Sentencia T-158 de 2026

T-158-26 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia T-158/26 DERECHO AL BUEN NOMBRE -Protección constitucional cuando se divulgan públicamente hechos falsos, tergiversados o tendenciosos sobre una persona PROTECCIÓN DE LA MUJER FRENTE A TODO TIPO DE VIOLENCIA -Agresiones en el entorno digital, ciberespacio y redes sociales VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL -Continuidad y extensión de la violencia contra las mujeres (...)  La violencia en línea contra las mujeres no es un fenómeno aislado, sino que se localiza en el contexto de desigualdad y discriminación de género (...) los ataques que las mujeres y las niñas reciben en línea no son más que una extensión de la violencia que históricamente han sufrido (...) la violencia digital de género es multidimensional y se manifiesta en daños psicológicos, sufrimiento emocional, afectaciones físicas, aislamiento social, perjuicios económicos, reducción de la movilidad tanto en línea como en los espacios no digitales y autocensura. LIBERTAD DE EXPRESIÓN -Límites frente a expresiones que reproducen estereotipos de género y ejercen violencia contra las mujeres Las expresiones utilizadas (...) comparativos con animales en el contexto sexual, fotomontajes haciendo alusión a sus decisiones sexuales, tienen un propósito común: deslegitimarla en su condición de mujer y atribuirle una supuesta falta de dignidad por su vida sexual. Este tipo de mensajes, lejos de contribuir a un debate público legítimo, buscan avergonzarla, regular su sexualidad y perpetuar estereotipos de género. Por consiguiente, estas expresiones no están amparadas por la libertad de expresión, sino que configuran actos tendientes a censurarla moralmente y ejercer control sobre el cuerpo y la sexualidad de la accionante. DATOS PERSONALES SENSIBLES -No adquieren naturaleza pública por ser divulgados por su titular Los datos sensibles no se convierten en datos públicos porque el titular los ponga en conocimiento del público. En ese sentido, la Corte Constitucional recalcó que “el hecho de que un dato sensible se haga público, no lo convierte en un dato de naturaleza pública que cualquier persona pueda someter a tratamiento”. Por tanto, pese a la divulgación de un dato por su titular, la posibilidad de someterlo a tratamiento debe sujetarse a su consentimiento expreso, previo e informado -principio de libertad- y a las demás exigencias que imponen los principios consagrados en el artículo 4 y demás garantías del habeas data. DERECHO A LA PROPIA IMAGEN Y A LA INTIMIDAD -Enfoque de género en redes sociales para erradicar la violencia simbólica contra las mujeres ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER EL DERECHO A LA INTIMIDAD, AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA -Procedencia CARENCIA ACTUAL DE OBJETO -Fenómeno que se configura en los siguientes eventos: hecho superado, daño consumado o situación sobreviniente CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR SITUACIÓN SOBREVINIENTE -Configuración (...) la situación sobreviniente es parcial, pues se predica exclusivamente de la pretensión orientada a la eliminación del video 1. Ello, porque la controversia constitucional no se ha extinguido en su integridad. De un lado, parte del video 2 permanece disponible en la red social Instagram. ACCIÓN DE TUTELA -Requisitos de procedencia ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE LIBERTAD DE EXPRESION EN REDES SOCIALES -Reglas de procedencia LEGITIMACION POR PASIVA DE PLATAFORMAS DIGITALES O REDES SOCIALES -Corresponde al juez constitucional, examinar en cada caso concreto la situación de indefensión frente a internet y a las redes sociales TERCERO CON INTERES LEGITIMO -Concepto CORTE CONSTITUCIONAL -Obligación de notificar sus decisiones jurisdiccionales tanto a las partes del proceso como a los terceros con interés PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA -Juez debe verificar si ante la existencia de otro medio de defensa judicial, éste es eficaz e idóneo ACCIÓN DE TUTELA CONTRA REDES SOCIALES -Reclamación previa a los operadores de internet por eliminación de contenidos o inhabilitación de cuentas como requisito de procedibilidad DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION -Contenido y límites LIBERTAD DE EXPRESIÓN -No es un derecho absoluto LIBERTAD DE EXPRESIÓN -Jurisprudencia constitucional LIBERTAD DE EXPRESION STRICTO SENSU -Dimensiones individual y colectiva LIBERTAD DE EXPRESION STRICTO SENSU -Tipos de discurso protegidos DISCURSOS DE ODIO -Concepto LIBERTAD DE EXPRESION STRICTO SENSU -Discursos expresamente prohibidos (...) las expresiones que conlleven a violentar a las mujeres por el hecho de serlo y/o a perpetuar estereotipos de género con sesgos de inferioridad que tengan como propósito limitarla o excluirla de la vida pública por el hecho de ser mujeres hacen parte “de los discursos prohibidos que superan los límites de protección de la libertad de expresión”. LIBERTAD DE EXPRESIÓN -Parámetros constitucionales para establecer el grado de protección LIBERTAD DE EXPRESION Y LIBERTAD DE OPINION -Prevalencia prima facie DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACION Y DERECHO DE OPINION -Diferencias DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACION -Contenido DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACION -Veracidad e imparcialidad VERACIDAD DE LA INFORMACION -Alcance IMPARCIALIDAD DE LA INFORMACION -Alcance LIBERTAD DE EXPRESION EN INTERNET Y REDES SOCIALES -Límites LIBERTAD DE EXPRESION EN INTERNET Y REDES SOCIALES -Parámetros internacionales de protección y su aplicación en la jurisprudencia constitucional colombiana LIBERTAD DE EXPRESION EN INTERNET Y REDES SOCIALES -Ponderación cuando entra en conflicto con otros derechos SERVICIOS DE REDES SOCIALES -Concepto INFLUENCIADOR -Concepto INFLUENCIADOR -Clases NORMAS COMUNITARIAS Y MODERACIÓN DE CONTENIDOS -Límite en los derechos humanos DERECHO A LA INTIMIDAD -Alcance y contenido DERECHO A LA INTIMIDAD -Grados en que se clasifica DERECHO A LA INTIMIDAD, AL BUEN NOMBRE Y AL HABEAS DATA -Derechos constitucionales diferenciados DERECHO AL BUEN NOMBRE -Concepto DERECHO AL BUEN NOMBRE Y DERECHO A LA INTIMIDAD -Diferencias DERECHO A LA HONRA -Derecho fundamental de todas las personas que se deriva de su propia dignidad y que por lo tanto demanda la protección del Estado DERECHO A LA HONRA -Concepto y desarrollo jurisprudencial DERECHO A LA IMAGEN -Derecho autónomo que puede ser lesionado con los derechos a la intimidad, a la honra y al buen nombre de su titular DERECHO A LA PROPIA IMAGEN -Alcance DERECHO A LA IMAGEN -Contenido a través de tres facetas FACETAS DEL DERECHO A LA IMAGEN -Fundamental y patrimonial DERECHO A LA IMAGEN -Jurisprudencia constitucional DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL, A LA HONRA, BUEN NOMBRE Y AL MANEJO DE LA PROPIA IMAGEN -Reiteración de jurisprudencia AUTORIZACION PARA USO DE LA PROPIA IMAGEN -Alcance LIBERTAD DE INFORMACION EJERCIDA POR MEDIOS DE COMUNICACION FRENTE A LOS DERECHOS AL BUEN NOMBRE, A LA HONRA, A LA INTIMIDAD Y A LA PROPIA IMAGEN -Reglas TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES -Contenido y alcance DERECHO AL HABEAS DATA EN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES -Principios y garantías constitucionales DERECHO AL HABEAS DATA -Alcance en el ámbito nacional e internacional DERECHO AL HABEAS DATA -Derecho a la autodeterminación informativa o informática CLASES DE INFORMACION -Pública, semiprivada, privada y reservada HABEAS DATA Y DERECHO A LA INFORMACION -Clasificación de la información PRINCIPIOS QUE DEBE SEGUIR EL ADMINISTRADOR DE BASES DE DATOS -Finalidad, necesidad, utilidad y circulación restringida DATOS PERSONALES -Características INFORMACION PRIVADA -Concepto DATOS SENSIBLES -Contenido RESERVA DE DATOS SENSIBLES -Jurisprudencia constitucional DATOS BIOMÉTRICOS -Características DERECHO DE HABEAS DATA -Se vulnera cuando se elimina el consentimiento del titular de la información respecto la recolección y tratamiento de la información personal VIOLENCIA DE GÉNERO -Definición DERECHO A LA IGUALDAD FORMAL Y MATERIAL -Prohibición absoluta de discriminación DERECHO A LA IGUALDAD -No discriminación por razón de género DISCRIMINACION -Concepto /FORMAS DE DISCRIMINACION -Directa e indirecta ACTOS DISCRIMINATORIOS EN RAZON DEL SEXO O GENERO -Jurisprudencia constitucional DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA -Fundamental DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA -Marco internacional y nacional /VIOLENCIA CONTRA LA MUJER -Instrumentos internacionales VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LA CONVENCION BELEM DO PARÁ -Definición /CONVENCION BELEM DO PARA -Estados deben fijar procedimientos legales justos y eficaces a favor de la mujer sometida a la violencia DECLARACION SOBRE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER -Derechos de las mujeres ESTEREOTIPOS DE GÉNERO -Dan lugar a condiciones históricas de discriminación contra la mujer en varias facetas VIOLENCIA DE GÉNERO -Carácter estructural VIOLENCIA CONTRA LA MUJER -Protección a nivel nacional e internacional VIOLENCIA CONTRA LA MUJER -Tipos VIOLENCIA CONTRA LA MUJER -Manifestaciones VIOLENCIA CONTRA LA MUJER -Deberes en cabeza del Estado para proteger a las mujeres víctimas de violencia VIOLENCIA DIGITAL -Características VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL -Manifestaciones (...) la Organización de los Estados American os identificó otros tipos de violencia en línea contra la mujer: (i) ciberhostigamiento; (ii) ciberintimidación; (iii) creación, difusión o intercambio digital de fotografías, videos o audioclips de naturaleza sexual o íntima sin consentimiento; (iv) acceso, uso, manipulación, intercambios o distribución de datos personales o doxing, y (v) los actos que dañan la reputación o la credibilidad de una persona. PROTECCIÓN DE LA MUJER FRENTE A TODO TIPO DE VIOLENCIA -Jurisprudencia constitucional DEBER DE RETRACTO -Alcance EXHORTO -Congreso de la República REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Tercera de Revisión SENTENCIA T-158 DE 2026 Referencia: expediente T-10.921.353. Asunto : Acción de tutela presentada por Daniela contra Marcos . Tema : violencia digital basada en género. Magistrada ponente: Lina Marcela Escobar Martínez. Bogotá, D.C., primero (1°) de junio de dos mil veintiséis (2026) La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez, quien la preside y los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Vladimir Fernández Andrade, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA Aclaración previa El proceso de la referencia involucra aspectos de la vida privada de la accionante que podrían comprometer su intimidad, tales como datos personales sensibles y aspectos de su autonomía sexual. Por tanto, se reservará la identidad de ella y de aquellos datos que permitan identificarla. En consecuencia, se suscribirán dos versiones de la presente providencia. La primera, que será comunicada a las partes del proceso y terceros con interés, incluirá los nombres reales. La segunda, que será de acceso público, tendrá nombres ficticios que se escribirán en cursiva [1] . Síntesis de la decisión La Sala Tercera de Revisión se pronunció sobre el caso de Daniela , quien presentó acción de tutela contra Marcos porque él realizó algunas publicaciones a través de sus redes sociales y plataformas digitales mediante las cuales la acusó de cometer estafa y otras conductas que consideraba que afectaban su reputación, utilizó su imagen sin su consentimiento, divulgó datos personales semiprivados y sensibles y realizó expresiones que, a su juicio, constituían violencia basada en género. Por consiguiente, solicitó que se ordenara al accionado que retirara las publicaciones, que se retractara y disculpara públicamente por las afirmaciones realizadas, que se abstuviera de incurrir en conductas similares e indemnizarla por los prejuicios morales y materiales causados. Los jueces de instancia no le dieron la razón a la accionante. Así, en primera instancia, se declaró la improcedencia del amparo por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional establecido por la jurisprudencia en casos de tensión entre el derecho a la libertad de expresión y otros derechos en el marco de las redes sociales, decisión que fue confirmada en segunda instancia por la misma razón. La Sala Tercera de Revisión encontró procedente la acción de tutela por, entre otros aspectos, considerar que el caso revestía de relevancia constitucional debido a que se podría estar ante un ejercicio desproporcionado de la libertad de expresión por parte del demandado y porque planteaba la necesidad de analizar los límites de este derecho en las redes sociales cuando los contenidos son reiterados, insistentes y presuntamente constituyen violencia contra la mujer en entornos digitales. Así mismo, determinó que se configuró carencia actual de objeto parcial por situación sobreviniente, dado que una de las plataformas vinculadas eliminó una de las publicaciones por un reclamo de privacidad de la accionante. Así las cosas, entró a analizar de fondo el asunto debido a que se debía pronunciar sobre las demás pretensiones y porque advirtió que el accionado persistiría en la difusión de publicaciones sobre la accionante, lo que evidenciaba la necesidad de un pronunciamiento con la virtualidad de reconocer una afectación de los derechos constitucionales, así como sobre la adopción de medidas encaminadas a impedir que se continúe con la afectación de sus derechos y avanzar en la comprensión del derecho a las mujeres una vida libre de violencias en línea. Con este contexto, la Sala Tercera de Revisión planteó dos problemas jurídicos tendientes a determinar si las publicaciones realizadas en las redes sociales y plataformas digitales por el accionado estaban protegidas por la libertad de expresión o, por el contrario, vulneraban los derechos de la mujer a vivir una vida libre de violencias, a la igualdad y no discriminación, a la honra, al buen nombre, la intimidad, a la protección de datos personales y a la propia imagen. Para resolver los problemas propuestos, presentó consideraciones sobre el alcance del derecho a la libertad de expresión, los derechos fundamentales en internet y las redes sociales digitales, el rol de los creadores de contenido, los derechos a la intimidad, al buen nombre y a la honra y el derecho a la propia imagen. De igual forma, se pronunció sobre la protección de datos personales y la violencia contra la mujer y su proliferación facilitada por las nuevas tecnologías. Luego de ello y contrario a lo resuelto por los jueces de instancia, la Sala concluyó, por un lado, que el demandado vulneró los derechos fundamentales de la accionante. Determinó que las publicaciones efectuadas a través de sus distintas plataformas y redes sociales digitales configuraron violencia de género en entornos digitales y violencia simbólica. Para