Providencia SP499-2026

C.U.I. 05000310700120170059301 N.I. 72466 Impugnación especial Santiago Uribe Vélez GERSON CHAVERRA CASTRO Magistrado Ponente SP499-2026 Radicación n° 72466 (Aprobado Acta No. 178) Bogotá, D.C, tres (3) de junio de dos mil veintiséis (2026) ASUNTO La Sala decide las impugnaciones especiales interpuestas por SANTIAGO URIBE VÉLEZ y su defensor, contra la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2025 por el Tribunal Superior de Antioquia, mediante la cual revocó la absolución emitida el 13 de noviembre de 2024 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia y, en su lugar, lo condenó por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. I. HECHOS En los primeros años de la década de los noventa, en particular, durante los años 1990 a 1994, SANTIAGO URIBE VÉLEZ conformó y dirigió un grupo armado ilegal conocido como “Los Doce Apóstoles” que, desde la hacienda La Carolina, ubicada en el sector de los Llanos de Cuivá, en el municipio de Yarumal, llevó a cabo un plan para asesinar y exterminar de forma sistemática personas que consideraban como indeseables -ladrones, vendedores o consumidores de estupefacientes, entre otros- y presuntos auxiliadores de grupos subversivos que operaban en la región norte del departamento de Antioquia, especialmente en los municipios de Yarumal, Campamento y Valdivia. Este grupo contó con el apoyo, por acción u omisión de agentes del Estado, principalmente de la Policía, y con particulares. En este militaron dos lugartenientes, encargados de las acciones violentas: en la zona urbana, Hernán Darío Zapata, conocido como “Pelo de Chonta” y en el área rural, Jorge Alberto Osorio Rojas, alias “Rodrigo” o “El Mono de los Llanos”. En curso de esa política de exterminio, se perpetró el homicidio de Camilo Barrientos Durán, el 25 de febrero de 1994, conductor de un bus escalera, que cubría la ruta entre los municipios de Campamento y Yarumal, por dos sicarios que le propinaron varios disparos con arma de fuego, durante ese trayecto, por haber sido señalado por el grupo criminal, dirigido por SANTIAGO URIBE VÉLEZ, como auxiliador de la guerrilla. II. ACTUACIÓN PROCESAL 2.1. El 22 de diciembre de 1995, con ocasión de la denuncia presentada por Albeiro Martínez Vergara, se dispuso la apertura de investigación previa, dentro del radicado 19.427. El 3 de septiembre de 1996, SANTIAGO URIBE VÉLEZ fue escuchado en versión libre. El 25 de agosto de 1999 fue proferida resolución inhibitoria en su favor. 2.2. El 21 de septiembre de 2010, la Fiscalía General de la Nación revocó la resolución inhibitoria, con base en los dichos del Mayor en retiro Juan Carlos Meneses Quintero, en la ciudad de Buenos Aires. 2.3. El 23 de septiembre de 2013, la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos abrió instrucción contra SANTIAGO URIBE VÉLEZ y Juan Carlos Meneses Quintero como autores responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, por la conformación de grupos armados al margen de la ley, y homicidio agravado en contra de Camilo Barrientos Durán. 2.4. El 17 de octubre de 2013 fue vinculado formalmente mediante indagatoria SANTIAGO URIBE VÉLEZ. Diligencia que fue ampliada el 23 de abril de 2014. 2.5. El 29 de febrero de 2016, la Fiscalía resolvió la situación jurídica del procesado y le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, sin derecho a libertad provisional. En esa oportunidad procesal, la Fiscalía calificó los delitos por los que era investigado el procesado, concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, como de lesa humanidad.[footnoteRef:1] [1: Expediente digital. 003.Principal. C01PrimeraInstancia. C04Principal. 31CuadernoOriginal31.pdf. Pág. 2 a 558.] 2.6. El 21 de octubre de 2016 se calificó el mérito del sumario[footnoteRef:2], mediante resolución de acusación en contra de URIBE VÉLEZ por los delitos de concierto para delinquir agravado[footnoteRef:3], por haber conformado grupos ilegales al margen de la ley, y homicidio agravado[footnoteRef:4] de Camilo Barrientos Durán. Apelada la resolución por la defensa técnica, el Vicefiscal General de la Nación resolvió, el 9 de junio de 2017[footnoteRef:5], confirmar la acusación. [2: Expediente digital. 003.Principal. C01PrimeraInstancia. C04Principal. 40CuadernoOriginal40. Pág. 90 a 506.] [3: Del artículo 340 de la ley 599 de 2000, en la modalidad agravada de “conformación de grupos armados ilegales”, aplicable por favorabilidad, pese a que la conducta fue cometida en vigencia del Decreto 180 de 1988, adoptado como legislación permanente por el decreto 2266 de 1991.] [4: Del artículo 103 de la ley 599 de 2000, agravado por el numeral 7º del artículo 104 del mismo cuerpo normativo, pese a que la conducta se cometió en vigencia de los artículos 323 y 324 del Decreto 100 de 1980, modificados por los artículos 29 y 30 de la ley 40 de 1993. ] [5: Expediente digital. 003.Principal. C01PrimeraInstancia. C04Principal. 41CuadernoOriginal41. Pág. 392 a 720. ] 2.7. El asunto fue asignado al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia el 21 de junio de 2017, quien descorrió el traslado del artículo 400 de la Ley 600 de 2000. 2.8. El 27 de julio de 2017, la defensa solicitó la sustitución de la medida de aseguramiento, la que fue negada por ese juzgado el 11 de agosto siguiente. Recurrida esta determinación por el defensor y el Ministerio Público, fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia el 13 de septiembre de 2017. 2.9. El 13 de octubre de 2017 se presentó demanda de constitución de parte civil, la que fue admitida el 18 de julio de 2018. 2.10. La audiencia preparatoria tuvo lugar el 13 y 27 de octubre, 15 y 16 de noviembre de 2017, última data en la que la defensa interpuso recurso de apelación en contra de la decisión del decreto probatorio. La alzada fue resuelta por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, quien revocó parcialmente el proveído, el 15 de diciembre siguiente. El 3 de diciembre de 2018, la defensa interpuso incidente de objeción al dictamen pericial psiquiátrico practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses al testigo Eunicio Pineda Lujan, por error grave. Este fue admitido el 12 de abril de 2019, se corrió traslado a las partes para que se pronunciaran y, en auto del 26 de agosto de siguiente, se difirió su decisión a la sentencia. Contra esta determinación el defensor promovió recurso de reposición, declarado improcedente el 5 de septiembre de 2019, y solicitud de reconsideración, también descartada por el juez. 2.11. La audiencia pública tuvo lugar los días 29, 30, 31 de enero, 1º, 19 de febrero, 9, 10 y 11 de abril, 30 y 31 de julio, 1º, 27, 28 y 30 de agosto, 3 y 4 de diciembre, de 2018; 3 y 4 de abril, 27 de mayo, 25 de octubre, 6, 7, 8, 12, y 13 de noviembre de 2019; del 13 al 17 de enero de 2020. En sesión del 25 de octubre de 2019, el procesado otorgó poder a su vocero[footnoteRef:6]. [6: Ibidem. 45CuadernoOriginal45.pdf. Pág. 230] Las fechas programadas para marzo de 2020 fueron suspendidas por la pandemia del virus COVID-19. La vista pública se reanudó el 26, 27, 28 y 29 de enero, 9 y 10 de febrero de 2021, data última en la que culminó el juicio. 2.12. En sentencia del 13 de noviembre de 2024, el juzgado de conocimiento absolvió a SANTIAGO URIBE VÉLEZ de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. Igualmente, compulsó copias por la aparente comisión del delito de falso testimonio en contra de Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias “Zeus”; Alexander de Jesús Amaya Vargas; Álvaro Vásquez Arroyave; Rodrigo Pérez Alzate; Pedro Manuel Benavides Rivera; Camilo Vásquez Arroyave y Carlos Enrique Serna Areiza. 