República de Colombia un plazo adicional de veinte (20) días calendarios para contestar el reclamo interpuesto. Asimismo, mediante Notas SG/E/SJ/1524/2025 y SG/E/SJ/1525/2025, ambas de [10] fecha 15 de agosto de 2025, se comunicó a la Reclamante y a los demás Países Miembros, respectivamente, sobre la prórroga del plazo otorgado a la República de Colombia. Mediante comunicación de fecha 12 de agosto del 2025, la República de Colombia [11] presentó poder para actuar en el proceso a nombre del señor Carlos Alberto Rojas Carvajal, en calidad de Jefe de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2 En el Escrito de Reclamo del 9 de julio de 2025 se presentaron 10 anexos. 3 Escrito de subsanación de reclamo de fecha 30 de julio de 2025, que consta de 10 folios y 5 anexos. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Paseo de la República 3895 – Teléf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 – Lima 18- Perú GACETA OFICIAL 28/10/2025 3 de 38 Mediante Nota SG/E/SJ/1783/2025 de 10 de septiembre de 2025, dirigido a la [12] Reclamada, se acusó recibo del Poder Especial, Amplio y Suficiente otorgado en favor del abogado Carlos Alberto Rojas Carvajal. Posteriormente, a través de Notas SG/E/SJ/1878/2025, SG/E/SJ/1879/2025 [13] SG/E/SJ/1880/2025, del 19 de septiembre de 2025, la SGCAN convocó a la Reclamada, Reclamante y Países Miembros, respectivamente, a una Reunión Informativa en el marco de lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 623, a realizarse el 07 de octubre de 2025 a las 10:00 horas (Bogotá, Lima, Quito) y 11:00 horas (La Paz). El 26 de septiembre de 2025, la República de Colombia, a través del Radicado No. [14] 1-2025-032337, presentó el escrito de contestación del reclamo, que consta de sesenta y tres (63) páginas y dieciséis (16) anexos. A través de Nota SG/E/SJ/1939/2025 de fecha 29 de septiembre de 2025, la [15] SGCAN acusó recibo del escrito de Contestación de Reclamo a la República de Colombia. Mediante Nota SG/E/SJ/1940/2025 de fecha 29 de septiembre de 2025, la SGCAN [16] trasladó el escrito de contestación del reclamo a la Reclamante. Asimismo, a través de Nota SG/E/SJ/1941/2025 de fecha 30 de septiembre de [17] 2025, la SGCAN trasladó el escrito de contestación del reclamo a los demás Países Miembros. Mediante correos electrónicos de fecha 06 de octubre de 2025, las Partes [18] acreditaron a sus representantes para participar en la reunión informativa. Asimismo, mediante oficio Nro. MCPEI- MPCEI-2025-0490-O, la República del Ecuador se acreditó para participar en la reunión informativa. El 7 de octubre de 2025, se llevó a cabo la reunión informativa convocada en el [19] marco del expediente FP/05/2025. La Reclamante, con fecha 09 de octubre de 2025, remitió un escrito conteniendo la [20] síntesis de sus argumentos presentados durante la reunión informativa; del cual mediante Nota SG/E/SJ/1995/2025 de fecha 09 de octubre de 2025, la SGCAN acusó recibo. Mediante Notas SG/E/SJ/1996/2025 y SG/E/SJ/1997/2025 del 09 de octubre de [21] 2025, se remitió a la República de Colombia y a la República del Ecuador el resumen de intervención de la Reclamante mencionado en el párrafo anterior. Mediante Notas SG/E/SJ/2009/2025, SG/E/SJ/2010/2025 y SG/E/SJ/2011/2025 del [22] 10 de octubre de 2025, se remitió a las Partes y a la República del Ecuador el acta de la reunión informativa. III. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS O CONDUCTAS MATERIA DEL RECLAMO. - La Reclamante interpone reclamo por presunto incumplimiento contra la República [23] de Colombia, por haber realizado las siguientes dos conductas: Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Paseo de la República 3895 – Teléf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 – Lima 18- Perú GACETA OFICIAL 28/10/2025 4 de 38 “1. El decomiso de la mercancía en una bodega de almacenamiento, y no en el punto de venta, constituye un flagrante incumplimiento de la normativa comunitaria andina. Esta actuación de la DIAN desconoce la normativa andina, la cual es vinculante para los jueces y autoridades nacionales4. 2. A través del Consejo de Estado, incumplió esta obligación al "desconocer la interpretación prejudicial del TJCAN, tergiversando su alcance y aplicando indebidamente el requisito de etiquetado". Esto demuestra la relevancia de esta norma en el caso particular. En definitiva, la sentencia del 22 de febrero de 2024 del Consejo de Estado, al confirmar el decomiso, desconoció la interpretación prejudicial del TJCAN, tergiversando su alcance y aplicando indebidamente el requisito de etiquetado a un contexto de almacenamiento. Esta actuación constituye un incumplimiento de la República de Colombia a la obligatoriedad de los jueces nacionales de aplicar las interpretaciones prejudiciales del TJCAN, conforme a lo dispuesto en el Artículo 35 del TCTJCAN y el Artículo 128 del Estatuto del TJCAN”5. Asimismo, en su escrito de reclamo sostiene que la República de Colombia habría [24] aplicado un criterio contrario al establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, TJCAN) en el Proceso 352-IP-2021, en los siguientes términos: “Uno de los puntos más críticos que evidencia el incumplimiento de la normativa comunitaria andina por parte del Estado colombiano, específicamente a través de la Rama Judicial, es la desatención a la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) en el Proceso 352- IP-2021. Resulta inaceptable que, a pesar de haber solicitado y recibido una interpretación prejudicial específica para el caso, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante sentencia de veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) (Expediente Interno número 25000232400020120076602), haya confirmado la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, en descongestión, esto es, la sentencia de 30 de abril de 2015, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda y se mantuvo el decomiso efectuado. Esta decisión judicial se profiere en total contravía de la directriz vinculante emanada del órgano judicial comunitario andino.”6. En cuanto a las normas comunitarias que según las Reclamantes se estarían [25] infringiendo, se señalan los artículos 25 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal 4 Escrito de subsanación de Reclamo, de fecha 30 de julio de 2025, página 5. 5 Escrito de subsanación de Reclamo, de fecha 30 de julio de 2025, página 5. 6 Escrito de Reclamo, de fecha 09 de julio de 2025, páginas 13 y 14. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Paseo de la República 3895 – Teléf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 – Lima 18- Perú GACETA OFICIAL 28/10/2025 5 de 38 de Justicia de la Comunidad Andina; el artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; los artículos 18 y 19 de la Decisión 516 – “Armonización de Legislaciones en materia de Productos Cosméticos”; y, los artículos 3, 5, 6 y 8 de la Decisión 706 –“Armonización de legislaciones en materia de productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal”.7 IV. REUNIÓN INFORMATIVA. - En el marco de lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 623, la SGCAN, de [26] oficio o a petición del Reclamante o de un País Miembro, podrá llevar a cabo reuniones con la finalidad de recabar información complementaria y, de ser el caso, realizar las gestiones conducentes a subsanar el incumplimiento. En dichas reuniones la SGCAN garantiza la igualdad de trato a las Partes [27] intervinientes, salvaguardando el derecho de todos los interesados en el procedimiento. La Reunión Informativa se llevó a cabo el 7 de octubre de 2025, con la presencia [28] de las Partes intervinientes debidamente acreditadas, oportunidad en la que expresaron los argumentos reflejados en el escrito del reclamo y sus argumentos de contestación respectivamente. La SGCAN realizó algunas preguntas para aclarar determinados aspectos. Cabe mencionar que la República del Ecuador, si bien asistió a la reunión información, no hizo intervención alguna. V. ARGUMENTOS DE LAS PARTES. - 5.1. Argumentos de la Reclamante La Reclamante refiere que “es una empresa colombiana con trayectoria en la [29] comercialización de perfumes y cosméticos, operando activamente en la República de Colombia”8, que “opera bajo un modelo de negocio B2B (Business to Business); es decir, nuestra empresa no realiza ventas directas al consumidor final”9. Respecto de las normas materia de incumplimiento, la Reclamante afirma que: [30] “(…) la DIAN y el Consejo de Estado realizaron un decomiso con incumplimiento de la siguiente normativa: - Artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TCTJCAN). - Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TCTJCAN). - Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Artículos 18 y 19 de la Decisión 516”10. Asimismo, afirma que las conductas de la República de Colombia “(…) también [31] contradice los principios de la Decisión 706 sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, aplicables por analogía dada su naturaleza de barrera técnica. La 7 Ver Escrito de subsanación de Reclamo del 30 de julio de 2025, páginas 3 y 7. 8 Escrito de Reclamo, de fecha 09 de julio de 2025, página 2. 9 Escrito de Reclamo, de fecha 09 de julio de 2025, página 3. 10 Escrito de subsanación de Reclamo, de fecha 30 de julio de 2025, página 3. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Paseo de la República 3895 – Teléf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 – Lima 18- Perú GACETA OFICIAL 28/10/2025 6 de 38 imposición de una medida tan drástica como el decomiso por un requisito de etiquetado en una etapa previa a la comercialización, y sin oportunidad de subsanación, vulnera los principios de: o Proporcionalidad (Artículos 5 y 6): El decomiso es una medida desproporcionada cuando existían alternativas menos restrictivas que habrían permitido el cumplimiento antes de la puesta en el mercado. o No discriminación (Artículo 3): La diferencia de trato frente a casos similares donde se permitió la conciliación o devolución sugiere una aplicación discriminatoria de las medidas. o Mínima Restricción al Comercio (Artículo 8): El decomiso en bodega impone una restricción excesiva e injustificada al comercio legítimo de los productos”. 11 La Reclamante sostiene que su legitimación para interponer acción de [32] incumplimiento y solicitar el inicio de la fase prejudicial ante la SGCAN, deviene de: “La afectación se materializa de forma directa e inmediata con la decisión de decomiso, ordenada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en 2011, la cual fue confirmada por el Consejo de Estado en su sentencia de 22 de febrero de 2024. Esta confirmación no solo negó las pretensiones de la Reclamante, sino que consolidó la pérdida definitiva de una mercancía valorada en $2.529’164.286” 12. La Reclamante ha considerado relevante señalar que: [33] “El 30 de abril de 2011, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) aprehendió 37.580 unidades de fragancias de propiedad de PERFUMES Y COSMÉTICOS INTERNACIONALES PERCOINT S.A. en una bodega en Bogotá (Carrera 7 N° 180 – 75 int. 4 bodega 3 de Codabas). La aprehensión se realizó por fuera de las fechas de comisión de los funcionarios y en un lugar que no era punto de venta al consumidor final. Dicha aprehensión se realizó en una bodega de almacenamiento y alistamiento de mercancía (donde se colocaban los stickers o rótulos antes de su distribución a clientes finales como FEDCO, RIVIERA, ÉXITO, etc.). La DIAN invocó como causales de aprehensión los numerales 1.6 y 1.28 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999” 13. Asimismo, indica que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en [34] adelante, la DIAN) habría dispuesto “el decomiso de una mercancía de mi representada, valorada en la considerable suma de $2.529’164.286. Dicho decomiso fue ordenado mediante la Resolución N° 1-03-283-421- 636-1-004119 del 8 de agosto de 2011, proferida por la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, y confirmado posteriormente por la Resolución 03-236-408-601-00134 del 27 de febrero de 2012, que resolvió el recurso de reconsideración contra la actuación inicial” 14. 11 Escrito de subsanación de Reclamo, de fecha 30 de julio de 2025, página 7. 12 Escrito de subsanación de Reclamo, de fecha 30 de julio de 2025, página 2. 13 Escrito de Reclamo, de fecha 09 de julio de 2025, página 3. 14 Escrito de Reclamo, de fecha 09 de julio de 2025, página 2. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Paseo de la República 3895 – Teléf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 – Lima 18- Perú GACETA OFICIAL 28/10/2025 7 de 38 Igualmente, la Reclamante afirma que “la Sección Primera de la Sala de lo [35] Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante sentencia de veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) (Expediente Interno número 25000232400020120076602), haya confirmado la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, en descongestión, esto es, la sentencia de 30 de abril de 2015, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda y se mantuvo el decomiso efectuado. Esta decisión judicial se profiere en total contravía de la directriz vinculante emanada del órgano judicial comunitario andino”15[sic]. La Reclamante arguye que, conforme a la interpretación prejudicial mencionada en [36] el presente Dictamen, “los requisitos de etiquetado de productos cosméticos son exigibles y verificables únicamente al momento de la comercialización final de dichos productos, es decir, en los puntos de venta al consumidor”16. A este efecto manifiesta que: “A pesar de esta interpretación clara y vinculante del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la cual debía ser adoptada