Providencia SP534-2026

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN Magistrada ponente SP534-2026 Radicación n.º 44508 CUI: 11001020400020140179500 Aprobado acta n° 189 Bogotá, D.C., diez (10) de junio de dos mil veintiséis 2026. I. OBJETO DE LA DECISIÓN La Sala profiere sentencia dentro del trámite de revisión propuesto, mediante apoderada, por DORIA YANETTE BAUTISTA MONTAÑEZ contra la Resolución del 13 de febrero de 2006, a través de la cual la Fiscalía 12 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión del 20 de enero de 2004, adoptada por la Fiscalía 53 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Esta última decisión precluyó la investigación a favor de ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO, JULIO ROBERTO ORTEGA ARAQUE, LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ y MAURICIO ANGARITA por el delito de homicidio agravado en perjuicio de NYDIA ERIKA BAUTISTA. Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 2 II. HECHOS 1.- Según varios testigos, el 30 de agosto de 1987, en la ciudad de Bogotá, cerca de su vivienda, NYDIA ERIKA BAUTISTA DE ARELLANA fue obligada por varios hombres a abordar un vehículo automotor tipo campero, marca Suzuki, del que un testigo alcanzó a tomar la placa. 2.- Trece días después, el 12 de septiembre de 1987, en el municipio de Guayabetal (Cundinamarca), fue hallado el cadáver de una mujer, de aproximadamente 35 años, que presentaba notorios y múltiples signos de tortura y que evidenciaba que su muerte fue causada por un proyectil de arma de fuego que penetró el hueso occipital izquierdo de su cabeza. Ese cuerpo fue inhumado como N.N. en el cementerio de ese municipio. 3.- A inicios de 1990, los familiares de NYDIA ERIKA BAUTISTA DE ARELLANA tuvieron conocimiento de que una mujer no identificada, que compartía varias características con ella, había sido enterrada años atrás en el municipio de Guayabetal (Cundinamarca). Luego de adelantar varias gestiones, lograron que la División de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación realizara la exhumación del cadáver. En la diligencia, que se llevó a cabo el 26 de julio de 1990, DORIA YANETTE BAUTISTA MONTAÑEZ identificó la ropa, el bolso y un pendiente de su hermana. El 11 de septiembre de ese mismo año, los médicos forenses confirmaron que, efectivamente, los restos correspondían a NYDIA ERIKA BAUTISTA. Las conclusiones de ese dictamen Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 3 fueron ratificadas años más tarde, el 4 de diciembre de 2002, por el laboratorio de genética del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Los restos de la víctima fueron entregados a la familia en enero de 2003. III. ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES 4.- El 2 de septiembre de 1987, Publio Alfonso Bautista Sarmiento, padre de la víctima, interpuso denuncia penal ante el Juzgado 45 de Instrucción Criminal de Bogotá1. 5.- De manera paralela, el 12 de septiembre de 1987, en el marco del levantamiento del cadáver encontrado en el municipio de Guayabetal, en la vía Bogotá–Villavicencio (Meta), se remitieron las diligencias al Juzgado Promiscuo de Guayabetal (Cundinamarca), que a su vez las envió por competencia al Juzgado 118 de Instrucción Criminal de Cáqueza (Cundinamarca)2 para que adelantara la investigación correspondiente. Este último despacho, el 18 de diciembre de 19873, asignó al Cuerpo Técnico de Policía Judicial la labor de plena identificación del cuerpo. 6.- El 26 de julio de 1990, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación dispuso la exhumación de los restos óseos, lo que permitió establecer, posteriormente y con certeza, que correspondían a NYDIA ERIKA BAUTISTA. 1 Cfr. Folios 52 y 53, Cuaderno n. ° 1 de la actuación. 2 Cfr. Folio 8 ibidem. 3 Cfr. Folio 13 ibidem. Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 4 7.- El 21 de febrero de 1995, la Fiscalía 3 Seccional de Bogotá asumió el conocimiento de la indagación que adelantaba el Juzgado 118 de Instrucción Criminal de Cáqueza. Posteriormente, ordenó la apertura de instrucción donde vinculó, mediante indagatoria, al entonces coronel ÁLVARO VELANDIA HURTADO y dispuso la acumulación de otras investigaciones adelantadas por los homicidios de Luis Enrique Prieto, Bertil Prieto Carvajal, José Alfredo Ávila y otros, así como las relacionadas con la muerte de NYDIA ÉRIKA BAUTISTA4. 8.- Mediante Resolución n.º 0196 del 25 de septiembre de 1995, la Fiscalía 53 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos avocó conocimiento del asunto. Ese despacho, el 22 de julio de 19965, dispuso la vinculación mediante indagatoria del suboficial retirado del Ejército Nacional JULIO ROBERTO ORTEGA ARAQUE y de los suboficiales activos del Ejército Nacional LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ y MAURICIO ANGARITA. Estas diligencias se adelantaron los días 26, 5,7 y 88 de agosto de 1996, respectivamente. 9.- Los días 129 y 2010 de agosto de 1996, la Fiscalía resolvió, entre otros, decretar la prescripción de la acción 4 Cfr. Folios 187 y 188 ibidem. Resolución del 17 de marzo de 1995. 5 Cfr. Folio 1 cuaderno n. ° 5 de la actuación. 6 Cfr. Folio 16 a 24 Ibidem. 7 Cfr. Folio 29 a 49 ibidem. 8 Cfr. Folios 57- 60 y 61-65 Ibidem. 9 Cfr. Folios 88 a 104 Ibidem. 10 Cfr. Folios 136 a 152 Ibidem. Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 5 penal por los delitos de secuestro y tortura a favor de JULIO ROBERTO ORTEGA ARAQUE, MAURICIO ANGARITA y LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ. Sin embargo, les impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por el homicidio de NYDIA ERIKA BAUTISTA. 10.- Por su parte, el 25 de julio de 1995, el Juzgado Primero de Instrucción Penal Militar de Bogotá dispuso, de oficio, adelantar diligencias preliminares por el homicidio de NYDIA ERIKA BAUTISTA. En ese marco, ordenó escuchar en versión libre al entonces coronel ÁLVARO VELANDIA HURTADO y vincular al sargento JULIO ROBERTO ORTEGA ARAQUE. 11.- Dado que la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía estaba adelantando la misma investigación (supra párr. 8 y 9), el Comandante de la extinta Brigada XX de Santafé de Bogotá, como juez de primera instancia, reclamó para sí la competencia de investigar y juzgar a los cuatro miembros de la fuerza pública que esa unidad sindicaba como autores del delito de homicidio11. 12.- El 26 de septiembre de 1996, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación no accedió a la solicitud del comandante de la extinta Brigada XX de Santafé de Bogotá. En consecuencia, las actuaciones fueron remitidas a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que dirimiera el 11 Cfr. Folios 184 a 192 Ibidem. Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 6 conflicto positivo de competencia suscitado entre la jurisdicción ordinaria y la justicia penal militar. 13.- El 14 de noviembre de 1996, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura resolvió el conflicto y asignó la investigación de los hechos al Juzgado Segundo de Instrucción Penal Militar de Bogotá12. 14.