Sentencia T-231 de 2026

T-231-26 REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL SENTENCIA T-231 DE 2026 Referencia: Expediente T-11.756.145. Asunto: acción de tutela instaurada por Roxemhberg Rozo Sánchez, en calidad de agente oficioso de la comunidad indígena JIW Zaragoza 7 – Naexal Lajt, contra la Presidencia de la República, Ministerio del Interior y otros. Magistrado ponente: Carlos Camargo Assis. Bogotá D.C., tres (03) de agosto de dos mil veintiséis (2026). La Sala Segunda de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño, Juan Carlos Cortés González y Carlos Camargo Assis, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo dictado el 21 de octubre de 2025 por la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San José del Guaviare que declaró improcedente la acción de tutela promovida por Roxemhberg Rozo Sánchez, en calidad de agente oficioso de la comunidad indígena Jiw Zaragoza 7 – Naexal Lajt, contra la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y otros [1] . SÍNTESIS DE LA DECISIÓN La comunidad indígena Jiw Zaragoza 7 – Naexal Lajt se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad, indefensión y precariedad material como resultado de una cadena sucesiva de desplazamientos forzados a causa del conflicto armado, enfrentamientos internos, nuevas amenazas y, finalmente, inundaciones que los obligaron a trasladarse a los alrededores del Coliseo Azul del municipio de San José del Guaviare. En dicho sitio de asentamiento, la comunidad padece condiciones materiales infrahumanas y de hacinamiento, carencia de saneamiento básico con riesgos epidemiológicos asociados, hambre constante, desnutrición aguda infantil y falta de acceso a la educación formal y atención en salud, lo cual ha derivado en procesos de restablecimiento de derechos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que proceden a separar a los niños de sus familias, disminuyendo a la comunidad y comprometiendo su pervivencia física y cultural. Situación que motivó al agente oficioso a presentar la acción de tutela para la protección de la comunidad indígena víctima de desplazamiento forzado. La Sala Segunda de Revisión revocó el fallo de primera instancia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San José del Guaviare que declaró improcedente la acción de tutela promovida por Roxemhberg Rozo Sánchez en calidad de agente oficioso de la comunidad indígena Jiw Zaragoza 7 – Naexal Lajt, y en su lugar, concedió el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna, la salud, la alimentación, el agua potable, el saneamiento básico, la educación con enfoque étnico propio, el territorio colectivo, la identidad y la autonomía cultural, la seguridad personal y colectiva, y la protección reforzada de los niños, niñas y adolescentes de dicha comunidad. En materia de procedibilidad, la Sala concluyó que la agencia oficiosa se acredita sin exigencias adicionales cuando la comunidad agenciada es un pueblo indígena en riesgo de exterminio físico y cultural cuya estructura de gobierno propio ha sido debilitada por el desplazamiento forzado sucesivo. El silencio procesal de la comunidad no revela capacidad de comparecer directamente; revela, por el contrario, la misma indefensión que justifica la intervención del agente oficioso. El estándar rígido aplicado por el Tribunal —que exigió identificación nominal de los afectados, verificación del dominio del castellano y ratificación expresa de las pretensiones— es incompatible con la jurisprudencia constitucional aplicable a comunidades indígenas en condición de extrema vulnerabilidad y fractura organizativa. En cuanto al fondo, la Sala constató que la comunidad Jiw Zaragoza 7 – Naexal Lajt ha sido sometida a una cadena de cinco desplazamientos forzados sucesivos que, por omisión estatal acumulada, derivó en su confinamiento indefinido en los alrededores del Coliseo Azul del municipio de San José del Guaviare. Para un pueblo de tradición seminómada cuya identidad, autonomía y supervivencia dependen del territorio y de las prácticas de caza, pesca y recolección, ese confinamiento constituye sedentarismo forzado, categoría que esta Corte calificó como equivalente, en términos de destrucción cultural, al exterminio. Las condiciones materiales en el lugar de asentamiento no satisfacen los estándares mínimos constitucionales en ninguno de los componentes evaluados: agua potable, saneamiento básico, alimentación, salud, educación y seguridad. La Sala identificó un patrón sistemático y prolongado de omisión estatal: durante más de tres años, entidad tras entidad invocaron limitaciones competenciales, reportaron actuaciones meramente formales y remitieron el asunto a otras autoridades, sin que ninguna asumiera de manera integral la responsabilidad de protección. Ese patrón constituyó una vulneración autónoma de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, y es la causa directa de que la situación de emergencia transitoria se haya consolidado como una crisis estructural permanente. Para remediar la vulneración, la Sala impartió dos grupos de órdenes. Las órdenes de protección inmediata se dirigen a garantizar sin dilación el suministro de agua potable, el acceso a saneamiento básico, la atención humanitaria integral, la revisión de los procesos de restablecimiento de derechos de los menores de edad con enfoque intercultural, el acceso a la educación con enfoque étnico propio, el registro civil de los niños y niñas sin documentar, y las medidas de seguridad para la comunidad. Las órdenes estructurales disponen la conformación de una Mesa Técnica Interinstitucional con mandato de definir un plan de retorno o reubicación territorial, la aceleración del trámite de constitución o ampliación del resguardo ante la Agencia Nacional de Tierras, y la actualización del Plan Integral de Salvaguarda Étnica del pueblo Jiw. La decisión se remite a la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 para garantizar la coherencia con el marco estructural de protección del pueblo Jiw, sin que ello implique subordinación de las órdenes aquí impartidas. Índice de la decisión I. ANTECEDENTES . 5 II. CONSIDERACIONES . 22 1. Competencia . 22 2. Problemas jurídicos y esquema de la decisión . 24 3. Primer eje. Requisitos generales sobre la procedibilidad de la acción de tutela. 27 3.1. Legitimación de la causa por activa. 27 3.2. Legitimación de la causa por pasiva. 32 3.3. Subsidiariedad. 39 3.4. Carencia actual de objeto. 42 3.5. Inmediatez. 44 4. Segundo eje. Protección constitucional reforzada de los pueblos indígenas . 45 4.1. Protección especial de los pueblos indígenas en el marco del conflicto armado y el desplazamiento. 46 4.2. La protección frente al riesgo de exterminio físico y/o cultural 48 4.3. Escenarios de conflictos internos o intra-étnicos . 51 4.4. La protección especial de la integralidad del territorio como presupuesto de la identidad, la autonomía y la pervivencia colectiva . 53 4.5. La protección frente al sedentarismo forzado de comunidades móviles . 56 5. Tercer eje. Análisis de los pronunciamientos judiciales en favor del pueblo Jiw: Preservación de la coherencia en el seguimiento estructural en el marco del Estado de Cosas Inconstitucional (T-025 de 2004) 58 6. Cuarto eje: Contenido y alcance de los derechos fundamentales comprometidos . 64 6.1. Derecho a la autonomía, autodeterminación y autogobierno de los Pueblos Indígenas . 