Sentencia C-28 de 2026

C-028-26 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia C-028/26 LEY ESTATUTARIA -Importancia constitucional CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA -Carácter jurisdiccional, automático, previo, integral, definitivo y participativo PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA -Requisitos especiales para su aprobación RESERVA DE LEY ESTATUTARIA -Interpretación restrictiva no implica prohibición de introducción de temáticas o asuntos propios del legislador ordinario MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA -Regulación estatutaria RESERVA DE LEY ESTATUTARIA EN MATERIA DE REGULACION DE MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA -Aspectos que comprende (...) esta reserva comprende toda regulación que incida en el núcleo esencial del derecho a la participación ciudadana (especialmente, cuando establece límites, prohibiciones, restricciones o condiciones específicas al ejercicio del control ciudadano) o que configure de manera integral, estructural y sistemática una institución o mecanismo a través del cual la ciudadanía ejerce el control político sobre sus representantes. En el ámbito concreto de la rendición de cuentas de los congresistas, pertenecen a esta esfera las disposiciones que crean, definen o regulan los espacios institucionales en que la ciudadanía interviene particularmente para conocer, evaluar y discutir la gestión de sus representantes, pues esas normas son las que configuran el mecanismo participativo y habilitan el ejercicio real del derecho reconocido en los artículos 40, 103 y 270 de la Constitución, entre otros. RESERVA DE LEY ESTATUTARIA EN MATERIA DE REGULACION DE MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA -Subreglas DEMOCRACIA PARTICIPATIVA RELATIVA AL EJERCICIO DEL CONTROL POLITICO -Jurisprudencia constitucional PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA PARA PROMOVER UNA CULTURA DE APERTURA DE LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y DIÁLOGO ENTRE EL CONGRESO Y LA CIUDADANÍA -Naturaleza jurídica de las normas (...) el Proyecto de Ley Estatutaria contiene disposiciones de diversa naturaleza jurídica; algunas de rango estatutario, una de naturaleza orgánica y varias de carácter ordinario. Esta coexistencia no genera ningún vicio de inconstitucionalidad, pues una misma ley puede tener naturaleza mixta, siendo constitucionalmente válido que en un proyecto de ley estatutaria confluyan disposiciones ordinarias y orgánicas, siempre que (i) mantengan una conexión material razonable con la regulación estatutaria principal, (ii) el procedimiento seguido haya sido el más exigente disponible, y (iii) no se altere la naturaleza jurídica de cada disposición por el simple hecho de su incorporación al texto de una ley estatutaria. PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA -Control formal (...) las leyes estatutarias deben cumplir con los requisitos generales aplicables a todas las leyes (artículos 157 a 169 C.P.) y con los requisitos especiales propios de las leyes estatutarias (Artículos 153 y 241.8 C.P.) debido a su importancia jerárquica y funcional. PROCEDIMIENTO DE FORMACION DE PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA -Reglas aplicables PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA -Presentación e iniciativa legislativa /PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA -Publicación de ponencia PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA -Anuncio previo (...) el anuncio previo constituye una garantía constitucional, orientada a salvaguardar el principio democrático en el proceso de formación de la ley. Su cumplimiento asegura cuestiones de marcada trascendencia constitucional, como lo es la deliberación adecuada en el Congreso, la participación informada de sus miembros y la legitimidad democrática de las decisiones legislativas. PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA -Quórum exigido, mayorías y formas de votación COMISION ACCIDENTAL DE CONCILIACION EN TRAMITE LEGISLATIVO -Requisitos en la conformación COMISION ACCIDENTAL DE CONCILIACION EN TRAMITE LEGISLATIVO -Conformación (...) la conformación de la comisión accidental de conciliación en el curso del Proyecto de Ley Estatutaria 157 de 2023 Cámara - 273 de 2024 Senado, se ajustó a los criterios constitucionales y jurisprudenciales aplicables, por lo que, desde esa perspectiva, no se configura vicio en el procedimiento legislativo. PRINCIPIOS DE CONSECUTIVIDAD E IDENTIDAD FLEXIBLE -Contenido y alcance PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA EN TRAMITE LEGISLATIVO -Vulneración (...) la derogatoria del artículo 57 de la Ley 1757 de 2015 constituye una disposición totalmente ajena al contenido normativo y teleológico del Proyecto de Ley Estatutaria objeto de revisión, y no contribuye en forma alguna al diseño o fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas de los congresistas hacia la ciudadanía. Su inclusión, por lo tanto, rompe la coherencia interna del proyecto y, por esa vía, vulnera el principio de unidad de materia consagrado en los artículos 158 y 169 de la Constitución Política. CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y GRUPOS ETNICOS EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY ESTATUTARIA -No resulta necesaria cuando regulación tiene carácter general sin que se afecte de manera directa comunidades étnicas ANÁLISIS DE IMPACTO FISCAL EN PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA -Cumplimiento (...) la Sala concluye que no se configura un vicio de procedimiento por desconocimiento del artículo 7 de la Ley 819 de 2003, con apoyo en razones estrechas y propias del caso. Primero, durante el trámite legislativo existió una discusión específica sobre los eventuales costos de la iniciativa; segundo, la fórmula finalmente incorporada buscó, aunque de manera constitucionalmente inadmisible desde la perspectiva material, evitar que la realización de los espacios de diálogo público generara erogaciones adicionales con cargo al erario; tercero, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectuó seguimiento interno al proyecto y coincidió en que, bajo esa fórmula normativa, no se generaban costos adicionales para el Presupuesto General de la Nación; y cuarto, el impacto fiscal que podría derivarse de la versión depurada del proyecto es consecuencia del control constitucional de una disposición aprobada por el Congreso, y no de una omisión deliberada de la carga de análisis fiscal durante el trámite. PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA -Control material PRINCIPIO DEMOCRATICO Y LA PARTICIPACION CIUDADANA -Desarrollo constitucional del carácter universal y expansivo del principio democrático en el ámbito de la participación ciudadana PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN LA ACTIVIDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA -Importancia (...) la publicidad en la actividad estatal, y en particular en la labor legislativa, cumple una función estructural en el Estado democrático, “pues el Congreso es el lugar en donde se realiza de manera privilegiada la discusión pública de las distintas opiniones y opciones políticas”. Este principio “contribuye a facilitar la participación ciudadana en las determinaciones que los afectan, con miras a formar ciudadanos activos, deliberantes, autónomos y críticos, que puedan ejercer un debido control de las actividades del Estado” PUBLICIDAD DE LA ACTIVIDAD DEL CONGRESO -Contenido y alcance