Providencia SP539-2026

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO Magistrado Ponente SP539- 2026 Radicación 66191 Acta No. 189 Bogotá, D.C., diez (10) de junio de dos mil veintiséis (2026). I. VISTOS Se pronuncia la Corte sobre los recursos de casación interpuestos por el apoderado de los padres de la víctima M.C.V., la Fiscalía y la Procuraduría contra la decisión del 4 de mayo de 2023, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, que, en segunda instancia1, declaró la prescripción de la acción penal adelantada contra 1 La providencia de primera instancia fue emitida el 19 de octubre de 2022 por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Leticia, Amazonas. CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 2 MATEO FRANCO ARANGO, SEGUNDO ANTONIO SOLARTE CAHUASA, MANUEL ANDRÉS LÓPEZ SÁNCHEZ, EVER SINARAGUA SOLANO y MARTHA ELENA QUINTERO GUERRERO, por el delito de homicidio culposo (art. 109, Ley 599 de 2000). II. HECHOS El 1 de octubre de 2014, aproximadamente a las 4:00 a.m., en la ruta hídrica entre Puerto Nariño, Amazonas, y Marasha, Perú, a la altura de “La Isla de los Micos”, la embarcación “Amazónicos IX”, tripulada por EVER SINARAGUA SOLANO, colisionó con la nave peruana “Flipper”, produciéndose el volcamiento de la primera. Dicho accidente produjo la muerte de una de las pasajeras (la menor M.C.V.) y lesiones a ocho más2, quienes eran estudiantes y profesores de la Fundación Educativa Inglaterra “The English School”. La embarcación era propiedad de la Agencia Operadora de Turismo Amazon Discovery, representada legalmente por SEGUNDO ANTONIO SOLARTE CAHUASA, donde, además, trabajaban MANUEL ANDRÉS LÓPEZ SÁNCHEZ, quien 2 Julián Felipe Uriza Nieto, Mayte Uribe Vieres, María Carolina Téllez Yepes, Julián Hernando Barragán Pedraza, Natalia Castro Montaña, María Alejandra Macías Quintero, Emma Toledo Ocampo, Juan Andrés Toro Delgado, Carmen Helena Ortiz Díaz. CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 3 coordinó la hora de la salida del viaje, y MATEO FRANCO ARANGO, instructor de la referida empresa. Por su parte, los estudiantes y profesores de la Fundación Educativa Inglaterra estaban en la embarcación por iniciativa de MARTHA ELENA QUINTERO GUERRERO, que coordinaba el programa educativo CAS -Creatividad, Acción y Servicio-. III. ANTECEDENTES PROCESALES 1. Por los anteriores hechos, el 16 de septiembre de 2016, la Fiscalía le formuló imputación a SEGUNDO ANTONIO SOLARTE CAHUASA, MANUEL ANDRÉS LÓPEZ SÁNCHEZ y MATEO FRANCO ARANGO, como autores de los delitos de homicidio culposo agravado en concurso heterogéneo con lesiones personales culposas, en concurso homogéneo sucesivo (arts. 31, 109, 110-5, 111, 112 inciso 2º y 3º, 113 inciso 2º, 114 inciso 1º y 2º, 117, 120 C.P.), ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Leticia, Amazonas. No les fue impuesta medida de aseguramiento alguna. Igualmente, el 13 de marzo de 2017, la Fiscalía les formuló idéntica imputación a EVER SINARAGUA SOLANO CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 4 y MARTHA ELENA QUINTERO GUERRERO ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Leticia. Se le impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad al primero de los nombrados. 2. El 3 de mayo de 2017, la Fiscalía presentó el escrito de acusación en idénticos términos jurídicos, el cual le correspondió, por reparto, al Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Leticia. El 16 de agosto de 2017, durante la audiencia de formulación oral de la acusación, se reconocieron como víctimas, entre otros, a los padres de la menor M.C.V. y a la Fundación Educativa Inglaterra “The English School”. 3. El 19 de octubre de 2022, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Leticia resolvió lo siguiente: “PRIMERO: DECLARAR la PRESCRIPCIÓN y la EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL promovida en contra de Ever Sinaragua Solano, Martha Elena Quintero Guerrero, Segundo Antonio Solarte Cahuasa, Manuel Andrés López Sánchez y Mateo Franco Arango, por las conductas punibles de lesiones personales culposas según los artículos 111, 112 inciso 1, 2 y 3, artículo 113 inciso 2, 114 inciso 1, 115 y 110 numeral 5 del Código Penal, de acuerdo con los razonamientos que sustentan esta decisión. SEGUNDO: DECRETAR la CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO seguido en contra de Ever Sinaragua Solano, Martha Elena Quintero Guerrero, Segundo Antonio Solarte Cahuasa, Manuel Andrés López Sánchez y Mateo Franco Arango, por las conductas CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 5 punibles de lesiones personales culposas según los artículos 111, 112 inciso 1, 2 y 3, artículo 113 inciso 2, 114 inciso 1, 115 y 110 numeral 5 del Código Penal, con arreglo a las consideraciones que preceden. TERCERO: CONDENAR a Ever Sinaragua Solano, Segundo Antonio Solarte Cahuasa, Manuel Andrés López Sánchez y Mateo Franco Arango a la pena de cuarenta y seis (46) meses de prisión, multa de cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes y sesenta y seis (66) meses de privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas; como AUTORES penalmente responsables del delito de homicidio culposo agravado, y la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de cinco (5) años. CUARTO: CONCEDER a Ever Sinaragua Solano, Segundo Antonio Solarte Cahuasa, Manuel Andrés López Sánchez y Mateo Franco Arango la suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad, bajo las condiciones y con la caución indicada en precedencia. Una vez prestada la caución y suscrita la diligencia de compromiso, a través del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio, líbrense las respectivas boletas de libertad, para el restablecimiento del derecho de locomoción de los declarados penalmente responsables. QUINTO: Por el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio, dése [sic] cumplimiento al acápite de otras determinaciones. SEXTO: ADVERTIR que contra la presente decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. SÉPTIMO: ABSOLVER de los cargos por el delito de homicidio culposo agravado a Martha Elena Quintero Guerrero conforme lo señalado en la parte motiva de la presente decisión”. Los defensores de MATEO FRANCO ARANGO, SEGUNDO ANTONIO SOLARTE CAHUASA, EVER CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 6 SINARAGUA SOLANO y MANUEL ANDRÉS LÓPEZ SÁNCHEZ acudieron al recurso de apelación contra el numeral tercero de la providencia citada. La Fiscalía, la delegada de la Procuraduría General de la Nación y el apoderado de los padres de la menor M.C.V. hicieron lo propio contra el numeral séptimo. 