65 6.2. Derecho al agua de los Pueblos Indígenas en situación de desplazamiento forzado . 70 6.3. Derecho al saneamiento básico de los Pueblos Indígenas en situación de desplazamiento forzado 72 6.4. Derecho a la alimentación, a la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria de los Pueblos Indígenas en situación de desplazamiento forzado . 74 6.5. Derecho a la salud de los Pueblos Indígenas en situación de desplazamiento forzado . 75 6.6. Derecho a la seguridad personal y colectiva de la población indígena víctima de desplazamiento forzado 79 6.7. Derecho a la etnoeducación . 82 6.8. El deber de especial protección de los derechos de niñas y niños que hacen parte de Pueblos Indígenas 86 6.9. Especial protección constitucional de personas mayores y mujeres gestantes y lactantes de Pueblos Indígenas . 87 7. Quinto eje: Alcance de la ayuda humanitaria de pueblos indígenas víctimas de desplazamiento forzado 88 8. Sexto eje: Proceso de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas . 97 9. Séptimo eje. Deberes de coordinación, concurrencia y subsidiariedad entre la Nación, las entidades territoriales y las autoridades indígenas propias, frente a situaciones de vulneración compleja en las que ninguna entidad asume de manera integral la responsabilidad de protección. 100 10. Octavo eje. Caso concreto . 103 10.1. Caracterización constitucional de la comunidad accionante como sujeto de especial protección reforzada 104 10.2. Las causas estructurales de la vulneración y su manifestación actual 105 10.3. Valoración de la respuesta institucional 109 10.4. Conclusiones y órdenes 111 I. ANTECEDENTES 1. La acción de tutela. 1. El señor Roxemhberg Rozo Sánchez interpuso acción de tutela en calidad de agente oficioso de la comunidad indígena Jiw Zaragoza 7 – Naexal Lajt, actualmente asentada en los alrededores del Coliseo Azul «Nevio Echeverri Cadavid» del municipio de San José del Guaviare [2] . Invocó para ello el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 y motivó la agencia oficiosa en la situación de extrema vulnerabilidad, indefensión y precariedad material en que se encuentra la comunidad como resultado del desplazamiento forzado, el cual impide a sus integrantes ejercer directamente la defensa de sus derechos [3] . 2. Según la demanda, la comunidad ha padecido una cadena sucesiva de desplazamientos, que se sintetiza así: (i) Diversos eventos de desplazamiento en el marco del conflicto armado vigente desde inicios de la década de los años 90, a partir del cual la comunidad fue incluida en el Registro Único de Víctimas y reconocida como beneficiaria del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas [4] en el mes de agosto de 2016 [5] ; (ii) Un retorno parcial al resguardo interrumpido –según la demanda– por enfrentamientos internos con víctimas mortales que forzaron un nuevo desplazamiento [6] en el año 2022; (iii) permanencia transitoria en el casco urbano de Mapiripán y traslado posterior al municipio de Puerto Concordia (Meta) en el año 2022, dispuesto por la administración municipal [7] ; (iv) en Puerto Concordia, nuevas amenazas que derivaron en un desplazamiento adicional hacia las playas del río Guaviare, en zona limítrofe entre los departamentos del Meta y del Guaviare en el año 2023 [8] ; (v) en mayo de 2024, como consecuencia de las lluvias y del aumento del caudal del río Guaviare, la comunidad quedó damnificada por las inundaciones y debió trasladarse a los alrededores del Coliseo Azul «Nevio Echeverri Cadavid» del municipio de San José del Guaviare [9] . La situación actual de la comunidad no es el resultado de un hecho aislado ni de una fuerza mayor: es el punto de llegada de una cadena de desplazamientos que comenzó con el conflicto armado en el resguardo Zaragoza y que cada nuevo asentamiento provisional convirtió en permanente por omisión estatal acumulada. El expediente acredita cinco episodios consecutivos: el desplazamiento inicial derivado del conflicto armado; el retorno parcial al resguardo, interrumpido por violencia interna con víctimas mortales; la permanencia transitoria en el casco urbano de Mapiripán y el traslado posterior a Puerto Concordia; el desplazamiento desde Puerto Concordia hacia las playas del río Guaviare por nuevas amenazas; y el traslado final al Coliseo Azul como consecuencia de las inundaciones de mayo de 2024 3. La demanda calificó como infrahumanas las condiciones materiales en el sitio de asentamiento. Refirió que el espacio se comparte, en condiciones de hacinamiento, con una comunidad indígena Emberá; que las baterías sanitarias del coliseo se encuentran rebosadas y producen aguas estancadas con olores en sus alrededores; y que la falta de acceso a baños obliga a los miembros de la comunidad a realizar sus necesidades fisiológicas al aire libre, con riesgos epidemiológicos asociados. 4. Agregó que los niños, niñas y adolescentes no acceden a la educación formal, pese al inicio de los calendarios escolares regionales; que los adultos mayores y las personas enfermas carecen de atención en salud y de acceso a medicamentos; y que la comunidad no cuenta con tierras selváticas para la caza ni con herramientas para la pesca, por lo que el hambre se ha tornado constante y sus integrantes deben mendigar o aceptar trabajos precarios y sin garantías. En los alrededores del Coliseo se concentra el consumo de sustancias psicoactivas y se registran robos y hostigamientos contra la comunidad. 5. Mediante oficio radicado n.° 20244600000012391 del 31 de mayo de 2024, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Guaviare reconoció la precariedad de las viviendas, elaboradas con palos y plásticos recolectados en la playa, y que el agua de consumo provenía directamente del río y carecía de saneamiento básico. 6. Esa misma entidad reportó la existencia de niños sin registro civil de nacimiento, sin carné de vacunación y sin acceso al sistema educativo, así como la identificación de menores de edad con desnutrición y riesgo nutricional agudo. 7. Según la demanda, al menos diez (10) niños y niñas de la comunidad están bajo procesos de restablecimiento de derechos ante las comisarías de familia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tanto en Puerto Concordia como en San José del Guaviare. La mayoría de estos menores de edad no reciben educación, alimentación adecuada ni atención integral. 8. El agente oficioso adujo que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar habría procedido a separar a los niños de sus familias bajo la figura del restablecimiento de derechos. En su criterio, esa práctica produce una disminución progresiva de la comunidad y compromete su pervivencia física y cultural. 9. La demanda hizo referencia específica al proceso de restablecimiento de derechos adelantado por el Juzgado 001 Promiscuo de Familia del Circuito de San José del Guaviare bajo el radicado n.° 95001318400120250010200, en favor de una menor de edad perteneciente a la comunidad. En dicho proceso se ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realizar las actuaciones necesarias para garantizar el restablecimiento de derechos de Olga , con su ubicación temporal en hogar sustituto. 10. El accionante sostuvo que esas medidas no se han cumplido a cabalidad y que la situación de Olga permanece incierta. Solicitó al juez de tutela requerir un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de las órdenes impartidas en aquel expediente. 