Sentencia SU-66 de 2026

SU066-26 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia SU-066/26 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO -Debe orientar siempre las actuaciones de los operadores de justicia, armonizando los principios constitucionales y la especial protección otorgada a la mujer En esta oportunidad la Corte considera pertinente avanzar en la comprensión del enfoque de género en la administración de justicia con el propósito de establecer herramientas prácticas para desarrollar este mandato constitucional. ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS DE ALTAS CORTES -Requisitos generales de procedencia requiere argumentación y análisis más riguroso /ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES -Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional RECURSO EXTRAORDINARIO ESPECIAL DE REVISION CONTRA SENTENCIAS DE PERDIDA DE INVESTIDURA -Jurisprudencia constitucional ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES -Relevancia constitucional como requisito de procedibilidad (...), la intervención del juez constitucional resulta necesaria para evaluar si la decisión cuestionada se ajusta a los mandatos de proporcionalidad, a la protección reforzada de la maternidad, al análisis de la culpabilidad que informa el debido proceso sancionatorio y al respeto por los derechos políticos en condiciones de igualdad y no discriminación. VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES -Causal específica autónoma DEFECTO FACTICO -Caracterización /DEFECTO FACTICO -Dimensión negativa y positiva /DEFECTO FACTICO -Configuración /DEFECTO FACTICO -Fundamentos y marco de intervención que compete al juez de tutela DEFECTO FACTICO EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL -Reiteración de jurisprudencia Este defecto se estructura cuando la decisión judicial es producto de un proceso en el cual (i) se omitió el decreto o la práctica de pruebas esenciales para definir el asunto, (ii) se practicaron, pero no se valoraron bajo el tamiz de la sana crítica y (iii) los medios de convicción son ilegales o carecen de idoneidad. El error debe ser palmario e incidir directamente en la decisión, puesto que el juez de tutela no puede convertirse en una nueva instancia. PERDIDA DE INVESTIDURA -Concepto /PERDIDA DE INVESTIDURA -Naturaleza y alcance /PROCESO DE PERDIDA DE INVESTIDURA -Regulación jurídica PERDIDA DE INVESTIDURA -Causales /PERDIDA DE INVESTIDURA -Carácter sancionatorio /PERDIDA DE INVESTIDURA -Fundamentos constitucionales PERDIDA DE INVESTIDURA -Es un mecanismo de control público y participativo de la política que implica una sanción y cumple varias funciones /PROCESO DE PERDIDA DE INVESTIDURA -Está sujeto a los principios que gobiernan el debido proceso en materia penal PROCESO DE PERDIDA DE INVESTIDURA -Finalidad /PRINCIPIOS APLICABLES AL PROCESO DE PERDIDA DE INVESTIDURA -Legalidad, tipicidad, aplicación de la ley más favorable, non bis in ídem y la presunción de inocencia de la cual se deriva principio de culpabilidad PRESUPUESTO DE CULPABILIDAD EN EL PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA -Jurisprudencia del Consejo de Estado PRESUPUESTO DE CULPABILIDAD EN EL PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA -Jurisprudencia de la Corte Constitucional (...), la pérdida de investidura, en cuanto sanción de máxima intensidad dentro del orden constitucional, exige un escrutinio riguroso del elemento subjetivo de la conducta, la observancia estricta de los principios del debido proceso sancionador y la aplicación preferente de interpretaciones que favorezcan la vigencia de los derechos políticos, en armonía con los postulados del Estado Social y Democrático de Derecho. PERDIDA DE INVESTIDURA POR NO TOMAR POSESION DEL CARGO EN CORPORACION PUBLICA DE ELECCION POPULAR DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO -Alcance de la causal PERDIDA DE INVESTIDURA -Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el carácter punitivo disciplinario especial PERDIDA DE INVESTIDURA POR INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE POSESION EN EL CARGO -Fuerza mayor como eximente de responsabilidad (...), cuando se acredita la concurrencia de una situación de fuerza mayor, desaparece el fundamento ético y democrático de la sanción, pues no resulta posible atribuir al elegido una conducta reprochable ni una defraudación del mandato representativo. OPOSICION POLITICA -Fundamento constitucional /ESTATUTO DE LA OPOSICION -Regulación CURUL DE LA OPOSICIÓN -Naturaleza jurídica /CURUL DE LA OPOSICIÓN -Finalidad CURUL DE LA OPOSICIÓN -Aceptación expresa /CURUL DE LA OPOSICIÓN -Imposibilidad de retracto CURUL DE LA OPOSICIÓN -Jurisprudencia del Consejo de Estado ESTATUTO DE LA OPOSICION -Asignación de curules a los candidatos que obtuvieron la segunda votación más alta VIOLENCIA DE GÉNERO -Jurisprudencia constitucional VIOLENCIA CONTRA LA MUJER -Manifestaciones VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LA CONVENCION BELEM DO PARÁ -Definición PROTECCION ESPECIAL A LAS MUJERES -Jurisprudencia constitucional DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER -Características /VIOLENCIA DE GÉNERO -Tipos PROTECCIÓN DE LA MUJER FRENTE A TODO TIPO DE VIOLENCIA -Jurisprudencia constitucional VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN POLÍTICA -Concepto VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN POLÍTICA -Manifestaciones DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES -Protección PROTECCION A LA MUJER Y LA MATERNIDAD -Fundamentos normativos /DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA POLÍTICA LIBRE DE VIOLENCIA -Caracterización de la violencia en el entorno político La jurisprudencia constitucional y los estándares internacionales han sido consistentes en advertir que la exclusión, la est igmatización, la imposición de cargas desproporcionadas y la reproducción de estereotipos de género constituyen formas de violencia que afectan de manera directa el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de las mujeres, comprometen el pluralismo democrático y erosionan la legitimidad del sistema representativo. DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA -Deber de no tolerancia o neutralidad y prohibición de indiferencia ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO -Obligación de investigar, sancionar y reparar la violencia estructural contra la mujer, a través de la Rama Judicial (...) corresponde a las autoridades judiciales: (i) desplegar una actividad investigativa integral dirigida a garantizar los derechos en disputa; (ii) analizar los hechos, las pruebas y las normas desde una comprensión sistemática de la realidad social; (iii) abstenerse de fundamentar sus decisiones en estereotipos de género; (iv) evitar la revictimización; (v) flexibilizar la carga probatoria en contextos de discriminación; (vi) asumir el carácter transformador de sus decisiones; (vii) ejercer un escrutinio riguroso de las conductas; (viii) valorar las condiciones reales de acceso a la justicia; y (ix) examinar las relaciones de poder que inciden en la autonomía de las mujeres. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO -Reiteración de jurisprudencia Este enfoque exige a los operadores judiciales actuar con imparcialidad sustantiva, valorar el contexto, evitar estereotipos, adoptar estándares probatorios reforzados, prevenir la revictimización y motivar de manera reforzada sus decisiones, entre otras obligaciones. Solo a través de su aplicación real y transversal es posible asegurar que la función jurisdiccional no reproduzca las desigualdades estructurales existentes, sino que contribuya a superarlas, garantizando a las mujeres, históricamente discriminadas, una justicia libre de violencias, barreras y prejuicios. CURUL DEL ESTATUTO DE LA OPOSICIÓN -Obligación del candidato de tomar posesión del cargo (...), una vez el candidato acepta la curul de oposición dentro del plazo perentorio de veinticuatro (24) horas siguientes al escrutinio electoral, opera una prohibición de retracto, orientada a salvaguardar la seguridad jurídica. PROTECCION CONSTITUCIONAL A LA MATERNIDAD -Fundamentos y alcance VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION -Estructuración (...) la decisión cuestionada, en los términos en que fue adoptada, carece de una valoración materialmente compatible con la Constitución, en la que sus mandatos estén realmente incluidos y sean ponderados, configurándose, en consecuencia, el defecto por violación directa alegado por la accionante. DEFECTO FACTICO POR INDEBIDA VALORACION PROBATORIA -Configuración por incumplimiento del deber de adoptar decisiones con enfoque de género (...), la autoridad judicial omitió realizar una apreciación integral del acervo probatorio y prescindió de un análisis con enfoque y perspectiva de género, pese a que el asunto involucraba un embarazo de alto riesgo y las implicaciones diferenciadas que dicha situación podía tener en la exigibilidad de deberes públicos, así como la protección del nasciturus. Esta omisión condujo a una lectura fragmentaria de las pruebas, sin tener en cuenta el contexto médico y psicoemocional mencionado, lo cual tenía la capacidad de incidir, de manera determinante, en la conclusión adoptada sobre la posibilidad de exigir el cumplimiento oportuno de la obligación de posesión. REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL -Sala Plena- SENTENCIA SU-066 de 2026 Referencia: expediente T-11.371.944. Asunto: acción de tutela interpuesta por Andrea contra la Sección Primera del Consejo de Estado . Tema: pérdida de investidura por no tomar posesión de la curul de oposición en un contexto de embarazo de alto riesgo. Magistrado Ponente: Vladimir Fernández Andrade. Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo dos mil veintiséis (2026). Anotación: En atención a que en este caso se encuentra involucrada información sensible de la historia clínica de la accionante y que, por ende, su divulgación puede ocasionar un daño a su intimidad, se registrarán dos versiones de esta sentencia, una con los nombres reales que la Secretaría General de la Corte remitirá a las partes y autoridades involucradas, y otra con nombres ficticios que seguirá el canal previsto por esta corporación para la difusión de información pública. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 1712 de 2014, 1581 de 2012 y 1437 de 2011, el Reglamento de la Corte Constitucional y la Circular Interna No. 10 de 2022. Síntesis de la sentencia: La Corte Constitucional estudió una acción de tutela interpuesta por Andrea contra la Sección Primera del Consejo de Estado, al estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad material, dignidad humana, participación política, acceso a cargos públicos y protección especial a la maternidad, con ocasión de la Sentencia de julio de 2024 mediante la cual la autoridad accionada, en segunda instancia, declaró la pérdida de su investidura por no tomar posesión de la curul de oposición dentro del término legal, pese a haberla aceptado. La accionante sostuvo que la decisión judicial desconoció que, para el momento en que debía posesionarse, cursaba un embarazo clínicamente catalogado como de alto riesgo, acreditado mediante historia clínica, testimonios médicos y psicológicos y expresas recomendaciones de reposo absoluto, restricción de desplazamientos y de situaciones de estrés asociadas al contexto electoral. En su criterio, dichas circunstancias configuraban una situación de fuerza mayor en los términos del parágrafo 1 del numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, que hacía constitucionalmente inexigible la conducta de posesionarse oportunamente. La controversia constitucional se centró en establecer si la autoridad judicial accionada incurrió en defecto por violación directa de la Constitución y defecto fáctico, al descartar, de plano, la inexegibilidad de la obligación de tomar posesión de la accionante como concejala, omitiendo la realización de una valoración integral y con perspectiva de género del contexto médico y personal del caso, particularmente frente a la protección reforzada de la mujer gestante, del nasciturus y la exigibilidad diferenciada de cargas en materia de derechos políticos. La Corte analizó el régimen constitucional de la pérdida de investidura, su naturaleza sancionatoria y la necesidad de examinar de manera articulada el elemento objetivo de la causal y las causales de exclusión de responsabilidad, antes de abordar el juicio de culpabilidad, así como la jurisprudencia relativa a la causal de pérdida de investidura invocada y al enfoque de género, la igualdad material y la protección reforzada de la maternidad. A partir de este marco, reconstruyó los hechos relevantes y, luego de precisar la exigibilidad en el caso concreto del deber de tomar posesión de la curul de oposición, verificó que en este caso la no posesión se produjo en el contexto de un embarazo de alto riesgo, con indicaciones médicas de reposo absoluto y limitaciones reales para el desplazamiento y la exposición a situaciones de estrés, lo que podría incidir directamente en la exigibilidad concreta del deber legal de posesionarse. En primer lugar , concluyó que se incurrió en defecto por violación directa de la Constitución al interpretar el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 de manera aislada, desarticulada del parámetro constitucional y convencional aplicable, sin integrar de forma sistemática los mandatos superiores —en particular, los derivados de los artículos 13, 40, 43 y 53 de la Constitución, en armonía con los artículos 11, 42 y 44 y con el bloque de constitucionalidad—, lo que condujo a evaluar la exigibilidad de la conducta desde una lógica estrictamente formal. En ese contexto, la autoridad judicial exigió una imposibilidad física absoluta frente a la exigibilidad del deber de posesión en el caso concreto, descartó la existencia de un dilema constitucional y omitió valorar, en clave de igualdad material, protección reforzada de la maternidad y enfoque de género, las condiciones de vulnerabilidad alegadas, incluyendo el posible riesgo obstétrico y las afectaciones personales y familiares, lo que derivó en la imposición de una sanción que, sin una valoración en la que se tenga en cuenta el parámetro constitucional y convencional exigible, resulta incompatible con el orden constitucional integrado. En segundo lugar , concluyó que se configuró un defecto fáctico, por cuanto la autoridad judicial accionada realizó una valoración incompleta, fragmentada, y sin enfoque de género del acervo probatorio, restando mérito a las historias clínicas, a los testimonios del médico y de la psicóloga tratantes y a las órdenes de reposo absoluto, lo que condujo a una omisión trascendente en la valoración integral de los elementos de juicio, a fin de determinar si cabía imponerle a la