- Dirimido el conflicto, el Juzgado Segundo de Instrucción Penal Militar de Bogotá asumió el conocimiento del proceso y, el 27 de agosto de 199713, practicó diligencia de indagatoria a ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO. El 9 de septiembre de ese año,14 ese juzgado ordenó su vinculación formal al proceso, pero se abstuvo de imponer medida cautelar alguna. Adicionalmente, respecto de VELANDIA HURTADO, decretó la prescripción de la acción penal en relación con las conductas de tortura y secuestro. 15.- La Corte Constitucional, mediante la sentencia CC C-358 de 1997, fijó el alcance del término «en relación con el servicio» establecido en el artículo 221 de la Constitución, a partir del cual precisó los parámetros que deben tenerse en cuenta para determinar la procedencia del fuero militar15. El 26 de agosto de 1997, con base en las reglas definidas por la Corte Constitucional en la decisión citada, DORIA YANETTE BAUTISTA MONTAÑEZ formuló una solicitud al juez penal militar de conocimiento encaminada a que el proceso se remitiera 12 Cfr. Folios 61 a 70 cuaderno n. ° 6 de la actuación. 13 Cfr. Folio 295 a 319 cuaderno n. ° 8 de la actuación. 14 Cfr. Folios 7 a 21 cuaderno n. ° 9 de la actuación. 15 Ver: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/c-358-97.htm https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/c-358-97.htm Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 7 nuevamente a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, pues, al tratarse de una grave violación a los derechos humanos y ante la ausencia de relación entre la conducta y el servicio prestado por los miembros de la fuerza pública vinculados, la competencia para adelantar la investigación debía estar en cabeza de la justicia ordinaria. 16.- Al no obtener una respuesta positiva, DORIA YANETTE BAUTISTA MONTAÑEZ interpuso una acción de tutela. El asunto fue seleccionado por la Corte Constitucional16 que, mediante sentencia CC T-806 de 200017, ordenó a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura la emisión de una nueva providencia que atendiera los parámetros constitucionales en relación con el fuero militar y los actos del servicio. En cumplimiento de lo anterior, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura emitió el auto del 21 de julio del año 200018, mediante el cual asignó la competencia del asunto a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación. 17.- En consecuencia, el proceso fue asumido nuevamente por la Fiscalía 53 de esa Unidad. El 15 de febrero del 2001,19 esa Fiscalía adelantó la segunda exhumación de los restos. A través de una prueba de análisis 16 Cfr. Folios 2 a 26 cuaderno anexo original n. ° 3 de la actuación. 17 Ver: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/T-806-00.htm 18 Cfr. Folios 153 a 187 Ibidem. 19 Cfr. Folios 137 a 144 cuaderno n. ° 12 de la actuación. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/T-806-00.htm Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 8 genético de ADN20 se demostró que, ciertamente, los restos correspondían a NYDIA ERIKA BAUTISTA. 18.- El 20 de enero de 200421, la Fiscalía 53 Especializada adscrita a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario profirió resolución de preclusión de la investigación adelantada en contra de (i) ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO, (ii) JULIO ROBERTO ORTEGA ARAQUE, (iii) LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ y (iv) MAURICIO ANGARITA, por el delito de homicidio agravado. 19.- En términos generales, la resolución de preclusión se adoptó, entre otras, con base en la siguiente argumentación: 19.1.- Es cierto que en el expediente existía una prueba que acreditaba que, el 22 de febrero de 1991, un sargento de la XX Brigada de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, BERNARDO ALFONSO GARZÓN GARZÓN, declaró ante el jefe de la División de Investigaciones Especiales que: (i) en efecto, miembros de esa Brigada habían secuestrado a NYDIA ERIKA BAUTISTA; (ii) que ello había ocurrido por orden del superior jerárquico, el entonces coronel ÁLVARO VELANDIA HURTADO; (iii) que el también entonces sargento JULIO ROBERTO ORTEGA ARAQUE había conducido el jeep con el que se había secuestrado a NYDIA ERIKA BAUTISTA y, por último, (iv) que la habían tenido secuestrada durante dos días en una 20 Cfr. Folios 68 a 73 cuaderno n. ° 13 de la actuación. 21 Cfr. Folios 30 a 99 cuaderno n. ° 14 de la actuación. Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 9 granja antes de trasladarla a Quebradablanca, en la vía al Llano, donde fue finalmente asesinada. 19.2.- Sin embargo, esta declaración no puede ser tenida como una prueba suficiente o creíble. De un lado, porque lo dicho por el sargento de la XX Brigada de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, BERNARDO ALFONSO GARZÓN GARZÓN, fue objeto de una posterior retractación de su parte. De otro lado, porque, en criterio de la Fiscalía, pudo ser fruto del «posible resentimiento [de GARZÓN GARZÓN] contra la institución castrense». 20.- El representante del Ministerio Público y la apoderada de la parte civil presentaron recurso de apelación en contra de esta decisión. 21.- El 13 de febrero de 2006, la Fiscalía 12 Delegada ante el Tribunal de Bogotá confirmó en su integridad la decisión de preclusión dictada a favor de los militares vinculados22. Al respecto, justificó la decisión confirmatoria con base en los siguientes planteamientos: 21.1.- De un lado, señaló que, analizado el testimonio de BERNARDO ALFONSO GARZÓN GARZÓN, no resulta totalmente digno de crédito dado que contiene «inconsistencias, contradicciones e inexactitudes», lo que hace que surjan dudas sobre su valor probatorio, las cuales, en aplicación de 22 Cfr. Folios 10 a 43 cuaderno Segunda instancia. Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 10 la presunción de inocencia, se deben resolver a favor de los procesados. 21.2.- Al igual que la decisión de primera instancia, estimó que no puede atribuírsele plena certeza al testimonio de GARZÓN GARZÓN porque este se retractó de lo dicho y porque, en cualquier caso, puede asumirse que formuló las primeras acusaciones contra los militares simplemente con el fin de evadir la justicia y como una retaliación contra el Ejército Nacional. IV. LA DEMANDA 22.- DORIA YANETTE BAUTISTA MONTAÑEZ, por intermedio de apoderada, presentó acción de revisión contra las resoluciones mediante las cuales se precluyó la investigación a favor de ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO, JULIO ROBERTO ORTEGA ARAQUE, LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ y MAURICIO ANGARITA por el homicidio de NYDIA ERIKA BAUTISTA, con fundamento en la causal tercera del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, esto es, cuando «después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad». 23.- Con el fin de acreditar la configuración de la causal invocada, refirió la existencia de hechos nuevos que permiten señalar que, efectivamente, el testigo BERNARDO ALFONSO GARZÓN GARZÓN tuvo la oportunidad de conocer la información que inicialmente dio y de la que luego se Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 11 retractó. En concreto, se refirió a las declaraciones de HERNANDO FORERO CAMARGO y MARCO BENITO BENAVIDES del 23 de abril de 2008; del mayor OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, recibida el 24 siguiente; de CARLOS ARMANDO MEJÍA LOBO, recibida el 28 del mismo mes; y la de RAÚL BENOIT, del 10 de junio de ese año, rendidas en la Fiscalía 4.