4. El 4 de mayo de 2023, en resolución de la alzada, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca advirtió que, en realidad, en el presente asunto no era aplicable la circunstancia de agravación punitiva del artículo 110-5 del Código Penal, puesto que la embarcación “Amazónicos IX” no estaba destinada al transporte especial de niños, sino de pasajeros en actividades de turismo. Con esto, al eliminar dicho agravante, evidenció que operó el fenómeno de la prescripción de la acción penal por el delito de homicidio culposo en su modalidad simple, antes de que fuera sometido a reparto el asunto3. En consecuencia, decidió lo siguiente: 3 El proceso fue repartido al despacho del magistrado ponente el 9 de noviembre de 2022, a las 12:30 p.m., pero, según se consigna en el auto en cuestión: “el proceso había prescrito, por cuanto, tuvo lugar para los acusados MATEO FRANCO ARANGO, SEGUNDO ANTONIO SOLARTE CAHUASA, y MANUEL ANDRÉS LÓPEZ SÁNCHEZ, el 16 marzo de 2021, y para los procesados EVER SINARAGUA SOLANO y MARTHA ELENA QUINTERO GUERRERO, el 13 de septiembre de 2021, respectivamente”. CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 7 “PRIMERO: DECLARAR la PRESCRIPCIÓN de la acción penal por el delito de homicidio culposo adelantada en contra [de] MATEO FRANCO ARANGO, SEGUNDO ANTONIO SOLARTE CAHUASA, y MANUEL ANDRÉS LÓPEZ SÁNCHEZ, EVER SINARAGUA SOLANO y MARTHA ELENA QUINTERO GUERRERO. En consecuencia, se DECRETA a su favor PRECLUSIÓN del proceso”. La Fiscalía, la delegada de la Procuraduría General de la Nación y el apoderado de los padres de la víctima M.C.V. acudieron al recurso de reposición. 5. El 4 de julio de 2023, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca resolvió no reponer la decisión del 4 de mayo anterior y aclaró que no procedían recursos. Contra la decisión, el apoderado de los padres de la víctima M.C.V. interpuso el recurso de queja. En tal virtud, la Sala lo otorgó y ordenó remitir la actuación a esta Corporación. 6. Recibida la actuación en la Corte, se allegó el escrito correspondiente con los argumentos que fundamentan la queja. Seguido a ello, mediante el auto CSJ AP2770, 13 sep. 2023, Rad.: 64218, la Sala declaró improcedente el recurso, CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 8 en cuanto a que contra las decisiones adoptadas en segunda instancia no cabe el recurso de apelación. 7. Los padres de la menor M.C.V. formularon acción de tutela contra las decisiones emitidas el 4 de mayo y 4 de julio de 2023, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca. En consecuencia, la Sala de Decisión de Tutelas no. 2 de esta Corporación, mediante la sentencia CSJ STP17621, 12 dic. 2023, Rad.: 134649, encontró que, por el momento procesal en que se decretó la preclusión de la acción penal, la decisión del 4 de mayo de 2023 no era propiamente un auto, sino una sentencia, con lo que, si bien no era procedente el recurso de apelación -como lo planteó el apoderado de los padres de la víctima M.C.V.-, sí cabía el recurso extraordinario de casación. Con esto, resolvió: “DEJAR SIN EFECTO los actos posteriores a la notificación de la sentencia de segunda instancia del 4 de mayo de 2023 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca y, con ello, ORDENAR que se habilite el término para que, si se considera pertinente, se promueva en su contra el recurso de casación. Se aclara que tienen derecho a hacerlo las víctimas y los demás sujetos procesales con interés”4. 4 Dicha providencia fue confirmada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 6 de marzo de 2024. CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 9 Por lo anterior, el 8 de febrero de 2024, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca procedió a correr el traslado ordenado. Dentro del término legal5, el apoderado de los padres de la víctima M.C.V., la Fiscalía y la Procuraduría interpusieron el recurso extraordinario de casación y allegaron las respectivas demandas. 8. El 5 de abril de 2024, el proceso fue remitido a esta Corporación y, el 10 de mayo siguiente, se admitieron las tres demandas de casación. El 28 de noviembre de 2024, se llevó a cabo la audiencia de que trata el último inciso del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, para que el apoderado de los padres de la víctima M.C.V., la Fiscalía y la Procuraduría sustentaran sus demandas. Igualmente, se les concedió el uso de la palabra al apoderado judicial de la Fundación Educativa Inglaterra “The English School” y a los defensores de MATEO FRANCO ARANGO, SEGUNDO ANTONIO SOLARTE CAHUASA, MANUEL ANDRÉS LÓPEZ SÁNCHEZ, EVER SINARAGUA SOLANO y MARTHA ELENA QUINTERO GUERRERO, en calidad de no recurrentes. 5 Corrió entre el 16 de febrero y el 4 de abril de 2024. CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 10 Lo anterior motiva el conocimiento del proceso por la Corte. IV. SÍNTESIS DE LAS DEMANDAS 1. De la Procuraduría. Los delegados del Ministerio Público postularon un cargo único, pero no indicaron la causal invocada. Dicen, en cambio, que el cargo consiste en la “nulidad por afectación de garantías debidas”, por “la violación directa de la ley derivada de la errónea interpretación de la causal de agravación que, para el delito de homicidio culposo, contempla el numeral 5 del artículo 110 del Código Penal”6. Luego, aducen que el Tribunal incurrió en un “error hermenéutico que conllevó a su no aplicación y, como consecuencia de ello, a la equivocada declaratoria de prescripción de la acción penal”7. Para fundamentarlo, refieren, en términos generales, que el ad quem se equivocó al absolver a los procesados por la circunstancia de agravación punitiva del artículo 110-5 del Código Penal, debido a que “restringió el alcance la expresión “niños” de una manera que contraría abiertamente no sólo lo dispuesto 6 Folio 49 del cuaderno 7 del expediente de segunda instancia. 7 Folio 49 del cuaderno 7 del expediente de segunda instancia. CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 11 en instrumentos internacionales sino también el ámbito de protección que pretende la norma”8. Lo anterior, debido a que: “[L]a circunstancia de agravación punitiva prevista en el numeral 5 del artículo 110 del Código Penal debe ser interpretada precisamente en ese contexto de protección especial que [los] tratados internacionales y la propia constitución [sic] otorga a los niños”9. Adicionalmente, manifiestan que el espíritu de la norma no exige, como lo dedujo la segunda instancia, que: “[E]l medio de transporte o el responsable de éste esté dedicado a tal actividad de manera profesional; lo que se impone es que cuando se transportan niños los deberes de diligencia y cuidado deben ser superiores a los que se exigen en el tráfico habitual”10. Con esto, indican que, al decretarse la prescripción, no se estudiaron todos los asuntos de fondo y, en ese sentido, la Corte no puede dictar una sentencia de reemplazo, pues: “[D]e hacerlo se estaría convirtiendo en juez de segunda instancia, razón por la cual la nulidad de la sentencia es el único medio procesal para subsanar la irregularidad sustancial mencionada (Naturaleza residual)”11. 8 Folio 51 del cuaderno 7 del expediente de segunda instancia. 9 Folio 53 del cuaderno 7 del expediente de segunda instancia. 10 Folio 55 del cuaderno 7 del expediente de segunda instancia. 