Providencia SP627-2026

GERSON CHAVERRA CASTRO Magistrado Ponente SP627-2026 Radicado 60722 Acta Nro. 214 Bogotá D.C., primero (1º) de julio de dos mil veintiséis (2026). ASUNTO La Sala resuelve el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Oscar Iván Hernández Bermúdez contra el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 29 de julio de 2021. Esa decisión confirmó la que dictó el Juzgado Segundo Penal del Circuito con función de conocimiento de Barrancabermeja el 12 de febrero del mismo año, mediante la cual condenó al procesado como autor del delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con homicidio agravado en grado de tentativa. CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 2 HECHOS El 25 de mayo de 2011, Telma del Pilar Hernández Torres, quien para esa época tenía 32 años, se encontraba en el antejardín de su vivienda ubicada en la carrera 13 No. 5I B-108 del barrio Olaya Herrera de Barrancabermeja (Santander). Eran las cinco y treinta de la mañana y junto con su hija menor S.V.H.H., de cinco años, aguardaban el arribo del vehículo de transporte escolar que ese día recogería a la niña. Cuando la mujer se disponía a recibir el referido servicio para la menor, Oscar Iván Hernández Bermúdez, expareja sentimental de Telma del Pilar y padre de S.V. -además, Mayor retirado del Ejército Nacional- arribó rápidamente al lugar y en presencia de S.V. atacó en múltiples ocasiones a la mujer con dos armas blancas, produciéndole diversas heridas en la cabeza, el cuerpo y miembros superiores e inferiores. Fueron al menos doce lesiones, una de las cuales laceró un pulmón y el corazón de aquella. En respuesta a las voces de auxilio de la agredida, Sara Elena Torres Martínez intervino para tratar de defender a su hija Telma del Pilar. Oscar Iván también apuñaló a dicha mujer en el pecho, lo que fue presenciado por S.V. Luego del doble ataque, Oscar Iván Hernández Bermúdez huyó del lugar corriendo. CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 3 Al sitio acudieron algunos vecinos para auxiliar a las dos afectadas. Las trasladaron para que recibieran atención médica. A pesar de ello, Telma del Pilar, quien fue conducida al Hospital Regional del Magdalena Medio de Barrancabermeja, y aunque allí llegó con vida, falleció producto de un shock hipovolémico por laceración cardíaca - tanto del pericardio como del músculo cardiaco- por una de las heridas causadas por Oscar Iván. Sara Elena fue intervenida por el cuerpo médico de la Policlínica de Ecopetrol S.A., otorgándosele una incapacidad medicolegal de diez días. ANTECEDENTES PROCESALES 1. El Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías de Barrancabermeja, legalizó la captura de Oscar Iván Hernández Bermúdez el 30 de julio de 2011. En esa misma diligencia, la fiscalía formuló imputación en su contra por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado, previstos en los artículos 103 y 104 - 1°, 4°, 7° y 27, con las circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58 - 2°, 5°, 7º y 9° del Código Penal. El imputado no aceptó los cargos. Luego, a solicitud de la fiscalía, la juez le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva intramural. 2. El 30 de agosto de 2011 la fiscalía radicó el escrito de acusación con preacuerdo por las referidas conductas. El conocimiento se asignó al Juzgado Segundo Penal del CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 4 Circuito de Barrancabermeja y las condiciones del pacto se exhibieron en sesiones de 11 y 12 de octubre de ese año. 2.1. El cognoscente aprobó el acuerdo y profirió sentencia anticipada condenatoria de 12 de diciembre de 2011. Esa decisión fue apelada por la representación de víctimas. 2.2. El Tribunal Superior de Bucaramanga mediante auto de 4 de mayo de 2012, decretó la nulidad de la actuación desde la aprobación del preacuerdo. 3. La fiscalía formuló acusación el 8 de octubre de 2012 contra Hernández Bermúdez por el mismo concurso de conductas punibles. 4. La audiencia preparatoria se realizó el 21 de febrero de 2014. 5. El juicio oral se efectuó en una importante cantidad de sesiones entre los años 2014 y 20201. Culminada esa etapa el juez decretó sentido de fallo condenatorio y ordenó la captura del acusado. Después, corrió el traslado regulado en el artículo 447 del C.P.P. y profirió la sentencia el 12 de febrero de 2021, en la cual negó una nulidad invocada por el procesado y lo condenó a quinientos (500) meses de prisión, como autor 1 Se trató de las sesiones de 28 de febrero, 26 de marzo, 30 de abril de 2014; 16 de febrero y 25 de mayo de 2015; 23 de noviembre de 2016; 2 de marzo y 2 de octubre de 2017; 5 de febrero y 21 de octubre de 2019; 14 de mayo, 14 de septiembre y 30 de octubre de 2020. CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 5 responsable del delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con homicidio agravado en grado de tentativa. Definió la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones p��blicas en el término de veinte (20) años. Por último, negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria y reiteró la orden de captura contra el procesado. 5. La defensa apeló esta decisión. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga la confirmó en su integridad, en sentencia de 29 de julio de 2021. 6. Contra la anterior providencia, el apoderado del acusado interpuso demanda de casación, la cual fue admitida. El 16 de marzo de 2023 se llevó a cabo la audiencia de sustentación del recurso extraordinario. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA 1. El impugnante propone «ocho cargos» distribuidos en «dos partes». En la primera sección de la demanda, en virtud de la causal segunda de casación (Art. 181-2° del C.P.P.) desarrolla los primeros siete (1.1. a 1.7. infra), todos los cuales demandan la nulidad del proceso: 1.1. Acusa a la juez de haber permitido que las partes estipularan hechos «que comportan responsabilidad penal», con afectación de la estructura del proceso, la presunción de CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 6 inocencia, legalidad y la defensa técnica. Las estipulaciones probatorias encontraron fundamento en evidencias diferentes a las ofrecidas, con anuencia del juez, el Ministerio Público y el entonces defensor, quien fue pasivo frente a las mismas. Por eso, se permitió la estipulación «de ciertas evidencias y hechos jurídicamente relevantes» sin el rigor que debía tener el juez en su auscultación, tanto del acuerdo mismo y su contenido como del conocimiento sobre estas y sus efectos, por parte del procesado. Señaló de tal vicio a las estipulaciones uno (1) a ocho (8) y catorce (14). Fundamentalmente, la relativa a la noticia criminal y la epicrisis de la víctima; la primera contenía manifestaciones de la denunciante que señalan a Oscar Iván como el autor de los hechos y la segunda, las características de las heridas que el procesado no pudo controvertir. 1.2. Señala a la a quo de vulnerar los derechos fundamentales del procesado, a un debido proceso y defensa material, por no permitirle ser oído en su juicio (Cit. A.P 6357 2015 radicado 41198). Se refirió, concretamente, a las sesiones de 22 de abril y 14 de septiembre de 2020, pese a que aquél expuso por escrito su deseo de declarar -memoriales de 21 de abril y 9 de septiembre de 2020-. Incluso, su defensora inicialmente así también lo hizo saber y caprichosamente, la juez se lo impidió bajo el argumento de evitar que se dilatara el proceso y con el pretexto consistente en que la abogada renunció a su testimonio. Acto procesal que, en su sentir, no podía decidir la abogada sin antes consultarlo con aquel. CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 7 Determinación de la juez que fue trascendente en la medida que no permitió al procesado declarar sobre «la verdad real de lo sucedido [y] las causas que lo motivaron». 1.3. Arguye la vulneración del debido proceso de Hernández Bermúdez, porque la juez no se declaró impedida a pesar de haber sido recusada. En síntesis, cuestiona que aquella es la esposa del anterior titular del mismo despacho y, este, inicialmente, validó un preacuerdo que implicó la valoración de las pruebas y la expedición de la sentencia anticipada invalidada por el Tribunal, que actualiza la hipótesis del art. 56-6° del C.P.P.2 La juez no fue imparcial, porque negó su derecho a rendir testimonio y a revocar el poder a sus abogados. 1.4. Señala la trasgresión a la defensa técnica del acusado en la sesión de 14 de septiembre de 2020, cuando el procesado revocó el poder a la abogada principal y a su suplente, porque tal acto, arbitrariamente, no fue avalado por la juez -confundiendo los efectos de la revocatoria con los de la renuncia del poder y el tiempo en días en que surte efectos- quien ordenó continuar con la actuación escuchando los alegatos de conclusión, pese a que la abogada ya no tenía mandato. Argumenta que Oscar Iván decidió retirarse de la audiencia por falta de garantías y se continuó sin apoderado, pues la defensora se vio obligada a presentar los alegatos de 2 O bien, según expone, del art 150 – 2 el C.P.C., del art. 141-1 y 2 del C.G.P. y del art. 130 – 1 y 2 del CPACA. CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 8 cierre sin tener poder. De modo que, el procesado careció de defensa técnica hasta el 30 de octubre siguiente. 1.5. Rotula la violación al principio de congruencia, que sustenta en la supuesta falta de coherencia entre el dictamen de la epicrisis, los hechos jurídicamente relevantes del escrito de acusación y lo que dicen las pruebas respecto de Sara Elena Torres Martínez. Las pruebas del proceso dan cuenta de la existencia de una herida superficial en el tórax -no de un hemotórax- de Sara Elena, a partir de la declaración del médico forense Ariel Moya Portillo, antes que de una lesión grave que afectara algún órgano y pusiera en riesgo su vida. De manera que, las normas de homicidio en grado de tentativa3 fueron equívocamente aplicadas porque no se podía endilgar esa conducta, antes que lesiones personales. En consecuencia, tal contradicción entre lo demostrado en el juicio con los hechos de la acusación trascendió con la afectación del debido proceso de su defendido. 