accionante la exigibilidad del deber de tomar posesión en el caso concreto. La Corte enfatizó que la pérdida de investidura constituye una sanción de máxima gravedad que restringe intensamente los derechos políticos, por lo que el análisis frente a la exigibilidad de la obligación de tomar posesión no puede realizarse desde parámetros abstractos, sino a partir de una valoración integral, contextual y, de ser el caso, con enfoque de género de las circunstancias fácticas debidamente probadas, especialmente, cuando se trata de una mujer gestante con embarazo de alto riesgo y con órdenes médicas que tienen la capacidad de incidir en la exigibilidad concreta del deber jurídico de tomar posesión. Con fundamento en lo anterior, la Corte concluyó que las irregularidades advertidas incidieron directamente en la estructuración del elemento objetivo de la causal de no tomar posesión y, de manera consecuencial, en el juicio de culpabilidad adelantado en la providencia cuestionada, en cuanto la autoridad judicial concluyó que el deber de tomar posesión era exigible a la accionante, a partir de una valoración probatoria fragmentaria y sin enfoque de género. Por estas razones, revocó la Sentencia de tutela de primera instancia de mayo de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se había declarado improcedente el amparo. En su lugar, decidió confirmar parcialmente y por las razones expuestas en esa providencia, la Sentencia dictada en febrero de 2025 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en primera instancia, en cuanto amparó los derechos de la accionante y dejó sin efectos la Sentencia de segunda instancia dictada en julio de 2024 en el expediente de pérdida e investidura promovido en contra de Andrea . En lo demás, modificó el alcance de la orden de protección impartidas. Asimismo, ordenó a la Sección Primera del Consejo de Estado proferir una nueva decisión de fondo, en el término de treinta (30) días, atendiendo a las consideraciones de fondo expuestas en esta providencia. Para ello, la sentencia deberá incorporar un enfoque de género conforme a la jurisprudencia constitucional, mediante un análisis contextual, libre de estereotipos y orientado a la igualdad material, articulando estas consideraciones con la valoración probatoria, la protección reforzada de la mujer gestante y del nasciturus, y la interpretación constitucional e internacional aplicable. Tabla de contenido I. ANTECEDENTES . 5 1. Hechos . 5 2. Trámite de la acción de tutela . 14 2.1. Presentación, admisión de la acción de tutela y medida cautelar decretada 14 2.2. Respuestas de la autoridad judicial demandada y de los vinculados 15 3. Decisiones objeto de revisión . 15 3.1. Sentencia de tutela de primera instancia . 15 3.2. Impugnación . 16 3.3. Sentencia de segunda instancia . 18 4. Actuaciones de esta Corte . 19 4.1. Selección del caso y conocimiento de la Sala Plena . 19 4.2. Primer auto de pruebas y respuestas obtenidas 19 4.3. Vinculación y segundo auto de pruebas 21 4.3.1. Pruebas recaudadas . 22 4.4. Intervención de la Defensoría del Pueblo . 25 4.5. Amicus curiae . 27 4.6. Traslado de la información obtenida . 32 II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL . 32 1. Competencia . 32 2. Procedencia de la acción de tutela . 32 3. Presentación del caso y formulación de los problemas jurídicos . 42 4. Método y estructura de la decisión . 49 4.1. Descripción teórica de los defectos específicos que serán analizados 49 4.2. La naturaleza constitucional y sancionatoria del proceso de pérdida de investidura como límite al ejercicio de los derechos políticos 50 4.3. Responsabilidad subjetiva, eximentes y estándares de imputación en la pérdida de investidura . 54 4.4. El alcance de la causal de pérdida de investidura por no tomar posesión oportuna y la fuerza mayor como eximente de responsabilidad de dicha causal 60 4.5. Régimen jurídico de la curul de oposición y la improcedencia de flexibilizar la causal de pérdida de investidura por no tomar posesión . 64 4.6. Participación política de las mujeres y la garantía de igualdad material 67 4.7. El acceso a la administración de justicia con enfoque de género como garantía reforzada de los derechos de las mujeres . 71 4.8. Solución del caso concreto . 76 4.8.1. Presentación de los hechos jurídicamente relevantes en el expediente de pérdida de investidura . 77 4.8.2. Cuestión previa: Deber de tomar posesión de la curul de oposición en el caso concreto 97 4.8.3. Solución a los problemas jurídicos 100 4.8.3.1. Solución al primer problema jurídico . 100 4.8.3.2. Solución al segundo problema jurídico . 106 5. Remedios constitucionales . 113 III. DECISIÓN .. 115 La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular de aquellas previstas en los artículos 241.9 del Texto Superior y 60 del Acuerdo 01 de 2025, profiere la siguiente sentencia: I. ANTECEDENTES 1. Hechos [1] 1. La accionante, Andrea , fue candidata a la alcaldía del municipio de Berlín en las elecciones regionales del 27 de octubre de 2019. Narró que, estando en campaña electoral, el 17 de agosto de 2019, sufrió una caída mientras participaba de una cabalgata, siendo llevada al servicio de urgencias de la E.S.E. Hospital San Martín de ese municipio. 2. Como consecuencia del accidente, recibió la atención de su médico de confianza Mateo , quien, luego de ordenar la toma de exámenes de rutina, constató que la accionante se encontraba en estado de gestación, situación que hasta ese momento era desconocida para la accionante. Enterada de su estado de embarazo, decidió continuar con su campaña electoral con las precauciones del caso. 3. Cumplidas las elecciones del 27 de octubre de 2019, la accionante obtuvo la segunda mayor votación para la alcaldía del municipio de Berlín . En consecuencia y de conformidad con la Ley 1909 de 2018, le correspondía decidir si ocupaba la curul de oposición en el Concejo del municipio de Berlín . Fue así como aceptó tal curul en la oportunidad legal, momento en el cual se encontraba en plena capacidad física para hacerlo. 4. Relató que posteriormente presentó algunas complicaciones médicas que afectaron el curso normal de su embarazo y que motivaron nuevas valoraciones de su médico de confianza [2] , quien determinó que se trataba de un embarazo de alto riesgo debido a que se trataba de una mujer de 36 años, sin controles prenatales y cuyo estado de embarazo solo se conoció hasta agosto de 2019, es decir, hasta el cuarto mes de gestación. En consecuencia, le recomendó reposo absoluto y evitar cualquier actividad física o emocional que pudiera poner en riesgo la gestación. 