11 Folio 55 del cuaderno 7 del expediente de segunda instancia. CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 12 2. De la representación de los padres de la víctima M.C.V. El demandante postula cuatro cargos, dos principales y dos subsidiarios, de la siguiente manera: 2.1 En el cargo primero (principal), acude al amparo de la causal primera del artículo 181 de la Ley 906 de 2004 y acusa al Tribunal de haber incurrido en la “violación directa de la ley sustancial, por falta de aplicación de una norma del bloque de constitucionalidad”12. Para fundamentarlo, parte de la premisa de que el Tribunal dejó de aplicar el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, que reconoce los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y, en este sentido, erró al absolver a los procesados por la circunstancia de agravación punitiva del artículo 110-5 del Código Penal, al no reconocer que la víctima M.C.V. era una niña. Puntualmente, adujo que: “[Q]ueda en evidencia que la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca negó -contra expresa normativa del bloque de constitucionalidad y de la misma Constitución- el estatus de “niño” a una persona de 17 años de edad [sic]”13. 12 Folio 73 del cuaderno 7 del expediente de segunda instancia. 13 Folio 88 del cuaderno 7 del expediente de segunda instancia. CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 13 En este sentido, en su criterio: “[L]a sentencia del Tribunal de Cundinamarca tenía que haber reconocido el estatus de “niño” a [M.C.V.] (q.e.p.d.), tenía que haber concluido la acreditación de la causal de agravación del numeral 5º del art. 110 del C.P., tenía que haberse abstenido de decretar prescripción alguna”14. 2.2 En el cargo segundo (principal), acude, una vez más, al amparo de la causal primera del artículo 181 de la Ley 906 de 2004 y censura que el Tribunal incurrió en la “violación directa de la ley sustancial, por aplicación indebida de una norma legal”15. Aduce que, de “considerar que no se acredita la calidad de “niño” bajo la causal de agravación del numeral 5º del art. 110 del C.P.”, en todo caso, subyace “la causal de agravación del numeral 4º ibídem [sic]”16. Lo anterior, debido a que, si bien la Fiscalía “en este asunto decidió, jurídicamente, imputar y acusar bajo el numeral 5º”17, lo cierto es que “[s]i se estaba defendiendo a la luz del numeral 5º, automáticamente lo estaba haciendo dentro del numeral 4º (por la simple razón, se itera, de que un menor o un anciano es un PASAJERO)”18. Con esto, luego de explicar por qué, en su criterio, no se vulneraría el principio de congruencia de condenar a los 14 Folio 88 del cuaderno 7 del expediente de segunda instancia. 15 Folio 91 del cuaderno 7 del expediente de segunda instancia. 16 Folio 92 del cuaderno 7 del expediente de segunda instancia. 17 Folio 98 del cuaderno 7 del expediente de segunda instancia. 18 Folio 98 del cuaderno 7 del expediente de segunda instancia. CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 14 procesados por una circunstancia de agravación punitiva distinta a la que fue planteada en la acusación, refiere que “bien por camino del numeral 5º (niños) bien por camino del numeral 4º (pasajeros), la causal de agravación del art. 109 [sic] se mantenía, subsistía, esto es, la acción penal no se había prescrito”19. 2.3 En el cargo tercero (subsidiario), invoca la causal tercera del artículo 181 de la Ley 906 de 2004 y alega que el Tribunal cayó en la: “[V]iolación indirecta de la ley sustancial por error de hecho, falso juicio de identidad por tergiversación/distorsión del testimonio de los testigos Mónica Rodríguez Zuluaga, Alejandra Echeverry Fajardo, Carolina Porras, Liz Johana Novoa Claro, Mateo Franco Arango, Edelmira Gómez Pinto y Lesbia Isabel Movilla Arroyo”20. Para fundamentarlo, reclama que los testimonios en cuestión fueron determinantes “en la sustentación de la sentencia absolutoria emitida por el Juzgado 2º Promiscuo del Circuito de Leticia a favor de la acusada MARTHA ELENA QUINTERO GUERRERO”21. No obstante, según indica, todos ellos “fueron materia de TERGIVERSACIÓN/DISTORSIÓN por parte de la sentencia de primer grado”22. 19 Folio 98 del cuaderno 7 del expediente de segunda instancia. 20 Folio 102 del cuaderno 7 del expediente de segunda instancia. 21 Folio 105 del cuaderno 7 del expediente de segunda instancia. 22 Folio 106 del cuaderno 7 del expediente de segunda instancia. CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 15 Lo anterior, porque, en su criterio, si el juzgador de primera instancia hubiese llevado a cabo una valoración probatoria adecuada, tenía que haber concluido que: “(i) MARTHA ELENA QUINTERO GUERRERO sí participó activamente en el diseño del cronograma de la salida pedagógica, lo que se acredita no solo testimonialmente sino además con el cruce de correos por ella efectuado con miembros de BLUEFIELDS, cronograma donde -sin ponerlo de manera expresa seguramente por la conciencia de las consecuencias de así realizarlo- se decidió salir en horas de la madrugada para el grupo que se alojaba en Puerto Nariño, con rumbo a Marashá, para llegar al tiempo con los otros grupos que partían desde otros lugares, (ii) MARTHA ELENA QUINTERO GUERRERO participó de la “previsita” que - supuestamente- verificaba lo que iban a hacer los estudiantes sobre el terreno, “previsita” que no se ajustó a lo realmente sucedido [sic] en la salida pedagógica, (iii) MARTHA ELENA QUINTERO GUERRERO fue informada, fue enterada, y aceptó sobre el terreno -seguramente por cuanto ella misma así lo ayudó a diseñar en el respectivo cronograma- salir a las 3 am [sic] con destino a Marashá, a pesar de la inicial oposición del lanchero y acusado EVER SINARAGUA SOLANO y de las advertencias de las religiosas EDELMIRA PINTO GÓMEZ y LESBIA ISABEL MOVILLA ARROYO”23. 2.4 En el cargo cuarto (subsidiario), alega, nuevamente, la causal primera del artículo 181 de la Ley 906 de 2004 y acusa al Tribunal de haber incurrido en la “violación directa de la ley sustancial, por aplicación indebida de una normal [sic] legal llamada a regular el caso”24. Censura que el juzgador de primera instancia se equivocó al considerar que, a favor de MARTHA ELENA 23 Folio 116 del cuaderno 7 del expediente de segunda instancia. 24 Folio 120 del cuaderno 7 del expediente de segunda instancia. CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 16 QUINTERO GUERRERO, operó “el principio de confianza como causal de exoneración penal”25. Lo anterior, ya que la procesada “fue “organizadora”, “asistente” y responsable de la salida pedagógica” y, aunque “no tenía por qué saber o conocer los detalles o minucias de los conceptos y normas de navegación”26, ésta estaba obligada a “generar unas alertas, a hacer preguntas (ejemplo: “¿podemos salir a esa hora?, ¿tenemos permiso de autoridad fluvial para salir a esa hora?, ¿puedo ver el permiso para salir a esa hora?”)”27. Así, concluye que: “[E]l Juzgado 2º Promiscuo del Circuito de Leticia aplicó indebidamente la figura del principio de confianza, la utilizó para exonerar de responsabilidad penal a la acusada MARTHA ELENA QUINTERO GUERRERO cuando lo procedente, en correcta apreciación del torrente probatorio recaudado, era la imposición de [la] sentencia condenatoria”28. 2.5 Por todo lo anterior, hace las siguientes solicitudes: “(i) CASAR la sentencia de 4 de mayo de 2023 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y proferir [el] fallo de reemplazo declarando que no se ha consumado el fenómeno prescriptivo en el presente asunto, y (ii) CASAR la sentencia de 19 de octubre de 2022 proferida por el Juzgado 2º Promiscuo del Circuito de Conocimiento de Leticia y proferir [el] fallo de reemplazo declarando penalmente responsable a la acusada MARTHA ELENA QUINTERO GUERRERO”29. 