2.13. Con ocasión de las apelaciones interpuesta por la Fiscalía, el agente del Ministerio Público y la Parte Civil, la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, en sentencia del 25 de noviembre de 2025 revocó la absolución y, en su lugar, declaró penalmente responsable a SANTIAGO URIBE VÉLEZ por un concurso de delitos de lesa humanidad, uno de homicidio agravado, por los artículos 103 y 104, numeral 7º, del Código Penal y uno de concierto para delinquir agravado, del artículo 340, inciso 3º, del mismo cuerpo normativo. En esa línea le impuso trescientos cuarenta (340) meses de prisión y multa de seis mil quinientos (6.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así como las penas accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por veinte (20) años y privación del derecho a la tenencia y porte de armas por cincuenta y cuatro (54) meses. Le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Declaró satisfechas las pretensiones a la verdad, justicia y no repetición, solicitadas por la representación de la parte civil y compulsó copias a la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo. Por último, informó a esta Sala, “en especial al H. Magistrado(a) a quien corresponda la posible impugnación de esta sentencia, del contenido del numeral 4.5. En concreto, de la interpretación acerca de los términos de prescripción de los delitos de Lesa Humanidad luego de la interrupción producida con la ejecutoria de la resolución de acusación”. 2.14. Contra esta decisión, SANTIAGO URIBE VÉLEZ, coadyuvado por vocero, abogado titulado, y el defensor de confianza, interpusieron impugnación especial. III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El a quo comenzó por descartar que el debate esté relacionado con temas políticos o surja de una retaliación contra el hermano del procesado, Álvaro Uribe Vélez, como lo sugirió el acusado. A continuación, con ocasión de los debates planteados por las partes, sobre el conflicto armado colombiano, la configuración de delitos de lesa humanidad y la imprescriptibilidad de las conductas punibles enrostradas a SANTIAGO URIBE VÉLEZ, el juez de primera instancia concluyó que en Colombia sí existe un conflicto armado no internacional, entre las guerrillas y los paramilitares, a partir de lo señalado en el artículo 1º del Protocolo II de Ginebra, dado que en ambos grupos se verifica un mando responsable, el control o presencia en ciertos territorios y una capacidad militar sostenida desde 1948. Tras abordar el origen del Derecho Penal Internacional y los elementos de los delitos de lesa humanidad, en lo que atañe a Colombia, destacó que no existe una descripción típica de este tipo de asuntos en el Código Penal. No obstante, esto en manera alguna impide que las autoridades judiciales declaren que un ilícito constituye crimen de lesa humanidad, tal como lo prevé el inciso segundo del artículo 15 de la Ley 1719 de 2014. De ahí que, la Fiscalía -destacó el a quo - tuvo por delitos de lesa humanidad los comportamientos atribuidos a SANTIAGO URIBE VÉLEZ, con sustento en la prueba recopilada desde la fase instructiva, ya que el escuadrón de la muerte que operaba en el municipio de Yarumal (Antioquia), arremetió contra la población civil, en particular, de las personas que previamente catalogaron como indeseables, dentro de una política de exterminio. Al confrontar el artículo 29 del Estatuto de Roma con el artículo 28 de la Constitución Política, destacó que el legislador, en su amplia facultad de configuración normativa en materia de política criminal, dispuso que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles en el artículo 83 de C.P., por ende, aun cuando existe la prohibición constitucional de imprescriptibilidad de la acción penal, de forma excepcional, cede por la protección de bienes jurídicos de destacado valor, como lo ha reconocido la Corte Constitucional en sentencia C-422 de 2021, tras aplicar el test de proporcionalidad. Frente al caso concreto, indicó que el lapso comprendido entre la apertura de investigación previa -22 de diciembre de 1995- y la vinculación de SANTIAGO URIBE VÉLEZ mediante indagatoria -23 de septiembre de 2013- está amparado por la imprescriptibilidad. A partir de ésta última data, comenzó a correr el término extintivo para cada delito, siendo interrumpido con la resolución de acusación -21 de octubre de 2016-, para dar comienzo a otro lapso, conforme el artículo 86 del C.P. Tuvo por delito de lesa humanidad el concierto para delinquir luego de comparar sus características con el delito de conspiración, extraído de los artículos 6 y 10 del Estatuto de Nuremberg. En cuanto al delito de homicidio agravado, arribó a similar conclusión, a partir del artículo 7º, literal a, del Estatuto de Roma, que trata del delito de asesinato, y en cuanto también fue atribuido al procesado como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. De otra parte, el juez de primera instancia se pronunció sobre lo que identificó como «unas serias falencias en la resolución de acusación» , en punto del título de participación atribuido a SANTIAGO URIBE VÉLEZ. Comenzó por reprochar la indeterminación en el tiempo de comisión de la conducta, circunscrita por la Fiscalía como “en los primeros años de la década de los noventa”, ya que viola el principio de legalidad y el derecho de defensa del procesado. Por ello, precisó una línea de tiempo, a partir de las declaraciones de los cuatro testigos principales de cargo, para «dejar claro, porque no es posible para esta judicatura ni para ninguna otra corregir en el fallo este tipo de imprecisiones insubsanables en las que incurrió el ente investigador». Así, tras referir lo declarado por Juan Carlos Meneses Quintero, Eunicio Pineda Luján, Alexander de Jesús Amaya Vargas y Olguan Agudelo Betancur sobre la existencia de “Los Doce Apóstoles”, y otras pruebas, concluyó que el grupo comenzó a delinquir desde 1990 y hasta 1994. No obstante, aclaró que «la defensa técnica pudo acreditar que el hoy procesado se encontraba en Manizales en una feria taurina donde fue indultado el toro “bolero”», a principio de ese último año . En esa misma línea, acotó que la Fiscalía no acreditó que la estructura hubiese delinquido en los municipios de Valdivia, Briceño, Gómez Plata y Carolina del Príncipe. En punto del delito de concierto para delinquir, el a quo consideró que el verbo rector “conformar”, del artículo 6º del Decreto Legislativo 2266 de 1991 no podía inferirse del inciso segundo del artículo 340 de la Ley 599 de 2000, luego, pese a que esta última disposición fue aplicada por la Fiscalía en virtud del principio de favorabilidad, este no puede reñir con el principio de legalidad, en cuanto a la irretroactividad de la ley penal. Al respecto, tuvo por inaceptable e insubsanable que el ente acusador hubiese, incluso, retirado desde la diligencia de indagatoria la atribución del verbo rector “conformar”, previsto en el citado decreto legislativo, en concordancia con el Decreto 100 de 1980, para luego hablar en la resolución de acusación del verbo “dirigir”, ya que incidió en la administración de justicia y « no es posible penalizar a un ciudadano conforme a un verbo rector que no se encuentra consagrado dentro de la norma penal» , máxime cuando las