5. El 2 de enero de 2020, tuvo lugar la instalación del Concejo del municipio de Berlín elegido para el período 2020-2023, acto formal en el que la accionante manifestó verbalmente ante los demás concejales los motivos que, según planteó, le impedían tomar posesión de la curul de oposición así: “No voy a tomar posesión del cargo, las razones varias (…) cada uno de usted [sic] tiene sus actividades que les generan, una actividad comercial o una actividad (…) yo tengo la mía y no me permite ejercer juntas cosas, por mi estaría dichosamente encantada de pertenecer a esta corporación, sí, porque realmente es importante aporta algo al municipio, es grato cuando puedes poner tu conocimiento en función de un municipio, pero también digamos que por el hecho de ser mujer, a veces la misma sociedad nos exige cosas distintas, nos exige SER BUENAS MADRES, BUENAS ESPOSAS, BUENAS PROFESIONALES y tratamos de dar lo mejor en cada uno de nuestros campos, a veces a los hombres les queda un poquito más fácil la crianza de los hijos y, a la vez, brillar como excelentes profesionales, para nosotras tratar de buscar la excelencia, debemos ser realmente excelentes; excelentes en cada uno de nuestros campos, tratar de sacar hijos con principios y tratar de dedicar el tiempo a nuestra profesión y brillar como profesionales no es fácil ganarse un espacio en un sociedad como mujeres (…).” [3] 6. De acuerdo con lo expuesto y apelando a su evidente estado de embarazo, narró que para ese momento se podía inferir “su preocupación como madre, como esposa y lo compleja que era la situación para ella”, pues “posesionarse en su curul implicaría, no sólo ir en contra de las recomendaciones médicas [ya que] habría tenido que realizar esfuerzos físicos permanentes, estar sometida a situaciones conflictivas, estresantes e intempestivas, largas jornadas en cumplimiento de sus deberes como concejala que podrían haber agravado la gestación de su bebé, es decir, habría puesto en riesgo los derechos del que estaba por nacer”. 7. Con ocasión de la recomposición del Concejo del municipio de Berlín , previo trámite ante la autoridad electoral [4] , el 7 de enero de 2020 la accionante reiteró, esta vez por escrito, su decisión de no tomar posesión de la curul de oposición, insistiendo en las razones expuestas en la sesión de instalación del Concejo del municipio de Berlín . En esta ocasión, haciendo expresa alusión al régimen de pérdida de investidura de los concejales, señaló lo siguiente: “Mediante el presente documento y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 me permito reiterar la decisión tomada por la aquí firmante mediante la cual notifico a esta honorable corporación la decisión de no tomar posesión al cargo de Concejal del Municipio de Berlín , lo anterior teniendo en cuenta los motivos expuestos al concejo en pleno el pasado 2 de enero de 2019, reiterarles una vez más que de mi parte representaría con gusto a mi Municipio bajo el desempeño de esta labor, pero a la fecha me es plenamente imposible, de todas formas dentro de mis actividades personales y profesionales estaré directamente ligada con cada una de las sesiones del Concejo y desde allí velaré por los intereses de una colectividad y los partidos políticos a los cuales represento en busca siempre de un trabajo en equipo con el Municipio de Berlín y de velar por los intereses del mismo.” 8. De acuerdo con lo anterior, afirmó en su escrito de tutela que en el presente asunto “concurría de por medio una causa de fuerza mayor pues la vida de su hijo, que está protegida por la ley constitución y la civil actual, se encontraba en serio riesgo y de paso la de ella como mujer” [5] . 9. Sobre este particular, en la demanda de tutela explicó que, de haber asumido el cargo en tales condiciones, tanto ella como su hijo en gestación se habrían expuesto a severas consecuencias de salud, potencialmente irreversibles o incluso fatales, entre ellas la posibilidad de un aborto espontáneo y graves efectos asociados como hemorragias, trombosis, infecciones del tracto genital y riesgos de esterilidad o embarazos ectópicos posteriores, conforme se ha documentado en estudios médicos especializados. En tal sentido, resaltó que su decisión tuvo como fundamento la protección de la vida y salud de su hijo en gestación, amparadas no solo por criterios médicos sino también por el artículo 91 del Código Civil, que establece que “la ley protege la vida del que está por nacer”, y en virtud del cual se deben adoptar medidas preventivas cuando dicha existencia peligra. Igualmente, invocó el artículo 93 ibidem para señalar que allí se reconoce la existencia de derechos a favor del nasciturus, suspendidos hasta el momento del nacimiento, donde adquieren plena eficacia [6] . 10. La accionante continuó su relato para indicar que tiempo después se postuló nuevamente como candidata a la alcaldía del municipio de Berlín para el período 2024-2027, esta vez logrando la mayor votación en las elecciones llevadas a cabo el 29 de octubre de 2023, razón por la cual fue elegida alcaldesa, cargo que actualmente ocupa. 11. Describió que, posterior a su elección como alcaldesa, denunciando el hecho de la no posesión en la curul de oposición que en su momento aceptó para el periodo constitucional 2020-2023, Fabián instauró en su contra demanda de pérdida de investidura como concejala, alegando la configuración de la causal prevista en el numeral 3° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 [7] . En la demanda de pérdida de investidura se adujo que los motivos expuestos por la accionante para no tomar posesión “de acuerdo con el artículo 25 de la ley 1909 de 2018, no obedecieron a motivos de fuerza mayor o caso fortuito”. 12. La demanda de pérdida de investidura como concejala fue conocida por el Tribunal Administrativo, demanda a la que se opuso la accionante, poniendo de presente la ausencia de configuración de los elementos que estructuran la causal de pérdida de investidura por mediar una fuerza mayor, además de que, a su juicio, no se estructuró el elemento subjetivo de culpabilidad, puesto que “la acusación se basa en un enfoque OBJETIVO y LITERAL del contenido del artículo 25 de la Ley 1909 de 2018, que incluso deja de lado el eximente contenido en el propio parágrafo 1 de la norma, se hace necesario hacer un estudio del elemento SUBJETIVO de la conducta que se endilga” [8] . También, solicitó que se decretara la prueba testimonial de su médico de confianza y su psicóloga. 13. Después, dicha autoridad judicial, mediante Auto del 1 de diciembre de 2023 negó el decreto de las pruebas testimoniales solicitadas por la demandada, hoy accionante, decisión que fue oportunamente apelada por ésta. 14. Posteriormente y sin que se hubiere resuelto la apelación del auto que negó las pruebas testimoniales solicitadas por la demandada, mediante Sentencia de febrero de 2024 el Tribunal negó las pretensiones de la demanda tras concluir que, si bien la conducta de Andrea correspondía formalmente a la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 3° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 -al verificarse que no tomó posesión como concejala dentro del plazo legal de tres días contados desde la instalación del Concejo del municipio de Berlín -, dicha omisión carecía de ilicitud sustancial, dado que la curul aceptada no fue obtenida por elección popular, sino por aplicación del Estatuto de la Oposición Política. En tal contexto especial, el tribunal estableció que la demandante se vio enfrentada a la disyuntiva entre cumplir el deber formal de posesión y salvaguardar su propia salud y la de sus hijos menores, lo que, a juicio del tribunal, configuró una causal de justificación conforme al artículo 28 del Código Disciplinario Único, esto es “[e]n estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado”. 15. La sentencia en cuestión fue apelada por el demandante de pérdida de investidura y por el agente del Ministerio Público. Según narración de la accionante, el primero indicó que la falta de posesión, además de afectar sustancialmente los derechos políticos del electorado, no atendió a una fuerza mayor probada que sirviera como eximente de responsabilidad. A su turno, el agente del Ministerio Público argumentó que, contrario a lo planteado por el tribunal, la causal de pérdida de investidura era aplicable, sin distinción, a los concejales designados en virtud del artículo 112 de la Constitución Política, el Acto Legislativo 02 de 2015 y el Estatuto de la Oposición Política. 