Providencia AP4394-2026

JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ Magistrado Ponente AP4394-2026 Radicación N° 67020 Aprobado acta N° 205 Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiséis (2026) I. OBJETO DE LA DECISIÓN La Sala resuelve sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por los defensores de JAIR ALBERTO MORALES NOVOA, LUIS FERNANDO OSPINA BARÓN, ÓSCAR FABIÁN OTAVO SANABRIA, OSNAIDER PALOMINO PALOMINO, ERICK ROSSENVER MUÑOZ PORTELA y YEISONN FERNANDO OVIEDO PINEDA contra la sentencia proferida el 3 de mayo de 2024 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué. Con esta, confirmó la dictada el 1º de abril de 2024, por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esa ciudad, que los condenó como coautores del delito de fraude procesal (art. 453 Código Penal -Cp). Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 2 II. HECHOS 1. Entre 2014 y abril de 2015, tres organizaciones criminales controlaron la venta de estupefacientes al menudeo en el barrio El Bosque de Ibagué. Alias “Meneo”, las hermanas Lida Ximena y Ana Milena Pinto González, y Jhon Fredy García Cujiño, alias “Colmena”, lideraban esas estructuras. Carlos Francisco Sosa Molina, hermano de alias “Meneo”, vendía alucinógenos, supervisaba a otros expendedores y suministraba sustancias estupefacientes al intendente Nadin Arled Mina Lucumí, adscrito al servicio Bosque 1 del CAI Variante de la Policía Nacional. 2. Nadin Arled Mina Lucumí1 permitió a esas organizaciones la venta de narcóticos, el porte irregular de armas y la tenencia de explosivos. A cambio, recibió servicios de trabajadoras sexuales, licor y estupefacientes. 3. Luego, Nadin Arled Mina Lucumí y varios uniformados, entre ellos: Dayro Yamith Cárdenas Ortiz, YEISONN FERNANDO OVIEDO PINEDA, JAIR ALBERTO MORALES NOVOA, Juan David Poveda Quesada, Edwin Leonardo 1 El que además de lo descrito participó activamente en los siguientes procesos con C.U.I.: - 730016000450201500223: El 16 de enero de 2015, en la manzana H, casa 37, del barrio El Bosque, Nadin Arled Mina Lucumí capturó al adolescente J.F.R.S. con 197.6 gramos de cocaína. - 730016000450201501509: El 31 de marzo de 2015, Nadin Arled Mina Lucumí comunicó por la central de radio una persecución falsa contra un sujeto que, según su reporte, huyó al advertir la presencia policial y arrojó alucinógenos. Con esa versión, reportó la aprehensión de Jairo Serrano Ospina, alias “Toto”, en la carrera 2ª Bis sur Nº 35-27 de Ibagué, con 308.2 gramos de cocaína. - 730016000450201501975: El 5 de mayo de 2015, Nadin Arled Mina Lucumí entregó en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía un falso hallazgo en la parte externa del inmueble ubicado en la manzana E, casa 1, del barrio El Bosque. El material correspondía a 70.7 gramos de marihuana y a sustancias pulverulentas de color rosado y habano, con pesos netos de 589.6 y 161.6 gramos, respectivamente, los cuales arrojaron resultado negativo para alcaloide. Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 3 Mondragón García2, LUIS FERNANDO OSPINA BARÓN, Andrés Fabián Valdez Campos3, OSNAIDER PALOMINO PALOMINO, Fabián Navarro Sterling4, Luis Sánchez Poveda, ERICK ROSSENVER MUÑOZ PORTELA y ÓSCAR FABIÁN OTAVO SANABRIA, usaron esas sustancias para simular capturas en flagrancia de habitantes de calle, consumidores o expendedores que no portaban elementos ilícitos al momento de las requisas. Con esos montajes, los policías reportaron operatividad, obtuvieron felicitaciones y permisos dentro de la institución, y provocaron actuaciones judiciales basadas en falsos hallazgos de droga, armas o explosivos. 4. Los procedimientos en los que intervinieron los recurrentes en casación ocurrieron en el siguiente orden: RADICADO PROCESO HECHOS 730016000450201403658 El 31 de octubre de 2014, en la carrera 4.ª Tamaná con calle 34, cerca del Hospital Federico Lleras Acosta, Dayro Yamith Cárdenas Ortiz y Nadin Arled Mina Lucumí capturaron a William Norberto Millán mientras dormía y le atribuyeron el falso hallazgo de una pistola calibre 7.65 mm, semiautomática y de fabricación artesanal. Días antes, YEISONN FERNANDO OVIEDO PINEDA había entregado esa arma a Mina Lucumí con ese propósito. El 8 de enero de 2015, JAIR ALBERTO MORALES NOVOA y Juan David Poveda 2 Estuvo involucrado en los hechos con el C.U.I. 730016000450201500191: El 14 de enero de 2015, en la carrera 3 sur con calle 23, esquina del barrio Arado Parte Baja, Edwin Leonardo Mondragón García participó en la captura de Edwin Alexander Guasca Díaz con 20 gramos de cocaína. Antes del procedimiento, Mondragón García llamó a Nadin Arled Mina Lucumí y le pidió colaboración para materializar la aprehensión. 3 Estuvo involucrado en los hechos con el C.U.I. 730016000450201501329: El 19 de marzo de 2015, en la carrera 2 n.º 35-40 del barrio El Bosque, Andrés Fabián Valdez Campos capturó a Javier Andrés García Ruiz con 4.1 gramos de cocaína. 4 Estuvo involucrado en los hechos con el C.U.I. 730016000450201500491: El 31 de enero de 2015, en el kilómetro 4 de la vía Variante, sector Martinica Parte Baja, Nadin Arled Mina Lucumí, Fabián Navarro Sterling y Luis Sánchez Poveda capturaron a José Antonio Guerrero Perdomo y le atribuyeron 4.2 gramos de cocaína. Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 4 730016000450201500089 y 730016000450201500090 Quesada, con la colaboración de Nadin Arled Mina Lucumí, reportaron la aprehensión de César Augusto Saavedra y John Alexander Díaz Lizcano, habitantes de calle, en la calle 33B con carrera 2ª sur y en la calle 35 No 3-47 del barrio Departamental. A Saavedra le atribuyeron 2.9 gramos de cocaína y a Díaz Lizcano 3.5 gramos de la esa sustancia. 730016000450201500197 El 15 de enero de 2015, en la carrera 1ª sur No 32-50 del barrio El Bosque, LUIS FERNANDO OSPINA BARÓN y Dayro Yamith Cárdenas Ortiz capturaron a Diana Marcela Calderón Calderón, alias “La Mona”, con 37 gramos de cocaína que suministró Nadin Arled Mina Lucumí. 730016000450201500198 El 15 de enero de 2015, en la carrera 1ª sur con calle 34 Bis del barrio El Bosque, Andrés Fabián Valdez Campos y OSNAIDER PALOMINO PALOMINO aprehendieron a Julio César Díaz Mejía, alias “Guayabo”, con 33.4 gramos de cocaína que les entregó Nadin Arled Mina Lucumí. 730016000450201500328 El 23 de enero de 2015, en la carrera 2ª con calle 34 del barrio El Bosque, JAIR ALBERTO MORALES NOVOA y Juan David Poveda Quesada, con la colaboración de Nadin Arled Mina Lucumí, reportaron la aprehensión de Julio César Torres con 22.9 gramos de cocaína. 730016001356201500050 El 12 de marzo de 2015, en la orilla del río Combeima, kilómetro 4 de la vía Variante, LUIS FERNANDO OSPINA BARÓN y Nadin Arled Mina Lucumí aprehendieron al adolescente A.E.A.M. con una granada y 22.9 gramos de cocaína. 730016000450201501673 El 13 de abril de 2015, en la quebrada La Pioja, parte alta del barrio El Bosque, ERICK ROSSENVER MUÑOZ PORTELA y ÓSCAR FABIÁN OTAVO SANABRIA capturaron a Miguel Ángel Zapata Romero con 132.5 gramos de cocaína y 78.4 gramos de marihuana. Nadin Arled Mina Lucumí entregó esas sustancias. Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 5 III. ANTECEDENTES PROCESALES 1. El 8 de mayo de 2015, la Fiscalía General de la Nación formuló imputación contra los siguientes procesados, así: a. Nadin Arled Mina Lucumí, por concierto para delinquir agravado (art. 340. 