conductas son diferentes. El juez de conocimiento reprochó, además, que la Fiscalía haya variado la forma de intervención del procesado, pues en la diligencia de indagatoria no precisó el título de participación; en la resolución de acusación habló de autoría en ambos delitos, pero en la decisión que resolvió la apelación contra esa decisión, el Vicefiscal le atribuyó coautoría impropia, al punto que, al cabo del juicio, aquella le endilgó la autoría mediata en aparato organizado de poder, frente al delito contra la vida. De lo anterior, coincidió con el defensor en que el pliego de cargos fue lesivo de las formas propias del debido proceso, irrespetó el principio de congruencia y el derecho de defensa, siendo improcedente para la judicatura corregir las graves imprecisiones mencionadas, so pena de afectar el principio de imparcialidad. Abordó lo relativo a la objeción del dictamen pericial por error grave, presentado por la defensa antes de culminar la audiencia pública. Luego de precisar las diferencias entre concepto, informe y dictamen pericial, consideró que los informes rendidos por el experto Ricardo Mora Izquierdo, que sustentaron la objeción, no cumplieron con dos elementos fundamentales, de un lado, la entrevista y, del otro, la evaluación del estado mental del testigo Eunicio Pineda Luján, uno de los cuatro principales testigos de cargo. Por ello, tuvo por erróneo el concepto de Mora Izquierdo, consistente en que sus declaraciones no obedecían a la realidad verdadera, pues aun cuando ha presentado múltiples episodios de enfermedad mental con características psicóticas, este padecimiento está en remisión parcial, por la toma de medicamentos. Sumado a que relató el episodio traumático vivido -extracción de piezas dentales y disparo con arma de fuego- a los peritos de medicina legal, en la entrevista semiestructurada practicada, en la que demostró estar orientado en tiempo, espacio y persona, lo que explica el diagnóstico de amnesia lacunar, en la memoria episódica, que ocasiona alteraciones en la linealidad temporal de su relato. En esa línea, descartó un error grave en el dictamen pericial, pese a que el « trastorno de estrés postraumático con síntomas psicóticos» atribuido al testigo Pineda Luján no está previsto en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales – DSM V- y la Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª revisión -CIE 10-, ya que estos solo comprenden algunos trastornos, como en sí mismos lo reconocen. Por lo expuesto, consideró que la declaración del testigo constituía medio de prueba, al reunir los requisitos exigidos por el artículo 251 de la Ley 600 de 2000. De otra parte, negó la excepción de inconstitucionalidad propuesta por el defensor para « limitar el principio legal de permanencia de la prueba frente a los ciudadanos que rindieron sus testimonios ante la Fiscalía General de la Nación y por diferentes causas no fueron confrontados sus dichos dentro de la vista pública» , ya que el defensor ejerció la contradicción de las pruebas practicadas en la instrucción. A continuación, accedió a la solicitud de exclusión de la conversación grabada entre Juan Carlos Meneses Quintero y Pedro Manuel Benavides Rivera, en la que se habló del procesado. Al respecto, consideró que Meneses Quintero no tenía la función de investigar, en su lugar, procuró sustentos para sus sindicaciones contra el acusado y, de esa grabación, no hubo ningún control judicial, al paso que no se identificaron los interlocutores y se irrespetó el derecho a la intimidad de Benavides Rivera. Añadió que no se respetó la cadena de custodia, se desconoce la autenticidad del documento, no hubo identificación de la prueba ni se escuchó a los funcionarios que realizaron la copia espejo, para establecer la mismidad de la grabación. Por lo expuesto, ordenó la exclusión y desglose de la grabación magnetofónica y de su transliteración. En lo que atañe al concierto para delinquir agravado, tras referir los supuestos fácticos atribuidos en la resolución de acusación, validó la aplicación por favorabilidad del artículo 340 de la Ley 599 de 2000 sobre el artículo 6º del Decreto 2266 de 1991 -que adoptó como legislación permanente el Decreto 1194 de 1989-, modificado por el artículo 26 de la Ley 365 de 1997. A partir de las pruebas de la Fiscalía, tuvo por demostrada la autoría de “Los Doce Apóstoles”, “Los Apóstoles”, “Las Autodefensas” o “Los Paracos”, en el exterminio de personas consideradas insurgentes e indeseables sociales, en los municipios de Yarumal, Santa Rosa de Osos, Angostura, Campamento, Carolina del Príncipe, entre otros. El grupo se concertó con la finalidad de cometer delitos indeterminados, aunque determinables, como homicidios selectivos y desaparición forzada de la población civil, con vocación de permanencia en el tiempo desde 1990 y hasta que fue desintegrada, para convertirse en una facción de las autodefensas. Añadió el a quo que la policía y el ejército tenían complacencia con el grupo, al punto de cometer múltiples vejámenes contra la población civil, por las que fue condenado el Estado. Así como la Iglesia Católica, pues uno de los cabecillas del grupo era, precisamente, el sacerdote Javier Palacio. En lo que concierne a la conformación y dirección de “Los Doce Apóstoles” por parte de SANTIAGO URIBE VÉLEZ, cuestionó que el testigo Juan Carlos Meneses Quintero haya tardado 15 años para denunciar hechos de 1994, señalando personas que fallecieron como alias “Pelo de Chonta” y desconocer datos de ubicación de alias “Rodrigo” o “El mono de los llanos”. El juez de primer grado dijo no entender cómo aquel afirmó «sin ningún tipo de escrúpulo» que el grupo siguió delinquiendo, pese a que perdió contacto con la zona de Yarumal. Controvirtió lo dicho por Meneses Quintero, en cuanto al lugar de reunión, pues los testigos de cargo Olguan Agudelo Betancur y Eunicio Pineda Luján señalaron las fincas La Moravia y El Buen Suceso, respectivamente, en lugar de la hacienda La Carolina. Asimismo, respecto al rol del procesado, pues aquel dijo que era el jefe, quien coordinaba, dirigía y ordenaba las operaciones, mientras que estos también hicieron mención a Álvaro Vásquez Arroyave y a alias “Rodrigo”, como quienes mandaban, mientras que SANTIAGO URIBE VÉLEZ lo financiaba, a voces del testigo Alexander Amaya Vargas. Aunque tuvo por demostrada la existencia de una lista negra, contentiva de los nombres de las víctimas del grupo criminal, consideró inverosímiles y difusos los relatos de Meneses Quintero sobre « el tema de los favores» , como la pintada de los vehículos de la policía, patrocinada por SANTIAGO URIBE VÉLEZ; la solicitud a este de evitar un traslado al municipio de Dagua (Valle del Cauca) y también de colaborarle con el archivo de procesos penales y disciplinarios en su contra. Tuvo por contradictorio que Meneses Quintero hablara de la compra de fúsiles por parte del acusado, cuando Eunicio Pineda Luján dijo que aquel era quien les entregaba las armas. Con respecto a la comunicación radial entre SANTIAGO URIBE VÉLEZ, Álvaro Vásquez Arroyave, alias “Rodrigo” y “Pelo de Chonta”, referida por el testigo Juan Carlos Meneses Quintero y los demás testigos de cargo -aunque Olguan Agudelo Betancur no mencionó al procesado- el a quo reseñó lo declarado por Jorge Iván Jiménez Jaramillo, representante legal de UNICOM, quien dijo que en el municipio de Yarumal no había cobertura radial, sino telefónica, y aun cuando los teléfonos podían ser modificados