1.6. Pregona la vulneración del debido proceso por la inexistencia en las sentencias de una valoración integral tanto del dolo como de la culpabilidad y la conciencia actual de antijuridicidad. En cuanto al primer concepto no se reparó en las condiciones personales y psicológicas del acusado - entre otras cosas, su arraigo, los motivos de la ruptura con su ex pareja y que es miembro del Ejército Nacional por 20 años con estrés postraumático-. Respecto del segundo concepto, afirma que se 3 De manera que atribuye a la sentencia una aplicación indebida de los arts. 27, 103 y 104 del C.P., CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 9 omitió todo análisis y que se tuviera en cuenta como hipótesis un crimen pasional. 1.7. Alega que el Ad quem vulneró el principio de la doble instancia porque no desató debidamente el recurso de apelación. De un lado, al no pronunciarse respecto de lo argüido frente a las falencias que la alzada destacó de la epicrisis y la necropsia de Telma del Pilar y, de otro, en punto de las críticas contra los reconocimientos de medicina forense y referidos a las características de la herida de Sara. 2. El octavo cargo, lo postula en virtud de la causal tercera de casación (Art. 181-3° ejusdem), atribuyendo errores de hecho y de derecho por falsos juicios de convicción4, conforme con distintas afirmaciones concernientes a la valoración de las pruebas por los sentenciadores: 2.1. No se tuvo en cuenta las declaraciones de quienes auxiliaron a la occisa -Armando Rapalino González y Morelba Duran Rueda, Liliana María Pabón Cadena y Carlos Alberto lozano Upegui- frente a su estado, sino que se dio por sentada la responsabilidad del procesado. 2.2. No se consideró las reglas de valoración de dictámenes periciales y las contradicciones en que incurrieran los médicos forenses. Ello, en relación con la 4 En general, afirma, que las instancias incurrieron «en error de derecho derivado de falso juicio de convicción, por cuanto le negaron a la prueba, el valor que la ley le asigna, ora se le otorga un valor diverso del que la ley le confiere». CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 10 necropsia de Telma del Pilar, pues el perito no cumplía los requisitos del art. 420 del C.P.P. 2.3. Tampoco se aplicaron las reglas de valoración de los testimonios de los menores, y omitió las inconsistencias en la versión de la menor S.V. así como la ilegalidad de la entrevista a ella realizada por virtud de la cual la niña realizó un dibujo que ilegalmente se recolectó y puso de presente al declarar en juicio -contraviniendo el art. 150 del CIA-. 2.4. Omitieron la falta de coherencia y el «mar de contradicciones» entre Sara Elena, su esposo, otros testigos, la historia clínica de esta y los reconocimientos de medicina forense -en cuanto a las características de su herida y riesgo para la vida-. Además, el que dichos deponentes lo son de referencia respecto del ataque a su hija y se dejó de analizar las contradicciones internas del relato de Sara Elena en dos fechas diferentes, acerca del momento y modo en que fue agredida y que ponen en duda su credibilidad. Al igual que, las inconsistencias existentes entre su historia clínica y las revisiones de medicina forense, en cuanto a las características de la herida, como ubicación y tamaño. 2.6. A la luz del art. 420 del C.P.P., se dejaron de lado las inconsistencias de la inspección técnica al cadáver, como la hora de elaboración y número de heridas del cuerpo (8), en comparación con las descritas en la historia clínica (7) y el registro fotográfico; así como respecto del reporte de CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 11 Bomberos, que se refirió a un número mayor (13); y en cuanto a que afirma que la víctima llegó sin vida al hospital y sin lesiones en miembros inferiores y superiores -porque otras pruebas sí dan cuenta de su existencia-. Inconsistencias que derivan en la falta de idoneidad del perito forense y en duda acerca del número de heridas en la víctima, y de su existencia en el cuello, brazos y piernas. 2.7. Por otra parte, señalando incorrecciones en la aplicación del art. 432 del C.P.P. en punto de la apreciación de algunas pruebas: i. la epicrisis de Sara Elena, que implicó la tipificación errada de un homicidio en grado de tentativa; ii. el dibujo elaborado por S.V.H.H.; iii. el registro fotográfico FV 375-11 y el estudio pericial de lofoscopia realizado a los cuchillos que arrojó resultado negativo para las huellas del procesado y que niegan su autoría en el crimen o, a lo menos, generan duda razonable que concurre en su favor. Corolario de lo dicho, existe duda sobre los hechos que resulta favorable al implicado, por lo que debe casarse la sentencia y emitir fallo absolutorio. SUSTENTACIÓN DE LA CASACIÓN Recurrente Defensa de Oscar Iván Hernández Bermúdez En esencia expuso la misma argumentación de la demanda, dividiendo en dos partes su razonamiento. CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 12 1. Nulidad. Señaló que la sentencia se profirió en un proceso por vicios de estructura y garantías, por desconocerse la defensa material y técnica, la presunción de inocencia, la congruencia, la imparcialidad y la doble instancia, conforme a las siguientes premisas: 1.1. Las estipulaciones probatorias celebradas en audiencia preparatoria, comprometieron la responsabilidad penal de su asistido. 1.2. La juez impidió que el acusado declarara en su propio juicio oral y validó la renuncia a su declaración por parte de su defensora. 