2 Cp); tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (art. 376. 3 Cp); fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones (art. 365 Cp); fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos (art. 366 Cp); concusión (art. 404 Cp); prevaricato por omisión (art. 414 Cp); privación ilegal de la libertad (art. 174 Cp); y fraude procesal (art. 453 Cp). b. Carlos Francisco Sosa Molina, por concierto para delinquir agravado (art. 340. 2 Cp). c. ERICK ROSSENVER MUÑOZ PORTELA, por privación ilegal de la libertad (art. 174 Cp), fraude procesal (art. 453 Cp) y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (art. 376. 2 Cp). d. LUIS FERNANDO OSPINA BARÓN, por fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos (art. 366 Cp); privación ilegal de la libertad (art. 174 Cp); fraude procesal (art. 453 Cp); y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (art. 376. 2 Cp). Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 6 e. YEISONN FERNANDO OVIEDO PINEDA, por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones (art. 365 Cp), privación ilegal de la libertad (art. 174 Cp) y fraude procesal (art. 453 Cp). f. JAIR ALBERTO MORALES NOVOA, ÓSCAR FABIÁN OTAVO SANABRIA, OSNAIDER PALOMINO PALOMINO, Edwin Leonardo Mondragón García y Andrés Fabián Valdez Campos por privación ilegal de la libertad (art. 174 Cp), fraude procesal (art. 453 Cp) y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (art. 376.2 Cp). g. Pedro José Sanabria, como determinador de privación ilegal de la libertad (art. 174 Cp) y fraude procesal (art. 453 Cp). Ninguno de los implicados aceptó su responsabilidad. 2. El 3 de junio de 2015, la Fiscalía formuló imputación contra Juan David Poveda Quesada por concierto para delinquir agravado (art. 340.2 Cp), privación ilegal de la libertad (art. 174 Cp), fraude procesal (art. 453 Cp) y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (art. 376.2 Cp). 3. El 4 de agosto de 2015, la Fiscalía presentó escrito de acusación e introdujo algunas variaciones frente a la imputación5. Luego, el Juzgado Primero Penal del Circuito 5 A Nadin Arled Mina Lucumí le agregó la falsedad ideológica en documento público, en 14 eventos; agravó las imputaciones por armas de fuego, armas de uso restringido y explosivos; amplió la atribución del concierto para delinquir agravado a los incisos 2.º y 3.º del artículo 340 Cp; y ajustó los eventos de fraude procesal, privación ilegal de la libertad y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. A LUIS FERNANDO OSPINA BARÓN le agregó dos eventos de Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 7 Especializado de Ibagué asumió el conocimiento del asunto y adelantó la audiencia de formulación de acusación desde el 8 de septiembre de 2015 hasta el 21 de abril de 2017, en la que mantuvo idéntica imputación fáctica y jurídica. 4. El Juzgado desarrolló la audiencia preparatoria desde el 6 de julio de 2017 hasta el 6 de junio de 2018. El 17 de octubre de ese año, el Despacho inició el juicio oral. La práctica probatoria continuó en 47 sesiones hasta el 5 de mayo de 2023. 5. El 30 de junio de 2023, la primera instancia declaró la preclusión por prescripción respecto de tres grupos de delitos: a. Privación ilegal de la libertad atribuida a: Nadin Arled Mina Lucumí, JAIR ALBERTO MORALES NOVOA, Juan David Poveda Quesada, YEISONN FERNANDO OVIEDO PINEDA, LUIS FERNANDO OSPINA BARÓN, Andrés Fabián Valdez Campos, ERICK ROSSENVER MUÑOZ PORTELA, ÓSCAR FABIÁN OTAVO SANABRIA, OSNAIDER PALOMINO PALOMINO y Edwin Leonardo Mondragón García. b. Delitos de Tráfico, fabricación o porte de falsedad ideológica en documento público, agravó el delito de armas o explosivos y modificó la imputación por estupefacientes al inciso 3.º del artículo 376 Cp. A JAIR ALBERTO MORALES NOVOA y Juan David Poveda Quesada les agregó tres eventos de falsedad ideológica en documento público y les atribuyó tres eventos de fraude procesal, privación ilegal de la libertad y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, además del concierto para delinquir agravado. A YEISONN FERNANDO OVIEDO PINEDA le agravó la imputación por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. A Andrés Fabián Valdez Campos le agregó dos eventos de falsedad ideológica en documento público y dos eventos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. A ERICK ROSSENVER MUÑOZ PORTELA, ÓSCAR FABIÁN OTAVO SANABRIA, OSNAIDER PALOMINO PALOMINO y Edwin Leonardo Mondragón García les agregó falsedad ideológica en documento público. Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 8 estupefacientes atribuidos a JAIR ALBERTO MORALES NOVOA, Juan David Poveda Quesada, Andrés Fabián Valdez Campos, ERICK ROSSENVER MUÑOZ PORTELA, ÓSCAR FABIÁN OTAVO SANABRIA, OSNAIDER PALOMINO PALOMINO y Edwin Leonardo Mondragón García. c. Prevaricato por omisión imputado a Nadin Arled Mina Lucumí. Además, decretó la preclusión a favor de Pedro José Sanabria por fraude procesal. 6. El 14 de marzo de 2024, el Despacho anunció el sentido de fallo mixto. El 1º de abril de 2024, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué profirió sentencia condenatoria de la siguiente manera: a. Nadin Arled Mina Lucumí, como autor del delito de concierto para delinquir agravado y cohecho propio, y como coautor del punible de fraude procesal, en concurso homogéneo y sucesivo. Le impuso las penas de 19 años y 6 meses de prisión y multa de 5.366,66 smlmv. b. Carlos Francisco Sosa Molina, como autor del delito de concierto para delinquir agravado. Le impuso las penas de 8 años de prisión y multa de 2.700 smlmv. c. JAIR ALBERTO MORALES NOVOA y Juan David Poveda Quesada, como coautores del ilícito de fraude procesal. Les impuso las penas de 8 años y 6 meses de prisión y multa de 600 smlmv. Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 9 d. LUIS FERNANDO OSPINA BARÓN y Andrés Fabián Valdez Campos, como coautores del delito de fraude procesal. Les impuso las penas de 7 años y 6 meses de prisión y multa de 400 smlmv. e. ÓSCAR FABIÁN OTAVO SANABRIA, OSNAIDER PALOMINO PALOMINO, ERICK ROSSENVER MUÑOZ PORTELA y YEISONN FERNANDO OVIEDO PINEDA, como coautores del delito de fraude procesal. Les impuso las penas de 6 años y 6 meses de prisión y multa de 200 smlmv. f. Finalmente, el Juzgado decretó la nulidad parcial de la actuación, desde la audiencia de formulación de imputación, por el delito de falsedad ideológica en documento público. Asimismo, degradó a concierto para delinquir simple el concierto agravado atribuido a JAIR ALBERTO MORALES NOVOA y Juan David Poveda Quesada y declaró prescrita la acción penal por esa conducta. 7. La primera instancia le negó a Nadin Arled Mina Lucumí la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. En cambio, le concedió prisión domiciliaria a JAIR ALBERTO MORALES NOVOA, Juan David Poveda Quesada, LUIS FERNANDO OSPINA BARÓN, Andrés Fabián Valdez Campos, ÓSCAR FABIÁN OTAVO SANABRIA, OSNAIDER PALOMINO PALOMINO, ERICK ROSSENVER MUÑOZ PORTELA y YEISONN FERNANDO OVIEDO PINEDA. Los defensores de todos los procesados apelaron. 8. El 3 de mayo de 2024, la Sala Penal del Tribunal Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 10 Superior de Ibagué confirmó integralmente la sentencia de primera instancia. 