arribar a esta conclusión, la Sala examinó las principales modalidades de violencia en línea por razón de género –entre ellas, ciberhostigamiento, ciberacoso, creación, difusión o intercambio digital de fotografías, videos o audioclips de naturaleza sexual o íntima sin consentimiento, doxing, y actos que dañan la reputación o la credibilidad de una persona–. A partir de este marco analítico, estableció que los actos comunicativos del accionado se subsumían en varias de estas categorías y que, en conjunto, sometieron a la señora Daniela a un continuum de violencia. En consecuencia, concluyó que el accionado incurrió en un discurso constitucionalmente prohibido por la Constitución Política y los estándares internacionales. De otro lado, determinó que el accionado, al difundir datos sensibles y semiprivados, y recolectar y usar su imagen sin consentimiento, vulneró los derechos a la intimidad, a la protección de datos personales y a la propia imagen, puesto que encontró que la difusión de estos datos no cumplió con un fin constitucional superior. En ese sentido, revocó las decisiones de instancia y, en consecuencia, (i) le ordenó al demandado (a) eliminar de todas sus redes sociales y plataformas digitales toda publicación que produjera de manera total o parcial, el material que obra en la acción de tutela estudiada y que tengan un contenido similar; y (b) retractarse y disculparse en el mismo formato en el que se expresaron las afirmaciones estigmatizantes. En la misma línea, ordenó al accionado remitir al juez de primera instancia con copia a la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, un informe sobre el cumplimiento de las referidas órdenes. Finalmente, se le previno para que se abstuviera de incurrir en conductas como las que dieron origen a la acción de tutela objeto de revisión y se le invitó asistir a un curso o jornada de capacitación y formación en derechos humanos de las mujeres y violencia basada en género y violencia de género digital. Aunado a ello, ordenó (ii) remitir copia a la fiscalía encargada de la denuncia por injuria y calumnia presentada por la accionante contra el demandado para que, si lo consideraba pertinente, integrara la sentencia y el material probatorio a la investigación; (iii) reiteró los exhortos realizados por las sentencias T-280 de 2022 y T-087 de 2023 sobre la materia. Asimismo, ordenó remitir copia al Congreso de la República para que, en el marco de su autonomía legislativa, pueda utilizarla para avanzar con cualquier iniciativa legislativa. Igualmente, (iv) invitó a los intermediarios de Internet vinculados al trámite constitucional que revisaran sus normas y políticas de comunidad para que habilitaran un canal de denuncia específico, accesible y visible para reportar casos de violencia género digital. Igualmente, los exhortó para que incluyeran la misoginia y los contenidos que normalizan la violencia contra la mujer como un discurso de odio y fortalecieran sus políticas para prevenir y mitigar la violencia digital, y (v) ordenó remitir copia de la providencia a la Defensoría del Pueblo, para que, en el ámbito de sus competencias, publicaran la versión anonimizada. Tabla de contenido I. ANTECEDENTES . 5 1. Hechos relevantes que motivaron la tutela . 5 2. Admisión de la acción de tutela y contestaciones 8 3. Decisiones judiciales objeto de revisión . 10 3.1 Sentencia de primera instancia . 10 3.2 Impugnación . 11 3.3 Sentencia de segunda instancia . 11 4. Trámite de selección y actuaciones adelantadas en sede de revisión . 11 4.1 Pruebas incluidas de oficio al expediente . 13 4.2 Respuestas de las partes y vinculadas a los autos del 11 de junio y 27 de junio de 2025 . 13 4.3 Respuesta de las entidades y organizaciones invitadas a conceptuar 18 4.4. Otras actuaciones realizadas en sede de revisión . 21 II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL . 24 1. Competencia . 24 2. Asunto previo: carencia actual de objeto . 24 3. Cumplimiento de los requisitos formales de procedencia de la acción de tutela 27 3.1 Legitimación en la causa por activa . 27 3.2 Legitimación en la causa por pasiva . 28 3.3 Inmediatez 35 3.4 Subsidiariedad . 35 4. Presentación del caso, formulación de los problemas jurídicos y metodología para su solución. 40 5. Derecho a la libertad de expresión. Reiteración de la jurisprudencia. 41 5.1 Aspectos generales y la prevalencia prima facie de la libertad de expresión 41 5.2 El derecho a la libertad de expresión no es absoluto . 45 5.3 Discursos prohibidos y los remedios constitucionales que ha adoptado la jurisprudencia constitucional 46 5.4 Libertad de opinión y de información . 49 6. La protección de los derechos fundamentales en Internet y las redes sociales digitales 51 6.1 La responsabilidad de los creadores de contenidos en las redes sociales y plataformas digitales frente al derecho de la libertad de expresión . 52 7 . Derechos a la intimidad, al buen nombre y a la honra . 54 8. Derecho a la propia imagen . 56 9. El tratamiento de datos personales 59 9.1 Clasificación de los datos personales con especial referencia a los datos sensibles 61 9.1.1 La foto del rostro o la cara de una persona es un dato personal biométrico de naturaleza sensible . 63 9.1.2 Necesidad del consentimiento del titular del dato para tratar sus datos personales sensibles 65 10. La violencia basada en género y su proliferación facilitada por las nuevas tecnologías. 66 10.1 La violencia de género va más allá de las conductas ejercidas a través de la fuerza física y se perpetúa a través de los estereotipos y prejuicios sociales 66 10.2 La agresión en línea como parte de un contínuum de violencias contra las mujeres por razón del género . 69 11. CASO CONCRETO .. 76 11.1 El contexto y constatación fáctica . 77 11.2 Marcos vulneró los derechos de la accionante a una vida libre de violencias, a la igualdad y no discriminación, al buen nombre y a la honra al ejercer violencia en línea contra Daniela . 83 11.3 Marcos vulneró los derechos fundamentales a la imagen, a la intimidad y a la protección de datos personales de Daniela . 92 Sobre la responsabilidad de las partes atendiendo a su rol en el escenario digital 96 12. Remedios constitucionales 97 III. DECISIÓN .. 101 RESUELVE .. 101 I. ANTECEDENTES 1. Hechos relevantes que motivaron la tutela [2] 1. La accionante, Daniela , manifestó que ha sido “víctima de acoso” y “señalamientos de conductas punibles”, como consecuencia de dos videos que el accionado, el señor Marcos , publicó en las plataformas digitales de YouTube e Instagram en los meses de agosto y septiembre de 2024. De acuerdo con su relato, en los videos difundidos el accionado usó su imagen, la acusó de cometer estafa y de promover esta conducta [3] . 2. La actora relató que en el primer video, denominado “ Daniela busca EMPLEO – Diva de alto valor está DESEMPLEADA” y publicado el 28 de agosto de 2024 [4] , el señor Marcos realizó las siguientes manifestaciones sobre ella: (i) “nuestra mujer de alto valor, la que tiene un montón de propiedades, está buscando trabajo”; (ii) “vea la mansión de alto valor donde vive ella”; (iii) “esa niña solo se la pasa llegando drogada, vienen gringos a recogerla, cada vez se mete en problemas infantiles”; (iv) “personas que están viendo este video, no le den trabajo a ella”; (v) “es que me va a estafar a mis compatriotas . Para qué le voy a dar trabajo, hasta me estafa a mí”, y (vi) “trabajadora sexual” [5] . 