16. El conocimiento de los recursos de apelación –el formulado contra el auto que negó los testimonios y el dirigido contra la sentencia-, correspondió a la Sección Primera del Consejo de Estado, corporación que, mediante Auto del 15 de marzo de 2024, revocó parcialmente el Auto proferido el 1 de diciembre de 2023 por el Tribunal Administrativo y, en su lugar, decretó la prueba en cuestión, la cual se practicó en audiencia del 3 de mayo de 2024, recibiéndose así las declaraciones del médico Mateo y de la psicóloga Ana . 17. Luego, en julio de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado resolvió la segunda apelación en el sentido de revocar el fallo apelado y declarar la pérdida de investidura por configurarse la causal del numeral 3° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, consistente en no tomar posesión. Consideró que el análisis de ilicitud sustancial realizado por el tribunal fue desacertado, al presumirse la antijuridicidad en estos casos por afectar el principio de representación que se predica de la curul de oposición. Además, desestimó la existencia de fuerza mayor, al señalar que la accionante conocía su estado de embarazo antes de aceptar la curul y pudo haberse posesionado para luego renunciar. 18. Posteriormente tuvieron lugar otras actuaciones procesales. Fue así como la solicitud de aclaración de la sentencia presentada el 13 de agosto de 2024 fue negada el 5 de septiembre y la petición de adición de la sentencia presentada el 1 de octubre de 2024 fue rechazada por extemporánea el 31 de octubre del mismo año. 19. Con fundamento en lo anterior, el 21 de enero de 2025 Andrea , actuando a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado, para solicitar la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad, trabajo, protección especial a la maternidad, acceso a cargos públicos, seguridad jurídica y debido proceso [9] . Solicitó que se deje sin efectos la Sentencia de segunda instancia de julio de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado dentro del proceso de pérdida de investidura y que, en su lugar, se ordene a la accionada proferir “una nueva sentencia judicial, donde realice una debida valoración probatoria, ponderación de derechos de la madre gestante, del nasciturus bajo los principios que rigen el proceso disciplinario de perdida de investidura, dándole un enfoque de género proteccionista a las garantías de la mujer y la maternidad” [10] . 20. En criterio de la accionante, la sentencia de segunda instancia incurrió en los siguientes defectos: (i) defecto procedimental absoluto, (ii) defecto fáctico; (iii) defecto sustantivo; (iv) desconocimiento del precedente; y (v) violación directa de la Constitución. 21. Alegó que la sentencia cuestionada incurrió en defecto procedimental absoluto , al haber actuado al margen del procedimiento legalmente establecido y desconocer el parágrafo 1º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 [11] , disposición que consagra la fuerza mayor como causal exonerativa de la pérdida de investidura para quienes no tomen posesión dentro del término legal. 22. Sostuvo que, pese a reconocer expresamente que el embarazo fue de alto riesgo, la Sección Primera del Consejo de Estado omitió aplicar la citada disposición, absteniéndose de valorar la situación médica acreditada en el proceso como un hecho constitutivo de fuerza mayor. Esta omisión, en su criterio, configuró una vulneración del debido proceso, toda vez que el juez estaba obligado a interpretar y aplicar la norma legal en armonía con los mandatos constitucionales y convencionales de protección reforzada a la maternidad, previstos en los artículos 43 y 53 de la Constitución Política y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 23. La accionante reprochó, además, que la sentencia impugnada adoptó un juicio subjetivo y regresivo, al sostener que su embarazo no representaba un obstáculo insuperable, incluso afirmando que ella debió haber renunciado a su campaña política por su condición de gestante. Tales consideraciones, según lo expuesto en la tutela, desconocieron la especial protección constitucional que cobijaba tanto a la madre como al nasciturus, convirtiendo su estado de embarazo -catalogado médicamente como de alto riesgo- en un elemento de reproche, en abierta contradicción con los principios de igualdad y no discriminación. 24. En suma, la accionante afirmó que el defecto procedimental absoluto se configuró por la inaplicación del parágrafo 1º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y la falta de adecuación del procedimiento judicial a los mandatos superiores de protección reforzada, lo que derivó en una decisión adoptada al margen del marco normativo y constitucional que el juez estaba obligado a observar. Insistió en que lo omitido no era discrecional del juzgador, sino un deber jurídico imperativo orientado a garantizar la plena efectividad de sus derechos fundamentales como mujer gestante. 25. Señaló la existencia de un defecto fáctico en la decisión atacada, derivado de la indebida valoración probatoria, al no otorgar el valor correspondiente al testimonio rendido por Mateo , su médico tratante, en la audiencia celebrada el 3 de mayo de 2024. 26. Sostuvo que dicho testimonio era determinante para acreditar su embarazo de alto riesgo, pues el galeno relató que la atendía desde septiembre de 2019, cuando, tras sufrir una caída, se sospechó su estado de embarazo y se evitó una radiografía. Explicó que el embarazo se confirmó hacia la semana catorce, cuando la paciente tenía 36 años, y que, en noviembre de ese año, durante el sexto mes de gestación, presentó tensión alta, sangrado, dolores abdominales e inflamación de pies, signos que evidenciaban preeclampsia y riesgo vital para madre e hijo. 27. Adujo que, pese a la claridad y pertinencia del testimonio, la Sección Primera del Consejo de Estado no lo valoró conforme a las reglas probatorias fijadas por la Corte Constitucional, en particular en la Sentencia SU-129 de 2021, que establece que el defecto fáctico se configura cuando el juez valora las pruebas de manera irrazonable o subjetiva. Señaló que la autoridad judicial omitió analizar integralmente el acervo probatorio y no solicitó aclaraciones ni decretó pruebas de oficio que permitieran constatar su condición de vulnerabilidad. 28. Indicó que, aunque la diligencia testimonial se desarrolló con normalidad y sin cuestionamientos sobre la imparcialidad del testigo, el fallo desconoció su contenido y concluyó, sin sustento, que el embarazo no era de riesgo por ser el cuarto. Dicha apreciación, afirmó, es contraria a la lógica deóntica y el deber de protección reforzada a la maternidad, desconociendo pruebas que acreditaban su estado de salud. 29. Finalmente, sostuvo que la decisión impugnada infringió el parágrafo 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y el precedente fijado en la Sentencia SU-424 de 2016, al no aplicar el principio de interpretación pro mujer gestante. En consecuencia, consideró que la Sección Primera del Consejo de Estado incurrió en defecto fáctico por desconocer la fuerza demostrativa del testimonio médico y fundar su decisión en apreciaciones personales, vulnerando sus derechos al debido proceso, a la igualdad y a la protección especial derivada de su estado de embarazo. 