25 Folio 120 del cuaderno 7 del expediente de segunda instancia. 26 Folio 125 del cuaderno 7 del expediente de segunda instancia. 27 Folio 126 del cuaderno 7 del expediente de segunda instancia. 28 Folio 132 del cuaderno 7 del expediente de segunda instancia. 29 Folio 135 del cuaderno 7 del expediente de segunda instancia. CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 17 3. De la Fiscalía. El representante del ente acusador plantea dos cargos, uno principal y otro subsidiario, ambos al amparo de la causal primera del artículo 181 de la Ley 906 de 2004. 3.1 En el cargo principal, acusa al Tribunal de haber incurrido en la “falta de aplicación de la norma, que para este caso sería el agravante que para el delito de homicidio consagra el numeral 5º del artículo 110 del Código Penal”30. Para fundamentarlo, parte de la premisa de que, aunque la embarcación no estaba destinada al traslado exclusivo de infantes o ancianos, ésta no estaba cumpliendo los requisitos legales que le eran exigidos para ello, pues no tuvo en cuenta: “[L]a observancia plena de las debidas medidas de seguridad por parte de quienes conscientes del número y minoría de edad de sus pasajeros debieron apreciar y que como es sabido ocasionaron la tragedia que pudo haber sido mayor”31. Así, el ad quem, en su opinión, le agregó “presupuestos no exigidos [al agravante] por el legislador en la Ley 1326 de 2009 que lo estatuyó”32 y ello se tradujo en “lapidarias consecuencias: (i) se decretó la extinción de la acción penal por prescripción; y, se (ii) eliminó la 30 Folio 146 del cuaderno 7 del expediente de segunda instancia. 31 Folio 148 del cuaderno 7 del expediente de segunda instancia. 32 Folio 148 del cuaderno 7 del expediente de segunda instancia. CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 18 posibilidad de que las víctimas indirectas vieran satisfechas sus pretensiones”33. 3.2 En el cargo subsidiario no señala cuál fue el error en el que presuntamente incurrió el ad quem y solo censura que: “[N]uestra creencia es la procedencia plena del numeral 5º, pero en caso de no compartirse dicho punto de vista, es […] procedente la causal de agravación del numeral 4º sin que se vulnere el principio de congruencia”34. 3.3 Con esto, solicita que se: “[C]ase íntegramente el fallo que extingue la acción penal por prescripción y [se] dicte la sentencia de reemplazo, confirmando la condena de MATEO FRANCO ARANGO, SEGUNDO ANTONIO SOLARTE CAHUANA, MANIUEL [sic] ANDRÉS LÓPEZ SÁNCHEZ, EVER SINARAGUA SOLANO, revoque la absolución de MARTHA ELENA QUINTERO GUERRERO y condene por el delito de objeto de acusación, al haber actualizado el delito de homicidio culposo agravado, cuya víctima fue la niña [M.C.V.]”35. V. SUSTENTACIONES Y RÉPLICAS 1. El Fiscal Once Delegado ante la Corte Suprema de Justicia reiteró, en lo sustancial, los argumentos previstos en la demanda de casación, insistiendo en que el ad quem interpretó de manera indebida la circunstancia de agravación 33 Folio 150 del cuaderno 7 del expediente de segunda instancia. 34 Folio 151 del cuaderno 7 del expediente de segunda instancia. 35 Folio 152 del cuaderno 7 del expediente de segunda instancia. CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 19 punitiva que está prevista en el artículo 110-5 de la Ley 599 de 2000, por lo que dejó de aplicarla aun cuando era la norma que regulaba el caso. Con esto, es enfático en que, de haberse aplicado, la acción penal no habría prescrito en el momento en que lo decretó el Tribunal y, por tanto, éste debería haberse pronunciado de fondo frente a los reparos planteados en las distintas apelaciones. En todo caso, afirmó que, por el paso del tiempo, aun aplicando el artículo que se echa de menos, la acción penal seguida contra SEGUNDO ANTONIO SOLARTE CAHUASA, MANUEL ANDRÉS LÓPEZ SÁNCHEZ y MATEO FRANCO ARANGO, a quienes se les formuló imputación el 16 de septiembre de 2016, sí prescribió. Lo anterior, pues, en su criterio, dicho fenómeno operó para los procesados en cuestión, en cuanto a que el “término de 94.5 meses, esto es 7 años, 10 meses y 15 días, venció el primero de agosto del 2024”36. Con esto, solicita casar parcialmente la sentencia de segunda instancia, para decretar la nulidad de lo actuado frente a EVER SINARAGUA SOLANO y MARTHA ELENA 36 Audiencia del 28 de noviembre de 2024, min.: 00:20:33. CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 20 QUINTERO “desde la decisión de preclusión cuestionada por existir el agravante”37. 2. El representante de los padres de la víctima M.C.V. reiteró lo planteado en la demanda de casación, siendo enfático en que, si bien no hubo un pronunciamiento de fondo frente a las apelaciones por parte del Tribunal, no hay impedimento para que, de casar la decisión controvertida, la Corte “pueda entrar a resolver esos cargos en virtud del principio de inescindibilidad de la sentencia de primero y de segundo grado”38. 3. El Procurador Delegado de Intervención Primero para la Casación Penal se atuvo, igualmente, a lo planteado en la demanda de casación, pero aclaró que, contrario a lo referido por el representante de los padres de la víctima M.C.V., la única solución jurídica viable es decretar la nulidad de la decisión de segunda instancia para que el Tribunal se pronuncie de fondo frente a las apelaciones presentadas contra la sentencia del 19 de octubre de 2022, en cuanto a que “sobre la inocencia o sobre la responsabilidad de un ciudadano, nunca ha habido sentencia de segunda instancia”39. 4. El apoderado de la Fundación Educativa Inglaterra “The English School” se opuso a las tres demandas de casación, aduciendo, en primer lugar, que la Corte no puede 37 Audiencia del 28 de noviembre de 2024, min.: 00:21:31. 38 Audiencia del 28 de noviembre de 2024, min.: 00:29:53. 39 Audiencia del 28 de noviembre de 2024, min.: 00:38:54. CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 21 pronunciarse frente a los recursos, en cuanto a que ésta, mediante el auto CSJ AP2770, 13 sep. 2023, Rad.: 64218, ya había resuelto que no cabía ninguno contra la decisión del 4 de mayo de 2023. Sin embargo, por otro lado, resaltó que, incluso superando ese asunto procedimental en virtud de lo establecido en la sentencia CSJ STP17621, 12 dic. 2023, Rad.: 134649, la Corte no debe casar lo decidido en segunda instancia, ya que la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca llevó a cabo una interpretación correcta frente a la aplicación del artículo 110-5 de la Ley 599 de 2000, ya que: “La teleología del agravante es el transporte escolar terrestre, no es para que, si un niño se subió a Transmilenio, entonces ocurre el accidente, inmediatamente se aplica la causal de agravación de manera automática, ese no es el objeto y no es la teleología”40. Adicionalmente, critica que el representante de los padres de la víctima M.C.V. se equivoca al sugerir que la Corte puede emitir un pronunciamiento de fondo frente a las apelaciones interpuestas contra la sentencia del 19 de octubre de 2022, ya que eso implicaría: “Una casación per saltum, lo cual pues claramente está prohibido y pues dejaría o echaría al traste porque la Corte actuaría como un Tribunal de segunda instancia”41. 