PUBLICIDAD DE LA ACTIVIDAD DEL CONGRESO -Jurisprudencia constitucional PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA -Contenido y alcance DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA -Instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA -Principios rectores DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA -Jurisprudencia constitucional (...) la Corte Constitucional también ha desarrollado una línea robusta sobre el derecho a la información pública. Desde sus primeras decisiones, ha sostenido que el “derecho a la información es uno de los elementos sobre los cuales se encuentra fundamentado el sistema jurídico imperante”, en tanto constituye un pilar connatural de legitimidad para un ordenamiento jurídico justo. El sistema constitucional instaurado por la Carta Política de 1991 fue concebido para consolidar una democracia participativa y pluralista, cuyo funcionamiento depende de la transparencia en la gestión estatal. Este principio estructural es incompatible con el secretismo injustificado, que suele encubrir no solo la ineficiencia y el despilfarro de recursos, sino también prácticas de violencia, arbitrariedad y corrupción. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA -Funciones (...) la jurisprudencia ha identificado tres funciones principales del derecho a la información pública: primero, una función democratizadora que garantiza la participación y el ejercicio de los derechos políticos; segundo, una función instrumental que habilita el ejercicio de otros derechos constitucionales, al facilitar la formación de criterios propios, fortalecer la autonomía individual y ampliar la capacidad de incidencia de las personas en los asuntos que las afectan; y tercero, una función de transparencia, que convierte este derecho en un mecanismo de control ciudadano, permitiendo identificar posibles irregularidades y prevenir abusos del poder público. CIUDADANOS -Participación en la toma de decisiones y ejercicio de control político a sus representantes DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA -Uso de las redes sociales por parte de instituciones o autoridades para la divulgación de información oficial (...) la Corte Constitucional ha resaltado la importancia de los entornos digitales, como las páginas web y redes sociales, para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública. En razón de su naturaleza, estas plataformas permiten la participación directa e inmediata y el acceso efectivo a información de interés público, especialmente para la población colombiana residente en el exterior, la cual tiene mayores obstáculos para la interacción con las instituciones y agentes estatales. En esta línea, la Corte ha reconocido que las relaciones sociales, el desarrollo de las personas y el funcionamiento del Estado están altamente digitalizados, lo que ha dado lugar al concepto de ciudadanía digital. En este contexto, la UNESCO ha establecido que los espacios virtuales tienen agencia política y social, por lo que son una extensión del espacio público que incide en la democracia y en la institucionalidad DERECHO A LA PARTICIPACION POLITICA -Uso de tecnologías de las comunicaciones para implementar la democracia digital DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA -Principio de divulgación proactiva de la información (...) el carácter expansivo del principio democrático, en armonía con el deber constitucional de divulgación proactiva, exige una apertura creciente de los poderes públicos hacia formas más eficaces y accesibles de garantizar el derecho fundamental de acceso a la información. En particular, el poder legislativo, como expresión directa de la soberanía popular, tiene el deber de fortalecer esta garantía a través de medios idóneos y contemporáneos, como los entornos digitales, que permitan ampliar la participación sustantiva de la ciudadanía y reducir las barreras de acceso a la información pública. PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA PARA PROMOVER UNA CULTURA DE APERTURA DE LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y DIÁLOGO ENTRE EL CONGRESO Y LA CIUDADANÍA -Finalidad El objeto del proyecto desarrolla los mandatos derivados de la democracia participativa y del principio de transparencia, garantiza el derecho a la información pública, fortalece el control ciudadano sobre el Congreso y concreta la obligación del Estado de promover una cultura de apertura y de rendición de cuentas. Su contenido, además, no introduce restricciones indebidas, sino que, por el contrario, se orienta hacia la profundización del vínculo democrático entre representantes y representados, sin afectar ni desplazar las obligaciones de transparencia y publicidad que, por mandato constitucional y legal, continúan a cargo del Senado de la República y de la Cámara de Representantes en tanto entidades públicas. PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA PARA PROMOVER UNA CULTURA DE APERTURA DE LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y DIÁLOGO ENTRE EL CONGRESO Y LA CIUDADANÍA -Rendición de cuentas (...) la Sala considera que la definición de rendición de cuentas incorporada en el artículo 2 del PLE constituye también un desarrollo directo de los artículos 20 y 74 de la Constitución, en tanto materializa el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública. En efecto, el diseño normativo del mecanismo, que exige informar, explicar y comunicar en lenguaje claro los resultados de la gestión congresual, incorpora estándares propios de estos derechos, tales como la publicidad, la accesibilidad, la comprensibilidad y la calidad de la información. Desde esta perspectiva, la rendición de cuentas no solo opera como un instrumento de participación y control político, sino también como una manifestación cualificada del derecho fundamental a la información, en la medida en que permite a la ciudadanía acceder a información relevante sobre el ejercicio del poder público en condiciones que hacen posible su comprensión y evaluación. RENDICION DE CUENTAS -Definición /RENDICION DE CUENTAS -Finalidades (...) la rendición de cuentas consiste en un proceso mediante el cual los congresistas y las bancadas informan, explican y dan a conocer a la ciudadanía los resultados de su gestión legislativa y política, con el propósito de permitir el control ciudadano sobre el ejercicio de la función de representación. Esta definición delimita, a su vez, el objetivo de los espacios de diálogo público previstos en el proyecto, pues dichos espacios se conciben como escenarios institucionales orientados a que la ciudadanía conozca, examine y discuta la gestión adelantada por los congresistas y las bancadas en el ejercicio de sus funciones constitucionales.(...) la definición contenida en el artículo 2 debe entenderse en el sentido de que la rendición de cuentas constituye un instrumento de transparencia, información y control ciudadano sobre la gestión parlamentaria, cuya finalidad es explicar y dar a conocer los resultados del ejercicio de la función congresual, y no un mecanismo de promoción política o electoral. RENDICION DE CUENTAS -Espacios de dialogo RENDICION DE CUENTAS -No comprende información sometida a reserva (...)  