3. La señora Daniela afirmó que, en el transcurso del video mencionado, Marcos divulgó su nombre completo, fotografías de ella y de su residencia. Además, la acusó de “promocionar conductas delictivas” como la estafa, establecida en el artículo 246 del Código Penal [6] . Por lo tanto, consideró que las expresiones y la información difundida en el video eran falsas, ponían en riesgo su seguridad y vulneraban sus derechos [7] , incluido el de presunción de inocencia, pues no tiene “una condena en firme” al respecto. 4. Al considerar que el accionado “abusó” de su derecho a la libertad de expresión, el 24 de septiembre de 2024 [8] , la accionante le solicitó al señor Marcos que eliminara el video y rectificara la información por los mismos medios que la publicó. De igual modo, la señora Daniela señaló haberse comunicado con el demandado para aclararle que ella no era “delincuente, estafadora ni trabajadora sexual”, sino que era “ rentista de capital”, por lo que le envió una copia de su Registro Único Tributario –RUT– para demostrarlo. Adicionalmente, la actora realizó la reclamación ante la plataforma YouTube . Con todo, el accionado ignoró su solicitud y la plataforma resolvió negativamente su petición [9] . 5. Posteriormente, de acuerdo con su relato, el señor Marcos publicó un segundo video sobre la accionante denominado “[u]na (…) se enamora de mí y averigua la dirección de mi casa - Daniela ” [10] , en la plataforma YouTube . En este, conforme al escrito de tutela, el accionado manifestó las siguientes expresiones: (i) “no se busque lo que no se le ha perdido”; (ii) “me dan ganas de levantarla a cachetadas”; (iii) “[y]o ya tenía sus datos personales antes de que usted los tuviera (…)”, y (iv) “lo más chistoso de todo, la vieja tiene régimen subsidiado en la salud (incluye imagen con información de la afiliación al régimen subsidiado) [11] . 6. En este segundo video el accionado difundió imágenes que contenían datos personales de la actora, como su mesa de votación electoral, su afiliación al sistema de salud y su número de teléfono. Aunque este video fue eliminado por la plataforma, la demandante afirma que el señor Marcos lo volvió a difundir a través de su cuenta en la red social Instagram [12] . 7. Con este trasfondo, el 8 de octubre de 2024 [13] , Daniela presentó acción de tutela contra Marcos , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales [14] al buen nombre, a la honra, a la intimidad [15] , a la imagen, a la presunción de inocencia, a la “tutela jurisdiccional efectiva” y a la “igualdad como mujer”. En su criterio, el accionado difundió acusaciones infundadas e información falsa y difamatoria que, por una parte, afectan su presunción de inocencia [16] y, por otra, perjudican su “credibilidad en los negocios”, la “despoja[n] de la confianza que debe rodear cualquier relación comercial” y limita sus “posibilidades de acceder a un empleo digno”. Así, sostiene la accionante que las publicaciones afectan su capacidad de generar ingresos y su estabilidad económica [17] . 8. En línea con lo anterior, la promotora de la tutela argumentó que el contenido de los videos puso en riesgo su seguridad [18] . Asimismo, afirmó que es víctima de violencia, puesto que las expresiones difundidas por el accionado constituyen una forma de violencia de género, dado que “se evidencia una violencia ejercida por un hombre hacia la mujer” y sugieren que tiene menos valor “por ser mujer”, situación que la subordina [19] . 9. En su opinión, “las expresiones que cuestionan y degradan el ‘ valor ’ de una mujer, utilizando términos como ‘ mujer de alto valor ’ , configuran un claro acto de violencia simbólica que busca reducir a la mujer a un objeto de juicio público”. Esto, degrada su dignidad, refuerza relaciones desiguales de poder, perpetúa estereotipos de género y profundiza la discriminación estructural que enfrentan las mujeres [20] . Por consiguiente, resaltó la necesidad de adoptar un enfoque de género al presente caso. 10. Por lo expuesto, Daniela solicitó al juez de tutela que amparara los derechos invocados y ordenara al accionado: (i) retirar de su cuenta personal de las plataformas YouTube e Instagram los mensajes publicados y abstenerse de incurrir en conductas similares; (ii) retractarse y disculparse públicamente por las afirmaciones [21] , e (iii) indemnizarla por los perjuicios morales y materiales causados por un monto de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes. 2. Ad misión de la acción de tutela y contestaciones 11. El 9 de octubre de 2024, el Juzgado 073 Civil Municipal transformado Transitoriamente en Juzgado 055 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá admitió la demanda de tutela, requirió un pronunciamiento de Marcos y vinculó, en calidad de terceros con interés, a Meta Platforms, Inc ., Instagram, Inc ., Facebook Colombia S.A.S., YouTube , Google LLC , Google Colombia Limitada, Telegram FZ-LLC , ByteDance Ltd ., TikTok , Inc., TikTok Colombia Technologies S.A.S. y la Superintendencia de Industria y Comercio. En particular, les solicitó a las vinculadas rendir un informe sobre los hechos y aportar, en caso de existir, enlaces de “videos, reels , historias, y/o publicaciones en relación a la accionante” [22] . 12. Marcos [23] . El accionado solicitó una prórroga para aportar información que, a su juicio, podría ayudar a resolver el caso. Entre otros aspectos, señaló que también podría aportar elementos que evidenciarían que Daniela estaba eludiendo los conductos regulares, pero que para eso requería un plazo adicional. Dicha solicitud fue negada mediante auto del 22 de octubre de 2024 [24] . 13. Google Colombia Limitada [25] . La apoderada de la compañía solicitó que esta última fuera desvinculada del proceso de tutela ante la falta de legitimación en la causa por pasiva. Así, explicó que Google Colombia no es titular ni administradora de la plataforma YouTube , sino que es Google LLC . Por consiguiente, Google Colombia no tiene acceso o administra contenidos en la plataforma YouTube . Además, advirtió que la acción de tutela no cumplió el requisito de subsidiariedad, dado que la accionante no presentó solicitud de rectificación ante dicha plataforma, por lo que solicitó negar las pretensiones. 14. Google LLC [26] . La compañía solicitó ser desvinculada y que la tutela fuera declarada improcedente porque argumentó que no se cumplieron los requisitos de legitimación en la causa por pasiva y subsidiariedad. Precisó, por un lado, que la empresa es la única propietaria de la plataforma YouTube y que tiene la facultad de remover el contenido que se publica en esta o suspender las cuentas de los usuarios que no respeten las políticas de uso. Sin embargo, la empresa aclaró que actúa en calidad de intermediaria, por lo que no es responsable del contenido que se publica ni de eliminarlo de la plataforma, ya que incurriría en censura. 15. Superintendencia Financiera de Colombia [27] . La entidad solicitó su desvinculación de la tutela al considerar que no está legitimada en la causa por pasiva. Señaló que Marcos no está sujeto a la supervisión de la Superintendencia, ya no que realiza actividades financieras, bursátiles, aseguradoras ni maneja recursos públicos, por lo que no tiene competencia para intervenir en los hechos descritos por la accionante. Además, advirtió que, según lo reclamado, el asunto era competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. 