obligatoriamente por la autoridad consultante (el Consejo de Estado de Colombia) al resolver el proceso interno N° 25000232400020120076602, el Consejo de Estado emitió una sentencia sancionatoria sumamente gravosa para PERCOINT S.A., que contraviene los principios y la interpretación fijada por el órgano judicial comunitario. Esta actuación del Consejo de Estado no solo ignora la interpretación prejudicial específica para el caso de PERCOINT S.A., sino que, para poder justificar el mantenimiento del decomiso, manipula abiertamente la definición del "lugar" de exigibilidad del etiquetado establecida por el TJCAN. De manera expresa, el Tribunal de Justicia Andino dictaminó que la verificación del etiquetado debe realizarse en los "puntos de venta al consumidor final". Sin embargo, el Consejo de Estado, al aplicar esta interpretación a la controversia de PERCOINT S.A., extrapoló indebidamente este requisito al contexto de la bodega de almacenamiento, un lugar que, como se ha demostrado, no es un punto de venta directo al consumidor y donde el producto estaba en proceso de acondicionamiento para su posterior distribución a minoristas. Al hacerlo, el Consejo de Estado tergiversa el alcance del fallo prejudicial del TJCAN y, en consecuencia, desconoce el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que establece la obligatoriedad de los jueces nacionales de aplicar las interpretaciones prejudiciales, así como el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto”17. De esta manera, la Reclamante sostiene encontrarse legitimada para interponer un [37] reclamo por incumplimiento y que la República de Colombia habría incumplido las 15 Escrito de Reclamo, de fecha 09 de julio de 2025, página 13. 16 Escrito de subsanación de Reclamo, de fecha 30 de julio de 2025, página 6. 17 Escrito de Reclamo, de fecha 09 de julio de 2025, páginas 13 y 14. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Paseo de la República 3895 – Teléf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 – Lima 18- Perú GACETA OFICIAL 28/10/2025 8 de 38 disposiciones del artículo 35 del TCTJCAN; el artículo 128 del Estatuto del TJCAN; los artículos 18 y 19 de la Decisión 516; y, los artículos 3, 5, 6 y 8 de la Decisión 706, por las siguientes razones: “1. Incumplimiento de la Decisión 516 y desconocimiento de la interpretación prejudicial del TJCAN: La DIAN, al proceder al decomiso de la mercancía en una bodega de almacenamiento, actuó en contravía de lo dispuesto en los Artículos 18 y 19 de la Decisión 516, los cuales establecen que los requisitos de etiquetado de productos cosméticos son exigibles y verificables únicamente al momento de la comercialización final de dichos productos, es decir, en los puntos de venta al consumidor. Esta acción impidió a PERCOINT S.A. la oportunidad legal de subsanar el etiquetado antes de que la mercancía entrara en el circuito de comercialización. El incumplimiento se agrava y se hace patente con la sentencia del Consejo de Estado de 22 de febrero de 2024. Dicho tribunal, a pesar de conocer y citar la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) -Proceso 352-IP-2021-, la cual clarificó de manera vinculante el lugar de exigibilidad del etiquetado, optó por desatenderla. Al validar el decomiso en una bodega, el Consejo de Estado no solo tergiversó la aplicación de la normativa andina, sino que incumplió su obligación de aplicar las interpretaciones prejudiciales del TJCAN, conforme a los artículos 35 del Tratado de Creación del TJCAN (TCTJCAN) y 128 del Estatuto del TJCAN. (…) 3. Violación Directa e Inmediata del Derecho a la Defensa y Perjuicio Económico: La actuación de las autoridades colombianas ha generado una violación directa e inmediata del derecho a la defensa de PERCOINT S.A. Al denegar la oportunidad de subsanar el etiquetado en el momento y lugar correctos, se quebrantó la posibilidad de cumplir con la normativa y de ejercer plenamente la defensa. Esta vulneración se consolidó cuando el Consejo de Estado, al ignorar la obligatoriedad de la interpretación prejudicial, consolidó una decisión que privó a nuestra representada de un debido proceso conforme al derecho comunitario. Como consecuencia directa de estas acciones y omisiones, PERCOINT S.A. ha sufrido un perjuicio económico grave y directo, materializado en la pérdida de una mercancía valorada en $2.529’164.286. Este daño persiste hasta la fecha, ya que la mercancía no ha sido devuelta, impactando de forma ineludible la operación y el patrimonio de la empresa, lo que demuestra que la reclamante aún no ha logrado recuperarse de este menoscabo. La no devolución de la mercadería, en contraste Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Paseo de la República 3895 – Teléf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 – Lima 18- Perú GACETA OFICIAL 28/10/2025 9 de 38 con otros casos similares donde sí se produjo, acentúa la afectación. 4. Vulneración de Principios de la Decisión 706 (Aplicación por Analogía): Aunque la Decisión 516 es la norma directamente aplicable, la conducta de las autoridades colombianas también contradice los principios de la Decisión 706 sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, aplicables por analogía dada su naturaleza de barrera técnica. La imposición de una medida tan drástica como el decomiso por un requisito de etiquetado en una etapa previa a la comercialización, y sin oportunidad de subsanación, vulnera los principios de: o Proporcionalidad (Artículos 5 y 6): El decomiso es una medida desproporcionada cuando existían alternativas menos restrictivas que habrían permitido el cumplimiento antes de la puesta en el mercado. o No discriminación (Artículo 3): La diferencia de trato frente a casos similares donde se permitió la conciliación o devolución sugiere una aplicación discriminatoria de las medidas. o Mínima Restricción al Comercio (Artículo 8): El decomiso en bodega impone una restricción excesiva e injustificada al comercio legítimo de los productos”. (Énfasis del texto) En conclusión, el decomiso de la mercancía de PERCOINT S.A. en una bodega y la subsiguiente validación judicial de dicha acción, sin conceder la oportunidad de cumplimiento conforme a la normativa y en clara contravía de la jurisprudencia vinculante del TJCAN, configura un incumplimiento flagrante de la normativa andina por parte de la República de Colombia, que ha generado un daño directo, inmediato e irrecuperable a los derechos e intereses de la reclamante.” 