1.3. La juez no aceptó la recusación formulada en su contra a pesar de encontrarse impedida para conocer el asunto, ni manifestó su impedimento. 1.4. La juez no dio trámite a la revocatoria del poder a las abogadas del procesado y continuó con el proceso. 1.5. Se violó el principio de congruencia con relación a la conducta que involucró a Sara Elena Torres Martínez. La calificación de la conducta no debía ser homicidio en grado de tentativa, como se estableció en la acusación y la sentencia, sino lesiones personales. 1.6. y 1.7. Existió una ausencia de motivación en la sentencia de segunda instancia porque no se pronunció de todos los aspectos de la apelación. CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 13 2. Vía indirecta. A la luz de la causal tercera de casación del artículo 181 del estatuto procesal penal, pregona la existencia de errores de derecho que derivaron en falsos juicios de convicción (sic) por múltiples errores en la valoración de las pruebas por los jueces de instancia, quienes desconocieron los arts. 404, 420 y 432 del referido Código. Refiere que, los juzgadores incurrieron en yerros al «otorgarle un valor persuasivo distinto, por defecto, a las diferentes pruebas» de las cuales surgen dudas en favor del acusado. No recurrentes Fiscalía General de la Nación 1. El delegado inició su intervención solicitando no casar la sentencia demandada, en el sentido de declarar la nulidad del proceso o de revocar la condena. 1.1. No es cierto que las estipulaciones probatorias vulneraran los derechos del acusado puesto que no comprometieron su responsabilidad, ya que correspondieron a hechos ajenos a esta. Como tampoco se vislumbra que se violara el debido proceso y la defensa, con las circunstancias presentadas a lo largo del juicio, en tanto no encarnaron afrenta alguna a esos derechos del procesado. Niega que no se le permitiera usar la palabra al procesado, por cuanto este buscaba revocar el poder a su abogada y se consideró dilatorio. Lo relativo a la recusación CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 14 tampoco implicó tal vulneración, pues carecía de fundamento. Igual sucedió en lo referido a la congruencia que de ninguna manera se vio afectada y siempre estuvo observada; ni existió déficit en la motivación de las sentencias, dado que contienen un estudio completo del dolo. 1.2. De otro lado, criticó la sustentación del recurso extraordinario, por carecer de una debida suficiencia. Ministerio Público 1. El delegado del Ministerio Público coincidió con el de la Fiscalía en que las circunstancias alegadas por la defensa no son constitutivas de nulidad. 1.1. Afirmó que el trámite de las estipulaciones probatorias no envolvió la responsabilidad del acusado. Ni es verdad que al acusado no se le permitiera declarar, pues se acogió a su derecho a guardar silencio a través de su defensa y los memoriales que radicó ante el juzgado buscaron aplazar las audiencias y entorpecer el juicio. Menos, respecto de la supuesta recusación carente de motivos para que se declarara fundada por el compromiso de la imparcialidad. Tampoco se vulneró la defensa técnica, pues el procesado siempre estuvo asistido técnicamente por su defensora, siendo que, el último intento de revocar un poder al culminar el juicio fue una maniobra dilatoria que buscaba la prescripción de la acción penal. Por ello, solicita que se llame la atención a los funcionarios que administran justicia para CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 15 que se salvaguarde el debido proceso frente a dilaciones injustificadas, tal como en este asunto así se garantizó. Debe descartarse igualmente la vulneración del principio de congruencia, pues los jueces respetaron los hechos de la acusación. Tampoco hay duda sobre la tipicidad subjetiva de la conducta, pues se demostró la intención y conocimiento del procesado de atacar a las víctimas, sin que, se acreditara compromiso alguno de su voluntad y conocimiento. La doble instancia, tampoco se desconoció al desatarse la apelación. Resaltó que, incluso, los motivos del recurso guardan identidad con los que se exponen en casación, y que todos fueron resueltos por el Ad quem. 1.2. Arguyó que no existe duda razonable de la responsabilidad penal del procesado, atendiendo a la gravedad de los hechos, la sevicia con la que actuó y la contundencia de las pruebas de cargo que, además, no fueron desvirtuadas por la defensa. Y si bien los hechos no fueron juzgados como un feminicidio, ameritan un análisis con enfoque de género atendiendo el móvil para el homicidio y la condición de mujer de la víctima que ocurrió en un contexto discriminatorio, en pro de la protección de los derechos de las mujeres y en aplicación de la normatividad internacional sobre la materia. CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 16 CONSIDERACIONES 1. La Sala fallará de fondo el asunto sin consideración a las falencias de la demanda presentada por la defensa. Su trámite supuso el cumplimiento de las formalidades mínimas exigidas en casación, teniendo en cuenta la prevalencia de los fines del recurso vinculados con la efectividad del derecho material, las garantías debidas a los intervinientes en la actuación penal, la unificación de la jurisprudencia y la reparación de los agravios inferidos a las partes con la sentencia impugnada. 