ª Delegada ante la Corte Suprema de Justicia dentro del radicado PI975523. 24.- Señaló que, con base en esos testimonios, inexistentes a la fecha en que se tomaron las decisiones de preclusión, se puede determinar precisamente la pertenencia de GARZÓN GARZÓN a redes ilegales de inteligencia del Ejército Nacional y que el declarante ostentaba un trato de especial confianza y de incidencia con los altos mandos de las fuerzas militares durante el período de la consumación del delito que le permitían dar cuenta de lo ocurrido. 25.- Adicionalmente, sostuvo que a partir de allí se pueden explicar las razones de la retractación de BERNARDO ALFONSO GARZÓN GARZÓN. Afirmó que el testigo sufría las «presiones del Ejército Nacional» y temores por la falta de protección. En específico, argumentó que esto se puede inferir del análisis de las declaraciones referidas dadas por RAÚL BENOIT (supra párr. 23), quien señaló que los militares ÓSCAR BOTERO, ÁLVARO VELANDIA HURTADO y GUSTAVO GERENA lo citaron por separado y en diferentes periodos de tiempo, 23 Cfr. Folio 13 y 14 cuaderno n. ° 1 de la demanda de revisión de la Corte. Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 12 para que les informara el paradero de GARZÓN GARZÓN y lo convenciera de que «se retractara y callara». 26.- También mencionó la visita de un oficial del Ejército [presuntamente «el coronel Bernardo Ruiz Silva»] a GARZÓN GARZÓN en la cárcel de Palmira, donde se encontraba privado de la libertad, y que, justamente, poco tiempo después, el testigo se retractara, señalando este hecho como particularmente sospechoso. En un sentido similar, invoca la afirmación dada por GARZÓN GARZÓN a RAÚL BENOIT respecto a que «sus superiores lo estaban poniendo como carne de cañón». 27.- Por otro lado, señaló los aspectos que revelan que el crimen fue ejecutado por un aparato de poder integrado por el Ejército Nacional y el grupo criminal Muerte a Secuestradores (MAS). Fundamentó su afirmación en las declaraciones de JOSÉ DEL CARMEN CUESTA NOVOA, RAÚL BENOIT, PABLO ELÍAS GONZÁLEZ MONGUÍ, GUILLERMO MARÍN y la indagatoria de MARÍA NELLY PARRA BUENO, las cuales fueron recepcionadas dentro de diversas actuaciones penales posteriores24. 28.- Adicionalmente, la demanda hizo referencia a la existencia de un pronunciamiento internacional y varios internos que constatan el incumplimiento del Estado colombiano al deber de investigar seriamente la tortura y 24 Declaraciones del 10 de mayo de 2007, 10 y 11 de junio y 3 de julio de 2008, 25 de febrero de 2009, y la indagatoria rendida el 23 de febrero de 2000. Cfr. Folio 16 cuaderno n. ° 1 de la demanda de revisión de la Corte. Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 13 homicidio de NYDIA ERIKA BAUTISTA. Al respecto, refirió el dictamen aprobado el 27 de octubre de 1995, Comunicación n.º 563 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y las sentencias n.º 2009-0352 del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá; n.º 2001-0204 del Juzgado 4 Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, confirmada en segunda instancia, así como la Resolución de acusación proferida contra GUILLERMO MARÍN MARTÍNEZ. 29.- En particular, sobre el dictamen aprobado el 27 de octubre de 1995, Comunicación n.º 563 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas precisa que este determinó la violación por parte del Estado de los párrafos 1 y 7 del artículo 6 y del párrafo 1 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos25 e «insta (…) al Estado parte a que acelere los procedimientos penales que permitan perseguir sin demora y llevar ante los tribunales a las personas responsables del secuestro, la tortura y la muerte de Nydia Erika Bautista». V. TRÁMITE DE REVISIÓN ANTE LA CORTE 30.- El 5 de octubre de 2016, mediante providencia AP6843-2016, radicación n.º 4450826, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda de revisión al considerar que DORIA YANETTE BAUTISTA MONTAÑEZ no acreditó plenamente haber sido reconocida como sujeto procesal dentro de la actuación penal. 25 Cfr. Folio 149 cuaderno n. ° 5 de la demanda de revisión de la Corte. 26 Cfr. Folio 75 a 122 cuaderno n. ° 1 de la demanda de revisión de la Corte. Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 14 31.- Contra esa determinación, la accionante interpuso recurso de reposición27. Argumentó que su legitimación se podía acreditar analizando su participación e intervenciones dentro del proceso penal, pues sus actos allí dan cuenta materialmente de su calidad de víctima y de su insistencia por conocer la verdad de los hechos y obtener justicia. 32.- El 23 de noviembre de 201728, mediante Auto AP7846-2017, radicación 44508, la Corte le dio la razón a la recurrente. En consecuencia, repuso el auto y decidió admitir la presente acción de revisión. La Sala fundó su decisión en dos argumentos: 32.1.- De un lado, reconsideró su decisión inicial luego de advertir que, de acuerdo con el artículo 221 de la Ley 600 de 2000, la recurrente es titular de la acción de revisión en tanto sujeto procesal con interés jurídico dentro del proceso penal donde se produjo la decisión cuya revisión pretende. Específicamente, constató que «DORIA YANNETH (sic) BAUTISTA MONTAÑEZ sí tiene calidad de víctima», pues se acreditó que la Fiscalía, mediante auto del 30 de agosto de 2013, la había reconocido como parte civil, para la búsqueda de la verdad y justicia. Dijo la Corte: «La pretensión de DORIA YANNETH (sic) BAUTISTA MONTAÑEZ no es otra que participar en la actuación penal, con el fin de obtener la verdad en punto de la tortura y homicidio de su hermana, esto es, conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar y, de contera, que no quede en la impunidad. Motivación que se ha 27 Cfr. Folios 100-185 Ibidem. 28 Cfr. Folios 195- 211 Ibidem. A, (cfr. Párr. 3.5. y 3.6) Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 15 hecho evidente desde que la Fiscalía le rechazó la demanda de parte civil y que no la limitó para seguir interviniendo en el proceso como víctima, además de aportar en esta ocasión el auto que la admite como parte civil.» 32.2.- De otro lado, la Corte tuvo en cuenta especialmente que la accionante había aportado el Dictamen aprobado el 27 de octubre de 1995, Comunicación n.º 563 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 32.2.1.- La Corte constató que en esa decisión internacional se concluyó que «dimana una violación, por el Estado parte, de los párrafos 1 y 7 del artículo 6 y del párrafo 1 del artículo 9 del Pacto» en relación con el deber de investigar seria e imparcialmente los hechos relacionados con desaparición, tortura y muerte de NYDIA ÉRIKA BAUTISTA. 32.2.2.