18 Con relación al carácter flagrante, la Reclamante expresa que, de conformidad con [38] el artículo 24 de la Decisión 623 se “(…) define como evidente y aplicable cuando recae sobre aspectos sustantivos previamente pronunciados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN), o por la reiteración de un incumplimiento.”19 Y consecuentemente señala a la letra que: “La actuación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) al decomisar la mercancía en una bodega de almacenamiento, y no en un punto de venta, contravino de forma manifiesta los artículos 18 y 19 de la Decisión 516, los cuales establecen que los requisitos de etiquetado son exigibles únicamente al momento de la comercialización final de los productos cosméticos, es decir, en los puntos de venta al consumidor. Esta conducta no solo fue contraria a la norma, sino 18 Escrito de subsanación de Reclamo, de fecha 30 de julio de 2025, páginas 6 y 7. 19 Escrito de subsanación de Reclamo, de fecha 30 de julio de 2025, página 7. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Paseo de la República 3895 – Teléf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 – Lima 18- Perú GACETA OFICIAL 28/10/2025 10 de 38 que también impidió a PERCOINT S.A. la oportunidad de subsanar el etiquetado antes de que la mercancía entrara en el circuito comercial.”20 Asimismo, la Reclamante sostiene que: [39] “(…) fue el mismo Consejo de Estado quien en su sentencia realizó la siguiente cita de la interpretación prejudicial proferida por el TJCA por lo que no entiende cómo un preconcepto tan claro no fue acogido por esta alta corporación: 1.6. Puesto que es diferente informar a la autoridad sanitaria nacional que informar al consumidor final del producto, también resulta lógico que el control se realice en momentos diferentes. Dadas sus facultades administrativas de control, la autoridad sanitaria puede realizar inspecciones sobre la calidad del producto en cualquier momento de la cadena de valor (fabricación - distribución - comercialización), que es donde efectivamente la calidad del producto puede verse perjudicada o alterada. Pero si el fin del etiquetado es informar al consumidor final, solo tiene sentido que se verifique el cumplimiento de los contenidos mínimos de etiquetado contenidos en los Artículos 18 y 19 de la Decisión 516 en el lugar donde los consumidores tienen contacto con la mercancía: los puntos de venta. 1.7. Si la norma comunitaria exigiera que los productos cumplan con los requerimientos mínimos de etiquetado en todo momento de la cadena de valor, y no solo al llegar a los puntos de venta, se limitaría en exceso la capacidad de maniobra del fabricante o comerciante de adaptar los envases y empaques de la mercancía según su estrategia de mercado. Lo que interesa es que, al llegar al consumidor final, los productos cosméticos cuenten con los requisitos mínimos de etiquetado definidos por la normativa andina. 1.8. De esta manera, se observa que la comercialización y expendio de productos cosméticos en la Comunidad Andina están condicionados a la obtención de un número de NSO y al cumplimiento de ciertos requisitos de etiquetado. Sin embargo, si bien la verificación de los requisitos de la NSO se puede realizar en cualquier momento de la cadena de valor, la verificación de los requisitos de etiquetado tiene que hacerse en los puntos de venta al consumidor final [...]” (Énfasis del texto) Además, la Reclamante entiende que la flagrancia “se agrava y perpetúa con la [40] sentencia del Consejo de Estado de Colombia. A pesar de citar explícitamente y 20 Escrito de subsanación de Reclamo, de fecha 30 de julio de 2025, página 7. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Paseo de la República 3895 – Teléf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 – Lima 18- Perú GACETA OFICIAL 28/10/2025 11 de 38 convalidar la interpretación prejudicial del TJCAN (como se evidencia en los puntos 1.6, 1.7 y 1.8 de su propia sentencia, referentes al Proceso 352-IP-2021 del TJCAN), el alto tribunal colombiano desatendió su carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento, conforme al Artículo 35 del TCTJCAN y el Artículo 128 del Estatuto del TJCAN.”21 Entonces, la Reclamante indica que “la acción contradice directamente la [41] interpretación prejudicial vinculante del TJCAN (Proceso 352-IP-2021), la cual establece que la exigibilidad del etiquetado, según los artículos 18 y 19 de la Decisión 516, se da únicamente en el punto de venta al consumidor final. La omisión del Consejo de Estado en acatar esta directriz sobre un aspecto sustantivo agrava el incumplimiento inicial y vulnera los derechos de PERCOINT, la seguridad jurídica y el principio de comercio fluido en la Comunidad Andina.”22 5.2 Argumentos de la Reclamada 5.2.1. Excepciones previas La República de Colombia presentó su escrito de contestación al reclamo, [42] interponiendo en primera instancia “excepciones previas” como sigue: “La República de Colombia considera que las pretensiones de PERCOINT S.A., sobre hechos que ocurrieron hace más de 13 años, no son oportunas debido a que el reclamante no acreditó la afectación actual e inmediata de un derecho subjetivo. Pretender el ejercicio de este derecho, genera un estado de incertidumbre que impediría a los Países Miembros tener certeza sobre sus compromisos en el ámbito comunitario. La República de Colombia considera que las pretensiones de PERCOINT S.A. relacionadas con el presunto incumplimiento de los artículos 3, 5, 6 y 8 de la DA 706, no solo i) desconocen el derecho a la defensa, en tanto no se relaciona el nexo causal de la norma con los hechos objeto de análisis; sino que ii) carecen de objeto en tanto los hechos no corresponden a los supuestos de derecho de las normas invocadas.”23 5.2.2. Sobre las normas comunitarias presuntamente incumplidas en incumplimiento En su escrito de Contestación del Reclamo, la República de Colombia se refiere al [43] “actuar irregular en la importación de perfumes por parte de PERCOINT S.A.”24: “La aprehensión adelantada por la DIAN, además de tener como fundamento la existencia de mercancía no declarada ante la aduana, y el incumplimiento con los requisitos técnicos de 21 Escrito de subsanación de Reclamo, de fecha 30 de julio de 2025, página 8. 22 Escrito de subsanación de Reclamo, de fecha 30 de julio de 2025, página 9. 23 Escrito Contestación de Reclamo, de fecha 26 de septiembre de 2025, página 6. 24 Escrito Contestación de Reclamo, de fecha 26 de septiembre de 2025, página 20. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Paseo de la República 3895 – Teléf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 – Lima 18- Perú GACETA OFICIAL 28/10/2025 12 de 38 etiquetado, debe interpretarse según las particularidades del caso, toda vez que PERCOINT S.A. no habría podido etiquetar legalmente los perfumes para su comercialización, al no contar con la certificación de capacidad en la NSO para acondicionar los productos, conforme lo disponen el artículo 29 y el Anexo 2 de la DA 516 y, los artículos 17 y 18 del Decreto 209 de 1998. Por lo tanto, para este caso en particular, la DIAN estaba facultada para realizar la verificación del cumplimiento de las normas en materia de etiquetado en cualquier lugar del territorio aduanero nacional. En tanto el TJCAN, al momento de emitir la interpretación prejudicial 352-IP-2022 [sic], desconocía las particularidades del caso sobre la falta de capacidad de PERCOINT S.A. para acondicionar perfumes, exigir la verificación del cumplimiento de los requisitos de etiquetado solo al momento en que el producto se encuentra en condiciones de ser adquirido por el usuario final, conduciría a convalidar el incumplimiento por parte de PERCOINT de los artículos 29 de la DA 516 y XI.3 de su Anexo II”. 