2. En ese propósito, esta decisión se encuentra comprendida por la siguiente estructura metodológica, la cual, conforme con el principio de prioridad, que conduce a darle prelación a los cargos de nulidad, resolverá primero tales alegaciones en tanto que, de prosperar, resultaría inane pronunciarse acerca del fondo del asunto. Así, se analizará el reparo postulado al amparo de la causal 2ª de casación, en el que se denuncia la nulidad de la actuación. De modo que i) se aludirá brevemente al instituto jurídico de las nulidades y los principios que las rigen; ii) se resolverán los cargos de casación (uno a siete), alusivos a supuestas incorrecciones en el trámite que, para el censor, derivan en la nulidad del proceso5; y iii), en el caso concreto, 5 En acápites 3.1. a 3.6 y 3.7. de esta decisión, los alegatos de nulidad comprenden temas como las estipulaciones probatorias, el derecho del procesado a declarar en su propia causa, las recusaciones e impedimentos, la revocatoria del poder, el principio de congruencia y la motivación de los fallos de instancia. El último aspecto, corresponde conjuntamente a los cargos 6 y 7 que se desarrollarán conjuntamente dada su vinculación temática. CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 17 se pronunciará la Sala acerca de la inexistencia de errores de hecho y de derecho por parte de los juzgadores al valorar las pruebas del juicio que derivaron en la existencia de los delitos atribuidos a Oscar Iván Hernández Bermúdez y su autoría. 3. Las nulidades La jurisprudencia de la Sala tiene sentado, de antaño, que la nulidad, como remedio procesal extremo en el sistema acusatorio, está sometida a la observancia de ciertos principios. Estos, a pesar de no estar previstos en la Ley 906 de 2004, siguen siendo criterios de inexcusable observancia6: i) principio de taxatividad: a partir del cual sólo es posible deprecar la nulidad por los motivos expresamente previstos en la ley –artículos 455 a 457 de la Ley 906 de 2004-; ii) principio de acreditación: quien alega la configuración de un vicio debe especificar la causal que invoca y señalar los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya; iii) principio de protección: no puede deprecarla en su beneficio el sujeto procesal que con su conducta dio lugar a la configuración del yerro invalidante, salvo que se alegue la ausencia de defensa técnica; iv) principio de convalidación: el sujeto perjudicado con la irregularidad puede convalidarla expresando su consentimiento de manera expresa o tácitamente, siempre que sean observadas las garantías fundamentales; v) principio de instrumentalidad: si el acto irregular ha cumplido su cometido, no procede su invalidación, siempre que no se 6 Entre otras, CSJ AP1612-2020, 53116, CSJ. SP, 18 nov. 2008, Rad. 30539 y SP, 18 mar. 2009, Rad. 30710, CSJ SP10400-2014, 42495, reiteradas en CSJ SP206-2022, Rad. 53728 y en CSJ SP031-2023, Rad. 58720. CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 18 afecte el derecho de defensa; vi) principio de trascendencia: el perjudicado debe demostrar la ocurrencia de la incorrección y sobre todo que ésta afecta de manera real y cierta las bases fundamentales del debido proceso o las garantías constitucionales; y vii) principio de residualidad: el interesado debe demostrar que para enmendar el agravio causado no existe remedio procesal distinto a la declaratoria de nulidad. 3.1. Las estipulaciones probatorias 3.1.1. El demandante cuestiona que las estipulaciones probatorias pactadas por la fiscalía y la defensa -por parte de sus antecesores-, comprometen la responsabilidad penal de Oscar Iván. En ese intento argumentativo, no obstante, no satisface los axiomas de acreditación y trascendencia. Después de referirse etéreamente a todos los acuerdos para tener por probados unos hechos, especificó que se trataba de las estipulaciones uno (1) a ocho (8) y catorce (14), empero, no dijo en concreto cuáles hechos se dieron por probados y que supuestamente revistieron una inaceptable incriminación para el acusado. Se limitó a señalar que la noticia criminal tiene señalamientos por la denunciante contra Oscar Iván, como el autor de los hechos, y la epicrisis de las víctimas, contiene las características de las heridas que el procesado no pudo controvertir. 3.1.2. Recientemente, (CSJ SP3773-2022, Rad. 54.239, 2 nov. 2022 que reiteró CSJ SP5336-2019, rad. 50.696) en CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 19 relación con el marco normativo que rige las estipulaciones probatorias a partir de la ley y la jurisprudencia (Cfr. § 4.1. de ese precedente), la Sala condensó: i) Las estipulaciones probatorias consisten en acuerdos suscritos entre la Fiscalía y la defensa para dar por probados unos sucesos determinados con el objeto de simplificar el juicio. ii) En ese sentido, los hechos sobre los cuales recaen deben ser relevantes para el tema de prueba (CSJ SP 8 mar. 2017, rad. 44.599, CSJ SP 31 ago. 2016, rad. 43.916, CSJ AP, 26 oct. 2011, rad. 36.445). Ello implica que no versen acerca de medios de conocimiento, documentos o conclusiones jurídicas (CSJ SP 5 jul. 2017, rad. 