- Así, luego de analizar la manera en que las decisiones de órganos internacionales que declararon la responsabilidad del Estado colombiano se empezaron a tener en cuenta, en el marco de la Ley 600 de 2000, por vía de jurisprudencia (CC C-004 de 2003; CSJ SP, 11 de marzo de 2009, rad. 30510; CSJ AP, 18 de diciembre de 2013, Rad. 42625) como una causal específica de revisión, la Sala dijo: «Esto constituye razón suficiente, en este momento, para que la Sala admita la demanda de revisión» contra la Resolución del 13 de febrero de 2006, proferida por la Fiscalía Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 16 33.- En las fechas 27 de noviembre29 de 2017, 930 y 2131 de febrero y 30 de abril32 de 2018, se realizó la notificación personal del auto que admitió la demanda a ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO, JULIO ROBERTO ORTEGA ARAQUE, ANTONIO ERIK ARELLANA BAUTISTA [parte civil no demandante], ANDREA SOLANGIE TORRES BAUTISTA [apoderada de la accionante] y a MAURICIO ANGARITA. 34.- Debido a dificultades en la notificación personal de LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, el 29 de octubre de 201833, se llevaron a cabo diligencias tendientes a su ubicación, hasta que el 21 de febrero de 201934, HERNÁNDEZ GONZÁLEZ otorgó poder especial a Miguel Enrique Bayona Rodríguez para que lo representara. En ese sentido, el 23 de septiembre de 201935, se dejó constancia que certifica la notificación de este sujeto procesal por conducta concluyente. 35.- El 23 de octubre de 201936, empezó a correr el término de traslado a las partes para solicitud de pruebas dentro del trámite de acción de revisión, término que culminó el 14 de noviembre de ese mismo año. 36.- Mediante el auto del 29 de abril de 2020, la Sala resolvió, en primer lugar, negar la incorporación de pruebas 29 Cfr. Folio 213 Ibidem. 30 Cfr. Folio 235 Ibidem. 31 Cfr. Folio 237 y 238 Ibidem. 32 Cfr. Folio 268 Ibidem. 33 Cfr. Folio 304 cuaderno n. ° 2 de la demanda de revisión de la Corte. 34 Cfr. Folio 316 Ibidem. 35 Cfr. Folio 429 Ibidem. 36 Cfr. Folios 441 Ibidem. Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 17 solicitadas por los demandados y la apoderada de las víctimas. En resumen, la Sala dijo lo siguiente: 36.1.- Al referirse a la incorporación de piezas procesales pertenecientes a la actuación cuya revisión se pretende, determinó que no resultaban admisibles por “innecesaria[s] o redundante[s]”, debido a que ya obran en el presente trámite. 36.2.- En igual sentido, negó la práctica de varios testimonios solicitados por los demandantes y la apoderada de las víctimas, pues también obran en el proceso penal. Específicamente, sobre el requerimiento del defensor de MAURICIO ANGARITA para escuchar la versión de este; la de JULIO ROBERTO ORTEGA ARAQUE y ÁLVARO VELANDIA HURTADO; los testimonios de BERNARDO ALONSO GARZÓN GARZÓN -también solicitado por los apoderados de HERNÁNDEZ GONZÁLEZ y VELANDIA HURTADO-; y, de DORIA JANNETH BAUTISTA MONTAÑEZ y RAÚL BENOIT -pedidos directamente por ORTEGA ARAQUE-, en razón de que todos fueron recaudados varias veces en el proceso penal. 36.3.- Siguiendo las solicitudes del apoderado de MAURICIO ANGARITA, también le fueron denegados: (a) la aducción de los antecedentes penales de su defendido, por innecesarios y no guardar relación con la causal 3.ª del artículo 220 de la Ley 600 de 2000; (b) la información y copia íntegra del expediente “Orfeo: 2018340160400028E a cargo de la Jurisdicción Especial para la Paz [JEP]” y la actuación que lo originó, además de (c) la decisión del 14 de noviembre Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 18 de 2014, proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dentro del caso RODRÍGUEZ VERA y otros. Estos dos últimos, por abarcar situaciones no orientadas a determinar si las labores instructivas adelantadas por las jurisdicciones ordinaria o penal militar no condujeron a la impunidad de este caso particular. 36.4.- La misma suerte corrió la incorporación del dictamen pericial psicológico “ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LAS DECLARACIONES”, elaborado por JULIANA DEL MAR DELGADO BARRERA; el informe de “INTELIGENCIA MILITAR” del coronel retirado JAIME JOAQUÍN ARIZA GIRÓN; de la “CARTILLA CONFERENCIAS M-19”; así como la petición de escuchar a DELGADO BARRERA y ARIZA GIRÓN, con las cuales pretende impugnar la credibilidad del testigo BERNARDO ALONSO GARZÓN GARZÓN y demostrar que a NYDIA ERIKA BAUTISTA DE ARELLANA, según el solicitante, por ser informante del Ejército, le fue aplicada la pena de muerte como retaliación del grupo guerrillero al que pertenecía. 36.4.1- En términos generales, frente a este grupo de pruebas solicitadas, la negativa obedeció a dos razones. De un lado, a «la inaceptable forma de ilustrar o brindar elementos a la Corte para adoptar una decisión frente al caso concreto, más aún cuando ostenta ser el máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria y órgano de cierre, y conoce el derecho aplicable». Y, de otro lado, «porque las solicitudes de prueba deben resultar acordes con la causal invocada (…) sin que pueda revivirse la instrucción a través de este mecanismo excepcional». Al respecto, precisó que no se aceptaban estas Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 19 pruebas, pues no se trata «de comprobar la responsabilidad o inocencia de los procesados, pues este último punto solo resultaría procedente en el curso de las instancias siempre y cuando la acción prosperara y se ordenara rehacer la actuación». 36.5.- Finalmente, desestimó la incorporación de unas notas periodísticas publicadas en el diario El Tiempo, relacionadas con la apertura de la investigación contra el comunicador RAÚL BENOIT y la declaración de BERNARDO ALONSO GARZÓN GARZÓN a Noticias Caracol -igualmente pedidas por la defensa de VELANDIA HURTADO-, en tanto persisten en confrontar el compromiso penal de los implicados. 37.- No obstante, la Sala accedió a recaudar el trámite que cursó en la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación -con ocasión del secuestro, homicidio y tortura de la víctima-, porque se echaban de menos algunas piezas de esa actuación disciplinaria y no era claro si se trató del examen sancionatorio por el caso de NYDIA ÉRIKA BAUTISTA DE ARELLANA o del que cursó por la desaparición de AMPARO TORDECILLA. 38.- También accedió al decreto del medio de prueba documental relacionado en los siguientes numerales del auto de decreto probatorio: (i) 1.1.4 y 2.1.2.6: Copia de la declaración rendida por BERNARDO GARZÓN GARZÓN del 15 de septiembre de 2009, «que Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 20 hace con un memorial dirigido al Fiscal 51 Especializado de la Unidad de Derechos Humanos»; (ii) 2.1.2.7 y 4.1.1.6: Copia de la declaración rendida por BERNARDO GARZÓN GARZÓN el 17 de julio de 2014 y el 1.º de junio de 2015 ante el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá»; (iii) 2.1.4: Declaración de EDILMA TREJOS GASPAR – exesposa de BERNARDO ALONSO GARZÓN GARZÓN- del 17 de diciembre de 2009 ante la Delegada del ente acusador n.