11. La demanda reseñó que las entidades respondieron en forma fragmentada y evasiva y trasladaron responsabilidades unas a otras. La Gobernación del Meta, mediante comunicación del 25 de septiembre de 2024, manifestó no poder atender solicitudes de educación y agua potable por tratarse de población asentada en territorio del Guaviare. Trasladó las solicitudes humanitarias a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la adjudicación territorial a la Agencia Nacional de Tierras. 12. La Gobernación del Guaviare, mediante oficio del 26 de septiembre de 2024, sostuvo que no podía atender a la comunidad porque pertenecía al Meta y que invertir recursos en población de otro departamento podía configurar peculado. 13. El Ministerio de Educación Nacional, mediante oficio radicado 2024-EE-066766 del 4 de marzo de 2024, trasladó la solicitud educativa a la Secretaría de Educación del Guaviare con fundamento en la descentralización del servicio. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en respuesta de febrero de 2024 (radicado 2024-0186472-1), atendió la solicitud de ayuda alimentaria con remisión a su plataforma «Unidad en línea» y a encuestas de satisfacción. 14. El accionante señaló que, mediante oficio 24000-106 (radicado interno E-2023-244060) del 28 de abril de 2023, la Secretaría de Derechos Humanos y Paz y la Gerencia de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Meta reconocieron la situación de vulnerabilidad de la comunidad. 15. En el citado oficio se documentaron, entre otras actuaciones: (a) la entrega del 18 de agosto de 2022 de un kit de emergencia humanitaria a la Alcaldía de Puerto Concordia; (b) reuniones interinstitucionales del 22 de julio de 2022 y del 28 de octubre de 2022; (c) un Comité de Problemática Étnica del 4 de agosto de 2022 con compromiso de entrega de 30 kits alimentarios; y (d) la convocatoria del 2 de mayo de 2023 a una reunión virtual con el Ministerio del Interior, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Agencia Nacional de Tierras, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las autoridades municipales. 16. A juicio del accionante, esa documentación demuestra que la situación de desplazamiento y desprotección de la comunidad era plenamente conocida por las autoridades desde varios años atrás. 17. El agente oficioso sostuvo que el traslado de responsabilidades entre las entidades del orden nacional, departamental y municipal no es un mero error administrativo. Argumentó que constituye una violación estructural del deber de garantizar derechos fundamentales (artículos 2, 13, 44 y 93 de la Constitución), incompatible con el principio de coordinación, concurrencia y subsidiariedad y con la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre comunidades indígenas en riesgo de exterminio. 2. Pretensiones del accionante. 18. El agente oficioso solicitó al juez de tutela el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna, la salud, la educación, la alimentación, el ambiente sano y la pervivencia cultural . Las pretensiones se agruparon en tres bloques: medidas provisionales y urgentes; medidas estructurales; y medidas de seguimiento y garantía. 19. Como medidas provisionales y urgentes, solicitó (a) ordenar el traslado inmediato de la comunidad desde los alrededores del Coliseo Azul a un lugar digno, salubre y seguro, con garantía de acceso a agua potable, saneamiento básico, alimentación adecuada y alojamiento temporal humanitario; y (b) disponer la atención humanitaria inmediata e integral, con enfoque diferencial para niños, niñas, adultos mayores y mujeres en gestación o lactancia, con brigadas médicas, acceso a medicamentos y dotación de kits de higiene. 20. Asimismo, solicitó (c) garantizar el acceso inmediato a la educación de los niños, niñas y adolescentes, sin dilaciones por asuntos de competencia territorial; (d) implementar medidas de seguridad y protección en el lugar de asentamiento temporal, frente a los riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas y a la inseguridad denunciada; y (e) realizar una inspección judicial en sitio para constatar las condiciones materiales de vida de la comunidad. 21. Como medidas estructurales, solicitó (a) ordenar a la Agencia Nacional de Tierras, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Departamento Nacional de Planeación y a las gobernaciones y alcaldías involucradas que definan y materialicen la adjudicación de un territorio colectivo con acceso a zonas selváticas y fuentes hídricas; y (b) ordenar la creación e implementación de un Plan Integral de Salvaguarda Étnica para la comunidad, en cumplimiento del Auto 004 de 2009 y del Auto 173 de 2012, con enfoque diferencial y participación efectiva de la comunidad. 22. Asimismo, solicitó (c) ordenar a las accionadas la coordinación interinstitucional efectiva, bajo los principios de concurrencia y subsidiariedad, mediante una mesa técnica permanente de seguimiento con participación de la comunidad, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Personería Municipal de San José del Guaviare; (d) ordenar a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas la inclusión efectiva y prioritaria de la comunidad en los programas de atención, reparación y restitución, con ayudas humanitarias periódicas; y (e) ordenar al Ministerio de Educación Nacional y a las secretarías de educación del Meta y del Guaviare la creación de un programa educativo con enfoque étnico Jiw, que garantice la enseñanza bilingüe y la preservación de la lengua y la cultura. 23. Como medidas de seguimiento y garantía, solicitó (a) remitir copia íntegra de la acción de tutela y de las decisiones que se adopten a la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004, para que la situación de la comunidad sea incorporada al seguimiento del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado; y (b) ordenar a la Procuraduría General de la Nación —delegada para asuntos étnicos— y a la Defensoría del Pueblo el seguimiento permanente al cumplimiento de las órdenes impartidas, con informes periódicos al despacho judicial y a la comunidad. 24. Como medida provisional, el agente oficioso solicitó el traslado inmediato de la comunidad a un lugar digno y seguro y la atención humanitaria urgente, ante el riesgo grave e inminente que su permanencia en los alrededores del Coliseo Azul representa para sus integrantes. 3. Trámite procesal de la acción de tutela. 25. La acción de tutela fue presentada inicialmente ante el Juzgado 001 Promiscuo de Familia del Circuito de San José del Guaviare, despacho que remitió la actuación al Tribunal Superior del Distrito Judicial de San José del Guaviare. 26. Mediante auto del 10 de octubre de 2025, la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior avocó el conocimiento del amparo y, en el ordinal segundo, vinculó oficiosamente al trámite a la comunidad indígena los Emberá, a la Secretaría de Educación del Guaviare, a la Secretaría de Derechos Humanos y Paz y la Gerencia de Asuntos Étnicos del Meta, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Departamento Nacional de Planeación y al Resguardo Indígena Zaragoza. En la misma providencia requirió al Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Circuito de San José del Guaviare copia digital del expediente n.