44.932). iii) Su confección debe ser de absoluta claridad con el fin de evitar ambigüedades que no admitan controversia y sin que ello implique una renuncia a los derechos de las partes (CSJ AP 26 oct. 2011, rad. 36.445 y CSJ SP 10 oct. 2007, rad. 28.212 y CSJ AP 23 abr. 2018, rad. 50.643). iv) No se puede confundir un documento como objeto de estipulación, con las evidencias que se presenten como soporte de aquélla (CSJ SP 5 jul. 2017, rad. 44.932). v) Las estipulaciones probatorias no pueden representar, en sí mismas, la absolución o la condena del procesado (CSJ SP3773-2022, Rad. 54.239, 2 nov.). CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 20 vi) Mientras que en las partes recae el deber de conservar los principios de lealtad y legalidad, al juez le corresponde controlar su celebración, velando porque recaigan en el objeto de prueba, que sean claras, no revistan la negación o la afirmación de la responsabilidad penal del procesado (CSJ SP3773-2022, Rad. 54.239, 2 nov.) vii) Conforme a tales condiciones, los acuerdos considerados válidos vinculan a las partes. En cambio, no revisten tal vinculación las que sean ilegales porque afecten la estructura del proceso o las garantías de las partes (CSJ SP3773-2022, Rad. 54.239, 2 nov.). 3.1.3. Aplicados los anteriores criterios al caso concreto, particularmente el alusivo a la prohibición de que las estipulaciones conlleven a la demostración de la responsabilidad penal, se observa que, en la audiencia preparatoria7 se aludió a las siguientes estipulaciones probatorias8: «1. Formato único de noticia criminal de fecha 25 - 05 - 2011 por Janeth Fonseca investigadora del CTI. (…) 3. La historia médica de urgencias de fecha 25-05-2011, evolución diaria y epicrisis de la occisa Thelma del Pilar Hernández Torres por la dra. Kary leonesa Quiñones y otros médicos. (...) 5. la historia médica de. Urgencias del 25-05-2011 de la lesionada Sara Elena Torres De Hernández. (…) 7 Cfr. audio 1 de 21 de febrero de 2014 (11:00 y ss.) y audio 2 de igual fecha (00:00 a 05:30). 8 Se alude, conforme al cargo, únicamente a las 1, 3, 5, y 14, de las dichas en la audiencia preparatoria. CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 21 14. Una fotocopia de una historia clínica del hospital central de Bogotá con fecha 14-11-2010 y otras de Thelma del Pilar Hernández Torres.» En el juicio oral9, con algunas variaciones a la exposición anterior solo en cuanto al orden, el fiscal indicó que los hechos estipulados eran los siguientes, no dejando de lado la lectura de los elementos que sustentaban cada una, que se caracterizan por describir, por ejemplo: i. las heridas que por arma blanca Telma del Pilar y Sara Elena presentaban, con su ubicación y característica; ii. las condiciones del cuerpo sin vida de la primera y de la identidad de tal mujer; iii. las características del lugar de los hechos y lo que se registró allí fotográficamente, entre otros aspectos, que de manera alguna revisten relevancia para la determinación de la responsabilidad penal: «En primer lugar, el ingreso de la ciudadana Hernández Torres Telma del Pilar, el día 5-05 de 2011 a eso de las 5 y 35 horas por el servicio de urgencias del hospital Magdalena Medio de Barrancabermeja, traída por los Bomberos, en malas condiciones generales con múltiples heridas generadas por arma cortopunzante, entra en paro cardio respiratorio, se inician maniobras de reanimación, paciente que sale de paro (…) pero cuando es llevada a cirugía y anestesiología entra de nuevo en paro cardio respiratorio (…) y fallece. Se prueba este hecho con (…) las anotaciones que obran en la historia clínica (…) en dos folios. En efecto, señala: (…) En segundo lugar, inspección técnica a cadáver FPJ10 con fecha 25-05-2011 hora 8 y 20, por Janeth Gómez Fonseca (…) del CTI de la Fiscalía, lugar: morgue Hospital Regional, nombre del occiso Telma del Pilar Hernández Torres (…). Se prueba este hecho con elemento material probatorio inspección técnica a cadáver FPJ10 (…) cuyo contenido leemos: (…). En tercer lugar, la fijación fotográfica de la diligencia de inspección al lugar de los hechos, e inspección técnica a cadáver, por Jorge 9 Cfr. audio de 28 de febrero de 2014, 11:20 a 29:30. CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 22 Alberto Morales Pinilla. Se prueba con (…) el informe de investigador de campo (…). Cuarta estipulación, identificación y verificación de la occisa (…) - el fiscal leyó el cotejo dactiloscópico de necrodactilia- Evidencia número cinco, defunción de Telma del Pilar Hernández Torres (…) se prueba con elemento material probatorio registro civil de defunción (…). Estipulación número seis: el ingreso por urgencia de la Policlínica de Ecopetrol (…) de la ciudadana Sara Elena Torres Hernández el día 5-05 de 2011 a las 6 y 41 horas, motivo de consulta herida tórax, se trae transcripción de una historia clínica (…) llega agitada, manifiesta fue agredida por su yerno cuando ella se metió a proteger a su hija (…). Estipulación número siete: incapacidad medicolegal de la ciudadana Sara Elena Torres Hernández con fecha 27 de mayo de 2011 y 30 de junio de 2011 por el médico legista del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (…) se prueba con elemento