º Cincuenta y Uno de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario); (iv) 2.1.5: Testimonio de LEONOR AZCARATE BOLAÑOS, esposa de BERNARDO ALONSO GARZÓN GARZÓN, rendido en el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá; (v) 2.1.15: Declaraciones de LIGIA STELLA LOBO MEJÍA y WILLIAM MEJÍA DUQUE, del 14 de agosto de 2009, ante la Fiscalía Primera Especializada de Manizales, quienes, en contravía con lo manifestado por GARZÓN GARZÓN, refirieron que el teniente CARLOS ARMANDO MEJÍA DUQUE no tuvo participación en el secuestro de GUILLERMO MARÍN como en la muerte de IRMA FRANCO y de NYDIA ÉRIKA BAUTISTA; (vi) 2.1.16: Testimonio de JOSÉ DEL CARMEN CUESTA NOVOA del 20 de junio de 2008 ante la «FISCAL DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA»; Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 21 (vii) 2.1.18: Exposición de RAÚL ALFONSO BENOIT SÁNCHEZ, del 9 de junio de 2008, en el Consulado General de Colombia en Miami; (viii) 3.2.4: Declaración rendida por JOSÉ DEL CARMEN CUESTA NOVOA, el 20 de junio de 2008, ante la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia; y (ix) 5.1.1: Además, las siguientes pruebas documentales: «1. Constancia del 23 de abril de 2014 mediante la cual la Fiscalía 23 de Derechos Humanos y DIH certifica la autenticidad de las siguientes copias allegadas a la presente Acción de Revisión como pruebas nuevas: a. Copia auténtica de la Declaración de Marco Benito Benavides, del 23 de abril de 2008, rendida ante la Fiscalía 4.ª Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Radicado PI9755 b. Copia auténtica de la Declaración del Mayor Oscar William Vásquez Rodríguez, del 24 de abril de 2008, rendida ante la Fiscalía 4 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Radicado PI9755 c. Copia auténtica de la Declaración de Carlos Armando Mejía Lobo, del 28 de abril de 2008, rendida ante la Fiscalía 4.ª Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Radicado PI9755. d. Copia auténtica de la Declaración de Raúl Benoit, del 10 y 11 de junio de 2008, rendida ante la Fiscalía 4 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Radicado PI9755 (diligencia en audio). e. Copia auténtica de la Declaración de Pablo Elias González Monguí, del 3 de julio de 2008, rendida ante la Fiscalía 4.ª Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Radicado PI9755 f. Declaración de Guillermo Marín, del 25 de febrero de 2009, rendida ante Fiscalía 11 Especializada de Derechos Humanos y DIH, Radicado 052. g. Continuación Diligencia de Declaración juramentada de GUILLERMO ANTONIO MARIN del 25 de abril de 2008 rendida ante la Fiscalía once Especializada adscrita a la Unidad de Derechos Humanos y DIH Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 22 h. Diligencia de denuncia de JOSE DEL CARMEN CUESTA rendida ante la Fiscalía el 10 de mayo de 2007 i. Diligencia de Declaración de JOSE DEL CARMEN CUESTA rendida ante la Fiscalía 59 Seccional el 16 de agosto de 2007 j. Diligencia de Declaración de JOSE DEL CARMEN CUESTA rendida ante la Fiscalía 253 Seccional el 14 de julio de 2011 k. Declaración de Raúl Benoit, del 10 y 11 de junio de 2008, rendida ante Fiscalía 4 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Radicado PI9755 (diligencia en audio). l. Diligencia de Declaración de MARIA NELLY PARRA BUENO rendida ante la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría Seccional el 14 de julio de 2011 m. Diligencia de indagatoria de MARIA NELLY PARRA BUENO rendida ante un fiscal delegado adscrito a la Unidad de Derechos Humanos n. Copia auténtica de la SENTENCIA, emitida por el Juzgado 51 Penal del Circuito de BOGOTÁ – Causa No. 2009-0352 - Caso Palacio de Justicia vs. General Iván Ramírez Quintero, Diciembre 15 de 2011 o. Copia auténtica de la SENTENCIA CONDENATORIA emanada del Juzgado 4.º Penal del Circuito Especializado de Bogotá, 02-01-03. Rad. 2001 0204. p. Copia auténtica de la SENTENCIA CONDENATORIA emanada del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - Radicado 2001 0204 02, del 21 de enero de 2004. Apelación fallo condenatorio, confirma fallo. Contra los oficiales y suboficiales de la XX Brigada: Mario Raúl Rodríguez, Guillermo Marín Rojas, Héctor Hidalgo Cabrera Peña, Wilson Doneys Berón. Caso de desaparición forzada de Amparo Tordecilla. q. Copia auténtica de la SENTENCIA CONDENATORIA contra el general Jesús Armando Arias Cabrales, 28 de abril de 2011, emanada del Juzgado 51 Penal del Circuito, Causa No. 2009-0203. r. Copia auténtica de la RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN de 12 de marzo de 2010, emanada de la Fiscalía 51, Unidad de Derechos Humanos y DIH, Caso desaparición forzada GUILLERMO MARÍN MARTÍNEZ. 2. Certificación del 22 de agosto de 2014, mediante la cual la Fiscalía 23 de Derechos Humanos y DIH da fe de la autenticidad de las siguientes Declaraciones: a. Copia auténtica de la Declaración de Hernando Forero Camargo, del 23 de abril de 2008, rendida ante la Fiscalía 4a. Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Radicado PI9755. b. Copia auténtica de la Declaración de JAIME CORDOBA TRIVIÑO, del 04 de junio de 2008, rendida ante la Fiscalía 4a. Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Radicado PI9755. Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 23 3. Informe de Policía Judicial 857636, contentivo de Análisis de Contexto del Sumario 011. Víctima: Nydia Erika Bautista a. Informe gráfico, Análisis de Contexto del Sumario 011. Víctima: Nydia Erika Bautista b. Informe del Comité de Derechos Humanos» [Sic] 39.- En dicho auto, la Sala indicó que la incorporación de las pruebas mencionadas se ordena «como quiera que la parte demandante pretende acreditar el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado colombiano de investigar seria e imparcialmente las violaciones de derechos humanos - DDHH- o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario -DIH-, según sugirió el dictamen del 27 de octubre de 1995 -comunicación No. 563 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas-.» 40.- Contra el auto del 29 de abril de 2020, por cuyo medio fueron resueltas las solicitudes probatorias, interpusieron recurso de reposición: el BG (R) ÁLVARO VELANDIA HURTADO, MAURICIO ANGARITA, sus apoderados, y los suboficiales (R) LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ -con representación judicial- y JULIO ROBERTO ORTEGA ARAQUE -este último de manera directa-. Mediante decisión AP2956 de 2020 del 4 de noviembre de 2020, la Corte resolvió no reponer la decisión atacada. 41.- Luego, el 19 de febrero de 2021, se concedió el traslado del artículo 225 de la Ley 600 de 2000, para que las partes presentaran sus alegaciones. Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 24 VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN • ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO 42.- Luego de describir la naturaleza, el objeto y el alcance de la acción de revisión, estableció un mapa temático de las razones de hecho y de derecho en su favor, calificando el testimonio de BERNARDO ALFONSO GARZÓN GARZÓN como un testigo de «oídas». Esta prueba, según su criterio, fue analizada por la Fiscalía en etapas previas para decretar así la preclusión de la investigación. 43.- Argumentó que los presupuestos de la causal 3.ª del artículo 220 de la Ley 600 de 2000 no se cumplen, ya que, en su criterio, las pruebas y hechos que se presentan como novedosos carecen de la carga necesaria para demostrar un error de tal gravedad que amerite acceder a las pretensiones de la demanda. 