la Sala Plena considera que el artículo 3 del PLE, per se, ya se encuentra sometido a las reglas de protección de cierta información, sin necesidad de condicionamiento adicional, pues es evidente que la obligación de rendir cuentas no autoriza automáticamente la divulgación de información protegida por reserva, ni modifica los límites constitucionales y legales que gobiernan el acceso a la información. La reserva opera, sin embargo y como lo ha dicho la Corte, de manera restrictiva y únicamente en la medida en que proteja bienes constitucionalmente relevantes. RENDICION DE CUENTAS -Criterios del informe de gestión RENDICION DE CUENTAS -Financiación de espacios de diálogo (...) la Corte sí advierte un problema de inconstitucionalidad evidente en la expresión “quienes deberán garantizar los recursos para tal fin”, en la medida en que traslada a los congresistas y a las bancadas una carga económica que, por su naturaleza y por su vinculación con el ejercicio de una función pública, corresponde asumir al Estado. (...) la rendición de cuentas regulada en el PLE no es una actividad personal o discrecional del congresista, sino que corresponde al ejercicio de una función de rango constitucional, derivada, principalmente, de los artículos 40, 103, 133 y 270 de la Carta Política, que institucionaliza el deber de los representantes de informar a sus electores sobre el cumplimiento de su mandato. Siendo ello así, es claro que su financiación no puede recaer sobre el patrimonio individual del servidor público ni sobre los recursos de las bancadas, sino que debe contar con respaldo presupuestal institucional definido conforme a las reglas constitucionales del gasto público. De lo contrario, el Estado trasladaría a sus propios servidores una carga económica que no les corresponde asumir, en contravía de los artículos 122, 123, 209, 345 y 346 de la Constitución. SERVIDOR PUBLICO -Congresistas (...) los artículos 122 y 123 de la Constitución Política surge con claridad que los miembros del Congreso de la República son servidores públicos, cuyo ejercicio funcional está al servicio del Estado y de la comunidad. En esa condición, los congresistas perciben una asignación salarial y prestacional fijada, principalmente, por la Ley 4 de 1992, que retribuye su dedicación al cumplimiento de las funciones constitucionales asignadas. CONGRESO -Función administrativa (...) la Corte considera que la función administrativa forma parte de las actividades que, en sentido amplio, se encuentran vinculadas al ejercicio del cargo de congresista. En particular, esta dimensión comprende actuaciones relacionadas con la gestión del personal que integra las Unidades de Trabajo Legislativo y con el manejo de los recursos públicos asignados para el desarrollo de la labor parlamentaria. REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Plena SENTENCIA C-028 DE 2026 Referencia: expediente PE-058. Asunto : revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria número 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado “Por medio de la cual se promueve una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el Congreso de la República y la ciudadanía, se establecen mecanismos para informar, explicar y dar a conocer la gestión de los Congresistas, y se dictan otras disposiciones”. Magistrado ponente : VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales previstas en el numeral 8º del artículo 241 de la Constitución Política y cumplidos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente: SENTENCIA. Síntesis de la decisión La Sala Plena de la Corte Constitucional efectuó el control previo, automático e integral del Proyecto de Ley Estatutaria número 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado, “Por medio de la cual se promueve una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el Congreso de la República y la ciudadanía, se establecen mecanismos para informar, explicar y dar a conocer la gestión de los Congresistas, y se dictan otras disposiciones”, en ejercicio de la competencia prevista en el artículo 241.8 de la Constitución Política. En primer lugar, al examinar la naturaleza del proyecto, la Corte concluyó que este regula, en términos generales, una materia sometida a reserva de ley estatutaria, conforme al artículo 152 literal d) superior, pues desarrolla el derecho fundamental a la participación ciudadana en su dimensión de control político y fiscalización de la gestión congresual. La Sala destacó que la rendición de cuentas no constituye un deber meramente formal, sino un instrumento estructural de la democracia participativa que fortalece la soberanía popular, el mandato representativo y la responsabilidad política. En esa medida, el proyecto configura un mecanismo integral orientado a robustecer la transparencia, el acceso a la información pública y el vínculo entre representantes y ciudadanía. No obstante, la Corte advirtió que el proyecto de ley no está compuesto exclusivamente por disposiciones de naturaleza estatutaria, pues incorpora también normas de carácter orgánico, en particular las asociadas al régimen del Congreso y al estatuto de sus integrantes, así como disposiciones de naturaleza ordinaria de carácter instrumental y operativo. En tal virtud, la Sala reiteró que la inclusión de normas orgánicas y ordinarias en un proyecto de ley estatutaria es constitucionalmente admisible cuando existe conexidad material razonable con la regulación principal y se ha surtido el trámite legislativo más exigente, sin que ello altere la naturaleza jurídica de cada disposición ni su régimen propio de reforma. Bajo este entendimiento, precisó que el núcleo estatutario del PLE se concentra en la definición del mecanismo de rendición de cuentas y en la estructuración de los espacios de diálogo público como formas de participación orientadas al control ciudadano de la actividad congresual. En segundo lugar, sobre el análisis del trámite legislativo, la Corte verificó que el Proyecto de Ley Estatutaria 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado cumplió con todas las exigencias constitucionales y reglamentarias aplicables. La iniciativa tuvo origen legítimo en congresistas (arts. 154 y 156 C.P.) y fue publicada en la Gaceta del Congreso antes de su discusión (artículo 157.1 C.P. y artículo 144 Ley 5 de 1992). El trámite se inició en la Comisión Primera de la Cámara, órgano competente por la materia (artículo 163 C.P., artículos 169 y 191 de la Ley 5 de 1992, y artículo 2 de la Ley 3 de 1992), y los informes de ponencia fueron oportunamente publicados (artículos 160 y161 C.P., y artículos 156, 157 y 185 de la Ley 5 de 1992). Asimismo, durante el procedimiento legislativo se cumplieron los anuncios previos (artículo 160 C.P.), el quórum deliberatorio y decisorio, y las votaciones fueron nominales y públicas, con la mayoría absoluta exigida para las leyes estatutarias (artículos 133, 145 y 153 C.P., y artículos 116, 117, 119, 129 y 130 de Ley 5 de 1992). El proyecto surtió los cuatro debates exigidos (artículo 157 C.P.), dentro de una sola legislatura (artículo 153 C.P., y artículos 119.4 y 208 Ley 5 de 1992), con los lapsos previstos entre cada debate (artículo 160 C.P. y artículo 183 de la Ley 5 de 1992), y la conciliación fue aprobada conforme al artículo 161 superior. Además, la Sala constató el respeto de los principios de consecutividad e identidad flexible, al verificar que las disposiciones que integran el proyecto fueron debatidas y consideradas en las distintas etapas del trámite, y que las modificaciones introducidas no desbordaron el ámbito de deliberación definido desde el inicio. En cuanto al principio de unidad de materia, la Corte identificó como núcleo temático del proyecto la regulación de un mecanismo de rendición de cuentas y diálogo público entre los