16. Facebook Colombia [28] . La empresa solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela puesto que carece de legitimación en la causa por pasiva y añadió que no se cumplió el requisito de subsidiariedad. Al respecto, explicó que (i) no es la sociedad encargada legalmente de manejar y/o administrar la plataforma de Instagram , sino que es Meta Platforms , Inc., por lo que no tiene ninguna relación con los hechos narrados en la solicitud de amparo; y (ii) la parte accionante no señaló a Facebook Colombia como la responsable de la afectación de sus derechos. Respecto a la falta de subsidiariedad, argumentó que la señora Daniela no probó haber utilizado las herramientas de reporte de Instagram . 17. Pronunciamiento de Daniela [29] . La accionante remitió un escrito en el que se pronunció sobre las respuestas de las vinculadas. En este, argumentó que el ejercicio de la libertad de expresión por parte del accionado ha sobrepasado sus límites constitucionales al vulnerar derechos fundamentales. Reiteró que las expresiones del accionado constituyen una forma de violencia simbólica y de género. 18. De igual forma, recordó que la libertad de información tiene límites internos –veracidad e imparcialidad– y externos –respetar la presunción de inocencia y no afectar desproporcionadamente derechos ajenos–. Por último, frente al principio de subsidiariedad, aclaró que no fue posible reportar directamente las publicaciones en Instagram , ya que el accionado bloqueó a la accionante, con lo que le impidió cualquier gestión directa ante la plataforma. 3. Decisiones judiciales objeto de revisión 3.1 Sentencia de primera instancia 19. El 23 de octubre de 2024, el Juzgado Setenta y Tres (73) Civil Municipal transformado Transitoriamente en Juzgado 55 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que no se cumplió el requisito de relevancia constitucional establecido en la Sentencia SU-420 de 2019 para estos casos [30] . Para llegar a esta conclusión, la jueza analizó los parámetros que se determinaron en esta sentencia para constatar la relevancia constitucional. 20. En relación con los requisitos de (i) quién comunica y de quién se comunica , la autoridad judicial señaló que Marcos , el emisor, es un particular y que sus manifestaciones correspondían a opiniones de hecho frente a una persona sin reconocimiento público, la cual no se encontraba en estado de indefensión frente al demandante. Por tanto, no se cumplía este requisito. En relación con el (ii) cómo se comunica [31] , argumentó que las manifestaciones fueron emitidas a través de un canal de opinión, al cual se suscriben usuarios que aceptan el contenido transmitido. De igual forma, señaló que las partes estaban inmersas en redes sociales y que podían utilizarlas para “contraponer las apreciaciones emitidas”, más teniendo en cuenta que la accionante superaba al señor Marcos en más de 60.000 suscriptores [32] , razón por la que tampoco se satisfacía este parámetro. Adicionalmente, argumentó que las plataformas contaban con mecanismo de restricción y reporte. 21. Finalmente, sobre el (iii) impacto respecto de ambas partes [33] precisó que la opinión del accionado no se hizo viral [34] , debido a que las “vistas y/o reacciones” no superaron “ni las 1000 reproducciones”. Así, consideró que no existía afectación a los derechos invocados por la parte accionante. En suma, concluyó que el caso no era relevante constitucionalmente, en la medida en que el impacto del video de YouTube [35] no fue mayor, ya que las partes no tienen una connotación pública y solo obtuvo 663 reproducciones y 35 comentarios. Por ello, el fallo sostuvo que la actora no logró demostrar una afectación a sus derechos fundamentales, “cuando el concepto de lo reclamado radica en la relación del valor propio con la visión de la colectividad respecto a dicha persona”. 3.2 Impugnación 22. Daniela impugnó la decisión [36] . La accionante cuestionó que el juez hubiera reducido su importancia como ser humano “a un tema de visualizaciones” y al alcance mediático. Así, la señora Daniela argumentó que la protección del buen nombre, la honra y la intimidad debe ser independiente del alcance de la publicación. Además, advirtió que el juez omitió aplicar una perspectiva de género; y señaló que el caso sí revestía relevancia constitucional y exigía una intervención judicial para frenar este tipo de violencia en plataformas públicas. Por lo tanto, solicitó que se revocara el fallo y se ampararan sus derechos fundamentales [37] . 3.3 Sentencia de segunda instancia 23. En Sentencia del 5 de diciembre de 2024, el Juzgado 045 Civil del Circuito de Bogotá confirmó la decisión de primera instancia [38] . En su concepto, la solicitud de amparo no cumplía con el requisito de relevancia constitucional porque las partes involucradas no tienen influencia, notoriedad ni visibilidad pública, por lo que las expresiones del accionado carecen de “vocación de impacto”. Esta conclusión se sustentó en el análisis del alcance de uno de los videos, que registró 855 visualizaciones y 34 comentarios, al igual que el número seguidores del accionado –3.560–. En ese sentido, la autoridad judicial determinó que los mecanismos ordinarios, como las acciones civiles o penales, eran los medios adecuados para la defensa de los derechos invocados por la señora Daniela . 4. Trámite de selección y actuaciones adelantadas en sede de revisión 24. El expediente fue seleccionado a través del Auto del 28 de marzo de 2025, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Tres [39] , con base en los criterios de posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional, urgencia de proteger un derecho fundamental y necesidad de materializar un enfoque diferencial. El caso fue repartido a la Sala Tercera de Revisión, que preside la magistrada sustanciadora [40] . 25. El despacho sustanciador decretó la práctica de pruebas mediante Auto del 11 de junio de 2025 [41] , en el que, para conocer la situación fáctica y jurídica del caso (i) planteó algunas preguntas a las partes; (ii) invitó a instituciones académicas y de la sociedad civil para contar con diferentes puntos de vista de expertos en la materia [42] ; y (iii) requirió a las vinculadas para que aportaran información adicional [43] . 26. En particular, el (13) de junio de 2025, El Veinte, la Fundación Karisma y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) –organizaciones invitadas a conceptuar–, a través de sus directores 5 , remitieron una solicitud conjunta al despacho sustanciador en la que pidieron una prórroga de 5 días adicionales al plazo inicialmente concedido. M ediante providencia del 18 de junio de 2025, la magistrada sustanciadora aceptó la petición y les otorgó el término solicitado [44] . 27. Posteriormente, mediante Auto del 27 de junio de 2025 [45] , se integró debidamente el contradictorio. Ello debido a que, por medio del Auto del 9 de octubre de 2024 [46] , el juzgado de primera instancia ordenó la vinculación de la Superintendencia de Industria y Comercio en calidad de tercero con interés. No obstante, a quien se le notificó el auto admisorio de la acción de tutela y las demás providencias del expediente fue a la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que no se vinculó mediante el referido auto, pero actuó en dicha calidad [47] . Por consiguiente, ordenó su vinculación [48] . En esta misma providencia, la Sala Tercera de Revisión suspendió los términos del proceso durante dos meses, contados a partir de la fecha de esta providencia. Lo anterior, con fundamento en el artículo 64 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional. 