40 Audiencia del 28 de noviembre de 2024, min.: 00:44:04. 41 Audiencia del 28 de noviembre de 2024, min.: 00:42:22. CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 22 Por lo anterior, solicita que: “Se rechacen las pretensiones que han sido contenidas en las demandas de casación y confirmar las decisiones del 4 de mayo y del 4 de julio proferidas por el Tribunal Superior de Cundinamarca”42. 5. La defensa de MATEO FRANCO ARANGO indicó que, en su criterio, el argumento empleado por el Tribunal Superior de Cundinamarca para declarar en segunda instancia la preclusión por prescripción de la acción penal es legal, ya que “aplicó una técnica hermenéutica perfectamente válida en el ordenamiento jurídico”43, con lo que conserva incólume su presunción de legalidad. Además, critica que, contrario a lo referido por el representante de los padres de la víctima M.C.V., no es posible que la Corte emita una sentencia de reemplazo, pues: “La naturaleza de esta figura es precisamente reemplazar una decisión equivocada por otra acertada y no suplir una decisión ante un presunto vacío de la segunda instancia”44. Bajo este panorama, le solicita a la Sala que: “No case y confirme la decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante la cual se declaró 42 Audiencia del 28 de noviembre de 2024, min.: 00:45:43. 43 Audiencia del 28 de noviembre de 2024, min.: 00:54:04. 44 Audiencia del 28 de noviembre de 2024, min.: 00:51:31. CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 23 la preclusión de la acción penal a favor de Mateo Franco por haber operado el fenómeno de la prescripción de la acción penal”45. 6. El defensor de SEGUNDO ANTONIO SOLARTE CAHUASA solicitó que no se case la decisión de segunda instancia, ya que, en su opinión, no es procedente darle trámite al recurso extraordinario, pues “la declaratoria de preclusión es una decisión interlocutoria que no admite el recurso de casación”46. Igualmente, sostuvo que, si bien los menores son sujetos de especial protección, la aplicación del artículo 110- 5 de la Ley 599 de 2000 no deviene automáticamente por la edad de la víctima del accidente, en cuanto a que su texto establece que debe darse la violación de los requisitos específicos que regulan el transporte de niños y ancianos, lo cual no se acreditó en el presente asunto. Y es que, en su opinión, no procede configurar la agravante punitiva específica a partir de las mismas violaciones al deber objetivo de cuidado que dieron lugar a la estructuración del delito base, por cuanto ello: “Implicaría violar el principio de non bis in ídem previsto en el artículo octavo del Código Penal y recaer en responsabilidad puramente objetiva, proscrita en el ordenamiento jurídico penal”47. 45 Audiencia del 28 de noviembre de 2024, min.: 00:56:00. 46 Audiencia del 28 de noviembre de 2024, min.: 01:04:14. 47 Audiencia del 28 de noviembre de 2024, min.: 00:58:33. CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 24 7. El defensor de MANUEL ANDRÉS LÓPEZ SÁNCHEZ coadyuvó los argumentos de los defensores que lo antecedieron, pero hizo énfasis en que, como en la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca no se abordaron las cuestiones de fondo que fueron planteadas por los recurrentes ante la sentencia de primer grado, no puede prosperar la solicitud de emitir un fallo de reemplazo. Lo anterior, debido a que en el caso concreto no aplica el principio de inescindibilidad de las providencias de primer y segundo grado, porque no hay unidad entre ellas. Por lo anterior, indicó que, aunque se opone a que se case la decisión recurrida, de acogerse los argumentos planteados por los recurrentes en sede de casación: “La única solución jurídica posible, que no implique la afectación de garantías fundamentales, es la declaratoria de nulidad de la providencia de segunda instancia, para que, en su lugar, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca emita un pronunciamiento de fondo que absuelva cada uno de los reparos formulados por los distintos recurrentes”48. Finalmente, señaló que no es posible aplicar el numeral 4 del artículo 110 de la Ley 599 de 2000 de manera indiscriminada ante el incumplimiento de los requisitos para el 5, en cuanto a que ambos tienen elementos distintos y 48 Audiencia del 28 de noviembre de 2024, min.: 01:09:59. CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 25 deben ser imputados de manera independiente conforme a hechos jurídicamente relevantes que los configuren. 8. La defensora de EVER SINARAGUA SOLANO reprochó que se hubiesen admitido las demandas de casación, en cuanto a que, en su criterio, la Corte se debe declarar inhibida para conocerlos, pues la acción penal ya prescribió y no hubo un pronunciamiento de fondo de segunda instancia. Igualmente, afirmó que la decisión recurrida no contiene error alguno que requiera su anulación, en cuanto a que la Fiscalía sustentó la violación al deber objetivo de cuidado y la aplicación del artículo 110-5 de la Ley 599 de 2000 en los mismos términos, siendo que la desatención no “iba a recaer sobre menores o sobre personas mayores”49. Por ende, solicita que la Corte se inhiba de resolver los recursos de casación y, con carácter subsidiario, se mantenga incólume lo resuelto en segunda instancia. 9. Finalmente, la defensora de MARTHA ELENA QUINTERO criticó que la sentencia CSJ STP17621, 12 dic. 2023, Rad.: 134649, transmutó la naturaleza de la decisión controvertida para convertirla en una sentencia, a pesar de 49 Audiencia del 28 de noviembre de 2024, min.: 01:18:36. CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 26 que “no tiene las consideraciones que debió haber tenido el fallo que resolviera el recurso”50. Con esto, adujo que se dio una dificultad insuperable, ya que no se habilita la competencia de la Corte ni los reparos traídos a esta sede deberían ser conocidos. De todas formas, sostuvo que el artículo 110-5 de la Ley 599 de 2000 no aplicaba en el caso concreto, debido a que la víctima M.C.V. tenía 17 años al momento del accidente y, en este sentido, se trataba de una adolescente y no de una niña, como lo exige la norma en cuestión, con lo que la interpretación jurídica en sede de segunda instancia fue adecuada. Adicionalmente, critica que no es acertado proponer que se varíe la circunstancia de agravación punitiva aplicable, escogiendo la que está prevista en el numeral 4 de la norma en cuestión, pues dicha “modificación implica ciertamente una variación fáctica y por esa vía una violación al derecho de defensa”51. Lo anterior, pues, en el marco del proceso, la defensa se concentró en determinar cuál era la obligación concreta de la acusada en la salida pedagógica, cuál era su ámbito de dominio y hasta dónde le era exigible el control del riesgo de 50 Audiencia del 28 de noviembre de 2024, min.: 01:23:09. 