9. Las defensas de JAIR ALBERTO MORALES NOVOA, LUIS FERNANDO OSPINA BARÓN, ÓSCAR FABIÁN OTAVO SANABRIA, OSNAIDER PALOMINO PALOMINO, ERICK ROSSENVER MUÑOZ PORTELA y YEISONN FERNANDO OVIEDO PINEDA interpusieron y sustentaron el recurso extraordinario de casación. El Tribunal Superior de Ibagué declaró desiertos los interpuestos por los defensores de Carlos Francisco Sosa Molina, Nadin Arled Mina Lucumí y Andrés Fabián Valdez Campos. 10. El 12 de agosto de 2024, ingresó el expediente al Despacho 005 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. IV. LAS DEMANDAS Defensa de ÓSCAR FABIÁN OTAVO SANABRIA El demandante formuló dos cargos. El primero lo apoyó en la causal primera (art. 181.1 Código de Procedimiento Penal -CPP), por falta de aplicación de normas que regulan la prescripción de la acción penal. El segundo lo presentó bajo la causal segunda (art. 181.2 CPP), por afectación sustancial del debido proceso. Expuso lo siguiente: 1. Primer cargo: falta de aplicación de las normas sobre prescripción. El Tribunal anunció la sentencia de segunda instancia el 6 de mayo de 2024, pero solo remitió el texto completo el 8 de mayo siguiente. A partir de ello, afirmó que la Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 11 acción penal por fraude procesal prescribió antes de la comunicación íntegra de la providencia, pues el término venció el 6 de mayo de 2024. Por esa razón, invocó los arts. 82, 83 y 86 Cp y pidió decretar la extinción de la acción penal a favor de ÓSCAR FABIÁN OTAVO SANABRIA. 2. Segundo cargo: afectación del debido proceso por defectos en la valoración probatoria. Alegó falso juicio de existencia, falso juicio de identidad por omisión y falso raciocinio, porque las instancias no valoraron de manera integral el contrainterrogatorio de Dayro Yamith Cárdenas Ortiz ni el contenido real de los videos utilizados en juicio. El demandante realizó los siguientes ataques en ese cargo: a. Contradicciones del agente encubierto frente al contrainterrogatorio y los videos. La defensa sostuvo que las instancias acogieron la versión incriminatoria de Dayro Yamith Cárdenas Ortiz, pero omitieron valorar las contradicciones reveladas en el contrainterrogatorio y en los videos. Esos registros no mostraban la entrega directa de estupefacientes por parte de Nadin Arled Mina Lucumí a ÓSCAR FABIÁN OTAVO SANABRIA y ERICK ROSSENVER MUÑOZ PORTELA, ni la manipulación de una bolsa negra por parte de ÓSCAR FABIÁN OTAVO SANABRIA. Por ello, afirmó que el Tribunal no resolvió ese reparo y mantuvo una condena sin prueba suficiente. b. Cuestionamiento a la inmediación. El juez que profirió la sentencia no fue el que presenció directamente la práctica de la prueba. A juicio del recurrente, esa circunstancia le impidió al juez valorar adecuadamente los videos presentados en la Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 12 audiencia del 6 de noviembre de 2018, pues el registro de la audiencia no le permitía apreciar con claridad lo exhibido en juicio. Por lo anterior, el defensor pidió como pretensión principal decretar la prescripción de la acción penal por el delito de fraude procesal. Subsidiariamente, solicitó casar la decisión por afectación del debido proceso. Defensa de JAIR ALBERTO MORALES NOVOA El casacionista formuló cuatro cargos. Los tres primeros los apoyó en la causal tercera (art. 181.3 CPP), por violación indirecta de la ley sustancial, por errores de hecho en la apreciación probatoria. El cuarto también lo presentó por la causal tercera, pero bajo la modalidad de error de derecho por falso juicio de legalidad. Fundamentó su réplica de la siguiente manera: 1. Primer cargo: falso juicio de existencia por omisión. El Tribunal omitió valorar los testimonios de Jorge Eduardo Solórzano García, Asdrúbal Perdomo Reinoso y Julio Ángel Suárez Galindo. En su criterio, esas declaraciones revelaban dudas sobre la fecha, vigencia, prórroga y destino procesal de la orden de interceptación, así como sobre la legalidad de los audios usados contra JAIR ALBERTO MORALES NOVOA. Por ello, sostuvo que las instancias fundaron la condena en grabaciones cuya incorporación y validez no quedaron acreditadas, y que la valoración de esos testimonios habría conducido a excluir los audios o a reconocer una duda Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 13 favorable al procesado. 2. Segundo cargo: falso juicio de existencia por omisión. La segunda instancia omitió estudiar la transliteración y el alcance de la llamada del 8 de enero de 2015 atribuida a JAIR ALBERTO MORALES NOVOA. Según la defensa, Suárez Galindo no identificó claramente al interlocutor, pues aludió a nombres o apellidos como “Morelo”, “Homero” o “Moreno2”, sin que ello permitiera atribuir la comunicación al procesado. Además, afirmó que el testigo no podía interpretar la expresión “unas 40”, porque su función consistía en transliterar los audios, no en deducir su significado. Además, las cantidades incautadas ese día no coincidían con una supuesta referencia a 40 gramos de estupefaciente. Por último, el defensor alegó que la Fiscalía archivó los dos procesos derivados de los hechos del 8 de enero y que, frente al episodio del 23 de enero, el expediente no aclaró el resultado final de la judicialización. Con base en ello, concluyó que el Tribunal no demostró la idoneidad del medio fraudulento ni la inducción en error a fiscales o jueces. 3. Tercer cargo: falso juicio de existencia por suposición. El Tribunal fundó la condena en varias suposiciones: i) tuvo por existente e incorporada una orden de interceptación no exhibida en juicio, ii) atribuyó a JAIR ALBERTO MORALES NOVOA una llamada del 8 de enero que, según la defensa, no lo identificaba, iii) afirmó sin prueba que recibió permisos, felicitaciones o beneficios por los procedimientos cuestionados, y le asignó la elaboración de poligramas, pese a Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 14 que esa función correspondía a la central de radio o al Centro Automático de Despacho. A partir de ello, indicó que esas premisas afectaron la conclusión sobre la intervención del procesado en los hechos. 4. Cuarto cargo: falso juicio de legalidad. La segunda instancia valoró como válida la orden de interceptación del 28 de julio de 2014, aunque la Fiscalía no la anunció, descubrió ni incorporó en juicio. Afirmó que las instancias omitieron estudiar los testimonios de Solórzano García, Perdomo Reinoso y Suárez Galindo, pese a que mostraban dudas sobre la existencia, vigencia, prórroga y alcance de esa orden. En su criterio, si el Tribunal hubiera excluido esa pieza no incorporada y valorado aquellas declaraciones, los audios habrían perdido fuerza demostrativa y la condena por fraude procesal contra JAIR ALBERTO MORALES NOVOA habría quedado sin soporte suficiente. Por lo anterior, el defensor solicitó casar la sentencia, revocar la condena impuesta a JAIR ALBERTO MORALES NOVOA por fraude procesal y dictar fallo absolutorio. Defensa de LUIS FERNANDO OSPINA BARÓN El demandante formuló ocho cargos sustentados en la causal tercera (art. 181.3 CPP), por violación indirecta de la ley sustancial derivada del desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba. El casacionista dirigió los cargos contra la condena por fraude procesal y los desarrolló así: Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 15 1. Primer cargo: falso juicio de existencia por omisión. El Tribunal omitió valorar la entrevista que Diana Marcela Calderón Calderón rindió ante el investigador de la defensa, José David de la Paz Álvarez. Esa entrevista tenía valor como prueba de referencia, porque la declarante murió antes del juicio, y favorecía a LUIS FERNANDO OSPINA BARÓN, pues ella afirmó que la captura del 15 de enero de 2015 había ocurrido de manera legal y no atribuyó al procesado la incorporación fraudulenta de estupefacientes. Por ello, indicó que la omisión de esa prueba afectó el debido proceso, el derecho de defensa y la atribución de responsabilidad penal al procesado. 