4.1 Pruebas incluidas de oficio al expediente 28. Ahora bien, a través de una de una verificación preliminar de información pública disponible en la Internet, el despacho sustanciador identificó diferentes publicaciones del accionado sobre Daniela en las plataformas digitales de Instagram , YouTube y Dailymotion . De igual forma, encontró diversas publicaciones en el perfil de Facebook “ Marcos ” [49] . Al considerarlas relevantes para el caso, en la medida en que permitían ampliar el análisis del tipo de información y el contenido de las expresiones que el accionado manifestaba y difundía sobre la accionante, el despacho sustanciador decidió incorporarlas mediante el Auto del 11 de junio de 2025, en los términos de artículo 64 del Reglamento Interno de esta Corporación [50] . 29. En concreto, la Sala incorporó al material probatorio 11 videos de acceso público difundidos a través de los perfiles del accionado en las plataformas de YouTube (@ Marcos** ) [51] , Instagram ( Marcos **) [52] y Dailymotion (@ Marcos** ) [53] ”. En todos estos videos el accionado hace referencia a Daniela pero en algunos también habla de otras personas. Por tanto, la Sala solo se concentrará en el contenido que se refiere a Daniela . De igual forma, incluyó 16 imágenes publicadas en el perfil “ Marcos ” de Facebook [54] sobre la accionante. 30. Ahora bien, dado que el contenido de las publicaciones involucra aspectos de la vida de la accionante que podrían comprometer su intimidad, el despacho sustanciador consideró necesario adoptar medidas para salvaguardarla. Por tanto, no incorporó las publicaciones al auto referido sino a través de un documento anexo. Este documento tuvo carácter reservado y fue remitido únicamente a las partes para que se pronunciaran. 4.2 Respuestas de las partes y vinculadas a los autos del 11 de junio y 27 de junio de 2025 a. Daniela. 31. Mediante escrito [55] , la accionante respondió las preguntas planteadas en el auto de pruebas. En primer lugar, afirmó que las publicaciones realizadas por el señor Marcos transformaron “de manera drástica y dolorosa mi vida”, pues no solo la afectaron de manera simbólica, sino que se extendió a “rechazos laborales, exclusión social, amenazas directas y una profunda crisis emocional que aún no logro superar”. 32. En seguida, la señora Daniela expresó que, con ocasión a la información y las expresiones difundidas, tuvo que abandonar su domicilio, debido a que recibió amenazas [56] . Por tanto, ha tenido que esconderse “vivir en varios lugares, en constante huida y con miedo latente que no cesa”. Advirtió que luego del fallo de tutela, el accionado está “convencido de que tiene licencia judicial para seguir exponiéndome y promoviendo contenido íntimo porque manifiesta que pagó”. Explicó que llamó al señor Marcos a “rogarle” que se detuviera, pero no tuvo éxito [57] , incluso, se burló y difundió la comunicación que tuvieron. Así, expresó que lo que “para él es contenido [monetizable], para mí ha sido violencia (…) una pesadilla”. 33. En segundo lugar, la accionante relató, que, desde las primeras manifestaciones de violencia basada en género, recibió comunicaciones “amenazantes” y personas desconocidas le escribieron para insultarla con calificativos como “estafadora”, “prepago” y “mujer de alto valor” [58] . Advirtió que el demandado difundió videos íntimos que ella compartió con su expareja en el marco de una relación afectiva y privada. Además, precisó que él hizo “mención explícita” de estos videos en dos publicaciones [59] . En particular, afirmó que el señor Marcos expresó que él compró los mencionados videos. Una de estas publicaciones, según ella, es privada, razón por la que no puede denunciar su contenido en la plataforma o descargarlas [60] . 34. En su opinión, estos actos constituyen violencia digita, simbólica y sexual, dado que la exhiben sin su consentimiento. En ese sentido, presentó denuncia penal contra el accionado, pero no ha recibido respuesta, ni “información, citación, ni acto mínimo de justicia” [61] . Según su relato, no entiende cómo “alguien puede publicar información íntima, manipular tu imagen, humillarte, amenazarte… y no pase nada. Ni la Fiscalía, ni la Policía, ni los jueces han frenado esta violencia”. 35. En tercer lugar, señaló que el señor Marcos realizó más publicaciones sobre ella que vulneran sus derechos, además de las señaladas en la acción de tutela [62] . En su criterio, han sido replicadas, comentadas y compartidas. Aunque ha intentado denunciarlas, al estar difundidas en diferentes plataformas, el esfuerzo ha sido insuficiente, puesto que el accionado la bloquea, motivo por el que no puede denunciarlas directamente. Por consiguiente, solicitó que estas publicaciones sean estudiadas por esta Corte. 36. Finalmente, frente a las publicaciones incluidas al material probatorio, reiteró que constituyen violencia digital y que son una campaña de desprestigio y escarnio público. Además, prueban un patrón de agresión, puesto que su único fin es degradarla públicamente [63] , y confirman la “sistematicidad del ataque”. Por ello, manifestó su respaldo con que se hubieran incorporado al expediente como prueba. Por tanto, reiteró las solicitudes de la acción de tutela y, además, requirió que se ordenara al accionado eliminar todos los videos, publicaciones, enlaces con afirmaciones difamatorias y contenido sensible. b. Marcos . 37. Por medio del correo electrónico del 19 de junio de 2025 [64] , el accionado argumentó que la acción de tutela que se revisa es “inválida” por dos razones. La primera, porque existen otros “recursos legales”, ya que la señora Daniela lo denunció. La segunda, porque esta última, “utilizando” a una persona [65] , interpuso otra tutela por los mismos hechos que se le acusan en el trámite que se revisa, en la cual se asegura que ella es víctima del señor Marcos . De acuerdo con su respuesta, el señor Marcos se identifica como YouTuber dedicado a criticar a “personajes de internet”, categoría en la que incluye a la accionante. Esto, por cuanto para él es un personaje público que está sujeta a críticas, pues “es una actriz porno que ha subido videos a carne de mercado” y publica memes en diferentes grupos de la plataforma de Facebook . 38. Respecto a estas últimas publicaciones, el señor Marcos aseguró que ella “le tira odio a los [b]ogotanos, o memes a sus enemigos personales que solo ella conoce (…) lanza mensajes de odio y trata de ridiculizar a las personas de una manera hiriente, llama a gente a las 3am a insultarlas, filtra datos personales de la gente, le escribe a las exparejas y a los fam[i]liares de la gente a insultarlos y en los TikToks que sube es hablando del tema 'del alto valor' ” [66] . 39. Asimismo , el demandado afirmó que la señora Daniela “practica actos de xenofobia” a través de sus redes sociales [67] . También, aseguró que la accionante señaló por medio de su cuenta de TikTok que “estafaba extranjeros”, por lo que considera que “ lo que dije con respecto a las estafas es cierto” [68] . Con base en lo anterior, el accionado justificó las críticas contra la accionante, porque según él, ella “goza de demasiada impunidad en la sociedad, en la justicia”, debido a que es “ciberacosadora sin tener alguna consecuencia o reprimenda por sus acciones”. 