51 Audiencia del 28 de noviembre de 2024, min.: 01:27:21. CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 27 cara al vínculo existente entre los alumnos menores de edad y el profesor, lo que difiere de los elementos del artículo 110- 4 de la Ley 599 de 2000. Del mismo modo, manifestó que, como no hay unidad entre las decisiones de instancia, pretender que la Corte emita un fallo de fondo frente a la responsabilidad penal de los procesados supondría “una suerte de casación per saltum”52, siendo que las normas que regulan el ejercicio de la acción penal deben proteger al procesado principalmente, que es el que soporta la acción punitiva del Estado. Por lo anterior, solicita que se desestimen la totalidad de las causales de casación, ya que: i) No existe un fallo de segunda instancia que permita la competencia de la Corte; y ii) Ninguna se configuró, pues los conceptos utilizados por el ad quem para definir si aplicaba la circunstancia de agravación punitiva en cuestión fueron acertados y no se debe variar la calificación jurídica de la conducta para favorecer la tesis de la acusación. VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 52 Audiencia del 28 de noviembre de 2024, min.: 01:30:22. CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 28 1. Cuestiones previas. 1.1 Aunque algunos defensores reclamaron, en calidad de no recurrentes, que la Sala no es competente para resolver los recursos interpuestos, pues no procedía la casación contra la decisión del 4 de mayo de 2023 y, por ende, se deben rechazar las demandas o, en su defecto, inhibirse de su conocimiento, no se advierte ninguna circunstancia que le impida a esta Corporación emitir un pronunciamiento de fondo al respecto. Ello, ya que, se recuerda, la Sala de Decisión de Tutelas no. 2 de esta Corporación, mediante la sentencia CSJ STP17621, 12 dic. 2023, Rad.: 134649, encontró que, por el momento procesal en que se decretó la preclusión de la acción penal, la decisión del 4 de mayo de 2023 no era propiamente un auto, sino una sentencia, con lo que, si bien no era procedente el recurso de apelación -como lo planteó el apoderado de los padres de la víctima M.C.V.-, sí cabía el recurso extraordinario de casación. En todo caso, esta Corporación considera pertinente aclarar que es innegable que, durante el curso del proceso de primera instancia, la decisión que resuelve una solicitud de preclusión se presenta como una cuestión incidental o CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 29 procesal que no pone fin al proceso y, por lo tanto, tiene la naturaleza de un auto interlocutorio. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando la declaratoria de la preclusión –por haber operado el fenómeno de la prescripción- se da en segunda instancia. Lo anterior, ya que, como acertadamente lo resolvió la Sala de Decisión de Tutelas no. 2 de esta Corporación, se trata de una determinación que pone fin al proceso y, por lo tanto, por la oportunidad procesal, se constituye en una sentencia que es controvertible mediante el recurso de casación. De lo contrario, de darle el carácter de auto, pasa lo que pasó en el presente asunto, esto es, que no procede ningún recurso y las partes no pueden debatir si fue acertada o no la determinación adoptada. Ello, incluso, es más visible en los casos en que, se reitera, en resolución de la alzada, la declaratoria de la preclusión es el resultado de la resolución del fondo del conflicto, como puede ser la tipicidad de los hechos, pues aquello es un aspecto propio de una sentencia. Y es que el Tribunal bien puede variar la calificación jurídica consignada en el fallo de primer grado, ya sea, por ejemplo, por la aplicación –o la inaplicación- de una circunstancia de agravación punitiva o por cambiar el delito CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 30 por uno más favorable, de acuerdo con lo probado en el juicio oral. Si ello es así, es decir, si en el proveído en cuestión se analiza de fondo un asunto en particular que no está relacionado con la preclusión de la acción penal –que es una cuestión secundaria que no resuelve el conflicto principal- y, al definirlo, la calificación jurídica de los hechos varía y lleva a reexaminar el término de la prescripción, la decisión, incluso al decretarla, será una sentencia y no un auto interlocutorio, pues, se insiste, se está resolviendo el objeto del proceso (art. 161, Ley 906 de 2004). Con esto, en virtud de lo consagrado en el numeral 1º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, la Sala de Casación Penal es competente para emitir pronunciamiento de fondo en relación con los recursos de casación interpuestos por el apoderado de los padres de la víctima M.C.V., la Fiscalía y la Procuraduría contra la decisión del 4 de mayo de 2023, por tratarse de una sentencia53 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca. Lo anterior, ya que, en ésta: i) se puso fin al trámite ordinario; y ii) como se verá, el ad quem descartó la aplicación de la circunstancia de agravación incluida en la acusación –y contenida en la condena impartida en el fallo de primera instancia- 53 Sentencia CSJ STP17621, 12 dic. 2023, Rad.: 134649. CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 31 y, al eliminarla, advirtió, sin que fuera el objeto del debate, que debía disponer la extinción de la acción penal por prescripción. 1.2 De forma pacífica, la Corte ha explicado que, con la admisión de las demandas, se entienden superados sus defectos. Ahora bien, la admisión de las demandas en este específico asunto no conduce, de manera inexorable, a casar el fallo del Tribunal. Así, la superación de los defectos de técnica que encarnan los libelos solo constituye una alternativa procesal, dado el interés de la Corte por auscultar, en el fallo confutado, las presuntas irregularidades expuestas por los censores y, acorde con ello, adoptar la decisión que corresponda. Por tanto, aunque las hay, no se hará énfasis en las falencias en que incurrieron los tres recurrentes en sus respectivas demandas de casación, salvo en lo que resulte necesario para la solución del presente asunto. 2. Delimitación del debate. 2.1 En el escrito de acusación, la Fiscalía delimitó los hechos jurídicamente relevantes en los siguientes términos: CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 32 “Para finales del mes de septiembre y comienzos del mes de octubre de 2014, específicamente del 27 septiembre al 3 de octubre de 2014, como se había realizado en 14 ocasiones, LA FUNDACION [sic] EDUCATIVA DE INGLATERRRA conocida como colegio de Inglaterra The English School efectuó una salida académica al departamento del Amazonas, como última actividad pedagógica de sus alumnos dentro del programa CAS (CREATIVIDAD, ACCION [sic] Y SERVICIO), actividad que en los colegios del programa de bachillerato internacional, es obligatorio para los grados 10 y 11 y es el equivalente de los colegios colombianos con el servicio social obligatorio. Para efectuar esta actividad, meses atrás el colegio había elegido a CAMPOS AZULES SAS conocida como Bluefields, la cual se encargaría de la parte logística y de pagos para la salida. Bluefields fue presentada a los padres de familia del entonces décimo grado mediante circular número 072 del 24 de junio de 2014 firmada por el jefe de escuela media y alta BEN HOLMAN y cada uno de los padres de familia suscribieron el respectivo contrato adquiriendo los servicios de esa firma. El contrato tenía que ver con la realización de todas las actividades y gestiones necesarias para su ejecución, tales como los servicios de transporte, acomodación, alimentación, hospedaje y demás descritos en el