° 95001318400120250010200 y negó las medidas provisionales deprecadas, al considerar que coincidían con el objeto principal de la tutela. 27. Mediante autos del 15 y 16 de octubre de 2025, y a partir de las contestaciones recibidas, el a quo dispuso vinculaciones procesales adicionales. Con ocasión de las contestaciones del Procurador Regional de Instrucción del Guaviare y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar --- Regional Guaviare, mediante auto del 15 de octubre de 2025 vinculó a las secretarías de Gobierno, de Salud Pública y de Planeación de Puerto Concordia (Meta), a la Comunidad Zaragoza 5, a la Comunidad Zaragoza 8, a la Gerencia Zonal Guaviare de la Nueva EPS, a la E.S.E. Hospital San José del Guaviare, a la Secretaría de Educación del Departamento del Guaviare, a la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales, a la Procuraduría Regional del Meta, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar --- Regional Meta, al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Granada (Meta), a la Defensoría de Familia de Granada (Meta) y a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior. Mediante otro auto de la misma fecha, con ocasión de la información remitida por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Circuito de San José del Guaviare, vinculó a las partes e intervinientes del proceso de restablecimiento de derechos radicado n.° 95001318400120250010200. Finalmente, mediante auto del 16 de octubre de 2025, con ocasión de la contestación del Departamento Nacional de Planeación, vinculó al Departamento para la Prosperidad Social, al Ejército Nacional, al ICETEX, al Ministerio de Salud y Protección Social, al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y a la Registraduría Nacional del Estado Civil. 4. Respuestas de las entidades accionadas. 28. La Comisaría de Familia de San José del Guaviare solicitó su desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva. Para sustentar esa petición, afirmó que los hechos narrados por el accionante no le constaban, porque correspondían a actuaciones atribuidas a otras entidades territoriales y nacionales. Además, precisó que su competencia se limita a cuatro procesos administrativos de restablecimiento de derechos de menores de edad de la comunidad Jiw, los cuales se encuentran en curso y, según indicó, han sido tramitados conforme a la Ley. En consecuencia, sostuvo que no incurrió en acción u omisión vulneradora de derechos fundamentales y que las pretensiones formuladas deben ser atendidas por las autoridades competentes vinculadas al trámite [10] . 29. El Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Circuito de San José del Guaviare defendió la regularidad del trámite de restablecimiento de derechos de la menor de edad Olga [11] . Explicó que avocó conocimiento mediante providencia del 9 de julio de 2025, notificó a los progenitores y ordenó la ubicación de la niña en hogar sustituto por seis meses, con el fin de que aquellos recibieran terapia psicosocial y adquirieran pautas de crianza. Además, señaló que la apelación fue negada de plano, porque el recurso procedente era el de reposición. Por tanto, sostuvo que no vulneró el debido proceso, ya que sus decisiones se ajustaron a la Constitución y a la ley, garantizaron defensa y contradicción, y protegieron la prevalencia de los derechos de Olga [12] . 30. La UARIV solicitó declarar improcedente la acción de tutela y negar las pretensiones, porque no existe prueba de una vulneración atribuible a la entidad. Para sustentar su postura, afirmó que ha adelantado jornadas del programa de Reparación individual en contexto (PIRC), rutas de retorno y reubicación, ayudas humanitarias y mesas interdepartamentales, en el marco de la Ley 1448 de 2011, los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011, la Sentencia T-025 de 2004, el Auto 004 de 2009 y el Auto 173 de 2012. Además, señaló que el retorno de la comunidad se encuentra limitado por un conflicto interétnico o interno, no directamente asociado al conflicto armado. Por ello, pidió reconocer sus actuaciones y requerir al Ministerio del Interior y al municipio competente [13] . 31. La Procuraduría Regional de instrucción del Guaviare solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. Para sustentar su postura, afirmó que ha ejercido funciones preventivas conforme al artículo 277 de la Constitución, mediante requerimientos a la Alcaldía de Puerto Concordia, la Alcaldía de San José del Guaviare, el ICBF, la Nueva EPS, la E.S.E. de Primer Nivel, la Secretaría de Educación Departamental y la Personería de Puerto Concordia. Además, señaló que remitió informes a la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos y a la Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales, incluso sobre el seguimiento a la Sentencia SU-092 de 2021. Por tanto, sostuvo que su función es acompañar, requerir y verificar, sin ejecutar medidas ni sustituir a las autoridades competentes [14] . 32. El ICBF Regional Guaviare informó que ha acompañado a la población Jiw proveniente de Zaragoza del Resguardo Naexal Lajt mediante acciones pedagógicas, comunitarias, psicosociales y nutricionales. Señaló que sus equipos han realizado caracterización familiar, verificación de derechos de niños, niñas y adolescentes, entrega de bienestarina y actividades de prevención frente a riesgos como permanencia en calle, consumo de sustancias psicoactivas y explotación sexual. Además, advirtió dificultades en vivienda, educación, salud, identidad, saneamiento básico y acceso a servicios. Por ello, sostuvo que ha activado rutas ante entidades competentes y que se requiere una respuesta institucional articulada para garantizar los derechos fundamentales de la comunidad y de sus familias [15] . 33. La Alcaldía Municipal de Mapiripán negó haber ordenado el desalojo o traslado forzado de la comunidad indígena hacia Puerto Concordia. Para sustentar su postura, reconoció que la comunidad pertenece al Resguardo Indígena Zaragoza, ubicado en su municipio, pero afirmó que los hechos denunciados como vulneratorios ocurrieron por fuera de su jurisdicción, en San José del Guaviare. Además, invocó los principios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad, así como la Sentencia T-025 de 2004, el Auto 004 de 2009 y el Auto 173 de 2012 sobre salvaguardas étnicas. Por tanto, sostuvo que no puede asumir responsabilidad directa por hechos ajenos a su competencia territorial, aunque ofreció coadyuvar dentro de sus limitadas competencias y recursos [16] . 34. El Departamento Nacional de Planeación solicitó su desvinculación de la tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva. Para sustentar su posición, afirmó que es un organismo técnico y planificador, encargado de orientar, diseñar y evaluar políticas públicas, pero no de ejecutar programas ni administrar medidas de reparación directa. Además, precisó que su rol dentro del SNARIV se limita a acompañar técnicamente la formulación de estrategias, revisar proyectos de inversión y apoyar la articulación institucional. Por ello, sostuvo que la adjudicación de un territorio colectivo excede sus competencias funcionales y corresponde a otras entidades ejecutoras. En consecuencia, pidió que no se le impongan órdenes materiales ajenas a su naturaleza institucional [17] . 35. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural [18] solicitó su desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva. Para sustentar su postura, afirmó que sus funciones son de orientación, coordinación y control, no de ejecución directa. Además, precisó que la Agencia Nacional de Tierras es una entidad adscrita, pero cuenta con autonomía técnica y presupuestal propia, por lo que el Ministerio no puede ordenar, modificar ni interferir en sus actuaciones en materia de tierras. En consecuencia, sostuvo que no existe nexo causal entre su actuación y los hechos denunciados, y pidió ser tenido como tercero con interés o, subsidiariamente, ser desvinculado del trámite constitucional. 36. La Unidad de Restitución de Tierras solicitó su desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva. Para sustentar su postura, afirmó que sus funciones se limitan a la restitución de tierras afectadas por el conflicto armado, no a la atención humanitaria, salud, educación o adjudicación de nuevos territorios. Además, explicó que el proceso relacionado con el Resguardo Naexal Lajt no fue focalizado para restitución, porque el desplazamiento habría obedecido a un conflicto interno y no al conflicto armado. Sin embargo, señaló que activó la Ruta de Protección y pidió varias veces a la Agencia Nacional de Tierras adelantar la ampliación del resguardo. Por tanto, sostuvo que no le son imputables las vulneraciones alegadas [19] . 37. La Secretaría de Derechos Humanos y Paz de la Gobernación del Departamento del Meta solicitó su desvinculación de la acción de tutela. Para sustentar su postura, explicó que la comunidad recibió atención humanitaria mientras estuvo en territorio del Meta, mediante kits alimentarios y espacios de articulación interinstitucional. Sin embargo, afirmó que actualmente carece de competencia territorial y funcional, porque la comunidad se encuentra asentada en el departamento del Guaviare y los recursos del Meta no pueden destinarse a población ubicada en otra jurisdicción. Además, invocó los principios de subsidiariedad y territorialidad, y distinguió entre ayuda humanitaria inmediata y atención humanitaria inmediata. En consecuencia, pidió que las entidades competentes del Guaviare y del orden nacional asuman las medidas de protección correspondientes [20] . 38. El departamento del Guavia re [21] solicitó su desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva. Para sustentar su postura, afirmó que no le constan los hechos alegados y que, como entidad territorial certificada en educación, no tiene competencia para resolver pretensiones sobre reubicación, salud o ayudas humanitarias. Además, señaló que los menores de edad de la comunidad Jiw no están focalizados en instituciones educativas oficiales del Guaviare para 2025 y que no ha recibido solicitudes de matrícula. Sin embargo, ofreció garantizar su vinculación al sistema educativo formal para el calendario escolar 2026 y el acceso al PAE. Por tanto, sostuvo que no le son imputables las vulneraciones alegadas. 39. La Presidencia de la Repúbli ca [22] , a través del DAPRE, solicitó declarar improcedente la acción de tutela y, subsidiariamente, negar las pretensiones y ordenar su desvinculación. Para sustentar su postura, afirmó que la tutela es prematura, que las pretensiones exceden el ámbito propio del amparo y que la narrativa fáctica del accionante no resulta aceptable en los términos planteados. Además, sostuvo que las órdenes solicitadas tienen carácter estructural y corresponden a otras entidades con competencias específicas, como la UARIV y el ICBF. En ese sentido, alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, porque sus funciones no comprenden acción territorial directa. Finalmente, indicó que no recibió derechos de petición del accionante. 40. La Comisaría de Familia de Puerto Concordia – Meta presentó una contestación de alcance limitado. En concreto, remitió la comunicación del ICBF - Centro Zonal Granada relacionada con el proceso de restablecimiento de derechos de la menor de edad, identificada como Olga . Sin embargo, no formuló una defensa jurídica autónoma, no controvirtió de manera expresa los hechos de la tutela ni solicitó directamente su desvinculación del trámite. Por tanto, su respuesta se limitó a poner en conocimiento del despacho el informe del ICBF como anexo, sin desarrollar un argumento propio sobre falta de competencia, ausencia de responsabilidad o falta de legitimación en la causa por pasiva [23] . 41. El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Granada solicitó su desvinculación de la acción de tutela. Para sustentar su postura, reconoció que intervino previamente en una tutela relacionada con la misma comunidad, pero aclaró que su actuación se limitó a resolver un conflicto de competencias, sin pronunciarse sobre el fondo del amparo. Además, negó tener competencia territorial sobre los hechos actuales, porque estos habrían ocurrido en San José del Guaviare. En consecuencia, sostuvo que no existe nexo causal entre su actuación judicial y las vulneraciones denunciadas, por lo que no tiene función ni responsabilidad en el caso concreto [24] . 42. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) solicitó que se declare improcedente la acción de tutela en su contra y que se ordene su desvinculación. Alegó, falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que su competencia se limita al acceso a tierras, la titulación y la restitución, no a la atención humanitaria, la salud o la educación. Informó, que el proceso de titulación del Resguardo Naexal Lajt se encuentra en curso, pero está sujeto a la programación de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). Negó la existencia de un nexo causal entre la ANT y la crisis humanitaria denunciada. Citó el Decreto 1071 de 2015 y el Decreto 2363 de 2015 en sustento de sus funciones. En consecuencia, solicitó que se declare improcedente la tutela y su desvinculación del trámite [25] . 43. El señor Ángel Felipe Niaza Guasiruma [26] , quien se identificó como capitán de la comunidad indígena Emberá Chami, solicitó ser incluida como beneficiaria de la presente acción de tutela. Explicó que fue desplazada desde el departamento del Valle en 2020 y que, desde noviembre de 2024, se encuentra asentada en el municipio de Calamar, Guaviare. Describió su situación de vulnerabilidad y enumeró trece necesidades específicas, entre ellas vivienda digna, acceso a agua potable, alimentación, educación, atención en salud, dotación de cocinas, apoyo a la artesanía, vestuario y otros elementos de subsistencia. Además, expuso que habitan en el Coliseo Azul en condiciones deplorables, con filtraciones de lluvia, palomas muertas en el agua, malos olores, ruido permanente y presencia de consumidores de drogas en el sector. Su solicitud principal fue ser incluida como accionante beneficiaria. 44. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Dirección Regional Meta, representado por la directora encargada Martha Eugenia Solano Hurtado, solicitó declarar improcedente la acción de tutela y ordenar su desvinculación. Sostuvo que la comunidad Jiw no se encuentra registrada en el Sistema de Información del ICBF en el Meta y precisó que la competencia institucional se ejerce por medio de sus estructuras regionales y zonales, no únicamente desde la Dirección Nacional. Alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, porque las presuntas vulneraciones ocurren en el departamento del Guaviare y no en el Meta. Además, afirmó que las pretensiones formuladas buscan medidas estructurales más propias de una acción de grupo que de la tutela. Para sustentar su posición, citó la Sentencia T-153 de 2015 sobre los límites de la tutela [27] . 45. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio [28] se opuso a la acción de tutela al afirmar que no ha vulnerado derechos fundamentales de la comunidad indígena JIW Zaragoza 7, pues no existe ni fue probado hecho u omisión atribuible a esa entidad. Señaló que no le constan varios hechos de la demanda y que las pretensiones deben desvincularlo, porque corresponden a competencias de otras autoridades. Precisó que sus funciones se limitan a formular, dirigir, coordinar y ejecutar políticas públicas de vivienda, agua potable y saneamiento básico, sin incluir atención directa de víctimas, retorno, reubicación, asistencia humanitaria o gestión territorial. Propuso falta de legitimación en la causa material por pasiva y subsidiariedad. En consecuencia, solicitó negar el amparo y desvincular al Fondo Nacional de Vivienda. 46. El Ministerio de Minas y Energía [29] , solicitó declarar improcedente la acción de tutela en su contra y ordenar su desvinculación. Alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que sus funciones, conforme al Decreto 4135 de 2011, se circunscriben a la política minero-energética y no comprenden la garantía territorial de comunidades indígenas ni la atención humanitaria. Asimismo, sostuvo que no existe nexo causal entre la actuación del Ministerio y las presuntas vulneraciones denunciadas, pues las pretensiones relacionadas con adjudicación de tierras, salud, educación y alimentación exceden su ámbito competencial sectorial. 47. La Defensoría del Pueblo Regional Guaviare [30] solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. Sostuvo que su rol, conforme al artículo 116 de la Constitución Política, es preventivo y de monitoreo, no ejecutivo. Manifestó que carece de presupuesto y competencia para ejecutar las medidas estructurales demandadas. Enumeró las actuaciones ya realizadas, como oficios, visitas y alertas. Citó el Auto 092 de 2017 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el carácter no ejecutivo de la Defensoría del Pueblo. 48. La Registraduría Nacional del Estado Civil [31] solicitó su desvinculación por falta de competencia funcional. Manifestó que las pretensiones de la tutela no están dirigidas contra la RNEC y que en el expediente no se observa asunto sobre el cual deba pronunciarse. No obstante, informó que ha realizado jornadas de identificación de la comunidad Jiw. Señaló que, mediante Resolución 2370 de 2024, se creó la Política de Atención a la Población en Condición de Vulnerabilidad y la UDAPV. Enumeró jornadas en el Guaviare: La María, 29 de agosto de 2024, 18 atenciones; 7 de abril de 2025, 6 atenciones; Barrancón, 25 y 26 de abril de 2025, 77 atenciones; Fuga-Funas, 25 y 26 de agosto de 2025, 27 atenciones; y La María, 29 de septiembre de 2025, 10 atenciones. 49. El ICETEX [32] solicitó negar las pretensiones de la tutela en su contra. Argumentó que su misión se limita a la provisión de créditos educativos y becas, conforme a la Ley 49 de 1990, y que carece de competencia para atender necesidades de ayuda humanitaria, vivienda o garantías territoriales. Manifestó que las pretensiones del accionante están por fuera de su ámbito legal y presupuestal. Alegó que no existe nexo causal entre la actuación del ICETEX y las presuntas vulneraciones denunciadas. Aunque no solicitó expresamente su desvinculación, el sentido de su intervención fue equivalente. 50. La Alcaldía Municipal de Puerto Concordia [33] y su Secretaría de Desarrollo y Proyección Municipal [34] delimitaron su responsabilidad a sus competencias legales y territoriales. La Alcaldía reconoció que la comunidad pertenece al Resguardo Indígena Zaragoza, ubicado en su municipio, pero negó haber ordenado su traslado forzado hacia San José del Guaviare y alegó falta de competencia sobre hechos ocurridos fuera de su jurisdicción. Además, invocó los principios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad, así como el Auto 004 de 2009 y el Auto 173 de 2012. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo precisó que sus funciones son de planeación, POT y gestión de recursos, no de atención directa a comunidades indígenas, ayudas humanitarias o restablecimiento de derechos, aunque ofreció colaborar en mesas interinstitucionales. 51. El Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, solicitó declarar probada la excepción de falta de legitimación material en la causa por pasiva y ordenar su desvinculación. Argumentó que la autonomía indígena debe respetarse, conforme al Convenio 169 de la OIT y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular las sentencias T-188 de 2015 y T-693 de 2011. Describió sus funciones de coordinación de política pública, de acuerdo con los decretos 2893 de 2011 y 714 de 2024. Precisó que la UARIV es competente para la atención a víctimas y la ANT para la adjudicación de tierras. Negó la existencia de nexo causal entre el Ministerio y la crisis humanitaria, pues las medidas solicitadas corresponderían a otras entidades [35] . 52. La secretaría de infraestructura del municipio de San José del Guaviare presentó un informe institucional elaborado por el referente indígena Yuldor Arcesio Muñoz Guevara. Describió la conformación de dos grupos familiares Jiw —los de Rubén Cruz y Abel Torres—, sus causas de desplazamiento y su llegada a San José del Guaviare. Enumeró las acciones institucionales adelantadas: censos de población, mesas interdepartamentales, entrega de kits alimentarios, herramientas de pesca y agricultura, intentos de reubicación a otros resguardos, todos rechazados, y jornadas articuladas con el ICBF. Reconoció que la comunidad habita en condiciones precarias alrededor del Coliseo Azul. Señaló que el municipio carece de partidas presupuestales específicas y de tierras disponibles para una reubicación definitiva. No formuló solicitud formal de desvinculación, sino que presentó el escrito como informe institucional y aporte [36] . 53. La Gerencia de Asuntos Étnicos de la Secretaría Social de la Gobernación del Meta solicitó su desvinculación de la acción de tutela. Manifestó que no le constan los hechos narrados por el accionante. Alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, pues sus funciones son técnicas y de asesoría, conforme a la Ordenanza 995 de 2018 y al artículo 23 de la Ley 715 de 2001. Afirmó que carece de competencia legal, administrativa y presupuestal para adjudicar tierras o atender salud, educación, agua potable y ayudas humanitarias. No obstante, relacionó mesas interdepartamentales y oficios a entidades nacionales. Citó la Sentencia T-634 de 2013 y pidió dirigir las órdenes a las entidades nacionales competentes [37] . 54. Finalmente, el Ministerio de Educación Nacional [38] solicitó declarar improcedente la acción de tutela en su contra. Argumentó que el amparo busca medidas estructurales —como la creación de un programa educativo especial bilingüe étnico Jiw— que exceden el ámbito protector de la tutela. Precisó que el Ministerio formula la política nacional de educación, pero su ejecución se encuentra descentralizada en las entidades territoriales certificadas. Manifestó que no existe prueba de que haya vulnerado directamente algún derecho fundamental. Señaló que el mecanismo adecuado para pretensiones de carácter estructural es la acción de grupo o la demanda de reparación directa. En consecuencia, solicitó declarar la improcedencia. 