2. Segundo cargo: falso juicio de existencia por omisión. La segunda instancia no valoró el testimonio de Yamid Trujillo Reyes, propietario del inmueble identificado como casa 20 del barrio El Bosque. Ese testigo explicó que, para enero de 2015, la vivienda estaba abandonada, sin puertas ni ventanas, y no servía para sustentar la versión de supuestos allanamientos ilegales o capturas realizadas dentro del inmueble. En criterio del recurrente, esa declaración debilitó la versión de Dayro Yamith Cárdenas Ortiz y favoreció la tesis de que la captura de Diana Marcela Calderón ocurrió en vía pública. 3. Tercer cargo: falso juicio de existencia por suposición. Las instancias supusieron que LUIS FERNANDO OSPINA BARÓN recibió permisos, felicitaciones o beneficios por los procedimientos del 15 de enero y del 12 de marzo de 2015. Indicó que Julio Ángel Suárez Galindo solo mencionó dos permisos: uno del 13 de octubre de 2014 y otro del 21 de abril de 2015, fechas sin Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 16 relación con los hechos por los cuales ocurrió la condena. Por ello, reprochó que el Tribunal construyera el dolo y el móvil del fraude procesal sobre una premisa sin respaldo probatorio. 4. Cuarto cargo: falso juicio de identidad por tergiversación. El Tribunal alteró el alcance del testimonio de Suárez Galindo sobre el Plan Operativo de Estímulos de la Policía. Según el casacionista, el testigo no afirmó que LUIS FERNANDO OSPINA BARÓN hubiera recibido beneficios por los procedimientos cuestionados, ni explicó la razón de los permisos. También resaltó que no existían interceptaciones, subordinación funcional ni vínculo de amistad entre LUIS FERNANDO OSPINA BARÓN y Nadin Arled Mina Lucumí. Por eso, indicó que la segunda instancia convirtió datos generales y ambiguos en una prueba de responsabilidad penal individual. 5. Quinto cargo: falso juicio de identidad por adición. La segunda instancia adicionó indebidamente el contenido del Oficio 193 del 25 de mayo de 2015, relacionado con el trámite adelantado frente al adolescente A.E.A.M. Según la demanda, la Fiscalía no lo anunció, no lo descubrió ni incorporó ese documento como prueba en el juicio. A pesar de ello, el Tribunal lo usó para sostener que el menor había quedado a disposición del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y que los actos urgentes sirvieron como medio fraudulento. 6. Sexto cargo: falso juicio de existencia por suposición. El fallador de segundo grado indicó que a partir del Oficio 193 y de la declaración de Suárez Galindo los actos urgentes elaborados por los policías indujeron en error a los Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 17 funcionarios que tramitaron el caso del adolescente A.E.A.M. Afirmó que el fallo ignoró que ese día ocurrieron dos hechos distintos: i) el ataque contra Germán Ñustes; ii) la aprehensión del menor. También reprochó que el Tribunal no valorara la declaración de Olga Cecilia Rodríguez, madre de Ñustes, ni verificara el resultado real del trámite juvenil, amparado por reserva legal. 7. Séptimo cargo: falso juicio de legalidad. La segunda instancia estudió el Oficio 193 del 25 de mayo de 2015 como prueba válida, aunque no había ingresado regularmente al juicio y contenía información cobijada por la reserva prevista para asuntos de infancia y adolescencia. Según el cargo, esa incorporación vulneró el derecho de defensa, porque LUIS FERNANDO OSPINA BARÓN no pudo conocer ni controvertir oportunamente ese documento. Además, el recurrente afirmó que el Tribunal revivió, por esa vía, elementos que el Juzgado había descartado al absolver al procesado por el delito contra la seguridad pública. 8. Octavo cargo: falso juicio de legalidad por exclusión de prueba. El demandante volvió sobre la entrevista de Diana Marcela Calderón Calderón, pero ahora bajo la modalidad de error de derecho. Alegó que el Tribunal excluyó indebidamente una prueba de referencia admitida en juicio y también omitió valorar el testimonio de José David de la Paz Álvarez, investigador que recibió esa entrevista y explicó su origen, contenido y soporte documental. Según la defensa, esa prueba reunía las exigencias legales, favorecía al procesado y podía conducir a una decisión absolutoria por el hecho del 15 de Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 18 enero de 2015. Por lo anterior, el defensor solicitó casar la sentencia, revocar la condena impuesta a LUIS FERNANDO OSPINA BARÓN por fraude procesal y dictar fallo absolutorio. Defensa de OSNAIDER PALOMINO PALOMINO El recurrente en casación formuló cuatro cargos. El primero lo apoyó en la causal segunda (art. 181.2 CPP), por afectación sustancial del debido proceso y del derecho de defensa, con fundamento en el art. 457 CPP. Los tres restantes los formuló bajo la causal tercera (art. 181.3 CPP), por violación indirecta de la ley sustancial derivada de errores en la apreciación probatoria. 1. Primer cargo: nulidad por ausencia de defensa efectiva. OSNAIDER PALOMINO PALOMINO no contó con una defensa real, continua y activa durante el juicio oral. Afirmó que el defensor público asignado omitió interrogar a testigos relevantes, entre ellos Lucelly Calderón Guzmán, Julio César Díaz Mejía, alias “Guayabo”, y José David de la Paz Álvarez. También reprochó que el juzgado limitó la intervención directa del procesado cuando intentó ejercer su defensa material. Por ello, solicitó la nulidad de la actuación a partir de las sesiones de juicio oral del 10 de noviembre de 2021 y 5 de agosto de 2022, así como de las sentencias de primera y segunda instancia. Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 19 2. Segundo cargo: falso juicio de existencia por omisión. El demandante afirmó que el Tribunal omitió valorar la entrevista que Diana Marcela Calderón Calderón rindió ante el investigador de la defensa, José David de la Paz Álvarez. Según la demanda, esa entrevista ingresó al juicio como prueba de referencia, porque la declarante falleció antes del debate oral y favorecía a OSNAIDER PALOMINO PALOMINO. En ella, Diana Marcela Calderón admitió que consumía estupefacientes, que estaba con alias “Guayabo” el día de los hechos y que la captura de ambos había sido legal. 