como radios, las comunicaciones eran públicas, se saturaban los canales y eran bloqueadas por la empresa. En esa línea, concluyó que el testimonio de Meneses Quintero no era creíble, dada su inconsistencia e imprecisión. Además, « exhibió un claro patrón de mendacidad que deja ver el exagerado oportunismo del testigo quien espera momentos oportunos para ofrecer información a cambio de comodidades y dinero, información que entrega a medias y con una tendencia a la distorsión y la exageración que nada tienen que ver con una patología de memoria.» Lo que tuvo por ratificado, además, con el testimonio de Gilberto Martínez Guzmán. Luego de reseñar el testimonio de Eunicio Pineda Luján, el juez de primera instancia estimó que su dicho encontraba corroboración con otros testigos, en particular, de Germán Morantes Hernández, sobre la presencia de hombres armados en la hacienda La Carolina, pues éste último dijo que allí existía una pista de entrenamiento militar, y en ocasiones entrenaban militares con uniformes variados como estrategia, como también adveraron Jader de Jesús Lopera y Olguan de Jesús Agudelo Betancur. Tuvo por creíble que Pineda Luján huyó, tras presenciar el asesinato de alias “Gavilán” y escuchar que lo iban a matar. En cuanto a la credibilidad de Alexander Amaya Vargas, quien fue agente de policía, el a quo destacó su ánimo vindicativo en contra de Meneses Quintero. Con todo, admitió que, según su dicho, SANTIAGO URIBE VÉLEZ y Meneses Quintero se reunieron en febrero de 1994, aunque no así el lugar donde ocurrió el encuentro, ya que unos mencionan La Carolina, otros en la finca el Buen Suceso y otros en La Moravia, ni el propósito de la reunión. Respecto a Olguan Agudelo Betancur, descartó que se hiciese llamar alias “El Apóstol”, porque ningún testigo lo identificó como uno de los integrantes del grupo criminal. No brindó detalles sobre el tema en juicio, pues solo dijo haber visto al procesado en la finca La Moravia y que luego alias “Piedrahita” le dijo que iban a asesinar a los urbanos. La primera instancia consideró que este era como los demás testigos de cargo, pues buscaba beneficios carcelarios para sí mismo y protección para su familia. Citó varios testigos que catalogó como «de oídas» , para decir que ninguno satisfacía a cabalidad los presupuestos para ser considerados como tales, al punto que no eran confiables. Asimismo, hizo una somera relación de las pruebas trasladadas, para aducir que se decretaron sin analizar su utilidad. Por lo expuesto, el a quo absolvió al procesado del delito de concierto para delinquir agravado por los garrafales yerros cometidos por la Fiscalía en el proceso, aunado a que tampoco acreditó que SANTIAGO URIBE VÉLEZ hubiese pertenecido a la cofradía criminal ni siquiera como director y porque aquella conculcó los derechos del procesado, ya que «estructuró su defensa en acreditar que él no conformó ningún grupo de limpieza social y no por el verbo rector dirigir que incorporó en la resolución de acusación». Respecto del delito de homicidio agravado, por el deceso de Camilo Barrientos Durán, destacó que el único testigo que sindicó al procesado de este hecho fue Juan Carlos Meneses Quintero, mientras que Alexander de Jesús Amaya Vargas ha sostenido lo contrario, aunado a que éste fue procesado y condenado tras confesar su participación en ese asesinato. Reprochó a la Fiscalía haber endilgado este delito en calidad de autor al acusado, ya que en lugar de ello acreditó que fueron alias “El Erizo” y alias “El Enano”, quienes cometieron el homicidio, en colaboración con un plan fraguado por los miembros de la Policía Nacional, Alexander de Jesús Amaya Vargas y Juan Carlos Meneses Quintero. Por lo que, también absolvió a SANTIAGO URIBE VÉLEZ del homicidio agravado. IV. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA El Tribunal anunció que revocaría la sentencia absolutoria para, en su lugar, condenar al procesado por los delitos de lesa humanidad de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, principalmente, porque el a quo no evaluó las pruebas de conformidad con los criterios legales, pues su análisis conjunto conduce, indudablemente, a la declaratoria de responsabilidad. El ad quem resaltó que, además de las cuatro pruebas principales de cargo, existen múltiples menciones y señalamientos contra SANTIAGO URIBE VÉLEZ, como líder y miembro principal de un grupo ilegal armado, que cumplió acciones criminales de limpieza social y anti subversión, siendo la hacienda La Carolina el lugar de encuentro y entrenamiento de personas armadas con ese fin, la cual era administrada para esa época por el procesado, condueño, además, del predio. Consideró que el juez de primera instancia evadió establecer por qué los cuatro testigos coincidieron en aspectos principales sobre la participación del procesado como líder de la organización criminal. Contrario a lo afirmado por aquel, estimó que estos no tenían ningún interés común en sindicar falsamente y perjudicar al acusado, pues no se demostró ninguna relación entre ellos, preparación previa o deliberada en contra de SANTIAGO URIBE VÉLEZ. Así « un teniente de la policía comandante del distrito de Yarumal, un agente de esa misma estación y miembro de la organización criminal, un miembro del grupo ilegal coincidieron en varios aspectos sustanciales de la participación delictual del sindicado con un trabajador de una finca aledaña a la hacienda La Carolina». Pese a que Meneses Quintero y Amaya Vargas tenían desavenencias, señalaron al acusado como líder del grupo armado. Con los demás testigos de cargo, ubicaron sus acciones criminales en el municipio de Yarumal y en municipios aledaños. Cada uno lo conoció de distinta forma y compartieron la percepción de haber visto hombres armados, con armas largas y cortas dentro de La Carolina y al procesado liderando las reuniones, con el fin de llevar a cabo el exterminio de colaboradores de grupo guerrilleros y delincuentes comunes, especialmente, entre 1993 y 1994. En punto a la pertenencia y rol de SANTIAGO URIBE VÉLEZ en la organización criminal, el Tribunal citó extensamente las declaraciones de Juan Carlos Meneses Quintero, de Olguan de Jesús Agudelo Bentacur y de Alexander Amaya Vargas en las que mencionan al procesado como uno de los jefes de la organización “Los Doce Apóstoles”, así como la presencia de hombres uniformados y armados al interior de la hacienda La Carolina, de la que este era copropietario y administrador. Último aspecto que también refirió Eunicio Pineda Luján. En cuanto a los objetivos del grupo criminal y la época en que llevaron a cabo sus acciones, el Tribunal citó las declaraciones de Meneses Quintero y Agudelo Betancur, según los cuales, consistían en acabar con la guerrilla en la región y con los que eran incluidos en la lista negra «porque eran personas viciosas, personas ladronas y personas que tenían vínculos con las milicias urbanas que se movían en Yarumal – Antioquia del ELN y de las FARC.». Estos coincidieron que el grupo inició en los 90s y sostuvieron reuniones en 1994, mientras que Eunicio Pineda Luján y Alexander Amaya “Sánchez” indicaron que ello tuvo lugar desde 1993 en adelante. El ad quem cuestionó los argumentos aducidos por el juez de primera instancia para rebatir la credibilidad de Meneses Quintero. En su lugar, resaltó que este testigo no se retractó de las sindicaciones contra el procesado en sus distintas declaraciones, ni dijo que los hechos denunciados no