programa, en el mismo sentido dentro del mencionado documento ANDRES [sic] GONZALEZ [sic] MONTOYA […] obrando en nombre y representación de CAMPOS AZULES S.A.S (BLUEFIELDS), adquiere para con los representantes de los menores estudiantes entre otras obligaciones, la de proveer el transporte aéreo, terrestre, marítimo o fluvial subcontratados por Bluefields con una empresa de transporte debidamente constituida y existente conforme a las leyes colombianas, cuyos servicios se prestaran con el cumplimiento de todas las normas y requisitos técnicos legales, de seguridad que apliquen a la prestación de transporte para menores de edad. La empresa CAMPOS AZULES S.A.S (BLUEFIELDS) subcontrató los servicios del señor SEGUNDO ANTONIO SOLARTE, representante de la Empresa AMAZON DISCOVERY, quien era la persona encargada de la parte logística en la región de Amazonas, es decir era quien estaba a cargo de transporte, hospedaje y alimentación. El señor CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 33 SEGUNDO SOLARTE, a su vez contrato [sic] los servicios empresa Transportes Amazónicos, Representada por el señor JESUS [sic] DAVID DIAZ CIFUENTES, quienes suministraron las embarcaciones en que se realizaría el traslado de los estudiantes a los distintos lugares. Como se dijo el 27 de septiembre de 2014, llegaron al Municipio de Leticia, los CIENTO TRECE 113 ESTUDIANTES, junto a los profesores e instructores, quienes fueron divididos en cuatro grupos, ubicados en los siguientes sitios: 1.- Kilometro siete Maloka Gitoma, 2. San Pedro de los Lagos, 3. Eco Hotel Yurupari, 4. Internado San Francisco Ticoya en Puerto Nariño. Los estudiantes, profesores e instructores rotaron por los cuatro sitios, es así como el 1 de octubre de 2014 el grupo denominado para esa actividad como AZUL O YOI pernoctó en el municipio de puerto AMARILLO O MOCHILEROS también en el municipio de Puerto Nariño específicamente en el eco hotel yurupari. Los restantes grupos, el denominado VERDE O KOWA [se] alojó en la maloka Gitoma […] y ROJO O CHARA en la comunidad de san pedro de los lagos los dos sitios en la ciudad de Leticia. De acuerdo con los elementos materiales de prueba aportados se puede establecer que la organización de la salida pedagógica del colegio de Inglaterra estaba a cargo de la empresa Bluefields, el coordinador general era Manuel López y por parte del colegio de Inglaterra o English School la coordinadora a nivel pedagógico de la Materia CAS a la cual pertenecía la actividad realizada era MARTHA HELENA QUINTERO, anotando que como coordinador logístico en el municipio de Puerto Nariño fungía el señor MATEO FRANCO ARANGO. La organización del evento tenía programada una actividad de cierre que se realizaría con la totalidad del grupo el día 2 de Octubre de 2014 en la reserva Marasha ubicada a hora y media de camino aproximadamente desde la ribera del rio amazonas lado peruano frente a la denominada ISLA RONDINHA. En esta jornada, los estudiantes realizarían por grupos entre otras, pruebas de CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 34 supervivencia, canopy, pesca, navegación en canoa, caminata por la reserva, manejo de cuerdas entre otras actividades. Como quiera que los grupos AZUL O YOI y AMARILLO O MOCHILEROS pernoctarían el 1 de octubre de 2014 en el municipio de Puerto Nariño, estos [sic] deberían reunirse con los otros grupos en la reserva Marasha, por ello, con el presunto objetivo de que estos grupos llegaran a tiempo para reunirse con otros estudiantes y pudieren iniciar de forma temprana de las actividades del 2 de octubre, el señor MANUEL LOPEZ [sic], quien era el Coordinador General de la actividad, representante de la Empresa Bluefields y que estaba coordinando el Grupo desde el sitio San Pedro de los Lagos en Leticia, dispuso que estos dos grupos saldrían a las tres de la mañana, para lo cual consultó en las horas de las tarde del día primero de octubre con el señor SEGUNDO SOLARTE, quien le manifestó que no había problema, refiere el señor LOPEZ [sic], que el señor, SOLARTE, textualmente le dijo: “no hay problema, cuando tu [sic] sales de Leticia, es que ponen problema, pero ya estando en Puerto Nariño, pueden salir a cualquier hora”. MATEO FRANCO, instructor de Bluefields, quien estaba a cargo del Grupo que se encontraba en el internado, en el Municipio de Puerto Nariño informó telefónicamente a EVER SINARAGUA, que al día siguiente la salida era a las tres de la mañana, quien manifestó que estaba prohibido salir a esa hora, pero FRANCO, procedió a llamar telefónicamente a MANUEL LOPEZ [sic], (Coordinador General del Grupo de Bluefields), quien luego de consultar, le dijo que si [sic] podían salir, que segundo Solarte facilitaría los botes. Por tal razón Mateo Franco quien fungía como coordinador de la actividad en el municipio de Puerto Nariño, así como la señora Martha Elena Quintero Guerrero directora del programa CAS y representante del colegio en la salida pedagógica, organizaron toda la logística (acomodo de los estudiantes de las habitaciones y organización de las maletas), con el fin de salir desde puerto Nariño hasta Marasha a las 3 de la madrugada del 2 de octubre de 2014, como en efecto sucedió que la embarcación transportes amazónicos IX con 25 pasajeros conducida por EVER SINARAGUA y las embarcaciones de la misma empresa una con capacidad para 45 pasajeros conducida por el señor CARLOS ALVAREZ [sic] y una embarcación más pequeña tripulada CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 35 por el señor JUAN RAMIREZ [sic], inician el recorrido desde el sitio conocido como el internado de las monjas Ticoya en el municipio de Puerto Nariño. Estando navegando aun en el rio Amazonas, aproximadamente a las 04:10 horas al llegar el sitio conocido como la isla de los micos y la isla Corea, la embarcación de bandera Colombiana transportes amazónicos IX conducida por el señor EVER SINARAGUA, colisionó con una embarcación de bandera peruana perteneciente a la empresa transportes fluvial FLIPPER identificada con matrícula IQ 42988 y conducida por los ciudadanos peruanos MANUEL WILDER FASANANDO RIOS quien se desempeñaba como timonel y por MANUEL CALAMPA PEREZ [sic] quien se desempeñaba como vigía. Resultado de este choque, fue el volcamiento y posterior hundimiento del casco de la embarcación transportes amazónicos IX, situación que origino [sic] la caída al agua de sus ocupantes entre ellos el conductor EVER SINARAGUA, algunos de ellos por sus propios medios lograron salir a flote y lograron ayudar a otros de los náufragos, siendo socorridos por la embarcación que venía inmediatamente después conducida por CARLOS ALVAREZ [sic] y que arribo [sic] al sitio aproximadamente minutos después, y por la otra embarcación más pequeña conducida por JUAN RAMIREZ [sic]. En el momento del rescate de los náufragos, al hacerse llamado a lista de los estudiantes por parte los guías de Bluefields y profesores del colegio de Inglaterra, estos [sic] advirtieron que no respondía la menor [M.C.V.P.], en ese instante aproximadamente las 04:30 horas del 2 de octubre, los profesores y guías la dieron por perdida, por lo cual iniciaron en principio la búsqueda en inmediaciones al sitio utilizando la lancha pequeña conducida por