3. Tercer cargo: falso juicio de existencia por suposición. El Tribunal construyó la condena sobre hechos que no contaban con prueba real. En particular, afirmó que la segunda instancia supuso la existencia y validez de una orden de interceptación del 28 de julio de 2014, pese a que la Fiscalía no la incorporó en juicio ni acreditó su prórroga o cancelación. También alegó que el Tribunal supuso un vínculo delictivo entre Nadin Arled Mina Lucumí y OSNAIDER PALOMINO PALOMINO, aunque a este no le atribuyeron concierto para delinquir. Finalmente, sostuvo que la segunda instancia le restó credibilidad a la versión de Julio César Díaz Mejía por falta de claridad, pero no explicó por qué esa valoración no favorecía la tesis defensiva de OSNAIDER PALOMINO PALOMINO. 4. Cuarto cargo: falso juicio de legalidad por exclusión indebida de prueba. La segunda instancia excluyó del análisis la entrevista de Diana Marcela Calderón Calderón y el testimonio del investigador José David de la Paz Álvarez, pese a que ambos ingresaron legalmente al juicio. Según el cargo, Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 20 esa prueba de referencia cumplía los requisitos de los arts. 382, 429, 437 y 438 lit. d) CPP, pues provenía de una testigo fallecida y tenía incidencia directa en el hecho atribuido a OSNAIDER PALOMINO PALOMINO. En criterio de la defensa, su valoración habría permitido reconocer que la captura de alias “Guayabo” fue legal y que la condena por fraude procesal carecía de soporte probatorio suficiente. Por lo anterior, el defensor solicitó decretar la nulidad por ausencia de defensa técnica efectiva. Adicionalmente, pidió casar los fallos de instancia para revocar la condena impuesta a OSNAIDER PALOMINO PALOMINO por el delito de fraude procesal y, en consecuencia, la Corte dicte fallo absolutorio. Defensa de ERICK ROSSENVER MUÑOZ PORTELA El casacionista formuló un cargo único. Lo apoyó en la causal segunda (art. 181.2 CPP), por desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura y de las garantías de la defensa. Alegó nulidad por violación del principio de congruencia, con fundamento en el art. 457 CPP, bajo la modalidad de error in procedendo. El defensor sostuvo que la Fiscalía alteró el núcleo fáctico atribuido a ERICK ROSSENVER MUÑOZ PORTELA. Según la imputación, el procesado le colocó a Miguel Ángel Zapata Romero tres bolsas de estupefacientes (dos de bazuco y una de marihuana) para inducir en error a las autoridades judiciales. Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 21 En la acusación, en cambio, la Fiscalía indicó que Zapata Romero ya portaba dos bolsas y que los patrulleros pidieron a Nadin Arled Mina Lucumí más droga para aumentar la cantidad incautada. Para la defensa, esa variación modificó el medio fraudulento, introdujo un hecho nuevo y dejó indeterminado el aporte concreto del procesado. Por ello, pidió casar la sentencia y declarar la nulidad de la actuación desde la formulación de imputación. Defensa de YEISONN FERNANDO OVIEDO PINEDA El demandante formuló dos cargos. Ambos los sustentó en la causal segunda (art. 181.2 CPP), por afectación sustancial del debido proceso y del derecho de defensa. Alegó nulidad con fundamento en el art. 457 CPP, por falta de claridad en la comunicación de los hechos jurídicamente relevantes del fraude procesal imputado en calidad de determinador (arts. 30 y 453 CP). Sustentó así su disenso: 1. Primer cargo principal: nulidad por defectos en la imputación. La Fiscalía no comunicó con claridad los hechos que permitían atribuir a YEISONN FERNANDO OVIEDO PINEDA la condición de determinador del fraude procesal. En su criterio, la imputación solo indicó que el procesado entregó un arma a Nadin Arled Mina Lucumí para judicializar a un ciudadano y obtener un permiso, pero no explicó cómo influyó en la decisión del ejecutor, en qué circunstancias de tiempo, modo y lugar ocurrió la inducción, ni cuál medio utilizó para generar o reforzar la voluntad ilícita. Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 22 Además, el defensor reprochó que la Fiscalía mezcló medios de prueba y hechos indicadores con hechos jurídicamente relevantes, y que omitió una exposición suficiente sobre antijuridicidad y culpabilidad. Por esa razón, afirmó que la imputación quedó indeterminada y afectó el ejercicio de defensa desde el inicio de la actuación. 2. Segundo cargo subsidiario: nulidad por defectos en la acusación. El demandante reiteró que la Fiscalía mantuvo la indeterminación fáctica de la imputación: no precisó la conducta concreta mediante la cual YEISONN FERNANDO OVIEDO PINEDA habría determinado a Nadin Arled Mina Lucumí o a Dayro Yamith Cárdenas Ortiz a cometer el fraude procesal. Por lo anterior, el casacionista solicitó casar la sentencia. Como pretensión principal, pidió declarar la nulidad de la actuación desde la audiencia de formulación de imputación, inclusive. De manera subsidiaria, solicitó declarar la nulidad desde la audiencia de formulación de acusación. V. CONSIDERACIONES A. Aspectos generales del recurso interpuesto 1. Competencia Según los artículos 32.1 y 181 de la Ley 906 de 2004, la Sala es competente para decidir sobre la admisibilidad de los recursos de casación interpuestos contra las sentencias dictadas por los tribunales superiores. Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 23 En este caso, las defensas de JAIR ALBERTO MORALES NOVOA, LUIS FERNANDO OSPINA BARÓN, ÓSCAR FABIÁN OTAVO SANABRIA, OSNAIDER PALOMINO PALOMINO, ERICK ROSSENVER MUÑOZ PORTELA Y YEISONN FERNANDO OVIEDO PINEDA presentaron oportunamente las demandas de casación dirigidas contra la sentencia proferida el 3 de mayo de 2024, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué. 2. Legitimidad para acudir en casación El artículo 182 de la Ley 906 de 2004 establece que están legitimados para recurrir en casación la Fiscalía General de la Nación; la defensa -si tiene poder especial para ello-; el procesado -si es abogado-, el apoderado de víctimas y el Ministerio Público. En este caso, los defensores que representaron a ÓSCAR FABIÁN OTAVO SANABRIA y ERICK ROSSENVER MUÑOZ PORTELA ante las instancias también interpusieron y sustentaron oportunamente el recurso extraordinario de casación. Respecto de JAIR ALBERTO MORALES NOVOA, LUIS FERNANDO OSPINA BARÓN y OSNAIDER PALOMINO PALOMINO, aunque otros abogados los representaron durante el trámite de segunda instancia, el apoderado judicial que acudió a la Corte asumió oportunamente la sustentación del recurso extraordinario, en ejercicio del poder que aquellos le otorgaron para tales efectos. Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 24 En cuanto a YEISONN FERNANDO OVIEDO PINEDA, el defensor que lo representó ante el Tribunal interpuso el recurso extraordinario y, luego, el nuevo apoderado judicial asumió oportunamente su sustentación, con fundamento en el poder que el procesado le otorgó para acudir ante la Corte. Por lo tanto, los defensores de JAIR ALBERTO MORALES NOVOA, LUIS FERNANDO OSPINA BARÓN, ÓSCAR FABIÁN OTAVO SANABRIA, OSNAIDER PALOMINO PALOMINO, ERICK ROSSENVER MUÑOZ PORTELA y YEISONN FERNANDO OVIEDO PINEDA están legitimados para recurrir en casación. 