30. La accionante alegó la existencia de un defecto sustantiv o, derivado de la indebida aplicación del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, al haberse interpretado de manera restrictiva la causal de pérdida de investidura por no tomar posesión del cargo de concejala dentro del término legal, sin valorar que en su caso concurría una situación de fuerza mayor plenamente demostrada por su estado de embarazo de alto riesgo. Explicó que el parágrafo primero de la norma invocada excluye la aplicación de dicha causal cuando medie fuerza mayor, por lo que la Sección Primera del Consejo de Estado debió realizar un análisis razonable y ajustado a los principios de legalidad, proporcionalidad y culpabilidad propios de los procesos de naturaleza sancionatoria. 31. Sostuvo que la Sentencia de julio de 2024 incurrió en una interpretación irrazonable y contraevidente de la disposición, al desconocer el carácter sancionatorio del proceso de pérdida de investidura y omitir la valoración subjetiva de la conducta, tal como lo exige la Ley 1881 de 2018, modificada por la Ley 2003 de 2019, conforme a la cual resulta indispensable acreditar dolo o culpa grave para imponer la sanción. En su criterio, la autoridad judicial aplicó de forma irrazonable la norma, desbordando el marco de razonabilidad interpretativa señalado por la Corte Constitucional en las Sentencias SU-515 de 2013 y SU-632 de 2017, que precisan que el defecto sustantivo se configura cuando la decisión judicial se apoya en una norma inaplicable o se le otorga un alcance contrario a la Constitución. 32. Indicó que el fallo omitió aplicar los principios pro homine e in dubio pro reo , los cuales imponían al operador judicial interpretar la causal de pérdida de investidura de manera garantista, privilegiando la protección de la mujer gestante y del nasciturus, en consonancia con los precedentes fijados en las Sentencias SU-424 de 2016 y SU-632 de 2017, que reconocen el carácter subjetivo y protector de esta figura. 33. Resaltó que la Sección Primera del Consejo de Estado, pese a reconocer que cursaba un embarazo de alto riesgo, concluyó de manera infundada que esta condición no constituía un impedimento insuperable para posesionarse, desconociendo así el concepto de fuerza mayor consagrado en el artículo 64 del Código Civil y desarrollado por la jurisprudencia de lo contencioso administrativo, según la cual el hecho imprevisible e irresistible que impide cumplir una obligación exime de responsabilidad. A su juicio, esta omisión evidencia una interpretación no sistemática ni constitucionalmente adecuada, pues la decisión ignoró las circunstancias de salud que justificaban plenamente su imposibilidad material de asumir el cargo. 34. Finalmente, la accionante sostuvo que la providencia impugnada se apartó de los postulados de razonabilidad, dignidad y justicia material, al desconocer la situación de vulnerabilidad que la aquejaba, la aceptación de su justificación por parte del Concejo del municipio de Berlín y el reconocimiento implícito de la fuerza mayor por las autoridades locales. En consecuencia, afirmó que el fallo de pérdida de investidura como concejala incurrió en defecto sustantivo, al aplicar una norma de manera descontextualizada y contraria a los mandatos constitucionales de protección reforzada a la maternidad y al debido proceso sancionatorio. 35. Manifestó que la decisión controvertida desconoció el precedente constitucional y contencioso administrativo en materia de protección de los derechos fundamentales de la mujer gestante, de la dignidad humana, de la igualdad material y del derecho a ejercer cargos de elección popular. 36. Sostuvo que la Sección Primera del Consejo de Estado, en la Sentencia proferida en julio de 2024, limitó indebidamente el alcance de sus derechos, al privilegiar la aplicación del numeral 3° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, en detrimento del parágrafo primero de la misma disposición, con lo cual se desconocieron garantías constitucionales reconocidas en favor de la mujer embarazada. En sustento de su posición, invocó las Sentencias C-133 de 1994, C-591 de 1995, C-199 de 1999, C-355 de 2006, T-238 de 2015, SU-502 de 2015, SU-424 de 2016, SU-632 de 2017 y SU-075 de 2018 de la Corte Constitucional, que, a su juicio, desarrollan el derecho a la especial protección durante la maternidad y el reconocimiento de los derechos del nasciturus, así como numerosos fallos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo [12] referidos a la prevalencia de los derechos fundamentales de la mujer gestante frente a formalidades administrativas o electorales de carácter restrictivo. 37. En cuanto a la violación directa de la Constitución, adujo que la autoridad judicial adoptó una decisión contraria a los mandatos superiores de dignidad humana, igualdad y protección reforzada de la mujer gestante. Señaló que la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la Sentencia de julio de 2024, desconoció el preámbulo constitucional y los artículos 11, 13, 29, 40, 42, 44 y 53 de la Constitución Política, al omitir la aplicación de un enfoque de protección integral frente al embarazo y la maternidad y al efectuar un análisis probatorio que se apartó del debido proceso. 38. Sostuvo que tal decisión resultó regresiva y desproporcionada, pues afectó no solo a la accionante sino también al nasciturus, contrariando instrumentos internacionales ratificados por Colombia como el Convenio C-183 de la OIT sobre la protección de la maternidad, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos los cuales imponen a los Estados el deber de garantizar un trato preferente y una protección efectiva a la mujer en estado de gestación y a la infancia. 39. En consecuencia, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y la revocatoria de la decisión judicial cuestionada, con el fin de restablecer su derecho a mantenerse en el cargo de alcaldesa para el cual fue elegida en el periodo constitucional 2024-2027 y garantizar sus derechos a la dignidad e igualdad como mujer gestante y ciudadana. 40. En adición a lo anterior, la accionante solicitó como medida provisional suspender los efectos de la Sentencia de julio de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Alegó que tal decisión, al decretar su pérdida de investidura como concejala, vulneró derechos fundamentales de la mujer y del nasciturus, desconociendo tratados internacionales sobre protección de la maternidad y derechos humanos. Señaló que su ejecución ocasionaría perjuicios irremediables, tanto personales como institucionales, al implicar su separación del cargo que actualmente detenta como alcaldesa del municipio de Berlín y, en consecuencia, la convocatoria de una elección atípica en dicho ente territorial. 2. Trámite de la acción de tutela 2.1. Presentación, admisión de la acción de tutela y medida cautelar decretada 41. La demanda de tutela correspondió en primera instancia a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Mediante providencia del 24 de enero de 2025 [13] , admitió la demanda y decretó la medida provisional solicitada, ordenando la suspensión de los efectos de la Sentencia proferida en julio de 2024. 42. Asimismo, vinculó al trámite como terceros con interés a (i) Fabián , demandante en el proceso de pérdida de investidura, y (ii) al despacho de la magistrada Claudia Patricia Peñuela Arce del Tribunal Administrativo, ponente de la sentencia que negó la pérdida de investidura en primera instancia. 