40. Por su parte, el señor Marcos precisó que los memes que le hace a la accionante son sobre los videos porno que graba “(como vaca muerta o insultos de este estilo)” [69] . Adicionalmente, explicó que los datos que ha expuesto sobre ella se deben a que esta misma los publica en internet o se los ha enviado directamente [70] . Así, considera “ilógico que ella se ampare en la ley por el tema de la privacidad y buen nombre”, pues este último “va en función del buen comportamiento”. No obstante, aseguró que por criticar “su mal comportamiento en internet”, por “exponer a una ciberacosadora”, se le ha censurado, ya que la accionante le quiere eliminar su canal de YouTube y ha tenido que enfrentar desgastes judiciales. 41. Finalmente, el señor Marcos afirmó que la accionante envió a un “señor a golpearlo”, pero que este decidió avisarle [71] . Igualmente, aseguró que ella lo ha llamado a molestarlo y que ha creado cuentas falsas mediante las cuales lo ha insultado. Para sustentar todo lo afirmado en el escrito de tutela, el accionado adjuntó 15 direcciones web [72] . c. Respuesta de Google LLC. 42. El representante de la compañía [73] señaló que no era “posible objetivamente” entregar una copia del video solicitado por esta Corporación mediante el Auto de pruebas del 11 de junio de 2025 [74] , debido a que fue eliminado por una queja por privacidad presentada por la accionante. En este punto, explicó que, de acuerdo con sus términos y condiciones, el contenido publicado en YouTube podrá ser eliminado si “creemos razonablemente que su [c]ontenido (1) incumple este Acuerdo o que puede provocar daño a YouTube , a nuestros usuarios o a terceros, nos reservaremos el derecho de quitar o eliminar este [c]ontenido conforme a la legislación aplicable [75] . d. Superintendencia de Industria y Comercio . 43. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad [76] , señaló, en primer lugar, que no tiene legitimación en la causa por pasiva dado que no ha puesto en riesgo los derechos de la accionante. Expuso, además, que no debería vincularse a casos en lo que se discuten conflictos entre particulares en redes sociales y plataformas de internet [77] . En segundo lugar, argumentó que, en el caso concreto, Google Colombia y Google LLC, actúan como responsables del tratamiento de datos personales alojados en sus plataformas y, en ese sentido, deben responder por el cumplimiento de deberes legales y constitucionales. Sobre esto, precisó que la Delegatura para la Protección de Datos Personales ha emitido órdenes contra varias plataformas relacionadas con el tratamiento de datos personales, entre las que se encuentra Facebook Inc, TikTok y Google LLC [78] . 44. Por ello, consideró que el presente caso podría ser una oportunidad para que la Corte Constitucional aborde las responsabilidades de las compañías que, como Google LLC , realizan tratamiento de datos personales. Así, por ejemplo, que se les conmine para que designen un representante o vocal ante las autoridades colombianas y afirme su vocación de responder por la eventual vulneración, por acción o por omisión, de los derechos fundamentales de las y los colombianos. e. Rubén . 45. El señor Rubén remitió escrito en el que solicitó que se le vinculara al caso por asistirle un interés legítimo y porque quiere “coadyuvar las pretensiones de la accionante” [79] . De acuerdo con el interviniente, le asiste legitimidad en el presente proceso porque, por un lado, asesoró a la señora Daniela en el “inicio de acciones legales para la protección” de sus derechos y presentó solicitud de retractación al accionado el 24 de septiembre de 2024, en representación de la accionante, es decir, en calidad de abogado. A raíz de esto, el señor Marcos realizó una publicación en la que expuso fotografías de su imagen, la universidad en la que estudió y la identificación de su empleador en un video difundido por la plataforma Dailymotion [80] . En su criterio, esto vulnera sus derechos al buen nombre, dignidad humana, trabajo, honra, buen nombre, intimidad y habeas data. 46. En seguida, el señor Rubén , aseguró que las publicaciones realizadas por este constituyen un patrón sistemático de violencia sexual y de género contra la mujer y, además, normaliza conductas de misoginia entre sus seguidores. Luego, envió otro escrito [81] al despacho sustanciador, en el que advirtió que la accionante sí presentó una denuncia contra el accionado [82] . Por consiguiente, el señor Rubén solicitó amparar sus derechos y los Daniela y conceder las pretensiones de la accionante y se protejan sus datos personales. 4.3 Respuesta de las entidades y organizaciones invitadas a conceptuar a. Defensoría del Pueblo 47. Los defensores delegados para Asuntos Constitucionales y Legales y el Defensor delegado para la Protección de Derechos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresión [83] , advirtieron, en primer lugar, que las declaraciones realizadas por el accionado [84] no constituyen un discurso protegido por la libertad de expresión, dado que no ampara manifestaciones de violencia simbólica, intimidación digital, humillación pública o incitación a la violencia. Por el contrario, son afirmaciones misóginas que refuerzan prejuicios sociales, estereotipos de género y legitiman simbólicamente prácticas de exclusión y de violencia contra las mujeres que ejercen sus derechos en el entorno digital. En estos casos, de acuerdo con el artículo 13.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Opinión Consultiva 5/85, resulta legítima y necesaria una responsabilidad ulterior del emisor [85] . 48. Los defensores manifestaron que en el caso concreto se afectó la reputación, la seguridad y la dignidad como mujer de la accionante. De acuerdo con sus argumentos, esto es hostigamiento, pues está acompañado de contenido violento y amenazante. De igual forma, las manifestaciones, más allá de constituir una opinión subjetiva, son un patrón de ataque, desprestigio, deshumanización y evidencian la intención clara de dañar. Por consiguiente, consideraron que el análisis del caso debe reconocer la violencia estructural de género, abordar el doxing [86] y el deber estatal de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en entornos digitales. 49. Explicaron que el doxing es violencia digital contra las mujeres, pues incrementa significativamente el riesgo de exposición, intimidación y violencia, tanto en línea como fuera de ella. De acuerdo con su intervención, este fenómeno se acentúa cuando opera como targeting doxing , estos son, la divulgación de información que permite localizar físicamente a una persona, lo que ocasiona que la violencia digital se transforme en acoso en la vida real. Para la Defensoría, este fenómeno constituye una forma de violencia simbólica y sexualizada cuando se incluye discursos que refuerzan estereotipos de género y buscan desacreditar a la víctima. 50. En línea con lo anterior, la Defensoría advirtió que otra forma asociada a este fenómeno es el delegitimizing doxing, el cual busca socavar la credibilidad y el valor social de la víctima a través de la exposición de información íntima o sensible. Este produce un efecto devastador, pues la víctima queda expuesta al juicio público. Adicionalmente, impacta en la autonomía económica y la reputación profesional [87] . En suma, el doxing , es una estrategia de silenciamiento, limita la participación de las mujeres en entornos digitales y, aunque es una violencia menos visible que otras, impacta profundamente los derechos de quienes lo sufren. 