3. Interés para recurrir en casación El interés jurídico supone el ejercicio efectivo de los principios de contradicción y doble instancia. Para ello, el demandante debe haber apelado el fallo de primera instancia y sus reparos deben guardar identidad temática con los argumentos expuestos en casación6. Si no acredita el interés, incumple el presupuesto básico y la Sala deberá inadmitir la demanda. En este caso, los demandantes en casación apelaron el fallo de primera instancia. Asimismo, los apoderados de JAIR ALBERTO MORALES NOVOA, LUIS FERNANDO OSPINA BARÓN, ÓSCAR FABIÁN OTAVO SANABRIA, OSNAIDER PALOMINO PALOMINO, YEISONN FERNANDO OVIEDO PINEDA y ERICK ROSSENVER MUÑOZ PORTELA tienen interés para recurrir, pues los cargos propuestos 6 Cfr. CSJ AP948–2024, 28 feb. 2024, rad. 61.100 y CSJ AP3666–2024, 5 jul. 2024, Rad. 60.922. Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 25 guardan identidad temática con los reparos planteados en segunda instancia. 4. Fines del recurso de casación Los artículos 180 y 181 del CPP establecen que el recurso de casación pretende la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios y la unificación de la jurisprudencia. A su vez, este procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia cuando los procesos afectan derechos o garantías fundamentales. En consecuencia, las demandas de casación deben precisar con claridad cuál finalidad persiguen, pues la Sala solo interviene si la cuestión planteada demanda su pronunciamiento para materializar alguno de esos fines. Esta exigencia garantiza la coherencia funcional del recurso y permite evaluar la necesidad de la intervención extraordinaria de la Corte. Los recurrentes cumplieron con la carga de justificar la finalidad del recurso extraordinario. En relación con los cargos presentados, aludieron a la efectividad del derecho material y el debido proceso. La Sala está habilitada para evaluar la trascendencia jurídica de los ataques planteados. 5. Principios del recurso de casación Las demandas de casación deben ajustarse a los Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 26 principios que determinan su alcance y contenido. Estos se dividen en dos categorías: sustanciales, que delimitan la índole del recurso y competencia de la Sala de Casación Penal, e instrumentales, los cuales rigen la estructura del escrito. a. Los principios sustanciales: Tienen fundamento constitucional y legal, dado que aseguran la efectividad del control legal y constitucional sobre las decisiones judiciales. Destacan los siguientes: i) taxatividad7; ii) excepcionalidad8; iii) limitación9; iv) oficiosidad10; v) extensión11, y vi) proscripción de la reforma en perjuicio12. 7 Limita las causales del recurso a las expresamente previstas por la ley. El artículo 29.2 de la Constitución Política exige la observancia de «las formas propias de cada juicio» y el artículo 181 de la Ley 906 de 2004 fija las causales de procedencia de la casación penal (CSJ AP5242- 2025, 6 ago. 2025, rad. 61732; CSJ AP, 5 nov. 2025, rad. 69903; y CSJ AP, 5 nov. 2025, rad. 70085). 8 Define el recurso como mecanismo extraordinario y no como una tercera instancia. Los artículos 31.1 y 235.1 de la Constitución Política garantizan la doble instancia y autoriza excepciones legales para recursos de carácter extraordinario y otorgan a la Corte Suprema de Justicia la función de actuar como tribunal de casación. Los artículos 181 y 184 de la Ley 906 de 2004 conciben este recurso como remedio excepcional de control legal y constitucional, procedente únicamente contra sentencias de segunda instancia en supuestos taxativos y prevén un filtro de admisibilidad selectiva, sustentado en la facultad discrecional de la Corte para seleccionar las demandas que satisfacen los fines superiores del recurso (CSJ AP4822- 2025, 25 jul. 2025, rad. 61898; CSJ AP, 5 nov. 2025, rad. 61742 y CSJ AP, 5 nov. 2025, rad. 69325). 9 Restringe el examen de la Corte a los cargos formulados por el demandante. El artículo 29.2 de la Constitución Política dispone que el proceso debe ceñirse a «las formas propias de cada juicio» y el artículo 184.3 de la Ley 906 de 2004 restringe la competencia de la Sala a los motivos casacionales propuestos, salvo los casos excepcionales previstos por la ley (CSJ AP6380-2025, 17 sep. 2025, rad. 59718; CSJ AP, 5 nov. 2025, rad. 61832 y CSJ AP, 5 nov. 2025, rad. 63888). 10 Autoriza la intervención oficiosa pro-reo para corregir errores trascendentales de manera excepcional. Los artículos 29 y 228 de la Constitución Política garantizan el debido proceso y disponen que en las actuaciones judiciales «prevalecerá el derecho sustancial». El artículo 184.3 de la Ley 906 de 2004 desarrolla la excepción de casación oficiosa, dado que la Corte «atendiendo a los fines de la casación (…) deberá superar los defectos de la demanda para decidir de fondo» cuando resulte necesario (CSJ SP2761-2024, 16 oct. 2024, rad. 60843; CSJ AP, 5 nov. 2025, rad. 63053 y CSJ AP, 5 nov. 2025, rad. 64480).11 Faculta aplicar los efectos favorables del fallo a quienes no recurrieron. El artículo 13 de la Constitución Política garantiza la igualdad ante la ley y el artículo 187 de la Ley 906 de 2004 dispone que la decisión del recurso de casación «se extenderá a los no recurrentes en cuanto les sea favorable» (CSJ SP015- 2019, 23 ene. 2019, rad. 53880 y CSJ SP1796-2025, 13 ago. 2025, rad. 64659). 11 Faculta aplicar los efectos favorables del fallo a quienes no recurrieron. El artículo 13 de la Constitución Política garantiza la igualdad ante la ley y el artículo 187 de la Ley 906 de 2004 dispone que la decisión del recurso de casación «se extenderá a los no recurrentes en cuanto les sea favorable» (CSJ SP015-2019, 23 ene. 2019, rad. 53880 y CSJ SP1796-2025, 13 ago. 2025, rad. 64659). 12 Impide agravar la situación del demandante. El artículo 31.2 de la Constitución Política proscribe al superior «agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único» y el artículo 188 de la Ley 906 de 2004 establece que cuando «se trate de sentencia condenatoria no se podrá agravar la pena impuesta, salvo que el fiscal, el Ministerio Público, la víctima o su Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 27 b. Los principios instrumentales: Orientan la formulación técnica de la demanda y derivan de la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia. Entre ellos figuran: i) autonomía13; ii) claridad14; iii) coherencia15; iv) corrección material16; v) crítica vinculante17; vi) debida fundamentación18; vii) integración de la proposición jurídica completa19; viii) no contradicción20; ix) precisión21; x) prioridad22, xi) trascendencia23; xii) unidad jurídica inescindible24; xiii) unidad temática25; y xiv) necesidad de representante, cuando tuviere interés, la hubieren demandado» (CSJ AP4987-2025, 25 jul. 2025, rad. 64234 y CSJ AP5910-2025, 27 ago. 2025, rad. 62553). 13 Cada cuestionamiento debe desarrollarse de manera independiente para evitar mezclas argumentativas y conceptuales (CSJ-AP3254-2023, 27 oct. 2023, rad. 60122 y CSJ AP2259- 2024, 30 abr. 2024, rad. 65336). 14 El demandante debe expresar de forma inteligible y concreta el problema jurídico (CSJ AP1971-2023, 12 jul. 2023, rad. 63305 y CSJ AP5772-2024, 25 sep. 2024, rad. 61427). 15 Los planteamientos ante la Corte deben conservar coherencia y responder a una estructura lógica, especialmente al seleccionar causales y formular cargos (CSJ-AP3218-2025, 21 may. 2025, rad. 64659). 