55. Los demás sujetos vinculados guardaron silencio a pesar de haber sido debidamente notificados. 5. Sentencia objeto de revisión. 56. El 21 de octubre de 2025, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San José del Guaviare declaró improcedente la acción de tutela por no acreditarse los requisitos normativos de la agencia oficiosa, de lo contrario desconocería derechos como a la autonomía, voluntad, dignidad, usos y autodeterminación de la comunidad indígena. Para ello, sostuvo que el agente oficioso manifestó actuar en tal calidad, pero no acreditó la imposibilidad de la comunidad de acudir directamente al amparo ni identificó plenamente a todas las personas presuntamente afectadas. De igual forma, la comunidad indígena agenciada tampoco ratificó las pretensiones de la acción de tutela, pese a ser vinculada y notificada en el proceso. 57. A pesar de esto, el juez de primera instancia exhortó a la Defensoría del Pueblo, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Procuraduría Regional de Instrucción a que concurrieran al Coliseo en el término de 48 horas para asistir a la comunidad indígena víctima de desplazamiento forzado. La decisión no fue impugnada. 6. Actuación en Sede de Revisión 58. Al llegar el expediente a esta Corte, el Magistrado sustanciador advirtió un déficit probatorio relevante. Mediante auto del 26 de marzo de 2026 notificado electrónicamente el 6 de abril de 2026, se ordenó un despliegue probatorio exhaustivo para verificar las condiciones reales de vida, el estado nutricional de los menores de edad y el nivel de implementación de los Planes de Salvaguarda Étnica que han sido ordenados desde 2009 sin resultados efectivos. 59. A continuación, se relacionan las respuestas de las entidades demandadas y vinculadas al trámite cuyo contenido se desarrolla en el Anexo 2. Tabla 1 . Respuestas al auto del 26 de marzo de 2026 # Sujeto Respuesta 1 Roxemhberg Rozo Sánchez Precisó el número de personas que integran la comunidad asentada en el Coliseo Azul y en el sector del Malecón del río Guaviare, sus principales necesidades tales como falta de alimentación adecuada, acceso al sistema educativo por parte de los NNA, condiciones de hacinamiento, falta de acceso a agua potable y sistemas de saneamiento básico. También la pérdida de prácticas culturales y deterioro del entorno comunitario. Señaló las acciones adelantadas ante entidades estatales y las respuestas recibidas. Allegó un segundo informe en atención al requerimiento proferido por el despacho el 6 de mayo de 2026. En este señaló que sí tiene contacto actual con las autoridades y miembros de la comunidad Jiw Zaragoza 7, quienes avalan y reclaman la actuación propuesta en atención a las barreras idiomáticas presentadas y la falta de acceso a medios tecnológicos. Adicionalmente rindió información acerca de la situación actual de la comunidad y aportó fotografías Finalmente, aportó acta de respaldo comunitario concedido a su favor por parte de la comunidad suscrito el 3 de febrero de 2026. 2 Alcaldía de San José del Guaviare Rindió informe acerca del número de personas asentadas en el Coliseo Azul, y en este se refirió a sus condiciones de alojamiento, acceso de agua potable y servicios de saneamiento básico. Reseñó las medidas adoptadas frente a la situación y los recursos destinados para su solución. En la respuesta dada al requerimiento emitido el 6 de mayo del año en curso, insistió en los argumentos iniciales y expuso las acciones empleadas durante el mes de mayo de 2026 para asegurar la calidad del agua suministrada a los miembros del asentamiento, y para cumplir las órdenes proferidas en la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de San José del Guaviare al interior de la acción de tutela identificada con radicado N° 95001220800020261000700. Finalmente, expresó las razones por las cuales la comunidad Embera Chami no permite el ingreso de la comunidad Jiw a las instalaciones sanitarias del Coliseo Azul. 3 Gobernación del Guaviare En su respuesta hizo alusión a los siguientes aspectos: (i) participación ciudadana; (ii) programas activos en materia de alimentación, salud y atención a la población indígena; y (iii) mecanismos de coordinación con el nivel nacional. 4 Ministerio del Interior En su informe expuso la información que reposa en su base de datos acerca de la existencia del resguardo indígena y la identificación de su actual gobernador. Si bien se requirió a la entidad para que complementara su respuesta, no se obtuvo el informe requerido. 5 Ministerio del Interior y DPS El DPS sostuvo que los requerimientos de la Corte excedían sus competencias por cuanto corresponden al Ministerio del Interior. Se efectuó requerimiento con el fin de obtener respuesta complementaria. En segundo informe remitido por el DPS, este hizo alusión a las estrategias de atención diferencial diseñadas e implementadas específicamente para la comunidad Jiw. Sin embargo, no se obtuvo información acerca de los demás asuntos insertos en el requerimiento. 6 UARIV En un primer informe manifestó que el Pueblo Jiw Zaragoza 7 sí se encuentra incluido en el Registro Único de Víctimas –RUV– como sujeto de reparación colectiva, con ocasión a lo contenido en la Resolución No. 2016-146599 del 8 de agosto de 2016. Relacionó las medidas de asistencia humanitaria brindadas a la comunidad; expuso las conclusiones obtenidas de los procesos de identificación de carencias en la subsistencia mínima y validación del estado actual de la atención humanitaria; y sintetizó los compromisos institucionales orientados a la atención del Pueblo Jiw en el marco de su Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC). Posteriormente dio alcance a la primera respuesta. En esta señaló que, de las personas incluidas en la base de datos remitida por la entidad territorial, diecisiete (17) se encontraban registradas en el Registro Único de Víctimas por el hecho victimizante de desplazamiento forzado. Aportó una tercera misiva en la que recalcó los términos de las respuestas emitidas anteriormente. 7 UNP y Ejercito Nacional El comandante del Batallón de infantería de Selva N° 19 del Ejercito Nacional manifestó que la entidad llamada a responder acerca de la apreciación de seguridad es la UARIV ante el Ministerio de Defensa Nacional, al margen de que no cuenta con información acerca de las circunstancias que imposibilitan el retorno de la comunidad a su lugar de origen. No obstante, recitó las alertas tempranas reportadas por la Defensoría del Pueblo. La Unidad Nacional de Protección, requerida únicamente para efectos probatorios en sede de revisión, guardó silencio. 8 Agencia Nacional de Tierras Sostuvo que no le era posible reportar actuaciones en curso ni antecedentes, puesto que la Dirección de asuntos étnicos informó que en la base de datos DAE no se evidenciaba solicitud de formalización, ni apertura de expediente, ni acto administrativo en favor de la comunidad Jiw. 9 ICBF Aportó censo elaborado en enero de 2026 y una relación del estado nutricional de la comunidad. Relacionó los procesos de restablecimiento de derechos en trámite, y mencionó la cobertura de los programas disponibles para la población Jiw. 10 Secretaría de Salud Municipal de San José del Guaviare En su respuesta hizo referencia al estado de salud de la población, enfermedades diagnosticadas o de mayor prevalencia y a las intervenciones realizadas y programas de salud activos, según acciones de planeación, concertación comunitaria, caracterización poblacional y brigadas de salud integral. 