hubiesen ocurrido o no correspondieran a la verdad. Descartó el matiz “infantil”, atribuido por aquel, pues el temor que dijo sentir encuentra sustento en que varios testigos fueron asesinados o perseguidos, como Liliam Soto, personera de Yarumal; Hernán Darío Zapata Correa, alias “Pelo de Chonta” y el mismo Eunicio Pineda Luján. No encontró el sustento probatorio por el cual el a quo afirmó que Meneses Quintero declaró a cambio de recompensas y beneficios. Si este se acogió a su derecho a no declarar en la audiencia pública, pudo deberse a que comprometería su propia responsabilidad en delitos de Lesa Humanidad, por los que, incluso, no se podrían concretar sus expectativas con la Fiscalía de cara a su propia situación jurídica. Rebatió que el paso de tiempo pudiese incidir en la credibilidad de Juan Carlos Meneses Quintero, ya que es uno de los pocos testigos sobrevivientes que conocía los crímenes del grupo criminal y su versión está corroborada con otras pruebas. Además, explicó su silencio a lo largo de los años en el temor por el poder social y político de procesado y su familia, lo que el ad quem tuvo por razonable. Consideró que el juez de primera instancia acudió a premisas débiles para cuestionar a Meneses Quintero, por ejemplo, cuando dijo que este no coincidió con Olguan Agudelo Betancur y Eunicio Pineda Luján en la finca donde se reunían, pues estos no hablaron de una única reunión ni de un solo lugar. De hecho, dieron cuenta de varias ocasiones y de la presencia de sujetos armados en La Carolina y la finca El Buen Suceso. De cara a los esfuerzos de la defensa por desacreditar a los testigos de cargo sobre una reunión en enero de 1994, en zona rural del Yarumal, mediante pruebas que dan cuenta de la presencia de SANTIAGO URIBE VÉLEZ en la Feria de Manizales, el Tribunal resaltó que ningún de aquellos aportó una fecha exacta, como para decir que el encuentro tuvo lugar en la misma época del festejo taurino, máxime cuando, insistió, estos dieron cuenta de diversas reuniones en lugares distintos. A su juicio, en el afán de encontrar uniformidad semántica y rígida sobre el rol que cumplía el procesado, el a quo pasó por alto que los cuatro testigos de cargo dieron cuenta del liderazgo, tarea central de conformación, dirección y financiamiento de SANTIAGO URIBE VÉLEZ en el grupo criminal. Si bien, reconoció que Pineda Luján señaló a alias “Rodrigo” como mando del grupo, el cuerpo colegiado abordó este dicho desde su contexto, para precisar que el testigo se refirió a un mando armado, que no desplazaba el papel preponderante del acusado como cabecilla de la agrupación criminal. Destacó el afán del juez por desvincular al sindicado del conocimiento de la lista negra, contentiva de las potenciales víctimas del grupo ilegal, para ubicarla únicamente en poder de la policía. A su juicio, una lectura probatoria integral le habría permitido advertir que varios testigos manifestaron que el grupo determinaba de forma previa sus atentados, incluso, antes de la llegada de Meneses Quintero al comando de policía de Yarumal, quien refirió cómo el procesado le dijo cuál era el grupo de población que su organización procuraba eliminar. Disintió de la crítica que el a quo hizo sobre el relato de este testigo, consistente en que SANTIAGO URIBE VÉLEZ estaba gestionando la compra de unos fusiles para dotar al grupo criminal, al decir que era aquel quien, en realidad, facilitaba las armas para los operativos y colaboraba con la delincuencia, por considerar que este argumento es débil para cuestionar su credibilidad, pues no descarta que el acusado tuviera conocimiento sobre las armas ni lo dicho por otros testigos, como Salvatore Mancuso y Alexander Amaya, que el procesado requería armamento a un bloque de las autodefensas y en una de las reuniones se habló de su compra. El Tribunal consideró acreditado el uso de radios de la empresa Unicom por parte del sindicado, a partir de las pruebas documentales allegadas mediante informes de policía judicial, y que eran utilizados para comunicarse con los miembros de su organización, con base en las declaraciones de Meneses Quintero, Pineda Luján y Olguan Agudelo, así como la obvia necesidad de dichos medios por la clase de organización. No avaló el argumento de la primera instancia para negar que el grupo criminal empleaba radios, consistente en que terceros podían escuchar las conversaciones por ser la frecuencia radial pública, por estimarlo débil. En cuanto a la credibilidad del testigo Juan Carlos Meneses Quintero, destacó que fue el Comandante del Distrito 7 de la Policía del Departamento de Antioquia con sede en Yarumal, posición que le permitió presenciar, de manera privilegiada, asuntos de orden público y tener información relacionada con los grupos criminales de la zona, durante los cuatro meses que estuvo en el cargo. Además, recibió el mando del oficial Pedro Benavides Rivera, quien le informó sobre la organización criminal, su líder, los propósitos que perseguían y el compromiso de algunos miembros de la entidad policial con ellos. En esa condición, agregó el Tribunal, «tuvo la oportunidad cierta de que ocurriera el encuentro con el sindicado Santiago Uribe Vélez, en la que le ofreció, sin alternativa, una suma de dinero periódicamente para asegurar su compromiso con las acciones del grupo criminal, a cambio de dejar de lado sus obligaciones como Comandante de Policía (…)». Resaltó que los señalamientos de un grupo de « limpieza social» y su presencia en la subregión del norte de Antioquia, en especial, en los municipios de Yarumal, Campamento y Valdivia, así como la mención de la hacienda La Carolina como lugar de operaciones, antecedieron por mucho a las declaraciones de Meneses Quintero, luego, este vino a corroborar y detallar información que ya se conocía. Es más, destacó que Alexander Amaya Vargas ya había mencionado a SANTIAGO URIBE VÉLEZ como líder de la organización años antes que aquel, lo que descarta cualquier complot en contra del acusado o su familia. En esa línea, contrario a lo aducido por la defensa, no consideró disminuida la credibilidad de Meneses Quintero porque no diera cuenta que a SANTIAGO URIBE VÉLEZ le falta el dedo meñique en una de sus manos. Además, por lo expuesto párrafos atrás, restó mérito a que todo se tratase de una confabulación de Cartel del Norte del Valle en contra del procesado o a una trama propia de una época electoral. Valoró la declaración de Gilberto Martínez Guzmán como aislada y débil de corroboración, al pretender desacreditar a Meneses Quintero y salvaguardar al procesado con un relato fantasioso sobre la incidencia de la muerte de Hugo Chávez en el testimonio de cargo. De otra parte, atinente al testimonio de Alexander Amaya Vargas, cuestionó del juez de primer grado no haber expuesto por qué las malquerencias de este testigo contra Meneses Quintero desvirtuaban los señalamientos que ambos hicieron contra SANTIAGO URIBE VÉLEZ, consistentes en que era un personaje principal dentro del grupo criminal y que sostuvo reuniones con miembros de la policía en la finca La Carolina. Si bien, admitió que Amaya Vargas fue reticente a declarar en su última comparecencia judicial, al punto de decir no recordar la participación del procesado en los hechos, al contrario de lo aducido por el a quo , atribuyó dicho comportamiento a que rindió sus versiones previas en forma protegida, porque así lo permitía la ley en su momento, al paso que, en otras ratificó lo dicho allí, por