16 El recurrente debe formular planteamientos veraces y exactos: los cargos casacionales deben reflejar fielmente los hechos probados y el contenido real del fallo impugnado (CSJ-AP283- 2019, 30 ene. rad. 51539 y CSJ AP3268-2023, 16 nov. 2023, rad. 59382). 17 Los cuestionamientos deben fundarse en los motivos de casación previstos por el legislador, ajustados a los requisitos formales y sustanciales de cada reproche; no procede argumentar como en un alegato de instancia (CSJ AP5303-2022, 11 nov. 2022, rad. 56304 y CSJ AP593- 2023, 8 mar. 2023, rad. 59957). 18 La demanda debe bastar por sí sola para propiciar la invalidación del fallo (CSJ AP213- 2021, 3 feb. 2021, rad. 58603 y CSJ AP5303-2022, 11 nov. 2022, rad. 56304). Los cargos deben sustentarse según la clase y características del error invocado (CSJ AP3254-2023, 27 oct. 2023, rad. 60122 y CSJ AP5772-2024, 25 sep. 2024, rad. 61427). 19 El demandante tiene la carga de precisar, en cada cargo, las normas sustanciales violadas y el sentido de esa vulneración (CSJ AP3203-2024, 12 jun. 2024, rad. 60544 y CSJ AP3218- 2025, 21 may. 2025, rad. 64659). 20 No puede invocar varias causales en un mismo cargo (CSJ AP3439-, 25 jun. 2014, rad. 41752). 21 El problema jurídico debe exponerse de forma inteligible y concreta (CSJ AP4923-2024, 28 ago. 2024, rad. 59735 y CSJ AP2256-2025, 9 abr. 2025, rad. 62396). 22 Obliga a resolver en primer término la nulidad propuesta, cuando su prosperidad tornaría inane el análisis de los demás cargos (CSJ AP2963-2025, 16 may. 2025, rad. 60493). 23 Conlleva que los errores denunciados tengan entidad suficiente para desvirtuar la presunción de acierto y legalidad del fallo, de modo que el demandante debe demostrar su incidencia en la decisión (CSJ AP4212-2019, 27 sep. 2019, rad. 55388 y CSJ AP2276-2024, 30 abr. 2024, rad. 60316). 24 Cuando las sentencias de primera y segunda instancia coinciden en sentido, constituyen una unidad. Por tanto, quien interponga casación debe controvertir los fundamentos de ambas, dado que el fallador ad quem ratifica los de la primera (CSJ AP3274-2025, 16 may. 2025, rad. 64170). 25 Busca que el juez de segunda instancia examine el error atribuido al de primera. La falta de controversia durante la actuación implica conformidad y, en virtud de la preclusión, impide reabrir la discusión (CSJ AP346-2022, 9 feb. 2022, rad. 57851 y CSJ AP461-2023, 22 feb. 2023., rad. 62020). Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 28 intervención de la Corte26. 6. Causales de casación previstas por la Ley 906 de 2004. Las tres causales de casación previstas en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004 son: a. La violación directa de la ley sustancial se presenta cuando, a partir de los hechos fijados por los jueces, el fallador aplica de forma incorrecta la norma pertinente. Esto ocurre en tres modalidades: por falta de aplicación, si el fallador omite aplicar la norma que rige el caso; por indebida aplicación, si adecua equivocadamente los hechos probados al supuesto normativo; o por errónea interpretación, si asigna a la norma un sentido que no tiene o le da efectos contrarios a su contenido (CSJ AP3457-2022, 3 ago. 2022, Rad. 57247; AP948-2024, 28 feb. 2024, Rad. 61100). El recurrente que acude por esta vía debe limitar su ataque a errores in iudicando de carácter jurídico, derivados de la selección o interpretación de la norma sustancial. Para ello, debe aceptar sin reservas los hechos y la valoración probatoria definidos por las instancias y abstenerse de discutirlos. b. Referida a las nulidades. El artículo 181 de la Ley 906 de 2004 remite al instituto de las nulidades, cuya 26 La intervención de la Corte Suprema de Justicia resulta necesaria cuando el asunto requiere desarrollo jurisprudencial o la protección de derechos fundamentales (CSJ AP3007-2025,16 may. 2025, rad. 60727). Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 29 finalidad radica en sancionar la vulneración de las garantías fundamentales. Por ello, la proposición y el examen de admisibilidad de una crítica de esta índole deben realizarse de forma acorde con los principios de taxatividad27, convalidación28, acreditación29, protección30, instrumentalidad de las formas31, residualidad32 y trascendencia33. Estos postulados revisten carácter acumulativo, por lo que el incumplimiento de alguno determina la no prosperidad del cargo. La Corte ha reiterado que, para fundamentar debidamente un cargo por nulidad, el recurrente debe señalar con precisión: i) el motivo específico de la nulidad; ii) la índole sustancial del vicio procesal; iii) la forma concreta en que altera el rito procesal o menoscaba las garantías de los sujetos intervinientes; iv) las disposiciones legales específicas que considera infringidas; v) el momento exacto en que acaeció la irregularidad y la cobertura procesal requerida para la invalidación pretendida; y v) acreditar con rigor que la nulidad constituye la única y última vía para restablecer la garantía 27 No podrá decretarse ninguna nulidad por causal distinta a las señaladas en la norma procedimental Cfr.CSJ-AP5266-2018, 5 dic. 2018, Rad. 52.535 y AP2012-2023, 12 jul. 2023, Rad. 60.675. 28 Las irregularidades pueden convalidarse con el consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado Cfr.CSJ-AP5266-2018, 5 dic. 2018, Rad. 52.535 y AP2012-2023, 12 jul. 2023, Rad. 60.675. 29 El que alega un vicio enervante debe especificar la causal que invoca y señalar los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya. Cfr. CSJ-AP4421-2019, 2 oct.2019. Rad. 55.675. 30 El sujeto procesal que con su conducta no haya dado lugar a la configuración del vicio, es el único que lo puede alegar, salvo que se trate de ausencia de defensa técnica Cfr.CSJ- AP5266-2018, 5 dic. 2018, Rad. 52.535 y AP2012-2023, 12 jul. 2023, Rad. 60.675. 31 Como las formas no son un fin en sí mismo, siempre que se cumpla con el propósito que la regla de procedimiento pretendía proteger, no habrá lugar a la declaración de la nulidad Cfr.CSJ-AP5266-2018, 5 dic. 2018, Rad. 52.535 y AP2012-2023, 12 jul. 2023, Rad. 60.675. 32 La declaratoria de nulidad debe ser el único remedio procesal para superar el yerro detectado Cfr.CSJ-AP5266-2018, 5 dic. 2018, Rad. 52.535 y AP2012-2023, 12 jul. 2023, Rad. 60.675. 33 La magnitud del defecto debe tener incidencia en el sentido de justicia incorporado a la sentencia Cfr.CSJ-AP5266-2018, 5 dic. 2018, Rad. 52.535 y AP2012-2023, 12 jul. 2023, Rad. 60.675. Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 30 vulnerada o remediar la anomalía procesal34. c. Según el numeral tercero del artículo 181 del CPP, el recurso de casación procede por el desconocimiento de las reglas de producción, apreciación y valoración probatoria, bien sea mediante la comisión de errores de hecho o de derecho. De los primeros se derivan los falsos i) juicios de existencia, ii) juicios de identidad y iii) raciocinio. De los segundos, los falsos juicios de i) convicción y ii) legalidad. En tales eventos, el demandante tiene la carga de identificar el tipo de error y la modalidad que sustenta sus cuestionamientos. Esto implica que, cuando el cargo se sustenta en un error de hecho, debe relacionar las pruebas afectadas y el tipo de error que denuncia, esto es, precisar si el fallo incurrió en una suposición u omisión -falso juicio de existencia-; en una adición, tergiversación o cercenamiento - falso juicio de identidad- o si el fallador vulneró las reglas de la sana crítica. Además, debe especificar en este último caso, si se trata de las reglas de la lógica, máximas de la experiencia o leyes de la ciencia (falso raciocinio). Cuando el recurrente invoca falso juicio de legalidad, debe individualizar la prueba cuestionada, precisar las normas procesales infringidas y acreditar que, sin ese medio ingresado o excluido de manera irregular, el fallo habría cambiado de forma sustancial, incluso en sentido opuesto35. 