25 (Énfasis del texto) Sobre este asunto, la Reclamada indicó que: [44] “La autoridad competente en materia aduanera constató la existencia de varias irregularidades en el proceso de importación de mercancía extranjera (perfumes) de la sociedad PERCOINT S.A. Las particularidades del caso concreto fueron tenidas en cuenta para que la DIAN aplicara, de manera contextualizada y oportuna, la normativa comunitaria andina al constatar (i) la existencia de productos que no estaban amparados por la respectiva declaración de importación y (ii) el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con los requisitos técnicos de etiquetado.” Los hallazgos de los funcionarios de la División de Gestión de Fiscalización Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá de la DIAN fueron confirmados por el INVIMA, que es la entidad técnica y científica del Gobierno encargada de proteger la salud pública de los colombianos mediante el control de calidad y la vigilancia sanitaria de alimentos, medicamentos, cosméticos, dispositivos médicos, entre otros. Estos hallazgos sirvieron como fundamento para cuestionar tanto la legalidad de la mercancía en cuanto a su introducción y permanencia en el territorio aduanero nacional, como sobre el incumplimiento de las disposiciones en materia de etiquetado contenidas en la Decisión Andina 516.”26 (Énfasis del texto) 25 Escrito Contestación de Reclamo, de fecha 26 de septiembre de 2025, página 20. 26 Escrito Contestación de Reclamo, de fecha 26 de septiembre de 2025, página 20. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Paseo de la República 3895 – Teléf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 – Lima 18- Perú GACETA OFICIAL 28/10/2025 13 de 38 Asimismo, la República de Colombia continúa su escrito de contestación, indicando [45] que también se constató que la Reclamante “estaba adelantando actividades de acondicionamiento de los productos objeto de inspección. No obstante, PERCOINT S.A. no estaba autorizado por el INVIMA para ostentar el rol de acondicionador ni para que un tercero pudiera acondicionar los productos objeto de la inspección de la DIAN. Por lo tanto, y como se desarrollará en el próximo sub-acápite, la DIAN constató que el reclamante, desde el inicio, nunca tuvo la capacidad de etiquetar los productos que serían enviados a los puntos de venta al consumidor final.”27 La Reclamada también se refirió a los hallazgos de la DIAN y del INVIMA, [46] manifestando: “En el caso concreto, la DIAN adelantó, con base en sus facultades legales, una inspección a las instalaciones del reclamante, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación aduanera colombiana sobre la legal importación de mercancía extranjera consistente en perfumes de propiedad de la sociedad PERCOINT S.A. Esta inspección se realizó una vez el reclamante había culminado el proceso de importación y obtenido el levante de las mercancías (Resolución de Decomiso del 8 de agosto de 2011, No. 1-03- 238-421-636-1 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales).”28 “La culminación del proceso de importación y obtención del levante dio lugar a la aplicación por parte de la DIAN de las causales de aprehensión de los numerales 1.28 y 1.6. del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999. Al respecto, la causal de aprehensión prevista en el numeral 1.28 del artículo 502 del entonces vigente Decreto 2685 de 1999 fue incorporada por el Decreto 3273 de 2008. Dicho decreto establece en el parágrafo del artículo primero- la obligatoriedad de los importadores de consignar en la casilla de descripción de las declaraciones de importación que los productos cumplen con los reglamentos técnicos señalados en las normas respectivas. La indicación en la respectiva declaración de importación sobre el cumplimiento del reglamento técnico permite establecer a la DIAN su condición de producto listo para su comercialización. Es por esta razón, que la Administración Aduanera decide verificar el cumplimiento de estas obligaciones en cabeza de la sociedad PERCOINT S.A., encontrando que una porción de la mercancía no figuraba declarada en la documentación aduanera y por otro lado, la mercancía que no cumplía con los requisitos técnicos necesarios para su introducción y comercialización en el país. Por lo tanto, la actuación realizada por la DIAN pretendía evitar que las mercancías fuesen comercializadas con esas inconsistencias.”29 (Énfasis del texto) 27 Escrito de Contestación de reclamo, de fecha 26 de septiembre de 2025, página 21. 28 Escrito de Contestación de reclamo, de fecha 26 de septiembre de 2025, página 22. 29 Escrito de Contestación de reclamo, de fecha 26 de septiembre de 2025, páginas 22 y 23. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Paseo de la República 3895 – Teléf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 – Lima 18- Perú GACETA OFICIAL 28/10/2025 14 de 38 La Reclamada también hizo notar que los “productos objeto del presente reclamo [47] fueron inspeccionados físicamente por la DIAN y su información no correspondía con la consignada en las declaraciones de importación aportadas. Por lo tanto, se evidenció que se trataba de mercancías cuyo ingreso al territorio nacional no fue declarado ante la autoridad aduanera”30, constatando según su escrito la configuración de la causal 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999. Posteriormente, el escrito de contestación del Reclamo sostiene que “PERCOINT [48] S.A. jamás contó legalmente con la posibilidad de etiquetar los perfumes aprehendidos, como bien lo constató el INVIMA (Oficio 304-0365-2012 del 10 de febrero de 2012, ver prueba 9). No obstante, PERCOINT S.A. adelantaba el acondicionamiento de sus productos, como se evidenciará en el transcurso de la presente sección. Esto, a pesar de que, según la norma andina y colombiana, solo los acondicionadores cuentan con la capacidad jurídica para etiquetar aquellos perfumes una vez han sido introducidos al territorio aduanero nacional.”31 La República de Colombia añade en su escrito de contestación, que también se [49] “evidenció que, si bien la sociedad PERCOINT S.A. contaba con la NSO exigida por el INVIMA, dicha notificación no reflejaba que el titular de la NSO había sido certificado por el INVIMA para ejercer actividades de acondicionamiento, a pesar de que esta capacidad debe aparecer reflejada