JUAN RAMIREZ [sic] y la ayuda de una lancha de la armada peruana que se encontraba en el sector realizando controles antipiratería. Como se dijo, ya amaneciendo, se inicia la búsqueda de la estudiante en el rio Amazonas en la lancha en compañía de la profesora MONICA [sic] RODRIGUEZ [sic] ZULUAGA, y un guía local que se desplazaba con los guías de Bluefields de nombre JOSE [sic] PRUDENCIO GARCIA [sic] TEJADA quien aproximadamente 15 minutos después de iniciar la búsqueda, a una distancia aproximada de 100 metros del lugar donde habían encontrado a los restantes estudiantes, localizó el cuerpo de [M.C.] que según él se CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 36 encontraba inmóvil flotando boca arriba con el chaleco salvavidas puesto y dos morrales que le flotaban a cada brazo, al ver eso, Garcia [sic] la saco [sic] del agua y con la ayuda de los oficiales de la armada peruana, fue llevada en ese bote hasta una embarcación de la armada peruana ubicada en el municipio de Santa Rosa Perú con el fin de tratar de salvarle la vida, con resultados negativos. Acto seguido los oficiales de la armada peruana con la profesora Mónica Rodríguez llevan el cuerpo de la menor al puerto de Leticia muelle fluvial colombiano, donde posteriormente siendo las 08:20 horas, los funcionarios realizan la inspección técnica a cadáver de quien fuera identificada como [M.C.V.P.] […] nacida el 1 de agosto de 1997 en Bogotá, oficio estudiante, estado civil soltera, hija de Mónica Prieto y de Carlos Velandia”54. Por los anteriores hechos, la Fiscalía, como se vio, les imputó a los cinco procesados el delito de homicidio culposo agravado (arts. 109 y 110-5, Ley 599 de 2000). 2.2 El Tribunal, sin embargo, sin entrar a determinar si, en efecto, se podía emitir condena por el delito de homicidio culposo, encontró que la circunstancia de agravación punitiva imputada no era aplicable al caso concreto. Ahora bien, dado que las razones esgrimidas por el ad quem son objeto de debate, éstas se transcribirán in extenso de manera excepcional, en aras de evitar incurrir en tergiversaciones y/o cercenamientos, así: “(i) Mediante la Ley 1326 de 2009, que modificó el artículo 110 del Código Penal, en los términos señalados, se pretende castigar con mayor severidad a los conductores -no importa la especialidad- 54 Folios 384 al 387 del expediente de primera instancia. CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 37 que transporten personas que por mandato de la Constitución Política merecen especial protección -niños y ancianos-, cuando incumplen específicas normas administrativas que lo regulan, o sea, en particular las rutas escolares o geriátricas; de ahí expresamente se previó, “5. La pena prevista en el numeral anterior se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes, si en accidente de tránsito al momento de cometer la conducta el agente se encuentra transportando escolares”. (ii) La aplicación de la circunstancia de agravación punitiva en comento, no deviene automáticamente por la edad de la víctima del accidente, esto es, que sea un niño o un anciano; puesto que, dentro de un derecho penal de acto y superados los postulados peligrosistas [sic] se requiere auscultar en cada caso particular la violación de requisitos específicos que regulan el transporte de niños y ancianos. (iii) Como lo refiere la doctrina citada, pese a la inadecuada técnica legislativa, las circunstancias punitivas reguladas en los numerales 4° que alude a pasajeros y carga pesada, y la 5° atinente al transporte de niños y ancianos, no cabe confundirlas aunque estos últimos queden comprendidos en la expresión “pasajeros” que indudablemente lo son, por cuanto, el numeral 5° responde al propósito del legislador de sancionar con mayor severidad a los que explotan el transporte especial de niños o ancianos y lo hacen sin el cumplimiento de los requisitos especiales, ello como una respuesta al clamor nacional por hechos luctuosos con niños como víctimas, específicamente, en rutas de transporte escolar. (iv) Como lo advierte la doctrina citada, no procede configurar la agravante punitiva específica, a partir de las mismas violaciones al deber objetivo de cuidado que dieron lugar a la estructuración del delito base -homicidio o lesiones culposas-, por cuanto, ello implicaría violar el principio de non bis ídem, previsto [en] el artículo 8 del Código Penal, igual, recaer en responsabilidad puramente objetiva proscrita en el ordenamiento jurídico-penal, artículo 12 Código Penal. (v) Desde la perspectiva de la prevención general la referida agravante punitiva deviene entendible en que se busca que las personas dedicadas al transporte de niños y ancianos, CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 38 cumplan de manera rigurosa las previsiones legales impuestas por las autoridades administrativas que regulan el transporte terrestre, aéreo o fluvial, so pena de hacerse acreedor a pena mayor y tal conducta haya sido determinante en el resultado típico -muerte o lesiones-. (vi) La violación de la reglamentación especial sobre el transporte de niños y ancianos, por parte del sujeto activo, debe erigirse en causa eficiente para la concreción del resultado -muerte o lesión-; entender dicha agravante específica en sentido contrario, se repite, implica desconocer los principios rectores de non bis in ídem, y que “La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado”, como lo demanda el artículo 9° del Código Penal. 2.5. En presente caso, las pruebas aducidas por la Fiscalía en el juicio oral, indican, (i) La menor víctima -17 años- […] era estudiante de la Fundación Educativa Inglaterra English School, y cumplía con la actividad académica pedagógica del programa CAS -Creatividad, Acción y Servicio-, obligatoria para optar por el título de bachillerato internacional, -hecho aceptado por las partes y no es objeto de discusión-. (ii) La embarcación “Amazónicos IX” inferior a 25 toneladas destinada al tráfico fluvial, en particular, de pasajeros - turistas-. Lo anterior si en cuenta se tiene el certificado de la Cámara de Comercio sobre el objeto social de la empresa Transportes Amazónicos; a más que, fue contratada para suministrar el servicio de transporte de los estudiantes conforme al contrato suscrito con el procesado EVER SINARAGUA, -f. 1 a 35 c. EMP Fiscalía-. (iii) El día de los hechos -2 de octubre de 2014-, a las 3:00 A.M., la referida embarcación zarpó a navegar por el río Amazonas, con 25 pasajeros en su mayoría estudiantes, entre ellos, la víctima […], igual, docentes de la Fundación Educativa Inglaterra English School, y personal de la empresa […], saliendo de Puerto Nariño, con dirección a la Reserva de Marasha en el vecino Perú, a realizar las últimas actividades de la salida pedagógica, -testimonio de Nancy Mireya Buitrago Ruiz-. CUI: 91001610150920148039802 Número Interno: 66191 Casación – Ley 906 de 2004 Mateo Franco Arango y otros 39 2.6. Dicho esto, se impone concluir que la agravante punitiva específica –numeral 5° del artículo 110 del Código Penal, fundada en que, “al momento de los hechos el agente se encontraba transportando niños o ancianos sin el cumplimiento de los requisitos legales, no se configura en el presente caso. Pues