11 Departamento Nacional de Planeación Manifestó que sus competencias se circunscriben a un rol de apoyo técnico y estratégico en materia de planeación, seguimiento y articulación institucional, que no abarca acciones operativas frente a comunidades desplazadas. Hizo alusión a los mecanismos de coordinación interinstitucional activados o disponibles para la atención de la comunidad Jiw y a los planes nacionales a la atención integral de comunidades indígenas desplazadas. 12 Defensoría del Pueblo Regional Guaviare Adujo que llevó a cabo visita al sitio donde entrevistaron a las familias del pueblo Jiw, y se les explicó el alcance de las ordenes proferidas por la Corte. Levantó acta y tomó fotografías. Describió la cantidad de núcleos familiares que conforman el asentamiento y resaltó que las condiciones de vida y acceso a servicios básicos son contrarias a la dignidad humana. Reseñó los riesgos a los cuales se encuentran expuestos y las aletas tempranas vigentes emitidas para soslayar la problemática. Posteriormente, remitió informe acerca de la manifestación de la comunidad en relación con la interposición de la acción de tutela, la cual se centró básicamente, en reafirmar la situación fáctica y pretensiones enrostradas por el agente oficioso. 13 Sala Especial de Seguimiento de la sentencia T-025 de 2004 Confirmó que la comunidad ha sido objeto de monitoreo específico en el marco del Auto 173 de 2012, y advirtió la existencia de una crisis humanitaria sostenida que compromete la pervivencia física y cultural del pueblo Jiw, con déficits persistentes en agua potable, alimentación culturalmente pertinente, salud con enfoque diferencial, habitabilidad digna y seguridad territorial, de manera que se encuentra elaborando un auto de valoración actualizado. 14 Ministerio de Salud y de la Protección Social Sostuvo que el protocolo de atención para las comunidades indígenas converge en diversos instrumentos flexibles y progresivos. Explicó la cobertura del SGSSS a la comunidad Jiw, y los programas nacionales de salud pública activos, como vacunación, salud materno-infantil y salud mental. También refirió las acciones de coordinación adelantadas con las secretarías de salud para garantizar la atención requerida. 15 Empoaguas En su informe indicó que el 4 de marzo de 2026 realizó visita técnica e inspección del lugar para el reconocimiento de las condiciones existentes y determinar las alternativas técnicas necesarias para garantizar el acceso y suministro de agua potable a las comunidades asentadas en el Coliseo Azul. A partir de esta, aseveró, el 26 de marzo de 2026 ejecutó las actividades que estimó pertinentes. Precisó el volumen de agua suministrado a los integrantes de la comunidad Jiw en litros por día por persona: que, si bien no había efectuado gestiones directas ante la Gerencia del Coliseo, había llevado a cabo labores de mantenimiento en procura de la prestación del servicio; y a su vez, manifestó las causas de naturaleza técnica y ambiental que podían estar afectándola. 16 Tribunal Superior de Distrito Judicial de San José del Guaviare En el marco del traslado de los informes recaudados durante la etapa probatoria, el Tribunal informó que conoció de la acción de tutela identificada con radicado N° 95001220800020261000700, presentada por el mismo accionante, Roxemhberg Rozo Sánchez, en contra de estas accionadas y por idénticos hechos y pretensiones; en virtud de la cual emitió sentencia el 26 de febrero de 2026, la que actualmente es objeto de incidente de desacato. 17 Secretaría de educación Departamental del Guaviare Remitió informe en el que alegó el cumplimiento de las ordenes proferidas por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de San José del Guaviare en el marco de la acción de tutela identificada con radicado N° 95001220800020261000700. Solicitó en consecuencia, cerrar el incidente de desacato en curso. 60. Por último, en el marco de la revisión adelantada por esta Corte, el 26 de febrero de 2026 la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior de San José del Guaviare profirió un fallo de tutela mediante el cual amparó los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la alimentación, a la educación, al saneamiento ambiental y a la dignidad humana de los integrantes de las comunidades indígenas Jiw, Nükak y Ëmbërä, asentados de manera transitoria en el Coliseo Azul y en el malecón del río Guaviare [39] . La acción fue presentada por el señor Roxemhberg Rozo Sánchez en calidad de agente oficioso y las órdenes proferidas en dicha sentencia son las siguientes: Tabla 2 . Órdenes proferidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San José del Guaviare, en el marco del expediente: 95001220800020261000700 Resolutivo Derecho(s) Autoridad(es) obligada(s) Orden específica Plazo Segundo Vida en condiciones dignas, alimentación, educación, saneamiento ambiental y dignidad humana N/A Conceder el amparo a favor de las comunidades indígenas Jiw, Nükak y Ëmbërä asentadas en el Coliseo Azul y el malecón del río Guaviare N/A Tercero Saneamiento ambiental y salud pública AMBIENTAR S.A. E.S.P. Implementar acciones: (i) materiales (dotación de contenedores, bolsas y canecas), y (ii) pedagógicas sobre manejo y disposición de residuos en el Coliseo Azul 8 días para iniciar Cuarto Acceso a agua potable y salud Empoaguas S.A. E.S.P. y Alcaldía de San José del Guaviare (i) Proveer puntos de suministro de agua potable en el Coliseo Azul; (ii) garantizar suministro en el malecón mediante soluciones alternativas (carrotanques y tanques provisionales) conforme al Decreto 1898 de 2016; (iii) promover el uso adecuado del agua 8 días Quinto Derecho a la educación y acceso a alimentación escolar Ministerio de Educación, Secretarías de Educación (departamental y municipal), Gobernación del Guaviare y Alcaldía de San José del Guaviare (i) Realizar mesa técnica para definir acceso al sistema educativo; (ii) priorizar implementación del Sistema Educativo Indígena (Decreto 481 de 2025); (iii) garantizar inclusión en el PAE y eliminar barreras como exigencia de uniformes 1 mes Sexto Seguridad y soberanía alimentaria Alcaldía de San José del Guaviare, Gobernación del Guaviare e ICBF Realizar mesa técnica para definir e implementar medidas efectivas de garantía alimentaria para las comunidades asentadas 8 días II. CONSIDERACIONES 1. Competencia 61. La Sala Segunda de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para revisar la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. Cuestión previa: cosa juzgada y temeridad 62. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la interposición simultánea o sucesiva de acciones de tutela materialmente idénticas puede dar lugar a la declaratoria de improcedencia de la solicitud de amparo, ya sea por configurarse la cosa juzgada o por incurrirse en temeridad [40] . 63. En este sentido, corresponde a la Sala analizar si, con ocasión de la segunda acción de tutela incoada por el señor Roxemhberg Rozo, se co