44.- En ese contexto, afirmó que desvirtuar los supuestos fácticos que llevaron a adoptar la decisión cuya revisión se pretende analizar solo es posible mediante una sentencia debidamente ejecutoriada, no por meras suposiciones o cambios de criterio de alguno de los declarantes. Esto solo sería posible cuando, después de un exhaustivo debate probatorio, se determine a través de una decisión judicial que se ha incurrido en un falso testimonio. De lo contrario, se atentaría contra la seguridad jurídica, al poder cambiar aspectos por el arbitrio de una persona. Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 25 45.- Por último, solicitó no tener en cuenta las decisiones de la Procuraduría General de la Nación adoptadas en su contra e incorporadas a este expediente, pues, en últimas, estas no contienen temas materia de debate ni de interés jurídico para el presente asunto. 46.- Así, pidió entonces que se declare infundada la acción de revisión y se mantengan en firme las decisiones de preclusión proferidas a su favor. • JULIO ROBERTO ORTEGA ARAQUE 47.- Cuestionó la imparcialidad del trámite de revisión. Específicamente, criticó la falta de neutralidad durante el período probatorio y refutó la pertinencia, la necesidad y la utilidad de las pruebas ordenadas, pues, en su criterio, esos aspectos no quedaron claros frente a la acreditación de la causal por la cual se admitió el presente recurso. 48.- Adicionalmente, afirmó que los principios de «igualdad de armas» y de «neutralidad probatoria», en este trámite, reflejan un desequilibrio que se evidencia en la disparidad frente a la admisión de pruebas solicitadas por la parte demandante y la parte demandada. 49.- Enunció que, mientras que se decretaron diecinueve pruebas para la parte demandante, solo se decretaron dos pruebas documentales para él, y esa situación lo deja en una posición desventajosa. Aunado a lo anterior, sostuvo que, al no contar con los mismos elementos Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 26 de persuasión y convicción, se genera una desigualdad notoria dentro del proceso de revisión. 50.- Por último, indica que el derecho penal en Colombia investiga el acto en sí mismo, por lo que no se le puede señalar como responsable debido a su calidad de militar para la época en que ocurrieron los hechos. En ese sentido, cuestionó la legitimidad de la actuación en caso de que eventualmente se reabra el proceso. • REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 51.- Por su parte, la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal realizó un recuento de los hechos, los antecedentes procesales y los argumentos que dieron origen a la presente actuación. Posteriormente, se refirió a la acción de revisión, su finalidad y procedencia, para luego señalar que, en este caso, la orden de revisión resulta necesaria por cuanto se cumplen los requisitos de admisión de la causal invocada. 52.- Indicó que, en este asunto, se encuentran dados los presupuestos de la causal 3.ª del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, debido a que se cuenta con el Dictamen No. 563 del 27 de octubre de 1995 del Comité de Derechos Humanos. Esta decisión internacional formalmente constató el incumplimiento de las obligaciones del Estado de investigar de manera seria e imparcial el secuestro, la tortura y la posterior muerte de NYDIA ERIKA BAUTISTA. Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 27 53.- A partir de lo anterior, consideró que se estaba frente a una violación de derechos humanos por parte del Estado, por lo que solicitó que se permitiera investigar diligentemente a los posibles responsables de esas violaciones para obtener verdad y así imponerles la debida sanción, por medio de la reapertura del proceso objeto de revisión. 54.- Como argumento de soporte, mencionó las decisiones internas dadas sobre el caso. En concreto, refirió el fallo disciplinario emitido el 5 de julio de 199537 por la misma Procuraduría General de la Nación que destituyó al entonces brigadier ÁLVARO HERNÁN VELANDIA por la violación de derechos humanos en relación con la muerte de NYDIA ERIKA BAUTISTA y la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 22 de junio de 199538 que indemnizó a la familia de la víctima al considerar al Estado responsable de su desaparición y posterior muerte. 55.- Específicamente, examinó la decisión de preclusión adoptada por la Fiscalía en la que se sugirió que la autoría del crimen radicó en cabeza del M-19, señalando el déficit investigativo y una clara contradicción con las pruebas allegadas a este proceso. Específicamente, cuestiona que se hubiera desestimado tan ligeramente el testimonio de GARZÓN GARZÓN sin analizar ni verificar las condiciones en que se produjo, ni contrastarlo con las posibles 37 Cfr. Folios 136 a 173 cuaderno sumario 11 UDH anexo n. °7. 38 Cfr. Folios 66 a 84 cuaderno n. ° 3 de la actuación. Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 28 circunstancias que motivaron la retractación de su relato inicial. 56.- En ese orden, concluyó que se cumple con la causal invocada, por lo que requirió que se revoquen las decisiones de preclusión de la investigación y se inicie el trámite correspondiente a partir del momento procesal que indique la Corte. • LA PARTE DEMANDANTE 57.- La apoderada judicial de la accionante reiteró los fundamentos expuestos en la demanda y realizó un recuento de los hechos acaecidos en contra de la vida de NYDIA ERIKA BAUTISTA y de los argumentos esgrimidos en toda la demanda de revisión. 58.- Destacó el objeto de la acción de revisión y señaló el incumplimiento del Estado colombiano de sus obligaciones internacionales respecto de sus deberes de investigación y sanción de responsables frente a las violaciones sufridas por NYDIA ERIKA BAUTISTA. 59.- Subrayó la importancia de las pruebas y hechos nuevos alegados en la demanda que no tuvieron oportunidad de ser considerados dentro del proceso, cuyo déficit investigativo devino en la resolución de preclusión que ahora se pide que se revise. Al respecto, insiste en que, más allá de controvertir la responsabilidad penal de los procesados, busca que se superen las fallas que condujeron a una Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 29 decisión que perpetúa un escenario de impunidad frente a los hechos ocurridos. 60.- Explicó, entonces, que la causal admitida ciertamente se configura por la existencia de pronunciamientos judiciales tanto internos como internacionales que declararon el flagrante incumplimiento del deber de investigar seriamente y sancionar los hechos que rodearon la muerte de NYDIA ERIKA BAUTISTA en tanto reconocida violación de derechos humanos. 61.- Insistió en la trascendencia de la información contenida en el informe de Policía Judicial Número 857636 del 18 de junio de 2014 en la medida en que identificó a las personas posiblemente implicadas en el hecho investigado, que no son otras sino aquellas respecto de las cuales la Fiscalía decretó la preclusión a favor. 62.