lo que, dijo el Tribunal, daría prelación a las anteriores declaraciones del testigo, por ser más detalladas y circunstanciadas, por ende, más creíbles. La defensa cuestionó la aptitud probatoria del testimonio de Amaya Vargas, de un lado, en que éste solo se incorporó a la policía de Yarumal en enero de 1994 y, de otro, en que no frecuentaba de manera constante La Carolina en el primer semestre de ese año. Al respecto, el ad quem destacó que, aun de prosperar la primera observación, el marco fáctico de la resolución de acusación se ciñó en los primeros años de la década de 1990, luego, lo relativo a 1994 también sería pertinente. Sobre la segunda, con sustento en el testimonio de Gabriel Jaime Ramírez Arango y varios testigos, destacó que a dicho lugar concurrió el procesado con hombres armados. En punto de que la sindicación de Amaya Vargas contra el acusado obedeció a una retaliación contra la fiscalía por no haber logrado beneficios judiciales -aducido por el juez y la defensa-, el Tribunal tuvo la aseveración por especulativa, ya que sus versiones fueron consistentes y coherentes, aunado que tampoco se precisó a qué beneficios se refirió la defensa, lo que, de existir, no llevan a descalificar, por sí mismos, la versión del testigo. Este, además, no dejó duda de la persona a la que hacía mención, siendo indiferente que no precisara en cuál vehículo se movilizaba, para desvirtuar su vinculación con el grupo criminal. Sobre la objeción de la defensa, cifrada en que Amaya Vargas no percibió de forma directa la conducta ilegal del procesado, el Tribunal resaltó que aquel se desempeñó como escolta de Juan Carlos Meneses Quintero, posición desde la que acudió a las reuniones del grupo criminal en la que estaba presente SANTIAGO URIBE VÉLEZ. Sumado a que pudo advertir, como toda la población, los permanentes homicidios atribuidos a la organización, de ahí que, dio cuenta, incluso, del pago que su superior recibía por su colaboración omisiva. De este testigo, al igual que de Juan Carlos Meneses Quintero, destacó que luego de sindicar inequívocamente al acusado, con posterioridad, ya cuando su responsabilidad penal se iba definiendo, «optaron, por un repentino, inexplicable y fragmentado olvido, en el caso de Amaya, y por el silencio en el caso de Meneses.» . Con todo, advirtió que no concurrieron circunstancias razonables por las que se explicaran esas actitudes procesales. Añadió que las declaraciones de Amaya Vargas merecen credibilidad, porque mencionó a otro cabecilla de la organización (Álvaro Vásquez Arroyave), quien también fue referido por otros testigos. Hizo mención de alias “Rodrigo” como quien también permanecía en La Carolina y estuvo relacionado con el acusado y como otros testigos dijeron que aquel era reconocido como uno de sus hombres, de mediana estatura, ojos claros y “mono”. Coincidió en que Meneses Quintero prestó apoyo militar al grupo, con personal y armamentos, y que el teniente Benavides, quien lo antecedió, también trabajó con ese grupo criminal. En esa línea, el ad quem también resaltó que Amaya Vargas refirió la muerte de Gabriel Pino, administrador de la hacienda La Carolina antes del procesado, por parte de las FARC. Hecho que fue mencionado por el acusado y por Manuel Francisco Puerta Henao, cabecilla del Frente 36 de esa agrupación criminal. Que aquel corroboró la existencia de armas de fuego, largas y cortas, al igual que Eunicio Pineda Luján y que alias “Rodrigo” guardaba algunos elementos del grupo cerca de las instalaciones del comando de policía en Yarumal, como se constató en un allanamiento realizado al lugar. Atinente al testigo Olguan Agudelo Betancur, resaltó su coincidencia con los demás testigos de cargo y el señalamiento directo contra el acusado. Disintió de la primera instancia en que procurara demeritar su dicho por haber sido condenado por los delitos de homicidio y extorsión, máxime cuando es común que los testigos en estos asuntos sean personas que hacen o hicieron parte de los grupos criminales, ya que así conocen el funcionamiento, los miembros y su organización. Aunque el a quo lo descartó, porque no precisó si alias “Rodrigo” era Rodrigo Pérez Alzate, alias “Julián Bolívar” o Rodrigo “el mono de los llanos”, para el Tribunal, la simple confusión del testigo por la coincidencia en los nombres era insuficiente, pues el juez no aclaró su argumento, para pasar por alto las esenciales coincidencias de aquel con las demás pruebas. En punto de su supuesto interés en recibir beneficios, trajo a colación un acápite de su testimonio, pretermitido por la primera instancia, en la que Olguan Agudelo Betancur dijo no haber recibido ofrecimientos por parte de la fiscalía, ni en dinero ni en rebaja de penas, por lo que declara para dar cuenta de lo que sabe y de su deseo porque acaben las amenazas en su contra. Contrario a lo aducido por la defensa, consideró que el declarante no mencionó los mismos detalles que Meneses Quintero, porque no fueron interrogados sobre los mismos aspectos, estos son, si fue entrenado en La Carolina y si solo allí se llevaron a cabo las reuniones. Por ello, el Tribunal precisó que, en todo caso, SANTIAGO URIBE VÉLEZ fue señalado por el testigo como líder en la conformación y dirigencia del grupo llamado, entre otras denominaciones, como “Los Doce Apóstoles”. Además, extrajo de este testigo que fue condenado por sus actividades ilegales realizadas en la zona de los Llanos de Cuivá, en el municipio de Yarumal. Fue integrante de ese grupo criminal desde 1990 y, por ello, informó que este se organizó con patrulleros urbanos y rurales, aunado a que, tenía comandantes financieros y políticos. Mencionó otros integrantes del grupo, como alias “Zarco” o “Rodrigo el mono de los llanos”, comandante rural de la organización; a “Tolima”, “Pelo de Chonta”, “El Diablo”, “El Enano”, “Pelusa” y “Chucho Barbas”, como miembros del ala urbana, y a Álvaro Vásquez Arroyave, líder, lo que también señalaron otros testigos. También dio cuenta de una reunión en la que vio al procesado, quien refería la necesidad de dar de baja a integrantes urbanos de la misma organización. Añadió que un compañero suyo le dijo, en ese mismo instante, que aquel era SANTIAGO URIBE VÉLEZ y desde entonces lo reconoció siempre. Añadió que en una de esas reuniones vio a Juan Carlos Meneses Quintero. Y dijo que entre los integrantes usaban radios de comunicación, como fue acreditado por otros medios de prueba. El Tribunal tuvo por contradictoria la sentencia de primera instancia en cuanto a la apreciación del testigo Eunicio Pineda Luján, pues fue parcial, porque le dio crédito sobre la presencia de hombres armados -incluido el procesado- en la propiedad de Julián Bernal Escobar, finca El Buen Suceso y La Carolina. De haber huido tras escuchar que preparaban su muerte y de presenciar el asesinato de alias “Gavilán”, pero lo demeritó con especulaciones, al decir que pudo confundir a miembros del Ejército con esos hombres, lo que, además, consideró confuso, pues el grupo criminal operaba mancomunadamente con la fuerza pública. Tildó de ingenuo e inaceptable el argumento del a quo consistente en que por haber dicho Pineda Lujan que vio armas largas y cortas, las reuniones no podían tener por objeto la compra de armamento, para desvirtuar a Meneses Quintero. En su lugar, tal manifestación respalda que en los encuentros con el sindicado sí se trató de la dotación de instrumentos para la consecución de los objetivos. De cara a la insistencia