2.2. Respuestas de la autoridad judicial demandada y de los vinculados 43. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó declarar la improcedencia del amparo deprecado. Argumentó que no se acreditó que el embarazo de la accionante fuera un impedimento insuperable para asumir el cargo de concejala del municipio de Berlín , toda vez que ella aceptó la curul de oposición con pleno conocimiento de su estado de gestación y de los riesgos que este implicaba. Señaló que, conforme a las reglas de la sana crítica, una actitud coherente con la defensa planteada habría exigido el retiro de su candidatura desde el momento en que tuvo certeza de su embarazo. 44. Afirmó que no era procedente la aplicación del enfoque de género sugerido por la accionante, en la medida que su estado de embarazo no se opuso a la obligación constitucional y legal de posesionarse en la curul de oposición. Destacó que la sentencia reprochada tuvo en cuenta su calidad de madre cabeza de hogar, pero dicha circunstancia perdió relevancia al evidenciarse que la actora continuó con su actividad política, aceptó la designación como concejala de oposición, asistió personalmente al acto de instalación del Concejo del municipio, respondió al llamado a lista y, posteriormente, decidió no tomar posesión. 45. Por su parte, Fabián , demandante del proceso de pérdida de investidura, pidió negar el amparo, afirmando que la conducta de la accionante, consistente en no tomar posesión, generó una afectación sustancial de los derechos políticos de la ciudadanía del municipio. Insistió en que no se demostró la existencia de una fuerza mayor que la exonerara de responsabilidad ni una situación de coacción que hubiera alterado su discernimiento. Concluyó que, si la accionante no podía ejercer como concejala de oposición debido a las condiciones derivadas de su maternidad, tampoco habría podido posesionarse como alcaldesa, lo que desvirtúa su alegato de imposibilidad material. 46. Por su parte, el despacho de la magistrada Claudia Patricia Peñuela Arce , ponente de la sentencia que negó la pérdida de investidura en primera instancia, limitó su intervención a la remisión del expediente digital del proceso de pérdida de investidura tramitado por el Tribunal Administrativo en primera instancia. 3. Decisiones objeto de revisión 3.1. Sentencia de tutela de primera instancia 47. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió Sentencia en febrero de 2025, mediante la cual, luego de levantar la medida provisional decretada en el auto admisorio de tutela, amparó los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la accionante Andrea . Para materializar ese amparo, el juez constitucional dejó sin efectos la Sentencia de julio de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el proceso de pérdida de investidura, al encontrar la configuración de dos defectos: uno fáctico , derivado de una valoración probatoria incompleta, y uno sustantivo , por la falta de análisis integral de los elementos constitutivos de la causal de pérdida de investidura prevista en la Ley 617 de 2000. 48. El fallo de tutela subrayó que la Sección Primera del Consejo de Estado omitió examinar de manera exhaustiva el material probatorio que daba cuenta del embarazo de alto riesgo de la accionante, así como de las obligaciones familiares y profesionales que concurrían en su caso, lo cual resultaba determinante para establecer si se configuraba un evento de fuerza mayor, que es eximente de responsabilidad conforme a lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000. Añadió que la autoridad judicial accionada desconoció el deber de realizar el análisis bajo una perspectiva de género, necesaria para valorar adecuadamente las condiciones particulares de la accionante y las cargas diferenciadas que enfrentan las mujeres gestantes en contextos de participación política. Precisó, además, que la exigencia de posesionarse para luego renunciar a la curul resultaba desproporcionada en un escenario de alto riesgo obstétrico y que la omisión de sus circunstancias personales afectó directamente los derechos fundamentales de la accionante. 49. En consecuencia, ordenó a la Sección Primera del Consejo de Estado emitir una nueva decisión, valorando la prueba en su integridad, examinando la configuración de la fuerza mayor como eximente de responsabilidad y verificando la culpabilidad subjetiva exigida por la norma. 50. El consejero de Estado Fredy Ibarra Martínez salvó el voto, al considerar que no se advertía ningún defecto en la sentencia cuestionada y que la acción de tutela no podía emplearse como una vía alterna para reabrir debates ya resueltos por una autoridad judicial competente, en ausencia de una violación evidente de derechos fundamentales. 3.2. Impugnación 51. La sentencia de tutela de primera instancia fue impugnada por Fabián , demandante de la pérdida de investidura, y por la consejera de Estado Nubia Margoth Peña, magistrada ponente de la decisión cuestionada. 52. Para Fabián, tanto el Tribunal Administrativo como la Sección Primera del Consejo de Estado adelantaron el proceso de pérdida de investidura respetando íntegramente las etapas procesales. Afirmó que la accionante fue notificada debidamente y estuvo representada por apoderado judicial, quien intervino activamente aportando pruebas documentales, solicitando testimonios y promoviendo nulidades. Resaltó que en segunda instancia se practicaron testimonios de profesionales médicos, los cuales coincidieron en que el embarazo de la accionante no era de alto riesgo para la fecha en que ella debió asumir la curul de oposición. 53. Cuestionó que se hubiera empleado la tutela para introducir elementos probatorios no debatidos en el proceso de pérdida de investidura, situación que calificó como temeraria y contraria a los principios de buena fe procesal. Sostuvo que la negativa de la accionante a posesionarse obedeció a razones de índole personal y profesional y no a un hecho de fuerza mayor derivado de su estado de embarazo. Rechazó también la utilización del enfoque de género como eximente de responsabilidad, advirtiendo que la ley debe aplicarse con igualdad y sin privilegios fundados en razones de género. En consecuencia, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y declarar improcedente el amparo. 54. Por otra parte, la consejera de Estado Nubia Margoth Peña también impugnó el fallo de tutela al considerar que este desconoció la valoración probatoria integral realizada en la Sentencia de julio de 2024. Recordó que en dicha providencia se constató que no existía evidencia que permitiera concluir que las condiciones del embarazo de la accionante le hubieran impedido posesionarse como concejala de oposición dentro de los tres días siguientes a la instalación del Concejo, celebrada el 2 de enero de 2020, sesión a la que asistió físicamente y sin restricción médica alguna. Destacó que, por el contrario, quedó plenamente demostrada la voluntad de Andrea de abstenerse de asumir el cargo por razones profesionales, derivadas de su ejercicio como abogada litigante, del manejo de sus negocios particulares, de las exigencias propias de su rol como madre en un núcleo familiar numeroso y de otras motivaciones de orden político, todas ellas ajenas a circunstancias constitutivas de fuerza mayor. Señaló que tales razones, expuestas por la propia accionante durante la sesión de instalación, no se adecuan a hechos irresistibles, imprevisibles o atribuibles a terceros, ni acreditan coacción física o miedo insuperable, por lo que la omisión se subsumió objetivamente en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000. 