- Con base en lo anterior, solicitó que se deje sin efecto la Resolución del 13 de febrero de 2006 a través de la cual la Fiscalía 12 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión del 20 de enero de 2004, adoptada por la Fiscalía 53 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. • DEL AUTO CDG08-128 DE 2025 EMITIDO POR LA JEP Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 30 63.- El pasado 28 de mayo de 2025, la magistrada Catalina Díaz Gómez, de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, mediante el Auto CDG08-128, remitió esta Corporación versiones voluntarias practicadas e informes recaudados en el marco del Caso 06, «Victimización de miembros de la Unión Patriótica por parte de agentes estatales», y del Caso 08, «Crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano», con información que podría ser relevante para este caso (206 folios). 64.- De acuerdo con lo señalado en el Auto CDG08-128, «tanto en los informes como en las versiones practicadas, se ha hecho referencia a la ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura y violencia sexual cometida contra Nydia Érika Bautista, el 30 de agosto de 1987». En concreto, el auto hace referencia específica a: 64.1.- Las versiones voluntarias rendidas por José LEONAIRO DORADO GAVIRIA (15, 16 y 17 de octubre de 2024) y BERNARDO ALFONSO GARZÓN GARZÓN (23 de febrero de 2021, 10 y 11 de febrero de 2025), rendidas ante la Sala de Reconocimiento. 64.2.- El informe denominado «BINCI y Brigada XX: el rol de inteligencia militar en los crímenes de Estado y la Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 31 construcción del enemigo interno (1977–1998)», que describe las circunstancias, entre muchas otras, en que se habría producido la detención, tortura, desaparición y muerte de NYDIA ÉRIKA BAUTISTA. 65.- Posteriormente, el 28 de agosto de 2025, dando alcance al Auto CDG08-128, la magistrada Catalina Díaz Gómez, de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, remitió nueva información, con destino a este expediente, así: 65.1.- Oficio con fecha del 11 de agosto de 2025 suscrito por el abogado Alberto Méndez Cruz, representante del señor Héctor Hidalgo Cabrera Peña, donde solicita protección a su poderdante, con ocasión de intimidaciones recibidas como consecuencia de los aportes dados a la JEP, relacionados, entre otros, con este caso (anexo 1, 2 folios). 65.2.- Acta de reunión sostenida entre el abogado Alberto Méndez Cruz, el compareciente Héctor Hidalgo Cabrera Peña e integrantes del despacho de la magistrada Catalina Díaz, en la que informa acerca de una reunión sostenida con los involucrados en este proceso, MAURICIO ANGARITA y LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ, quienes le pidieron que se retractara de las declaraciones que ha venido dando como aporte a la verdad, relacionadas, entre otros, con este caso (anexo 2, 2 folios). Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 32 65.3.- Copia de la denuncia realizada por el señor Héctor Hidalgo Cabrera Peña ante la Fiscalía General de la Nación por las presuntas amenazas contra su vida provenientes de los involucrados, MAURICIO ANGARITA y LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ, en la acción de revisión de la referencia (anexo 3, 8 folios). 66.- Por haber sido allegados por fuera del término probatorio, ninguno de los documentos mencionados en este apartado (supra párr. 63-65) será tenido en cuenta por la Sala para efectos de determinar la configuración de la causal por la cual fue admitida esta acción de revisión. VII. CONSIDERACIONES • Competencia 67.- De acuerdo con el artículo 75 de la Ley 600 de 200039, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver de fondo la presente demanda de revisión, porque está dirigida en contra de la Resolución del 13 de febrero de 2006, mediante la cual la Fiscalía 12 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión del 20 de enero de 2004, de la Fiscalía 53 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos 39 Artículo 75. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce: […] 2. De la acción de revisión cuando la sentencia, la preclusión de la investigación o la cesación de procedimiento ejecutoriadas hayan sido proferidas en única o segunda instancia por esta corporación o por los tribunales superiores de distrito o por los fiscales que actúan ante ellos. Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 33 Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Esa decisión resolvió precluir la investigación a favor de ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO, JULIO ROBERTO ORTEGA ARAQUE, LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ y MAURICIO ANGARITA, por el delito de homicidio agravado. • Planteamiento del problema jurídico y estructura de la decisión 68.- Mediante el auto AP7846-2017, al amparo de la causal tercera del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió admitir la demanda de revisión presentada en contra de la resolución de preclusión de la investigación del 13 de febrero de 2006, proferida por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá. 68.1.- Específicamente, en el Auto AP7846-2017, esta Sala, luego de reconocer la legitimidad de la parte recurrente para interponer este recurso extraordinario, fundó la decisión de admitirlo en la existencia y aporte del Dictamen aprobado el 27 de octubre de 1995, Comunicación n.º 563 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (cfr. supra párr. 32.2) 68.2.- En concreto, esta decisión declaró que el Estado colombiano violó sus obligaciones internacionales en relación con el deber de investigar seria e imparcialmente los hechos relacionados con la desaparición, tortura y muerte de NYDIA ÉRIKA BAUTISTA (cfr. supra párr. 32.2.1 y ss). Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 34 69.- Corresponde entonces a la Sala determinar (i) si, efectivamente, el Dictamen n.º 563 del 27 de octubre de 1995 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas es una decisión internacional que satisface las exigencias de la causal de revisión invocada de acuerdo a los términos definidos por la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia de esta Sala y, como consecuencia de ello, (ii) si es posible dejar sin efecto la preclusión de la investigación dispuesta en la decisión accionada a favor de ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO, JULIO ROBERTO ORTEGA ARAQUE, LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ y MAURICIO ANGARITA, por el delito de homicidio agravado. 70.- Para resolver este interrogante, la Corte se referirá a los siguientes temas: en primer lugar, recordará el alcance de la causal por la cual se admitió este asunto en el régimen de la Ley 600 de 2000. En segundo lugar, frente a lo anterior, precisará el valor de los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas respecto de la causal referida. En tercer lugar, analizará las circunstancias particulares del caso concreto y, con base en lo anterior, formulará las respectivas conclusiones. 1. Análisis de la causal 3.ª del artículo 220 de la Ley 600 de 2000 71.