material probatorio, a saber, opinión pericial de informes técnicos medicolegales de lesiones no fatales (…) incapacidad medicolegal provisional 10 días, definitivo 10 días sin secuelas (…) Estipulación número ocho: matrimonio civil fecha 20 de octubre de 2001, lugar Bogotá, Notaría 18, contrayentes: Telma del Pilar Hernández Torres (…) y Oscar Iván Hernández Bermúdez (…). Estipulación número nueve: identificación y verificación de identidad de Oscar Iván Hernández Bermúdez (…). Décima estipulación: antecedentes acerca del ciudadano Oscar Iván Hernández Bermúdez (…) no registra antecedentes (…). Estipulación número once: reporte de inicio (…) y que corresponde a la investigación criminal adelantada por este hecho a partir de fecha 25 de mayo de 2011, hora 6 y 24 horas, 1 folio. Estipulación número doce: noticia criminal de fecha 25-05-2011 del radicado (…) delito: homicidio, víctima: Telma del Pilar Hernández Torres, fecha: 25-05-2011, hora 5 y 20 am, lugar de los hechos (…) barrio Olaya Herrera (…) elaboró Janeth Gómez Fonseca, 1 folio. CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 23 Finalmente, estipulación número trece: historia clínica hospital militar central -Bogotá-, fecha 14-11-2010, Telma del Pilar Hernández Torres, 24 folios, da cuenta de que (…) motivo de consulta: tx en nariz, de acuerdo a esta historia clínica como violencia intrafamiliar trauma nasal (…).» 3.1.4. Observa la Sala que el acuerdo estuvo precedido por la advertencia que hicieran fiscal y defensa en la audiencia preparatoria, de que las estipulaciones probatorias no materializaban un pacto sobre la responsabilidad penal del acusado. Tal aserto se corrobora en dos aspectos: a. el juez ejerció un aceptable control de legalidad a la celebración, tanto en audiencia preparatoria10 como en juicio oral11, al corroborar que eran las mismas estipulaciones pactadas anteriormente y a descartar un compromiso de la responsabilidad penal. Y b. el contenido de las estipulaciones expuestas en el juicio oral, si bien correspondió a una lectura de los medios de conocimiento que las sustentaban probatoriamente (que la Sala ha dicho no es una praxis adecuada, Cfr. CSJ SP3773-2022, Rad. 54239), en últimas, no significó la acreditación consensuada de hechos que guardaran relación con la responsabilidad penal del acusado. No es cierto que la noticia criminal o las historias clínicas de las víctimas contengan atribuciones de tal naturaleza, bajo señalamientos contra Oscar Iván y que estos hubieran sido pactados. Verbigracia, véase que, en la 10 Cfr. 05:40 y ss. audio 2 de la audiencia preparatoria, óp. Cit. 11 Cfr. Audio de 28 de febrero de 2014, 29:30 y ss. CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 24 estipulación número seis, si bien se indica que conforme a la historia clínica de Sara Elena esta «manifiesta [que] fue agredida por su yerno cuando ella se metió a proteger a su hija», dicha indicación no incidió en la decisión de condenar a Oscar Iván. Lo fue, como se verá en el análisis correspondiente, la declaración que en juicio rindió Sara Elena, así como las de su nieta S.V. y su niñera María Angélica Amaris Centeno, entre otras pruebas. La lectura del fallo de primer grado así lo permite evidenciar. Incluso, el juez, procurando garantizar que la sexta estipulación probatoria careciera de relevancia jurídico penal en su determinación, la relacionó así: «La atención médica que recibió la señora Sara Elena Torres Hernández, y la incapacidad médico legal de diez (10) días que se le otorgó por la herida que recibió en el tórax con arma corto punzante»12. Por su parte, el Tribunal Superior relacionó ese hecho estipulado de modo equivalente al del fallo de primer grado, esto es, sin señalamiento directo alguno contra el acusado13. Por tanto, no se actualiza la referida limitación que recae sobre las estipulaciones probatorias de la revisión procesal. A modo de ejemplificación dígase que, tal situación se habría presentado si, por ejemplo, hubiera existido algún acuerdo confeccionado bajo un formato como: “las partes dan por probado que Oscar Iván fue quien lesionó con arma blanca a Telma del Pilar Hernández Torres y a Sara Elena Torres Martínez”. Hipótesis 12 Cfr. folio 55 de la sentencia, en el cuaderno número 9 de primera instancia, óp. Cit. 13 Cfr. folio 20 de la sentencia de segunda instancia, visible a folio 172 del cuaderno de segunda instancia, óp. Cit. CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 25 extrema que de ninguna manera se obtiene del contenido procesal. El contenido de las denotadas estipulaciones probatorias, concluye la Corte, frente a los hechos que se dieron por probados, descartan la afirmación del recurrente en casación consistente en que, dentro de tales pactos, la fiscalía y la defensa hubieran dado por acreditada la responsabilidad penal de Oscar Iván en la comisión de los delitos que se le atribuyeron. Por consiguiente, el cargo no prospera. 3.2. El derecho del procesado a ser oído 3.2.1. El casacionista indica que al procesado no se le dio la posibilidad de declarar en su propio juicio por la juez. En antítesis, los no recurrentes explican que ello no se corresponde con la realidad del trámite. 