51. En tercer lugar, la Defensoría consideró que en el presente caso se pueden adoptar medidas de protección individuales, así como acciones estructurales orientadas a transformar la violencia de género digital. Así, por un lado, sugirió, entre otras medidas, que se le ordene al accionado la eliminación de los contenidos ofensivos difundidos, la prohibición de realizar nuevas publicaciones que mencionen forma directa e indirecta a la víctima y emitir medidas de reparación. Por el otro, que se emitan ordenes orientadas a que las plataformas digitales habiliten mecanismos efectivos y accesibles de denuncia y remoción de contenido. b. Intervención conjunta de El Veinte, Fundación Karisma, Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- y Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información -CELE- 52. Los y las directoras de estas organizaciones y algunos de sus abogados [88] , señalaron, como primer punto, que las expresiones difundidas por el accionado podrían [89] , en principio, encontrarse amparadas por la libertad de expresión. En todo caso, advirtieron que el análisis de las manifestaciones debía hacerse a la luz de los estándares interamericanos y la jurisprudencia de la Corte para determinar si constituían apología al odio que incitan a la violencia o si están sujetas a responsabilidades ulteriores por ser discriminatorias. Lo anterior, debido a que son diferentes los discursos que incitan a la violencia y aquellos que generan discriminación u hostilidad, de acuerdo con el SIDH. 53. En este contexto, el escrito explicó que el artículo 13.5 de la Convención Americana determina que los Estados deben adoptar legislación para sancionar la apología del odio que constituya incitación a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar. Por su parte, el 13.2 de la misma Convención, determina que otras expresiones o comentarios que estrictamente no inciten a la violencia, pueden ser sujetos a responsabilidades ulteriores. Sobre estos último, precisó que no pueden considerarse prohibidos por no alcanzar el umbral del artículo13.5. Con este marco, en la opinión de estas organizaciones, el discurso del accionado es ofensivo pero protegido por los estándares, así que el caso debe analizarse bajo el artículo 13.2 de la Convención. 54. Como segundo punto, la intervención conjunta advirtió que extender la categoría de discurso de odio a expresiones discriminatorias por razón de género podría implicar ciertos riesgos. Esto, por cuanto no toda manifestación estigmatizante contra las mujeres puede ser calificada automáticamente como discurso de odio. Y, aunque impacta la dignidad, la seguridad y el ejercicio de los derechos de las mujeres, sería desproporcionado limitarla, debido a que, en la práctica, erosiona el debate público y crea un escenario de autocensura, donde expresiones críticas, satíricas o provocadoras son sancionadas de forma anticipada bajo el argumento de prevenir daños hipotéticos. Por tanto, la tensión entre la libertad de expresión y el derecho a una vida libre de violencia no debe resolverse mediante la prevalencia absoluta de uno sobre otro, sino mediante un enfoque de ponderación. 55. En tercer lugar, los invitados consideraron que en el caso concreto podrían adoptar las siguientes medidas: (i) relevar a la accionante del requisito de agotar el reclamo ante las plataformas, debido a que el accionado la bloqueó de sus cuentas, por lo que le era materialmente imposible presentar un reclamo; y (ii) emitir órdenes consistentes en medidas de satisfacción y de no repetición, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional: (a) que el accionado publique la sentencia en las redes sociales; y (b) que difunda un contenido informativo sobre los impactos negativos de los discursos discriminatorios. Adicionalmente, señaló que no consideran razonable ordenar una indemnización económica, reiterar los exhortos al Congreso para que regule el tema y emitir órdenes a las plataformas sobre el monitoreo activo, debido a que la jurisdicción constitucional no es el escenario adecuado, ya que podría generar sobre-remoción de contenido. 4.4. Otras actuaciones realizadas en sede de revisión 56. Con ocasión a las respuestas recibidas, el despacho sustanciador consideró necesario emitir un segundo auto de pruebas y de vinculación. En ese sentido, mediante la providencia del 1 de agosto de 2025 [90] , se ordenó la vinculación de Meta Platforms Inc [91] , Instagram Inc ., Facebook Colombia S.A.S, Google LLC ( YouTube ), Google Colombia Limitada, ByteDance Ltd, TikTok Inc., y TikTok Colombia Technologies S.A.S, puesto que el ordinal segundo de la sentencia del juzgado de primera instancia [92] , ordenó su desvinculación, decisión que fue confirmada por Juzgado 045 Civil del Circuito de Bogotá. 57. Lo anterior, al considerar que su vinculación resultaba necesaria, ya que las publicaciones que hacen parte del material probatorio del expediente fueron difundidas a través de estas plataformas. De igual forma, complementó la vinculación de la sociedad TikTok con TikTok Pte. Ltda , en tanto esta última ejerce control sobre sobre TikTok [93] . 58. De igual forma, ordenó vincular a la Dailymotion , puesto que, en las pruebas incluidas de oficio al material probatorio por el despacho sustanciador, se encuentran algunas publicaciones realizadas por el accionado sobre Daniela . Esta situación también fue advertida por Daniela en su respuesta al auto de pruebas [94] , en la que señaló “[a] través de plataformas como YouTube , TikTok y Dailymotion , ha desplegado una campaña sostenida de desprestigio, escarnio público”. Además, se vinculó a la Fiscalía General de la Nación en su nivel central como a la Fiscalía 56 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal de Fontibón y a la Fiscalía 430 de la Dirección Seccional de Bogotá. Lo anterior, debido a que la accionante afirmó en su respuesta que presentó una denuncia penal contra el accionado por la difusión de “material sensible e íntimo”. 59. Finalmente, la referida providencia negó la solicitud de vinculación al señor Rubén , debido a que consideró que carecía de interés legítimo en este trámite de revisión de tutela. En concreto, consideró que el interviniente no acreditó la afectación actual e inmediata de sus intereses jurídicos ni un menoscabo con lo decidido en las providencias cuestionadas. Su intervención se sustentó únicamente en el hecho de haber prestado asesoría a la señora Daniela y en que fue mencionado en uno de los videos publicados por el accionado, pero no argumentó cómo podría verse afectado por el resultado del proceso. No obstante, le recordó que podría acudir a la acción de tutela en defensa de sus derechos. A partir de este auto, se recibieron las siguientes respuestas: 60. Fiscalía Local 56 de la Unidad de Conciliación Preprocesal de Bogotá [95] . La Fiscal delegada ante los Jueces Penales Municipales informó que conoció del proceso penal el 17 de junio de 2025. El 15 de julio de 2025 se llevó a cabo la audiencia de conciliación, la cual fue declarada fallida, puesto que las partes no llegaron a un acuerdo [96] . Por tanto, remitió el proceso a la Fiscalía Local 430, razón por la que perdió competencia funcional sobre la investigación. En consecuencia, solicitó que se le desvinculara de la acción de tutela. 61. Fiscalía 430 Local delegada ante los Jueces Penales Municipales de Bogotá [97] . El Fiscal 430 Local delegado ante los Jueces Penales Municipales de Bogotá informó que tiene a cargo la investigación de la denuncia presentada por Daniela contra Marcos por el delito de injuria [98] desde el día 15 de julio de 2025. Precisó que esta es la única denuncia que dicha dependencia tiene conocimiento respecto de las mismas partes. Finalmente, ad