- La seguridad jurídica es un valor fundamental y, por ende, una aspiración legítima de todo sistema legal. Bajo esta premisa, toda decisión judicial de carácter penal que Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 35 alcanza firmeza queda investida de la doble presunción de legalidad y acierto y, en tanto cosa juzgada, resulta, en principio, inmutable. 72.- Sin embargo, la acción de revisión es un mecanismo excepcional que permite remover la inmutabilidad de la res iudicata de aquel fallo que, por no satisfacer los estándares de la justicia, contraviene la Constitución y la ley (i.e. CSJ SP4198-2019, Rad. 49222). 73.- En el régimen legal de la Ley 600 de 2000, el numeral 3.º del artículo 220 —como ya lo hacían en su momento el Decreto 050 de 1987 (artículo 231.3) y luego el Decreto 2700 de 1991 (artículo 232.3)— instituyó la posibilidad de revisar las decisiones penales definitivas «[c]uando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad». 74.- Específicamente, por «hecho nuevo», esta Corporación ha entendido todo acontecimiento vinculado al hecho punible materia del proceso, del cual no se tuvo conocimiento en ninguna de las etapas de la actuación judicial y que, por lo tanto, no pudo ser considerado ni controvertido. Ahora, como «prueba nueva», se ha tenido aquel dispositivo probatorio no incorporado al proceso, que apareció después, que da cuenta de un hecho desconocido, o de una variante sustancial de un hecho conocido en las instancias procesales, cuyo aporte conduce a modificar sustancialmente la conclusión a la que se llegó (CSJ AP, 27 Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 36 de marzo de 2000, Rad. 15.822, reiterado en CSJ AP5417– 2015). 75.- Con base en lo anterior, esta Sala ha señalado que, para la procedencia de esta causal de revisión, es necesario acreditar: (i) que se está frente a hechos o pruebas nuevas no conocidas al tiempo de los debates; (ii) tratándose de pruebas nuevas, que el accionante no haya tenido conocimiento de su existencia, o que teniéndola, no haya estado en condiciones de aportarlas; (iii) que los hechos o pruebas nuevas informen de acaecimientos o sucesos fácticos vinculados con la conducta punible objeto de juzgamiento y (iv) que esos hechos o pruebas nuevas tengan la virtualidad de desplazar o poner en duda la verdad declarada en las decisiones que serían objeto de revisión, bien porque conducen a establecer la inocencia del condenado, o porque permiten afirmar su inimputabilidad (i.e. CSJ AP2586-2024, 15, mar.2024, rad. 64097). 76.- En otras palabras, para demostrar la configuración de la causal invocada, es indispensable contar con una situación fáctica o probatoria novedosa que tenga la capacidad e idoneidad para desvirtuar el fundamento con el que se tomó la decisión que se pretende modificar o, cuando menos, para poner en entredicho la declaración de justicia con la que culminó la controversia procesal (CSJ AP1568- 2015, 25 mar. 2015, rad. 44524). 77.- La exequibilidad del numeral 3.º del artículo 220 de la Ley 600 de 2000 fue analizada por la Corte Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 37 Constitucional, en la sentencia C-004 de 2003. Allí, se declaró que esta disposición se ajustaba a la Constitución, pero siempre y cuando se entendiera que la acción de revisión por esta causal también procede en tres eventos puntuales: frente a decisiones de (i) preclusión de la investigación; (ii) cesación de procedimiento y (iii) sentencias absolutorias. 78.- Al respecto, la Corte Constitucional explicó que no permitir la revisión en estos tres tipos de decisiones mencionadas constituiría una restricción «desproporcionada frente a los derechos de las víctimas, cuando se trata de la impunidad de violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario. En esos eventos, los derechos de las víctimas no solo autorizan, sino que exigen una limitación al non bis in ídem, a fin de permitir la reapertura de esas investigaciones, si surge un hecho o prueba nueva no conocida al tiempo de los debates procesales». 79.- Para justificar este planteamiento, la Corte Constitucional manifestó lo siguiente: «La impunidad de las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario es más grave cuando el Estado ha incumplido en forma protuberante con sus deberes de investigar y sancionar seriamente esos delitos. En esos eventos, la preponderancia de los derechos de las víctimas y de la búsqueda de un orden justo sobre la seguridad jurídica y el non bis in ídem es aún más evidente, por las siguientes dos razones: De un lado, para las víctimas y los perjudicados por una violación a los derechos humanos, la situación resulta aún más intolerable, pues su dignidad humana es vulnerada en cierta medida doblemente, ya que esas personas no solo fueron lesionadas por un Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 38 comportamiento atroz, sino que, además, deben soportar la indiferencia del Estado, quien incumple en forma protuberante con su obligación de esclarecer esos actos, sancionar a los responsables y reparar a los afectados. De otro lado, en cambio, una posible revisión de aquellos procesos en que el Estado, en forma protuberante, dejó de lado su deber de investigar seriamente esas violaciones a los derechos humanos, no impacta en forma muy intensa la seguridad jurídica, por la sencilla razón de que en esos procesos las autoridades realmente no realizaron una investigación seria e imparcial de los hechos punibles. Y, por ende, precisamente por ese incumplimiento del Estado de adelantar seriamente la investigación, la persona absuelta en realidad nunca estuvo seriamente procesada ni enjuiciada, por lo que una reapertura de la investigación no implica una afectación intensa del non bis in ídem». (…) «Es pues claro que en los casos de impunidad de violaciones a los derechos humanos o de infracciones graves al derecho internacional humanitario derivadas del incumplimiento protuberante por el Estado colombiano de sus deberes de sancionar esas conductas, en el fondo prácticamente no existe cosa juzgada, pues esta no es más que aparente. En esos eventos, nuevamente los derechos de las víctimas desplazan la garantía del non bis in ídem, y por ello la existencia de una decisión absolutoria con fuerza formal de cosa juzgada no debe impedir una reapertura de la investigación de esos comportamientos, incluso si no existen hechos o pruebas nuevas, puesto que la cosa juzgada no es más que aparente». 80.- Tras lo anterior, la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad condicionada del numeral 3.º del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, estableció unas reglas de procedibilidad específicas para dos supuestos concretos en los que se puede pretender la revisión bajo esta causal: Hipótesis 1 Hipótesis 2 Siempre y cuando se trate de violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario y un pronunciamiento judicial interno, o una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por Siempre y cuando se trate de violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario y un pronunciamiento judicial interno, o una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, Acción de revisión Radicado n.° 44508 CUI: 11001020400020140179500 ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO y otros 39 nuestro país, haya constatado la existencia