34 Cfr. CSJ-AP651-2023, 8 mar. 2023, Rad. 60.884; AP3476-2023, 17 nov. 2023, Rad. 60.231; y AP3675-2024, 5 jul. 2024, Rad. 62.369. 35 Cfr. CSJ AP4923-2024, 28 ago. 2024, Rad. 59.735. Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 31 En cambio, si denuncia falso juicio de identidad, debe señalar el medio de prueba y el aparte exacto afectado, confrontar en doble columna lo que la prueba dijo y lo que el fallador le hizo decir (por adición, cercenamiento o deformación) y explicar la trascendencia del yerro mediante una lectura conjunta corregida; sin ese juicio comparativo, el cargo carece de demostración técnica y no abre el juicio extraordinario36. 7. Motivos de inadmisión La Corte inadmitirá las demandas de casación cuando los recurrentes carezcan de legitimidad, no acrediten interés jurídico para impugnar, no desarrollen los fines que persiguen o infrinjan los principios que orientan la formulación del recurso. También lo hará cuando los escritos no observen la técnica propia de cada causal o cuando resulte evidente la irrelevancia del fallo para alcanzar los propósitos del mecanismo extraordinario. B. Calificación y juicio de admisibilidad de la demanda de casación 8. Con base en lo expuesto, la Sala calificará las seis demandas y los veintiún cargos formulados contra la sentencia de segunda instancia, para determinar si cumplen con las condiciones formales y sustanciales de admisibilidad. A fin de evitar repeticiones y preservar el orden lógico de la 36 Cfr. CSJ AP5920-2017, Rad. 50530; AP3405-2017, Rad. 43924; AP4759-2017, Rad. 46763; AP4773-2017, Rad. 46171; AP 16 may. 2025, Rad. 61041. Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 32 decisión, la Sala integrará estos cargos, con sus respectivos ataques, en diez bloques temáticos, organizados en tres momentos de análisis. Esa agrupación responde a la identidad jurídica y temática de los reparos, la causal invocada, la modalidad del yerro, el hecho o medio de prueba común y la respuesta que exigía cada planteamiento. Por ello, primero examinará el cargo relacionado con la prescripción de la acción penal, con aplicación del principio de prioridad. Luego, abordará los reproches de nulidad, incluidos los defectos de imputación, acusación, congruencia y defensa. Finalmente, estudiará los reparos probatorios propuestos bajo la causal tercera, con distinción de cada modalidad alegada. Primer cargo de ÓSCAR FABIÁN OTAVO SANABRIA. Prescripción de la acción penal contada a partir de la lectura del fallo. (causal segunda, art. 181.2 CPP) 9. El cargo no supera las exigencias de admisión. La prescripción debió proponerse por la causal segunda, ya que compromete el debido proceso cuando el Estado mantiene la actuación después de extinguida la acción penal. No obstante, la defensa debió desarrollar el reproche con la lógica de la violación directa: identificar las normas omitidas, aceptar los datos procesales fijados por las instancias y demostrar, con un cómputo completo, que el término venció antes del fallo de segunda instancia. El casacionista no cumplió esa carga. Cambió la fecha relevante por la lectura y por la remisión posterior del texto, sin demostrar que el Tribunal hubiera dejado de aplicar las normas invocadas. Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 33 10. Además, el cargo partió de una premisa contraria a la línea jurisprudencial de la Sala. En este asunto, la formulación de imputación interrumpió la prescripción. Desde ese momento, el término corrió de nuevo por la mitad del previsto en el art. 83 Cp. Luego, el Tribunal suspendió ese término cuando profirió la sentencia de segunda instancia, de acuerdo con el artículo 189 CPP. Para ese efecto, importaba la fecha en que el cuerpo colegiado adoptó la decisión, no la lectura ni el envío posterior del texto. Por tanto, la lectura parcial o la entrega posterior de la providencia no produjo una ejecutividad fraccionada ni habilitó la extinción de la acción penal37. 11. Así, la defensa debió acreditar que la acción penal había prescrito antes del 3 de mayo de 2024, fecha en que el Tribunal profirió el fallo, pero no lo hizo. Por ello, la Sala inadmitirá el primer cargo formulado por la defensa de ÓSCAR FABIÁN OTAVO SANABRIA. Cargo único de ERICK ROSSENVER MUÑOZ PORTELA y cargos primero y segundo de YEISONN FERNANDO OVIEDO PINEDA. Nulidad por defectuosa delimitación fáctica del fraude procesal en imputación y acusación, y por ruptura de congruencia entre acusación y sentencia (art. 181.2 CPP) 12. Los cargos no cumplieron las exigencias de la nulidad en casación. Los recurrentes invocaron afectación del 37 Cfr. CSJ-SP, 14 ago. 2012, rad. 38467; AP4228-2018; AP1048-2021; SP975-2021, 17 mar. 2021, rad. 58210; AP1414-2023, 17 may. 2023, rad. 63488; AP2241-2025, 9 abr. 2025, rad. 60479; CC C-294 de 2022; CC SU-214 de 2023. Casación -Inadmisorio Radicado 67020 CUI 73001600000020150017801 JAIR ALBERTO MORALES NOVOA Y OTROS 34 debido proceso y del derecho de defensa, pero no demostraron la transgresión real de los principios que rigen la nulidad. En particular, no acreditaron especificidad, porque no identificaron un defecto sustancial con entidad para romper la estructura del trámite; tampoco expusieron la trascendencia, pues no explicaron cómo la irregularidad alegada habría impedido una defensa efectiva o producido una decisión distinta. Además, omitieron justificar la residualidad del remedio, la protección concreta del interés afectado y la necesidad de retrotraer la actuación al acto procesal indicado. 13. El cargo de ERICK ROSSENVER MUÑOZ PORTELA no cumple la exigencia de corrección material. Aunque el demandante alegó ruptura de congruencia en el caso de Miguel Ángel Zapata Romero, no acreditó que las instancias hubieran desbordado el marco fáctico comunicado en la acusación. Las instancias mantuvieron como eje del análisis el procedimiento del 13 de abril de 2015, la captura de Zapata Romero, la intervención conjunta de ERICK ROSSENVER MUÑOZ PORTELA y ÓSCAR FABIÁN OTAVO SANABRIA, el suministro de droga por Nadin Arled Mina Lucumí y la presentación del capturado ante las autoridades para su judicialización. Sobre esa base, valoró la presencia del procesado, la manipulación de la sustancia y el informe de captura38. 38 Juzgado Penal del Circuito Especializado de Ibagué. Sentencia de primera instancia. Fls.72- 74: “Allí se observó en juicio la presencia en las instalaciones del CAI Variante de los entonces patrulleros ERICK ROSSENVER MUÑOZ PORTELA y ÓSCAR FABIÁN OTAVO SANABRIA, ‘ahí se ve cuando ingresa el señor patrullero Muñoz Portela y señor patrullero Otavo Sanabria’, el instante en que Cárdenas Ortiz se desplaza en la motocicleta en compañía del