de la defensa por cuestionar las versiones del testigo, a causa de una afectación psicótica que padece y respaldada en un estudio de un psiquiatra privado, el Tribunal recordó que su capacidad para dar testimonio fue avalada por los peritos forenses y refirió las declaraciones de Julián Bernal Escobar y Cartagena Layos, toda vez que estos también mencionaron la presencia de personas armadas en los lugares donde Pineda Luján laboró, lo que rebate la calificación de la defensa, pues si este testigo hubiese “salido de la nada”, no habría otras pruebas que lo respaldaran, como Luz Marina Escudero, inclusive. Después de analizar cada uno de los cuatro testigos principales de cargo, el ad quem concluyó que estos vinieron a «corroborar lo informado por una serie de testimonios e informes de entidades públicas y organizaciones civiles que desde los años noventa daban cuenta de la existencia de la organización criminal». Para respaldar esta afirmación, refirió el testimonio de Hernán de Jesús Betancur Lopera, agente de policía de la estación Yarumal, quien advirtió la actitud omisiva del capitán Pedro Manuel Benavides Rivera y del teniente Meneses Quintero ante los ataques de “Los Doce Apóstoles” a cierta parte de la población y coincidió en múltiples detalles mencionados por los testigos de cargo. Así como la declaración juramentada de María Eugenia Zapata Correa, hermana de Hernán Darío Zapata Correa, conocido con el alias de “Pelo de Chonta”, cabecilla del grupo criminal que actuaba en la zona urbana del municipio de Yarumal, quien dijo que este le informaba de su presencia en La Carolina y Valdivia. También el testimonio de Jhon Jairo Álvarez Agudelo, personero municipal de Campamento en abril de 1994 y hasta marzo de 1995, quien, entre otros aspectos, escuchó a Jhon Jairo Losada, adscrito a la policía, que el acusado hacia parte de “Los Doce Apóstoles” en 1994 y daba bonificación a los policías para que los dejaran realizar limpieza social. En particular, que siendo comandante Benavides vio una lista, en la que se mencionaban varias personas que ya habían muerto, como Yubán Ceballos, Jorge Serna, Camilo Barrientos, uno apodado “José guerrillero” de la vereda San Antonio, entre otros. Asimismo, que el presidente del Concejo de Yarumal, William Restrepo Builes, le contó que el grupo era comandado por el cura Gonzalo Javier Palacio y entre quienes lo financiaban estaba SANTIAGO URIBE VÉLEZ. De este testigo, el Tribunal consideró que se trató de un testigo de oídas de primer grado, pues reveló la fuente de conocimiento y las condiciones de percepción, por lo que debió ser apreciado por el a quo , por cumplir las pautas de la jurisprudencia, aunado a que se limitó a expresar lo que conoció de los agentes de policía y del presidente del concejo, es decir, no tuvo la intención de perjudicar al acusado. En esa línea, el Tribunal apreció los testimonios de Juan Pablo de Jesús Pérez Lopera, Albeiro Martínez Vergara y Ramón Agudelo Hernández. Igualmente, el informe de derechos humanos del 29 de octubre de 1993, escrito por Lilyam Soto Cárdenas, personera del municipio de Yarumal, en el que relacionó veinticuatro homicidios entre el 16 de julio y el 27 de octubre de 1993, diecisiete de los cuales fueron perpetrados contra reconocidos ladrones, miembros de bandas delincuenciales, habitantes de tugurios, expendedores o consumidores de estupefacientes; el informe de la oficina de derechos humanos del CINEP, replicado por Amnistía Internacional y la investigación realizada por la Procuraduría General de la Nación, en 1994, en el mismo sentido. De este último documento, el ad quem resaltó que el investigador Álvaro Licona afirmó bajo la gravedad del juramento que testigos en la investigación «le pedían no hacer anotaciones acerca de menciones sobre Santiago Uribe» , pues tenían miedo y evitaban hacer señalamientos directos por temor a las represalias, tal como lo advirtió en el presente proceso con varios declarantes, en contra de lo considerado por la primera instancia, cuando los desestimó por considerar que solo relataron rumores. Por ello, el Tribunal consideró que, al capitalizar judicialmente el miedo en la población, a fin de que sus actos queden en la impunidad, cobra relevancia que sean sus propios integrantes, como los testigos Meneses Quintero, Amaya “Sánchez” y Agudelo Betancur, y sus víctimas directas, Eunicio Pineda Luján, los que entreguen las pruebas más explícitas. A continuación, reprochó al juez de primer grado pasar por alto las declaraciones de reconocidos líderes de grupos criminales de autodefensas que declararon su conocimiento sobre el papel de SANTIAGO URIBE VÉLEZ en la organización criminal del Norte de Antioquia. Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, y de Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, quienes coincidieron en que el procesado estaba a la cabeza del grupo “Los Doce Apóstoles”, en los Llanos de Cuivá, información que conocieron como líderes de las AUC y por razón de sus tareas criminales. Como también lo indicaron Pablo Hernán Sierra García, comandante del Bloque Cacique Pipintá de las AUC y Salvatore Mancuso Gómez, este último de la información que recibió de Carlos Castaño, comandante máximo de las AUC. Además, rebatió que el a quo desechara estas declaraciones de forma evasiva y genérica como pruebas de oídas. En su lugar, consideró que cumplían con los requisitos para ser valoradas en el régimen probatorio de la Ley 600 de 2000, pues dieron cuenta de la fuente de su información, la recibieron de forma personal de quien tuvo conocimiento directo y describieron las circunstancias de cómo este se las compartió. Incluso, destacó que dos de estos testigos refirieron la conformación de otro grupo paramilitar en otra zona del departamento de Antioquia, en la que SANTIAGO URIBE VÉLEZ tiene otra propiedad, conocida como “Guacharacas”, en el municipio de San Roque, lo que, no siendo objeto de juzgamiento, sí refuerza las versiones que lo involucran en actividades ligadas a grupos de autodefensas. Por lo expuesto, concluyó que la solidez de las pruebas que establece con certeza la responsabilidad penal del acusado en el delito de concierto para delinquir agravado no pudo ser cuestionado por las débiles versiones de quienes intentaron oponerse a ello, tales como las de Pedro Manuel Benavides Sierra, antecesor de Meneses Quintero en la comandancia de policía de Yarumal; Leónidas Pemberthy Zapata, investigado por su pertenencia al grupo criminal; Gonzalo Javier Palacio Palacio, presbítero del citado municipio y señalado de comandar “Los Doce Apóstoles” y de Luis Ernesto Espinal Cano, señalado como “Ernesto El Relojero” y miembro de la organización, quienes declararon no pertenecer al grupo ni relacionar a SANTIAGO URIBE VÉLEZ en este. En cuanto a Rodrigo Pérez Alzate, comandante de las AUC en el norte de Antioquia desde 1997, el Tribunal resaltó que dijo no tener relación con “Los Doce Apóstoles” y conocer de la pertenencia del procesado a este, pero por un libro. Además, aun cuando señaló que un tercero le contó de la relación de Meneses Quintero con crímenes en el Valle del Cauca, tuvo esta mención por especulativa, al paso que consideró su versión como interesada por favorecer al acusado. Con fundamento en otras pruebas, el ad quem concluyó que Pérez Alzate desplegó actividades ilegales con grupos de autodefensa en el norte de Antioquia, junto con Álvaro Vásquez Arroyave y Jorge Alberto Rojas, alias “El mono