en la NSO, en tanto su titular adelante este tipo de actividades.”32 Relacionado a ello, la República de Colombia indica: [50] “59. Bajo este entendimiento, como lo establece el artículo 29 de la DA 516, las autoridades nacionales competentes deben exigir el cumplimiento de las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura al otorgar la licencia de funcionamiento, capacidad o su equivalente nacional, siendo esta una condición indispensable para acceder a la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO): (...) En todo caso, las Autoridades Nacionales Competentes exigirán un nivel básico de cumplimiento con las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura, al otorgar la licencia de funcionamiento, de capacidad o su equivalente nacional. La licencia tendrá vigencia indefinida y será necesaria para acceder a la Notificación Sanitaria Obligatoria. NFT [sic] (…) 61. A su vez, en aplicación del principio de complemento indispensable, para la época de los hechos, es preciso tener en cuenta el tercer inciso del artículo 18 del Decreto 219 de 30 Escrito de Contestación de reclamo, de fecha 26 de septiembre de 2025, página 23. 31 Escrito de Contestación de reclamo, de fecha 26 de septiembre de 2025, página 25. 32 Escrito de Contestación de reclamo, de fecha 26 de septiembre de 2025, página 27. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Paseo de la República 3895 – Teléf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 – Lima 18- Perú GACETA OFICIAL 28/10/2025 15 de 38 1998, el cual remite al numeral 4 del artículo 17 del mismo Decreto, que hace referencia a las Buenas Prácticas de Manufactura para la Industria del Cosmético como requisito exigido por el INVIMA para los perfumes importados con el propósito de obtener el registro sanitario (versión anterior de la NSO). (…) 62. Es importante resaltar que, para la época de los hechos, la empresa PERCOIT [sic] S.A. no contaba con una certificación de cumplimiento buenas prácticas de manufactura para la industria cosmética o certificado de capacidad para adelantar el acondicionamiento, conforme a los requisitos exigidos por la norma comunitaria (artículo 29 de la DA 516 y artículo XI.3 del Anexo II) y en los términos de los artículos 17 y 18 del Decreto 219 de 1998.”33 (Énfasis del texto) La Reclamada añade que: [51] “El Consejo de Estado acogió la interpretación prejudicial dictada por el TJCA en línea con lo establecido por los artículos 35 del TCTJCA y 128 del ETJCA; y, en consecuencia, resolvió confirmar en todos sus extremos la sentencia de 30 de abril de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.”34 (…) “En consecuencia, la República de Colombia reitera que la actuación del Consejo de Estado se ajusta a lo dispuesto en la Decisión 516 y en la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) en el Proceso 352-IP-2021.”35 Asimismo, la Reclamada continua en este asunto sosteniendo que: [52] “El Consejo de Estado señaló mediante su providencia: 216. Debe precisarse que la autoridad aduanera debe verificar que la mercancía cumpla con los requisitos exigidos en las normas vigentes al momento de la importación, como lo son, las etiquetas que acreditan su plena identificación de conformidad con el numeral 1.28 antes mencionado. 217. La Sala precisa que los artículos 18, 19 y 20 de la Decisión 516 y el numeral 1.28 del artículo 502 del Decreto 502 no son disposiciones que se antepongan, sino que, por el contrario, se complementan, toda vez que permite que la autoridad aduanera realice, en control posterior, la verificación de los requisitos de 33 Escrito de Contestación de reclamo, de fecha 26 de septiembre de 2025, páginas 27 y 28. 34 Escrito de Contestación de reclamo, de fecha 26 de septiembre de 2025, página 38. 35 Escrito de Contestación de reclamo, de fecha 26 de septiembre de 2025, página 39. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Paseo de la República 3895 – Teléf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 – Lima 18- Perú GACETA OFICIAL 28/10/2025 16 de 38 importación de mercancía y, también los previstos en las normas comunitarias. 218. Como lo advirtió el juez de la primera instancia, aceptar la postura de la sociedad demandante en el que las fragancias, al no tener reglamento técnico, no son susceptibles de control aduanero posterior, sería admitir que la DIAN no puede verificar, con posterioridad a la importación, ningún requisito previsto en las normas vigentes, ni que pueda aprehender y decomisar mercancías que no cumplan con las disposiciones legales en la materia, conforme lo previó el numeral 1.28 del artículo 502 del Decreto 2685.”36 En esta línea, la Reclamada expresa que “la sentencia del Consejo de Estado del [53] 22 de febrero de 2024 evidenció que toda la mercancía decomisada al Reclamante, a pesar de haber completado su importación y obtenido el levante aduanero, incurrió en un doble incumplimiento. Primero, sus etiquetas omitían información requerida, lo cual fue detectado en control posterior. Segundo, y no menos importante la mercancía ingresó al país sin cumplir con los requisitos de la NSO, los cuales, según los artículos del Título II y 25 de la Decisión 516, son exigibles en todo momento.”37 Para concluir la República de Colombia, con fundamento en las razones expuestas [54] en su escrito de contestación del reclamo señala los siguientes extremos38: “- No es oportuna la interposición del reclamo, pasados más de trece (13) años de haber sido expedidas las Resoluciones No. 1-03-238-421-636- 1 del 8 de agosto de 2011 y No. 03-236-408-601 del 27 de febrero de 2012 de la DIAN, pues no se demuestra que la afectación del decomiso sea actual e inmediata. - Es improcedente invocar el presunto incumplimiento de la Decisión 706, que corresponde a otro ámbito distintos a la Decisión 516. - La autoridad aduanera evidenció varias irregularidades en el proceso de importación de perfumes por parte de la sociedad PERCOINT S.A. Estas irregularidades fueron tenidas en cuenta por la DIAN y el Consejo de Estado para la debida aplicación de la normativa comunitaria andina. - También PERCOINT S.A. pretendía adelantar actividades de acondicionamiento en materia de etiquetado, sin estar autorizado por el INVIMA, en incumplimiento de la norma andina (artículo 29 de la DA 516 y su Anexo 2) e interna (Artículos 17.4 e inciso 3 del artículo 18 del Decreto 219 de 1998). - En tanto el TJCAN, al momento de emitir la interpretación prejudicial 352- IP-2022 [sic], desconocía las particularidades del caso sobre la falta de capacidad de PERCOINT S.A. para acondicionar perfumes, exigir la verificación del cumplimiento de los requisitos de etiquetado 36 Escrito de Contestación de reclamo, de fecha 26 de septiembre de 2025, páginas 55 y 56. 37 Escrito de Contestación de reclamo, páginas 57 y 58. 38 Escrito de Contestación de reclamo, páginas 58 y 59. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Paseo de la República 3895 – Teléf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 – Lima 18- Perú GACETA OFICIAL 28/10/2025 17 de 38 solo al momento en que el producto se encuentra en condiciones de ser adquirido por el usuario final, conduciría a convalidar el incumplimiento por parte de PERCOINT de los artículos 29 de la DA 516 y XI.3 de su Anexo II. - Por lo anterior, en el caso particular, procedía la aprehensión bajo el numeral 1.28 en tanto la mercancía de PERCOINT S.A., que ya había obtenido el levante y se encontraba a libre disposición del propietario, no cumplía con los requisitos técnicos de etiquetado para su comercialización. - La normativa aduanera actual vigente en materia sancionatoria, Decreto 920 de 2023 (artículo 69, numeral 28), refleja el cumplimento del régimen andino aplicable a productos cosméticos, dispuesto en la DA 516, en la Resolución 2206 de 2021 de la SGCAN (Reglamento Técnico Andino de Buenas Prácticas de Manufactura en Productos Cosméticos), y en la Interpretación Prejudicial 352 de 2022 del TJCAN relacionada con la aplicación de los artículos 18 y 19 de la DA 516. - Con base en la IP-352-2022 [sic], el Consejo de Estado tomó su decisión aplicando de manera armónica y sistemática su contenido respecto de las irregularidades del caso en particular, considerando que los requisitos de la NSO se deben cumplir en todo momento”. Finalmente, la Reclamada solicita a la SGCAN que se declare improcedente el [55] reclamo interpuesto por la sociedad PERCOINT S.A. debido a la falta de oportunidad, al no haberse demostrado una afectación actual e inmediata de sus derechos subjetivos. Subsidiariamente, requiere que se declare la improcedencia manifiesta de los cargos formulados con base en los artículos 3, 5, 6 y 8 de la Decisión 706 y, en consecuencia, se abstenga de analizarlos de fondo, al tratarse de disposiciones ajenas al objeto de la controversia. De no prosperar la primera pretensión, se solicita que se determine que la República de Colombia cumple con sus obligaciones comunitarias derivadas de los artículos 25 y 35 del TCTJCA, 128 de la Decisión 500, y 18 y 19 de la Decisión 516. Asimismo, en caso de no acoger la segunda pretensión, se solicita que se declare igualmente que la República de Colombia cumple con las obligaciones emanadas de los artículos 3, 5, 6 y 8 de la Decisión 70639. VI. EXPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMUNITARIAS. 6.1 Excepciones previas La Decisión 623 - Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento [56] no prevé la interposición de excepciones o cuestiones previas. 39 Escrito Contestación de reclamo, de fecha 26 de septiembre de 2025, página 60. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Paseo de la República 3895 – Teléf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 – Lima 18- Perú GACETA OFICIAL 28/10/2025 18 de 38 Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Decisión 42540, [57] de carácter supletorio al presente proceso, corresponde resolver las excepciones planteadas sobre la base de las fuentes supletorias del derecho de la integración y el derecho administrativo. De otro lado, el artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina41 (ETJCA), establece una lista taxativa de excepciones o cuestiones previas, disponiendo como condición que éstas deberán formularse juntamente con el escrito de contestación de la demanda, con expresión de las razones que las justifiquen. En el presente caso, la República de Colombia ha presentado en su escrito de [58] Contestación del Reclamo dos excepciones previas: la falta de legitimidad para formular el Reclamo; y el hecho de que las pretensiones de PERCOINT S.A. relacionadas con el presunto incumplimiento de los artículos 3, 5, 6 y 8 de la Decisión 706, no tienen nexo con los hechos objeto de análisis ni corresponden a los supuestos de derecho de las normas invocadas. Si bien las mismas no se encuentran recogidas en la lista taxativa establecida en el [59] artículo 61 del ETJCA, corresponde resolverlas teniendo presente las razones presentadas por la Reclamante, ello en virtud de lo que se conoce como excepciones de mérito, las mismas que consisten en la alegación de hechos y supuestos dirigidos a desvirtuar los argumentos y reclamaciones del demandante.42 5.2.1.1. Sobre la falta de legitimidad para formular el Reclamo: La Reclamante señala que las pretensiones de PERCOINT S.A. se formula sobre [60] hechos que ocurrieron hace más de 13 años, razón por la cual no son oportunas debido a que el reclamante no acreditó la afectación actual e inmediata de un derecho subjetivo. 40 Decisión 425 - Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina “Artículo 4.- La Secretaría General no podrá dejar de resolver, por deficiencia de las normas, un asunto que corresponda a sus competencias y le sea sometido. En este caso, deberá acudir a las fuentes supletorias del Derecho de la integración y del Derecho administrativo, en cuanto estas últimas resulten aplicables.” 41 Decisión 500 – Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “Artículo 61.- Excepciones previas El Tribunal resolverá, con carácter previo, las siguientes excepciones: 1. Falta de jurisdicción. 2. Falta de competencia del Tribunal. 3. Incapacidad o indebida representación de las partes. 4. Inexistencia del demandante o demandado. 5. Falta de requisitos formales de la demanda. 6. Indebida acumulación de pretensiones. 7. Proceso pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto. 8. Cosa juzgada. 9. Caducidad de la acción. 10. Falta de agotamiento de la vía comunitaria previa. 11. Indebida naturaleza de la acción. 12. Falta de objeto de la demanda. Las excepciones previas se formularán conjuntamente con el escrito de contestación de la demanda, con expresión de las razones que las justifiquen. Una vez admitida a trámite, el Tribunal dará traslado a la otra parte por el término de diez días, concluido el cual dictará el auto que corresponda”. 42 MORALES SUÁREZ, Gerardo. (2007, p. 49) Los medios de defensa y las excepciones dilatorias en el proceso civil 2007. Citando a DE LA OLIVA Andrés, Derecho Procesal Civil, Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S. A. 2001, El proceso de cognición, p. 109 “La relación procesal se genera de la situación jurídica de las partes en el derecho material, de esto, nace la composición procesal entre actor y opositor o demandado, si no se ha estructurado debidamente la relación procesal, se produce una falencia que impide una sentencia de fondo o de mérito, porque el demando es el sujeto pasivo del proceso y el único contradictor que va negar lo que el actor afirma y como dice Andrés de la Oliva Santos, es quien va a “resultar afectado por las decisiones jurisdiccionales sobre pretensiones de tutela jurídico-judicial.” Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Paseo de la República 3895 – Teléf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 – Lima 18- Perú GACETA OFICIAL 28/10/2025 19 de 38 Fundamenta su excepción en lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la [61] Comunidad Andina (en adelante, TJCAN) mediante Auto del 24 de noviembre de 2017 (Proceso 03-AI-2017) que señala lo siguiente: “(…) el demandante debe demostrar que la afectación de su derecho subjetivo o interés legítimo es actual e inmediata, real y concreta, y directa. (NFT).”43 (Énfasis del texto) En esta misma línea, la Reclamada cita la sentencia del Proceso 02-AI-2021, en la [62] que el TJCAN con relación al carácter oportuno del Reclamo señaló: “(...) dado que la afectación al derecho subjetivo o al interés legítimo debe ser actual e inmediata, la respuesta del presunto afectado debe ser oportuna. Resulta imposible hablar de una afectación actual e inmediata si se reclama un presunto incumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario andino después de 11 años. En otros términos, no resulta oportuno reclamar (ante la SGCAN) un presunto incumplimiento, 11 años después de iniciada la presunta afectación”44. (Énfasis del texto) En efecto, ha dicho el Honorable Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia, que [63] la condición de legitimación activa aplicable a las personas naturales o jurídicas para interponer un reclamo por el presunto incumplimiento de un País Miembro es necesario demostrar la relación con la afectación de sus derechos. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Decisión [64] 623; el artículo 25 del TCTJCAN y el referido Auto del Tribunal Andino [60], para que un reclamo sea admitido, el demandante debe demostrar la afectación de un derecho actual, inmediato y directo. Por otra parte, respecto a qué debe entenderse como “afectación de derechos” la [65] doctrina administrativista clásica distingue tres niveles45: (i) El simple interés para presentar una acción: es el interés común de todos los habitantes. En este caso, bastaría la identificación, existencia y debida representación de la accionante. Este criterio de legitimación activa no se encuentra contemplado en la normativa comunitaria que regula la acción de incumplimiento. (ii) El interés legítimo o calificado: no se trata de que el recurrente deba tener un interés personalísimo, en el sentido de individual y exclusivo, pero sí uno subjetivo en el sentido de presentar alguna afectación a su órbita de intereses o situación jurídica, diferenciándose así del mero interés general. La persona que ejerce la acción se encuentra de esta manera comprendida en la órbita de incidencia del acto 43 Escrito Contestación de Reclamo, de fecha 26 de septiembre de 2025, página 9. 44 Escrito de Contestación de Reclamo, de fecha 26 de septiembre de 2025, página 9. 45 Dictamen N° 01-2024, del 21 de junio de 2024. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Paseo de la República 3895 – Teléf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 – Lima 18- Perú GACETA OFICIAL 28/10/2025 20 de 38 reclamado, pudiendo ser su interés de carácter o potencial, patrimonial o moral. (iii) La afectación en sus derechos: se refiere, por una parte, a la necesaria identidad entre el afectado y el titular de la acción de reclamación y al deber de éste de demostrar la afectación de un interés de tipo personal, actual, inmediato y directo. Se trata en suma de la defensa de su propio derecho subjetivo que se ve lesionado por el acto reclamado. Asimismo, el Tribunal ha señalado que no es suficiente identificar “el derecho [66] subjetivo o interés legítimo”, sino que se hace necesario demostrar que la afectación en los derechos es concreta, real y directa, y que adicionalmente, la respuesta del presunto afectado debe ser oportuna, pues debe haber correspondencia natural entre la afectación y la respuesta del afectado46. En el presente caso, la Reclamada cuestiona la legitimidad activa de la Reclamante, [67] señalando el transcurso de más de trece años desde una de las conductas materia de reclamo, consistente en el decomiso de mercadería importada, hasta la presentación del reclamo, torna este último en inoportuno; ya que no se habría acreditado una afectación actual al derecho subjetivo tutelado. Sin embargo, como ha determinado esta Secretaría General en la Nota [68] SG/E/SJ/1438/2025, de fecha 08 de agosto de 2025, que admite a trámite el reclamo, éste es oportuno pues se refiere al cuestionamiento de la sentencia emitida por el Consejo de Estado el 22 de febrero de 2024. En efecto, en opinión de la Reclamante, el referido Consejo estaría desconociendo de la Interpretación Prejudicial del Proceso 352-IP-2021. De esta manera, la sentencia del Consejo de Estado ha dotado de vigencia al reclamo, en consecuencia, la afectación resulta ser actual. [69] Por lo expuesto, no ha lugar a la excepción previa planteada. 5.2.1.2 Sobre el hecho de que las pretensiones de PERCOINT S.A. relacionadas con el presunto incumplimiento de los artículos 3, 5, 6 y 8 de la DA 706 no tienen nexo con los hechos objeto de análisis ni corresponden a los supuestos de derecho de las normas invocadas En cuanto a la invocación de la Decisión 706 efectuada por la Reclamante, la [70] República de Colombia indica que la Decisión 706 “tiene un campo de aplicación completamente distinto y excluyente. Su propio título lo delimita a la "Armonización de legislaciones en materia de productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal”47, en este sentido sostiene que: “El reclamante intenta justificar este salto normativo argumentando una supuesta "aplicación por analogía". Esta figura es jurídicamente improcedente…”48. (Énfasis del texto) 46 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 03-AI-2017. Sentencia publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 3143, del 24 de noviembre de 2017. 47 Escrito Contestación de Reclamo, de fecha 26 de septiembre de 2025, página 17. 48 Escrito Contestación de Reclamo, de fecha 26 de septiembre de 2025, página 17. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Paseo de la República 3895 – Teléf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 – Lima 18- Perú GACETA OFICIAL 28/10/2025 21 de 38 En este entendido, la Reclamada señala que, “en virtud de lo expuesto, y [71] subsidiariamente a la excepción anteriormente planteada, la República de Colombia solicita a la SGCAN que declare la improcedencia manifiesta de los cargos formulados con base en los artículos 3, 5, 6 y 8 de la Decisión 706 y, como consecuencia, se abstenga de analizarlos de fondo, por tratarse de una normativa evidentemente ajena al objeto de la controversia.”49 En atención a la excepción formulada, es necesario analizar el ámbito de aplicación [72] de la Decisión 706, contenido en su artículo 1: “Artículo 1.- Las disposiciones c