congresistas y la ciudadanía, y concluyó que el articulado mantiene coherencia interna con dicho objeto, salvo la expresión “el artículo 57 de la Ley 1757 de 2015 y” contenida en el artículo 9, la cual fue declarada inconstitucional por carecer de conexidad temática con ese eje regulatorio. Asimismo, se estableció que el proyecto no requería consulta previa, al no generar afectación directa sobre comunidades étnicas, y que no implicaba impacto fiscal adicional, en la medida en que sus disposiciones se ejecutan con los recursos institucionales preexistentes. En el análisis material, la Corte concluyó que, en términos generales, el proyecto desarrolla de manera adecuada los principios de transparencia, publicidad y participación ciudadana, al fortalecer legítimamente el deber funcional de rendición de cuentas de los congresistas y precisar mecanismos que favorecen el control ciudadano informado. Por esta razón, declaró constitucionales los artículos 1, 2, 3, 5, 6 y 7 del PLE, al considerar que consolidan un marco normativo integral de rendición de cuentas congruente con la democracia participativa y el acceso a la información pública. En relación con el artículo 4, referido al informe de gestión del congresista, la Corte declaró constitucional su contenido, salvo el parágrafo 4, que fue declarado inconstitucional por no superar el principio de necesidad dentro del juicio de proporcionalidad de intensidad estricta aplicado a la medida. En esencia, la Sala advirtió que la garantía de un acceso libre y gratuito de los congresistas a medios públicos y comunitarios, sometido a una reglamentación general del Gobierno Nacional, no se mostraba necesaria frente a alternativas menos restrictivas y ya existentes para promover la difusión de los informes de gestión, y resultaba problemática en términos de autonomía de los medios, equilibrio informativo y neutralidad en el uso de canales estatales. Respecto del artículo 8, la Corte declaró su constitucionalidad, salvo la expresión “quienes deberán garantizar los recursos para tal fin”, pues consideró que no es constitucionalmente admisible trasladar directamente a los congresistas o a las bancadas la obligación de asegurar los recursos económicos para la realización de los espacios de diálogo público, en consideración de que la organización y financiación de estos mecanismos debe enmarcarse en la estructura institucional y presupuestal existente, bajo los principios que rigen la función pública y la gestión del gasto. Finalmente, en lo atinente al artículo 9, la Corte declaró su constitucionalidad, con excepción de la expresión “el artículo 57 de la Ley 1757 de 2015 y”, por desconocer el principio de unidad de materia al introducir una derogatoria carente de conexidad con el núcleo participativo del PLE. En consecuencia, la Sala Plena declaró la constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado, con las salvedades indicadas, y ordenó remitir el texto del proyecto de ley al Congreso de la República para su ajuste formal y posterior envío al Presidente de la República para su sanción y promulgación. Tabla de contenido I. ANTECEDENTES . 5 1. Texto de la norma objeto de control 6 2. Intervenciones 9 3. Concepto del Viceprocurador General de la Nación . 22 II. CONSIDERACIONES . 25 1. Competencia . 25 2. Formulación del problema jurídico y metodología de la decisión . 25 3. Verificación del carácter estatutario del proyecto de ley objeto de revisión 25 3.1. Aspectos generales sobre la ley estatutaria y su relevancia en el ordenamiento jurídico . 26 3.2. El principio y derecho constitucional de participación ciudadana: desarrollo jurisprudencial sobre la reserva de ley estatutaria en esta materia . 29 3.3. La regulación prevista en el Proyecto de Ley Estatutaria 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado, “Por medio de la cual se promueve una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el Congreso de la República y la ciudadanía, se etablecen mecanismos para informar, explicar y dar a conocer la gestión de los congresistas, y se dictan otras disposiciones”, desde una perspectiva general, sí está sometida a la reserva de ley estatutaria (art. 152, literal d), de la Constitución Política) 39 4. Examen del trámite legislativo del Proyecto de Ley Estatutaria 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado, “Por medio de la cual se promueve una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el Congreso de la República y la ciudadanía se establecen mecanismos para informar, explicar y dar a conocer la gestión de los congresistas, y se dictan otras disposiciones” . 49 4.1. Iniciativa legislativa . 51 4.2. Publicación del proyecto de ley y de su exposición de motivos, e inicio del procedimiento (asignación de Comisión) 51 4.3. Publicación previa de los informes de ponencia en cada etapa del trámite legislativo 52 4.4. Anuncios previos a la votación en cada etapa legislativa . 54 4.5. Verificación de quórum, mayorías y tipo de votación . 58 A. Debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes 60 B. Debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes . 61 C. Debate en la Comisión Primera del Senado de la República . 63 D. Debate en la Plenaria del Senado de la República . 64 E. Fase de conciliación – armonización de los textos . 66 i. Conciliación en el Senado de la República . 68 ii. Conciliación en la Cámara de Representantes 69 F. Síntesis de la verificación de quórum, mayorías y tipo votación . 71 4.6. Verificación de los plazos entre debates, número de debates y duración total del trámite . 71 4.7. Cumplimiento de los principios de consecutividad e identidad flexible 74 Artículo 1 del Proyecto de Ley Estatutaria No. 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado . 77 Artículo 2 del Proyecto de Ley Estatutaria No. 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado . 79 Artículo 3 del Proyecto de Ley Estatutaria No. 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado . 81 Artículo 4 del Proyecto de Ley Estatutaria No. 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado . 84 Artículo 5 del Proyecto de Ley Estatutaria No. 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado . 89 Artículo 6 del Proyecto de Ley Estatutaria No. 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado . 93 Artículo 7 del Proyecto de Ley Estatutaria No. 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado . 99 Artículo 8 del Proyecto de Ley Estatutaria No. 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado . 102 Artículo 9 del Proyecto de Ley Estatutaria No. 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado . 105 4.8. Constatación del principio de unidad de materia . 108 a. Identificación de la materia dominante o núcleo temático del PLE . 111 b. Verificación de conexidad – coherencia interna del PLE . 112 4.9. Garantía de la consulta previa . 114 4.10. Análisis de impacto fiscal 115 4.11. Conclusiones sobre el estudio del trámite legislativo . 122 5. Examen material del Proyecto de Ley Estatutaria 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado . 122 5.1. Transparencia e información pública en la gestión del Congreso como pilares de la participación ciudadana . 122 5.2. Análisis material de constitucionalidad de los artículos que integran el Proyecto de Ley Estatutaria 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado . 139 5.2.1. Artículo 1 del Proyecto de Ley Estatutaria 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado . 139 5.2.2. Artículo 2 del Proyecto de Ley Estatutaria 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado . 142 5.2.3. Artículo 3 del Proyecto de Ley Estatutaria 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado . 147 5.2.4. Artículo 4 del Proyecto de Ley Estatutaria 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado . 155 5.2.5. Artículo 5 del Proyecto de Ley Estatutaria 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado . 166 5.2.6. Artículo 6 del Proyecto de Ley Estatutaria 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado . 171 5.2.7. Artículo 7 del Proyecto de Ley Estatutaria 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado . 175 5.2.8. Artículo 8 del Proyecto de Ley Estatutaria 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado . 179 5.2.9. Artículo 9 del Proyecto de Ley Estatutaria 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado . 183 I. ANTECEDENTES 1. Por medio de oficio SLE-880-2024 de 18 de octubre de 2024, recibido en la Corte Constitucional el 21 de octubre de 2024, la Secretaría General del Senado de la República de Colombia remitió el expediente del Proyecto de Ley número 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado “Por medio de la cual se promueve una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el Congreso de la República y la ciudadanía, se establecen mecanismos para informar, explicar y dar a conocer la gestión de los Congresistas, y se dictan otras disposiciones” Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 153 de la Constitución Política, 208 de la Ley 5ª de 1992 y 39 del Decreto Ley 2067 de 1991. 2. En sesión de Sala Plena de la Corte Constitucional, celebrada el 6 de noviembre de 2024, el asunto de la referencia fue sorteado y repartido al magistrado Vladimir Fernández Andrade. 3. Mediante auto de 25 de noviembre de 2024 [1] , el despacho sustanciador asumió el conocimiento del proyecto de ley. En la misma providencia, el magistrado ponente ordenó a los secretarios generales de la Cámara de Representantes y del Senado de la República remitir copia del expediente legislativo del proyecto de ley, incluyendo las gacetas con los textos radicados y aprobados, con los informes de ponencia, las actas de los debates y de las certificaciones sobre los anuncios previos, quórum deliberatorio, decisorio, mayorías, formas y resultados de las votaciones y tiempos entre debates. A su vez, el magistrado ofició al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que informara si formuló el concepto sobre impacto fiscal del que trata el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 para el proyecto de ley estatutaria (en adelante, también podría llamarse PLE) de la referencia. 1. Texto de la norma objeto de control 4. A continuación, se transcribe el texto original del Proyecto de Ley Estatutaria No. 273 de 2024 Senado – 157 De 2023 Cámara, según se consignó en el informe de conciliación publicado en las Gacetas del Congreso No. 892 y No. 906 del 17 de julio de 2024: “Por medio de la cual se promueve una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el Congreso de la República y la ciudadanía, se establecen mecanismos para informar, explicar y dar a conocer la gestión de los Congresistas, y se dictan otras disposiciones. El Congreso de la República de Colombia Decreta: Artículo 1°. Objeto. La presente ley en el marco del principio de transparencia, tiene por objeto promover una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el Congreso de la República y la ciudadanía, estableciendo mecanismos para informar, explicar y dar a conocer la gestión de los Congresistas; lo cual permite fortalecer los mecanismos de participación ciudadana generando con ello un congreso abierto e inclusivo con la ciudadanía. Artículo 2º. Rendición de cuentas de los Congresistas. Consiste en el conjunto de acciones, prácticas y procedimientos mediante los cuales los Congresistas de la República informan, explican y dan a conocer, en lenguaje claro y comprensible, los avances y resultados de su gestión congresual a los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil. Los congresistas rendirán cuentas a la ciudadanía sobre su gestión congresual, conforme a los términos establecidos en la presente Ley, la Ley 1757 de 2015, la Ley 1828 de 2017 y las demás disposiciones normativas que regulen la materia. Artículo 3º. Modifíquese el literal j) del artículo 8 de la Ley 1828 de 2017, el cual quedará así́: ARTÍCULO 8º. DEBERES DEL CONGRESISTA. Además de los consagrados en la Constitución Política y en el Reglamento Interno del Congreso, son deberes de los Congresistas en ejercicio de sus funciones, los siguientes: (…) j) Rendir cuentas a la ciudadanía de las acciones relacionadas con las obligaciones y responsabilidades congresuales, por medio de un informe de gestión por cada legislatura y el deber de realizar un espacio de diálogo público, virtual o presencial, que versaran sobre la información relativa a la función legislativa y constituyente que las Secretarias de cada Comisión y las secretarias de cada Cámara certifican, así́ como la gestión individual de cada congresista frente a sus funciones de control político, judicial, disciplinaria, electoral, control público y de protocolo. Artículo 4º. Informe de Gestión del Congresista. Cada congresista deberá remitir a la Secretaria General de la respectiva Cámara el informe de gestión, de forma digital, en formato de datos abiertos y en lenguaje claro, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la finalización de cada legislatura. En caso de que hayan sido convocadas sesiones extraordinarias, el término comenzará a contar a partir del último día hábil siguiente de dichas sesiones. Las Secretarias Generales de cada Cámara, mediante el uso de herramientas tecnológicas de la información y la comunicación, deberán publicar en formato de datos abiertos el informe de rendición de cuentas en el Sistema de Información Parlamentaria previsto en la Ley 1147 de 2007, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibido del mismo, así́ mismo, deberán publicar en el perfil de cada congresista en sus páginas web las citaciones a debates de control político o audiencias públicas de comisiones o plenaria de autoría o coautoría de cada congresista. En caso de que el congresista cuente con canales de comunicación oficiales habilitados a través de redes sociales para la comunicación de su gestión legislativa, deberá publicar el presente informe en alguna de dichas redes sociales, a su elección. Para lo anterior, podrá adaptar su informe de gestión a la respectiva red social. Parágrafo 1º. Los Congresistas podrán apoyar su informe utilizando formatos audiovisuales, sistemas de lectura y escritura basados en signos, imágenes y ejemplos ilustrativos, que podrán incluir lenguaje de señas y lenguaje incluyente. Parágrafo 2º. En los eventos de declaración de nulidad de la elección; la renuncia justificada y aceptada por la respectiva corporación; la sanción disciplinaria consistente en destitución, y la perdida de investidura, los congresistas deberán remitir el informe de gestión a la Secretaria General correspondiente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que haga efectiva la desvinculación del cargo. Parágrafo 3º . La Mesa Directiva del Congreso de la República, con el apoyo de las secretarías Generales de cada Cámara, promoverá y realizará espacios de participación efectiva con la ciudadanía para que dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, se adopte el diseño y formato