de los llanos”, mencionados reiteradamente como integrantes de “Los Doce Apóstoles”, es más, pese a sus esfuerzos, terminó aceptando que conoció a Álvaro Vásquez Arroyave y que se reunió con él. Resaltó el cuerpo colegiado, además que, según Salvatore Mancuso, aquel proveyó de armas al grupo armado de Yarumal. Cuestionó el testimonio de Álvaro Vásquez Arroyave, quien rehusó haber sido miembro de la señalada organización, dada la abundante prueba en contrario. Por ello, tuvo por poco fiable su afirmación de haber visto, apenas en dos ocasiones, al procesado y que este nunca visitó el predio El Buen Suceso. Destacó que, según este testigo, aun cuando fue investigado por estos hechos, la Fiscalía precluyó la actuación en su favor. Con similares argumentos, el Tribunal apreció la declaración de sus hermanos, Elkin Alonso y Camilo Vásquez Arroyave, quienes, además, procuraron negar la presencia de Eunicio Pineda Luján y su compañera Luz Marina Escudero en la finca, así como la existencia de una marranera. Descartó la credibilidad de los testimonios de Carlos Enrique Serna Areiza, Gabriel Jaime Ramírez Arango, Jesús Albeiro Medina Rodríguez y Virgilio González Osorio, por haber sido dependientes directos de SANTIAGO URIBE VÉLEZ, como trabajadores en La Carolina. Al igual que el de Manuel Santiago Mejía Correa, copropietario y socio de negocios del procesado, dadas sus manifiestas contradicciones, encaminadas a negar la presencia de hombres armados en el predio La Carolina, el uso de radios y la concurrencia del procesado en reuniones donde se coordinaban las actividades delictivas. En esa línea, el Tribunal también relativizó las declaraciones de Eduardo Ramírez Rozo, José Gilberto Martínez Guzmán, Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias “Monoleche”, Germán Morantes Hernández, Hugo Armando Preciado Parra, Jorge Agustín Contreras Rodríguez y Gonzalo Bautista Sandoval. Respecto a Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias “Zeus”, advirtió su propósito ilegal de controvertir, falsamente, a Meneses Quintero y refirió que «el propio declarante aceptó que recibió asesoría de abogado Diego Javier Cadena Ramírez para redactar una carta dirigida al Fiscal General de la Nación afirmando que tenía información acerca de la investigación que se adelantaba en contra de Santiago Uribe.» , sin tenerla y sobre lo cual la defensa guardó absoluto silencio. Consideró que los testigos Julián Bernal Escobar, Juber de Jesús Cartagena Lagos y Luis Eduardo Tobón Arboleda, en lugar de contradecir a Eunicio Pineda Luján, terminaron corroborando la existencia de grupos armados donde éste lo señaló, como en la finca La Judea. El Tribunal refirió otras declaraciones recibidas en el proceso, las que consideró sin especial incidencia en el objeto de juzgamiento, entre ellas, las versiones del acusado SANTIAGO URIBE VÉLEZ. Al cabo de la valoración de las pruebas de descargo, la segunda instancia tildó como especulativas las teorías para desvincular a este de los comportamientos atribuidos penalmente, como la supuesta confabulación de narcotraficantes del norte del Valle contra el procesado; la persecución judicial por parte de la Fiscalía General de la Nación o la estrategia de difamación política para desprestigiar al hermano del acusado, Álvaro Uribe Vélez, por carecer de respaldo probatorio. Con similares argumentos rebatió las postulaciones del vocero de SANTIAGO URIBE VÉLEZ. A continuación, el ad quem dedicó varios apartes de la providencia para explicar por qué la resolución de acusación no presentó los errores atribuidos por el juez de conocimiento, con sustento en la jurisprudencia de la Corte, pero coincidió con este, de otra parte, en que no se reunían los presupuestos fácticos que permitían el uso de la grabación contentiva de la conversación entre Juan Carlos Meneses Quintero y Pedro Manuel Benavides, pues fue realizada sin el consentimiento de este. Con fundamento en lo expuesto, concluyó que se alcanzó el estándar de prueba de certeza racional acerca de la participación y responsabilidad de SANTIAGO URIBE VÉLEZ en el delito de concierto para delinquir agravado, por favorabilidad del inciso 3º del artículo 340 de la Ley 599 de 2000. Ahora bien, en punto del delito de homicidio agravado, reprochó del a quo haber avalado que la muerte de Camilo Barrientos Durán fue fraguada por Juan Carlos Meneses y Alexander Amaya “Sánchez”, siendo este último condenado como determinador, para excluir la responsabilidad de SANTIAGO URIBE VÉLEZ en este hecho, sin confrontar las pruebas ni los argumentos aducidos por la Fiscalía al respecto. A propósito de lo expuesto, indicó que varios testimonios, como el de Fernando Alberto Barrientos Durán, hermano del occiso, Luz Elena López, esposa, y Jhon Jairo Álvarez Agudelo, personero del municipio de Campamento, dieron cuenta que su nombre estaba en una lista de personas que serían asesinadas por ser presuntos auxiliadores de la guerrilla, tal como la misma víctima lo denunció. Resaltó que ejerciendo su labor de conductor de un bus escalera, el 25 de febrero de 1994, en el trayecto entre Yarumal y Campamento, fue asesinado Camilo Barrientos Durán, espacio geográfico en el que delinquió, principalmente, el grupo liderado por el procesado. Indicó que la supuesta colaboración que la víctima prestaba a la guerrilla, con la entrega de alimentos y logística, le fue comunicada a Juan Carlos Meneses Quintero, entonces teniente de policía, por SANTIAGO URIBE VÉLEZ, mientras le solicitaba llevar a cabo el homicidio sin contratiempos. Este testigo también dijo que alias “Rodrigo” le refirió que tenía a un muchacho, recién llegado de Medellín, para realizar el hecho, de manera que, si le iba bien, lo incorporaría al grupo. El homicidio de Camilo Barrientos Durán, precisó el cuerpo colegiado, tuvo lugar en la misma época de otras muertes violentas, de personas que estaban en la mira del grupo criminal. Por consiguiente, el Tribunal consideró que el procesado tuvo dominio funcional del crimen, al punto de estar acreditada su participación como coautor impropio, como le fue atribuido en la resolución de acusación. En este punto, no avaló la supuesta afectación al principio de congruencia, aducida por el a quo , máxime cuando el procesado conoció de qué se le sindicaba y pudo defenderse con todas las garantías del debido proceso. Insistió en la coautoría impropia, en lugar de la coautoría mediata en aparatos organizados de poder -con ocasión de las acotaciones de la Fiscalía en las alegaciones finales y en la apelación-, porque el acusado tuvo mando y control frente a la operación delictuosa, es decir, un proceder activo en la materialidad del comportamiento. Abordó la tesis de la primera instancia y la defensa, amparados en la retractación del testigo Alexander Amaya “Sánchez”, relativa a que en su condición de agente de policía de Yarumal se tranzó en una reyerta con el occiso, cuando este, en estado de alicoramiento, quiso requisar a Jhon Jairo Hernández, a lo que se opuso aquel y le quitó el fúsil que portaba. De ello, acotó que aun cuando Amaya Vargas lo amenazó, a partir de la declaración de su esposa, Luz Elena López Lopera, resaltó que antes de ese inconveniente, ya Camilo Barrientos Durán estaba incluido en la lista, así como del testimonio de Orlando de Jesús Barrientos quien, incluso, señaló a alias “El Erizo” como uno de los sicarios, miembro de la organización criminal. El Tribunal tuvo por irrelevante que Fernando Barrien