55. Reiteró que la providencia cuestionada valoró de manera completa e integral el acervo probatorio, por lo que no era posible sostener, como lo hizo la Sentencia de tutela de febrero de 2025, que la decisión hubiese incurrido en defectos fácticos o sustantivos derivados de una presunta omisión en el examen de la condición de mujer gestante de la actora. Enfatizó que la asistencia presencial de Andrea a la sesión de instalación del 2 de enero de 2020, sin restricción médica alguna, evidenciaba la inexistencia de un impedimento real, objetivo o insuperable para asumir la curul dentro del término legal, razón por la cual la Sección Primera del Consejo de Estado descartó razonadamente la configuración de un supuesto de fuerza mayor eximente de responsabilidad. 56. Adicionalmente precisó que la conducta desplegada por la accionante evidenció claridad cognitiva y volitiva al momento de adoptar su decisión, tal como se desprende del Acta 001-2020 y del audio que la complementa. En estos registros se aprecia que la accionante manifestó de manera libre y consciente que no se posesionaría para no afectar sus expectativas laborales como abogada litigante, para cumplir con las exigencias familiares que, según dijo, la sociedad impone a las mujeres, para mantener su práctica profesional sin contratiempos y para ejercer control político desde escenarios externos al concejo. Destacó que la actora aceptó la curul el 28 de octubre de 2019, pese a conocer las recomendaciones médicas relativas a su embarazo catalogado como de alto riesgo, lo que demuestra que dicha condición no constituyó un obstáculo para su actividad política durante la campaña ni para su presencia en espacios públicos. Subrayó que, de haber tenido la intención de no ejercer el cargo, disponía de alternativas válidas desde el punto de vista constitucional y legal, como tomar posesión ante notario, seguida de renuncia inmediata, proceder que habría impedido la configuración de la causal sancionatoria. 57. Además, afirmó que la Sección Primera del Consejo de Estado examinó de manera completa las pruebas relativas al embarazo, y sus implicaciones médicas, incluidos los registros médicos y psicológicos, y concluyó razonablemente que las circunstancias invocadas no constituían fuerza mayor ni configuraban un trato discriminatorio basado en el género. En esta línea, reiteró que los argumentos del fallo de tutela para exigir la aplicación de un enfoque de género desconocen los estándares fijados por la Corte Constitucional, particularmente los desarrollados en la Sentencia T-344 de 2020, según los cuales dicho enfoque solo es exigible cuando existen evidencias mínimas de violencias, discriminaciones o asimetrías estructurales relevantes para el caso. 58. Aseguró que en el expediente de pérdida de investidura no obra prueba alguna que permita inferir un trato discriminatorio contra la actora por razón del embarazo o de su condición de mujer, ni que la causal sancionatoria hubiese sido aplicada de manera sesgada, descontextualizada o desproporcionada. Precisó que la sentencia de tutela sustituyó indebidamente el criterio del juez natural al ordenar rehacer el análisis probatorio bajo un enfoque que no era jurídicamente exigible en este caso, sin demostrar la existencia de un error manifiesto, grosero o arbitrario en la Sentencia de julio de 2024. Por ello, solicitó revocar el amparo constitucional y declarar la improcedencia de la acción por ausencia de relevancia constitucional o, en subsidio, negar la protección reclamada. 3.3. Sentencia de segunda instancia 59. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado conoció la impugnación presentada. Al verificar los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, mediante Sentencia de mayo de 2025 concluyó que la acción no cumplía con el requisito de relevancia constitucional, pues no se evidenció una vulneración manifiesta de derechos fundamentales por parte de la Sección Primera de esa misma corporación. 60. A su juicio, la sentencia cuestionada mostró un examen riguroso del cumplimiento del deber de posesión de la concejala electa, verificando objetivamente la configuración de la causal prevista en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, así como la inexistencia de un evento de fuerza mayor que justificara su inasistencia al acto formal de posesión. En ese contexto, estimó que la tutela pretendía convertirse en una tercera instancia para controvertir la interpretación del juez natural, lo que desvirtúa su carácter subsidiario. 61. En consecuencia, revocó la decisión que había concedido el amparo y declaró improcedente la acción. 4. Actuaciones de esta Corte 4.1. Selección del caso y conocimiento de la Sala Plena 62. A través del Auto del 30 de septiembre de 2025, la Sala de Selección de Tutelas número Nueve de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, seleccionó para revisión el expediente T-11.371.944, tras advertir que reunía los siguientes criterios de selección: (i) criterio objetivo de unificación de jurisprudencia y (ii) criterio subjetivo de necesidad de aplicar un enfoque diferencial . Posteriormente, el 15 de octubre, el expediente fue repartido a la entonces Sala Cuarta de Revisión, presidida por el magistrado ponente. 63. A partir de la verificación de los hechos relevantes y con sustento en el artículo 60 del Acuerdo 01 de 2025 (Reglamento Interno de la Corte Constitucional), el magistrado sustanciador puso en conocimiento de la Sala Plena el expediente, para que esta decidiera si asumía su conocimiento. Con base en lo expuesto, en la sesión del 10 de diciembre de 2025, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió avocar el conocimiento del caso. 4.2. Primer auto de pruebas y respuestas obtenidas 64. Mediante Auto del 29 de octubre de 2025 [14] el magistrado sustanciador decretó pruebas con la intención de complementar los elementos de juicio obrantes . 65. De acuerdo con lo informado por la Secretaría General de esta Corporación [15] , se obtuvieron las siguientes respuestas: Tabla 1. Informes en sede de revisión – Auto del 29 de octubre de 2025 Oficiado Respuesta recibida Tribunal Administrativo [16] Mediante correo electrónico del 4 de noviembre de 2025 remitió informe de ejecutoria del fallo de primera instancia, en el que identificó, con sus respectivos correos electrónicos, a las partes e intervinientes del proceso de pérdida de investidura , además de certificar que: (i) En el proceso de pérdida de investidura adelantado contra Andrea , el Tribunal Administrativo negó las pretensiones mediante Sentencia de febrero de 2024, decisión adoptada por mayoría, con un salvamento de voto, y que fue apelada por el demandante y el Ministerio Público. (ii) En segunda instancia, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante Sentencia de julio de 2024, revocó el fallo y decretó la pérdida de investidura de la demandada como concejala. (iii) La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante Sentencia de tutela de febrero de 2025, ordenó dictar una sentencia ordinaria de reemplazo dentro del proceso ordinario, la cual fue proferida por la Sección P