único del informe de gestión de los Congresistas. Parágrafo 4º. Se garantizará a los Congresistas el libre y gratuito acceso a los medios públicos y comunitarios de comunicación tanto nacionales, regionales y locales, para dar a conocer sus informes de gestión, de conformidad con la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional para tal fin. Parágrafo 5º. Este informe reemplaza al previsto en el parágrafo 2o del artículo 14 de la Ley 1147 de 2007. Parágrafo 6º. El informe de Gestión del Congresista deberá estar planteado en lenguaje claro, sencillo, accesible y comprensible para la ciudadanía. El informe de Gestión del Congresista podrá presentarse junto con una versión de lectura fácil, para mejorar la comprensión de la ciudadanía de la labor congresual. Artículo 5º. Contenido del Informe de Gestión del Congresista. El informe de gestión anual contendrá como mínimo: a) Los Proyectos de Ley y/o Proyectos de Acto Legislativo de los cuales es autor, y/o ponente con su título, el estado en que se encuentran, la descripción del proyecto, la materia o temática sobre la cual versa, discriminando aquellos proyectos sobre asuntos de género, y fecha de presentación. b) Las proposiciones y constancias presentadas en las sesiones de Comisiones Constitucionales Permanentes, legales, accidentales y de las Plenarias. c) Las actividades o actuaciones en cumplimiento de sus funciones constituyentes, legislativas, judiciales, ético-disciplinarias, electorales, de control político y de protocolo. d) Los debates de control político y mociones de censura promovidos, especificando los citantes, citados y sus conclusiones. e) Las audiencias públicas y mesas técnicas convocadas o para las cuales ha sido designado(a), y sus conclusiones. f) La gestión ante las entidades del Estado y organismos de control en favor de satisfacer el interés general y/o las necesidades de la población de la circunscripción territorial por el cual fueron elegidos. g) Los viajes internacionales realizados bajo sus funciones congresuales indicando el motivo, la fecha, el origen de la financiación y las conclusiones del viaje. h) Los demás contenidos adicionales que determine la Mesa Directiva del Congreso, mediante acto administrativo. Parágrafo. El reporte de las actividades o actuaciones relacionadas con la función electoral se realizará de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 131 de la Ley 5 de 1992 sobre votación secreta. Artículo 6º. Convocatoria de espacios de diálogo público. Con posterioridad a la entrega del informe de rendición de cuentas al Secretario General de la Cámara correspondiente, cada congresista deberá convocar, organizar y desarrollar dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de publicación del informe de gestión de la legislatura respectiva, un espacio de diálogo público en el que se dará a conocer el informe de la gestión realizada y sus resultados, con la intervención de ciudadanos y organizaciones sociales. Parágrafo 1º. Los espacios de diálogo público deberán ser convocados por cada Congresista con diez (10) días calendario de antelación, y podrán realizarse de forma presencial o virtual mediante las herramientas de transmisión de la respectiva Corporación o mediante el uso de las tecnologías de la información que cada congresista posea. Será discrecionalidad del congresista determinar la modalidad, metodología y forma de los espacios de diálogo público, los cuales podrán ser audiencias públicas, encuentros territoriales, mesas de trabajo virtuales o presenciales, transmisiones en redes sociales, o cualquiera que se adapte a sus necesidades y electores. En aquellos casos en que los espacios de diálogo público se realicen de manera presencial, los congresistas podrán coordinar la realización de estos espacios con las autoridades territoriales, con la finalidad de hacer uso de las instalaciones de las corporaciones públicas territoriales, asambleas o concejos municipales o distritales, en aras de acercarse a los territorios y la ciudadanía. Cada Congresista deberá comunicar a la Secretaría General, de su cámara respectiva, la realización del espacio público de diálogo de que trata el presente artículo, con el fin de llevar una relación pública de dichas actividades y publicitar su realización en los medios de difusión oficiales de la Cámara que corresponda (Senado de la República o Cámara de Representantes). Parágrafo 2º. Se faculta a los Congresistas para realizar los espacios de diálogo público conjuntamente en bancadas, grupos, bloques, regionalizadas o en territorios, de manera que estos sean visibles en el territorio nacional y/o al que representan, siempre que se garantice que cada congresista pueda informar, explicar y dar a conocer de forma suficiente su informe de gestión. Estos deberán ser puestos a disposición de la ciudadanía por medios virtuales, con las características dispuestas en la presente Ley. Parágrafo 3º. Los espacios de diálogo público deberán contar con los ajustes razonables para la accesibilidad de las personas con discapacidad. Cada congresista podrá coordinar con las Secretarías Generales de Cámara y Senado, según sea el caso, el apoyo logístico para la realización de dichos ajustes conforme a la reglamentación que expida cada Corporación. Parágrafo 4º. En todo caso, no se podrá hacer uso de las instalaciones de las asambleas o concejos municipales o distritales seis meses antes a la celebración de elecciones. Artículo 7º. Espacios de diálogo público promovidos por las bancadas. De acuerdo a los estatutos y reglamentos vigentes de las organizaciones políticas, los miembros del Congreso de la República, elegidos por un mismo partido, movimiento social o grupo significativo de ciudadanos, que constituyan una bancada, podrán propiciar la realización y generación de espacios de diálogo público presenciales o virtuales para informar, explicar y dar a conocer a los ciudadanos y las organizaciones sociales, las decisiones, determinaciones y directrices fijadas por la bancada. Estos espacios deberán ser visibles por los medios de comunicación institucional del Congreso de la República en todo el territorio nacional y accesibles para toda la ciudadanía, garantizando su transparencia y promoviendo una participación activa en el proceso político. Parágrafo. La mesa directiva del Congreso de la República propiciará, al menos una vez cada periodo legislativo, un espacio destinado a que cada bancada parlamentaria presente su rendición de cuentas. Durante este espacio, cada bancada dispondrá de un tiempo determinado para exponer ante la ciudadanía sus logros, actividades, gestiones y cumplimiento de promesas electorales, así́ como los obstáculos y retos encontrados en el ejercicio de su función legislativa. La mesa directiva establecerá los lineamientos y el cronograma correspondiente para garantizar la adecuada organización y desarrollo de este espacio. Artículo 8º. Las disposiciones contenidas en la presente ley respecto de la realización de espacios de diálogo público estarán a cargo de cada congresista o de la respectiva bancada, según sea el caso, quienes deberán garantizar los recursos para tal fin. No obstante, las direcciones administrativas de Cámara y Senado podrán prestar su colaboración tecnológica para la transmisión del evento de rendición de cuentas a través de los canales virtuales institucionales, garantizando el cumplimiento de los mecanismos de acceso a la información para personas con discapacidad de que trata la Ley 1618 de 2013 y demás normas concordantes. Las direcciones administrativas de cada una de las Cámaras, garantizarán los recursos necesarios para la publicación de los informes de gestión de los Congresistas. Artículo 9º. Vigencia y Derogatoria. La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación y deroga el artículo 57 de la Ley 1757 de 2015 y todas las disposiciones que le sean contrarias.” 2. Intervenciones 5. En el trámite de control previo de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado, “por medio de la cual se promueve una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el Congreso de la República y la ciudadanía”, intervinieron, conforme a lo previsto en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Libre y la Universidad Santo Tomás. En general, las intervenciones coincidieron en considerar que el proyecto se ajusta a la Constitución, al desarrollar los principios de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas previstos en los artículos 40, 103, 152 y 270 de la Carta Política. Algunas presentaron observaciones dirigidas a precisar el alcance de la reserva de ley estatutaria, fortalecer la implementación de los mecanismos de rendición de cuentas y armonizar el proyecto con la legislación vigente sobre acceso a la información pública por lo que, a continuación, se reseña el contenido de cada una de las intervenciones recibidas. a. Ministerio de Justicia y del Derecho 6. El Ministerio de Justicia y del Derecho, por conducto de la directora (e) de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico, presentó ante la Corte Constitucional su intervención en el expediente PE-058, dentro del control previo de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 157 de 2023 Cámara - 273 de 2024 Senado. En su escrito, el Ministerio manifestó que, en términos generales, el trámite legislativo del proyecto cumplió con las exigencias formales previstas en la Constitución Política y en la Ley 5 de 1992, conforme al procedimiento especial de las leyes estatutarias. No obstante, precisó que, a juicio de esa cartera, las disposiciones incluidas en la iniciativa no son necesariamente de naturaleza estatutaria, pues no regulan el núcleo esencial de los derechos fundamentales a la información, la transparencia o la rendición de cuentas, sino aspectos instrumentales y operativos sobre su implementación en la actividad parlamentaria. 7. En ese sentido, el Ministerio resaltó que el proyecto introduce principalmente dos mecanismos de rendición de cuentas de los congresistas, (i) la presentación de un informe anual de gestión, en formato digital y con lenguaje claro, que detalle su actividad legislativa, de control político y de gestión territorial, y (ii) la realización de espacios públicos de diálogo con la ciudadanía, presenciales o virtuales, dentro de los treinta días siguientes a la entrega del informe. A su vez, subrayó que estas medidas promueven la inclusión de personas con discapacidad, el uso de formatos accesibles y la posibilidad de rendición de cuentas por bancadas. 8. Desde el punto de vista competencial, la entidad explicó que la jurisprudencia constitucional, en especial las sentencias C-373 de 1995, C-811 de 2011 y C-153 de 2022, ha interpretado de manera restrictiva la reserva de ley estatutaria. Conforme a esta doctrina, no toda norma vinculada con un derecho fundamental requiere trámite estatutario, sino únicamente aquellas que inciden directamente en su núcleo esencial o establecen una regulación integral de su contenido. Por ello, el Ministerio consideró que la iniciativa regula aspectos administrativos y de transparencia, y no mecanismos de participación ciudadana en sentido estricto, razón por la cual corresponde a la Corte definir cuáles de sus disposiciones pertenecen al ámbito estatutario y cuáles podrían tramitarse por vía de ley ordinaria, sin que ello afecte la validez del procedimiento adelantado. 9. En cuanto a los requisitos formales, el Ministerio efectuó un recuento detallado del trámite legislativo en ambas cámaras, desde la radicación del proyecto el 23 de agosto de 2023, hasta la aprobación del informe de conciliación el 18 de junio de 2024. Confirmó que la iniciativa fue debatida en las comisiones primeras y plenarias de Cámara y Senado, aprobada por mayoría absoluta y dentro de una sola legislatura, en cumplimiento de los principios de consecutividad e identidad flexible. Asimismo, verificó que la Secretaría del Senado remitió oportunamente el texto aprobado a la Corte Constitucional para su control previo, que no se configuraron vicios de procedimiento, y que el proyecto no requería concepto fiscal ni consulta previa, al no generar gasto público ni afectar directamente los derechos de comunidades étnicas. 10. Sobre el análisis material, el Ministerio estimó que el proyecto se ajusta plenamente a los artículos 1, 2, 23, 40, 74, 103, 132 y 270 de la Constitución, por cuanto fortalece la transparencia en la gestión pública, fomenta la rendición de cuentas y amplía los canales de interacción entre los congresistas y la ciudadanía. Señaló que cada uno de los artículos del proyecto guarda conexidad temática con el objeto de la iniciativa y respeta el principio de unidad de materia, al perseguir de manera coherente la promoción de una cultura de apertura legislativa. 11. En particular, destacó que las obligaciones de los congresistas de presentar informes de gestión, realizar espacios de diálogo público y garantizar la accesibilidad mediante formatos inclusivos contribuyen a materializar los derechos a la información y a la igualdad, así como a consolidar una democracia participativa y deliberativa. Igualmente, resaltó que las medidas propuestas no interfieren con la autonomía del Congreso ni con el principio de representación política, sino que lo complementan mediante prácticas de transparencia y control ciudadano. 12. En conclusión, el Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó a la Corte Constitucional declarar la constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 157 de 2023 Cámara - 273 de 2024 Senado, al considerar que cumple con los requisitos formales y materiales exigidos por la Carta Política, se encuentra debidamente sustentado en los principios de transparencia y participación democrática, y contribuye al fortalecimiento institucional del Estado social y democrático de derecho. b. Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 13. En su intervención, el MinTIC indicó que el proyecto de ley no involucra de manera directa las competencias funcionales del sector TIC, pues las materias relativas a la transparencia legislativa, la rendición de cuentas de los congresistas y la relación entre el Congreso y la ciudadanía corresponden principalmente a la función legislativa y a entidades como la Secretaría General del Congreso, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Por tanto, precisó que su participación se limita a un análisis técnico y jurídico de carácter informativo, sin formular un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del texto. 14. El Ministerio también presentó un examen normativo sobre la evolución del marco jurídico en materia de transparencia y acceso a la información pública, destacando los siguientes hitos: (i) la Constitución de 1991, que en sus artículos 74, 112 y 113 garantiza la publicidad de los actos públicos; (ii) la Ley 57 de 1985, sobre acceso a documentos públicos; (iii) la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, como eje central del sistema; (iv) la Ley 1909 de 2018, Estatuto de la Oposición, que refuerza las obligaciones de transparencia legislativa; (v) la Ley 1437 de 2011, que regula el derecho de petición; y (vi) la pertenencia de Colombia a la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) desde 2011, que ha impulsado la adopción de políticas de parlamento abierto. 15. Asimismo, expuso las garantías necesarias para asegurar una adecuada comunicación y rendición de cuentas entre los congresistas y la ciudadanía, que incluyen (i) la publicación de información clara, actualizada y accesible; (ii) la utilización efectiva de portales web institucionales; (iii) la transmisión pública de sesiones legislativas; (iv) la realización de audiencias ciudadanas y veedurías; (v) la implementación de estrategias de comunicación mediante redes sociales con lenguaje claro; y (vi) el cumplimiento de los deberes de transparencia y ética previstos en la Ley 1828 de 2017 (Código de Ética del Congresista). Afirmó que la rendición de cuentas no constituye un acto discrecional, sino una obligación jurídica derivada de la Constitución y las leyes de participación ciudadana. 16. La entidad identificó también los principales desafíos para el acceso ciudadano a mecanismos de transparencia y diálogo con el Congreso, entre ellos, el desconocimiento de los derechos de participación, la baja educación cívica, la falta de promoción de herramientas participativas, la publicación incompleta o tardía de información legislativa, la ausencia de protocolos uniformes para rendición de cuentas y la limitada accesibilidad tecnológica en zonas rurales. Consideró que superar estos obstáculos requiere voluntad política, fortalecimiento institucional y alfabetización digital de la ciudadanía. 17. De igual manera, analizó la importancia de fomentar la transparencia y el acceso a la información en la consolidación de la confianza entre el Congreso y los ciudadanos, destacando su impacto en la legitimidad institucional, el empoderamiento ciudadano, la prevención de la corrupción, la calidad del debate público y la rendición de cuentas efectiva. Señaló que la confianza pública se construye sobre la apertura, la coherencia y la responsabilidad institucional. 18. El MinTIC también presentó un análisis comparado de la regulación sobre acceso a la información y transparencia legislativa en otros países, como México, Chile, Reino Unido, Uruguay y Finlandia, resaltando sus experiencias en materia de parlamento abierto, transparencia activa y trazabilidad de los procesos legislativos. Con base en estas experiencias, propuso medidas que pueden aplicarse al caso colombiano, como (i) adoptar estándares de parlamento abierto como política institucional permanente; (ii) unificar plataformas digitales legislativas; (iii) promover la participación ciudadana en todas las etapas del ciclo legislativo; y (iv) crear mecanismos de evaluación y auditoría ciudadana del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 por parte del Congreso. 19. Finalmente, el Ministerio concluyó que el proyecto de ley promueve la transparencia y la rendición de cuentas, pero reiteró que su contenido no genera obligaciones directas para el sector TIC ni incide en sus competencias específicas. Por ello, solicitó declarar la constitucionalidad del proyecto de ley, al mismo tiempo que puso de presente que el Congreso ya cuenta con un marco normativo robusto que impulsa la apertura informativa, y que la efectividad del proyecto dependerá de su implementación práctica y de la consolidación de una cultura institucional de transparencia. c. Departamento Administrativo de la Función Pública 20. En su escrito, la entidad señaló que, si bien no tiene competencia para pronunciarse de fondo sobre el contenido del proyecto en virtud del Decreto 430 de 2016, su experiencia en materia de transparencia, participación y rendición de cuentas le permite aportar información técnica y contextual relevante. 21. En primer lugar, el DAFP se refirió al desarrollo normativo y legal en materia de transparencia legislativa, destacó que desde la Ley 1147 de 2007 se establecieron mecanismos de modernización del Congreso, como la creación de la Comisión Especial de Modernización y de las Unidades Coordinadoras de Asistencia Técnica Legislativa y Atención Ciudadana, encargadas de divulgar información legislativa y de promover la relación entre el Congreso y la ciudadanía. Posteriormente, la Ley 1757 de 2015 definió la rendición de cuentas como una expresión de control social y ordenó la elaboración del Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC) a cargo de la Función Pública y el DNP, con lineamientos para todos los organismos públicos, incluidos los de otras ramas. También recordó la Ley 1828 de 2017, que incorporó como deber ético de los congresistas la obligación de presentar un informe anual de gestión con información legislativa certificada por las secretarías del Congreso. 22. En relación con las garantías para una adecuada comunicación y rendición de cuentas, la entidad resaltó que, según el Conpes 3654 de 2010 y la Ley 1757 de 2015, este proceso debe estructurarse sobre tres elementos esenciales: información, diálogo y responsabilidad. Explicó que los congresistas deben divulgar su gestión de manera proactiva, en lenguaje claro, mediante formatos accesibles para distintos grupos poblacionales y con canales de comunicación regionales como radios comunitarias o boletines locales. Además, los espacios de diálogo público deben garantizar la interacción real entre representantes y ciudadanía, permitiendo preguntas, evaluaciones y propuestas. La responsabilidad, a su vez, exige mecanismos de seguimiento, evaluación y respuesta institucional a los compromisos adquiridos. 23. El DAFP recomendó que los congresistas adopten metodologías inspiradas en el Manual Único de Rendición de Cuentas, que prevé etapas de aprestamiento, diseño, preparación o capacitación, ejecución y seguimiento y evaluación. Destacó la importancia de que las secretarías de las cámaras acompañen, además, acompañen y supervisen los ejercicios de rendición de cuentas y que se implementen sistemas de evaluación participativa y canales de quejas y reclamos abiertos a la ciudadanía. 24. En cuanto a los principales desafíos para el acceso a la transparencia y el diálogo con el Congreso, la entidad identificó barreras tecnológicas, sociales y culturales. Entre ellas, la limitada alfabetización digital, la falta de conectividad, la escasa actualización de la información institucional, la debilidad de las veedurías ciudadanas, la desconfianza en las instituciones, la violencia contra líderes sociales y la persistencia de la brecha digital. Citó el Conpes 4070 de 2021 sobre Estado Abierto, que reconoce la débil garantía del derecho de acceso y uso de la información pública y la necesidad de fortalecer la transparencia focalizada hacia grupos poblacionales específicos. 25. Respecto a la importancia de la transparencia y el acceso a la información en la construcción de confianza, el DAFP sostuvo que la visibilidad de las actuaciones legislativas legitima la función pública y fortalece el control ciudadano. La apertura informativa permite que la ciudadanía conozca y evalúe el trabajo del Congreso, participe en la agenda legislativa y prevenga prácticas de corrupción. 26. Finalmente, al analizar algunas experiencias internacionales, el Departamento presentó ejemplos de Argentina, Brasil, Chile, México y España, donde las leyes de acceso a la información incluyen obligac