3.2.2. La Sala14 ha explicado que, el derecho del acusado a ser oído en el juicio penal es una garantía judicial vinculada con el derecho de defensa material, contemplada en normas convencionales e internas, artículos 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos15, 14.1 del 14 Vg. CSJ AP, 11 abr. 2016, Rad. 47787, CSJ AP, Rad. 50919, 29 may. 2019, CSJ SP2934-2020, Rad. 54150, 12 ago. 2020, CSJ SP823-2021, Rad. 57194, 10 mar. 2021, CSJ SP3354-2021, Rad. 54853, 28 jul. 2021, CSJ SP351-2022, Rad. 57195, 16 feb. 2022 y CSJ SP112-2024, Rad. 63450, 7 feb. 2024. 15 “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella” CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 26 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos16, y 8 de la Ley 906 de 200417, que al mismo tiempo implica la renuncia al de guardar silencio18. Tal garantía es igualmente derecho personalísimo del acusado, por ser a éste a quien le corresponde manifestar su voluntad de declarar, toda vez que es el único que tiene la potestad de renunciar al derecho a guardar silencio, para que ante el juez en el juicio oral sea escuchado bajo la gravedad del juramento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 394 de la Ley 906 de 2004 y en la sentencia CC C-782 de 2005. Esa doble condición, no es obstáculo para que quien ejerza la defensa técnica pueda en la audiencia preparatoria y en el juicio oral, en las oportunidades procesales debidas, solicitar y ofrecer como prueba la declaración del acusado condicionada a la decisión personal de éste. En consecuencia, el procesado puede renunciar a la garantía constitucional y legal de no estar obligado a declarar, artículos 33 de la Carta Política y 8 literal a de la Ley 906 de 2004, para que en calidad de testigo de la defensa acuda y declare en el juicio oral. Así lo ha reconocido esta Corte como una potestad constitucional y legal, exclusiva y excluyente del sujeto pasivo de la acción penal y expresada 16 “Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella”. 17 Literal e). 18 Constitución Política, artículo 33, Ley 906 de 2004, artículo 8.a. CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 27 por su voluntad (Cfr. CSJ AP, 11 abr. 2016, Rad. 47787 y CSJ AP, Rad. 50919, 29 may. 2019). De otro lado, para la Corte es importante recordar que la jurisprudencia ha decantado sobre la oportunidad para declarar que le asiste al procesado en el sentido que, aun cuando no se hubiera descubierto ni solicitado su declaración en audiencia preparatoria, este puede presentar su declaración hasta antes de que se clausure el debate probatorio, por cuanto rendir su propia versión consiste en una manifestación, precisamente, de los derechos a ejercer la defensa material y del derecho a ser oído (Cfr. CSJ AP6357- 2015, Rad. 41198, 28 oct. 2015). 3.2.3. En la actuación procesal no aparece evidencia alguna que muestre la voluntad del acusado de renunciar al derecho a guardar silencio y de declarar en el juicio oral. Es esta una suposición del libelista. Incluso, así se evidencia del contenido de las audiencias de 22 de abril y 14 de septiembre de 2020 que el abogado señala como las sesiones en donde se presentó la irregularidad, lo que conduce al desconocimiento del principio de acreditación. En la primera sesión mencionada en la demanda, de 22 de abril de 202019, a la que Oscar Iván no asistió, la juez señaló que este, en memorial del día anterior solicitó aplazar la audiencia -lo que le fue negado- e igualmente, que aquel 19 Cfr. Audio de 22 de abril de 2020, duración 38:31. CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 28 manifestó que no había renunciado a declarar, pero, la juez indicó que en la sesión anterior así ocurrió. En efecto, en la audiencia de 14 de enero de 2020 a la que sí asistió el acusado, cuya presentación está consignada20, se registró que la defensora de confianza renunció a la declaración de aquel atendiendo su solicitud de sometimiento ante la Justicia Especial para la Paz – JEP que estaba en trámite y en atención a «conversaciones que he sostenido con mi representado se ha tomado la determinación que no intervendrá o no presentará su versión ante este estrado judicial»21. Ante ello, la juez aceptó tal desistimiento a la declaración22 y Oscar Iván no se pronunció oponiéndose pese, a que, estaba presente. Después, en la sesión de 14 de mayo de 2020 el procesado solicitó la palabra para elevar una recusación contra la funcionaria judicial23. Finalmente, el día 14 de septiembre de 2020 el procesado solicitó la nulidad de la actuación24. Igualmente, tal como indicó la Fiscalía -como no recurrente en casación-, no hubo manifestación alguna de Oscar Iván de su deseo de declarar y que este derecho le hubiera sido negado por la juez, sino que, después de que la funcionaria dispuso que se pronunciaría sobre la nulidad en la sentencia y corrió 20 Cfr. Audio de 14 de enero de 2020, 03:13 y ss., ídem. 21 Cfr. 48:40 y ss., ídem. 22 Cfr. 49:30 y ss., ídem. 23 Cfr. Audio1 de 14 de mayo de 2020, 11:30 en adelante. 24 Cfr. Audio de 14 de septiembre de 2020, 23:00 y ss. CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 29 traslado para los alegatos de conclusión, en ese desarrollo el procesado revocó el poder a su abogada25 y luego se desconectó de la diligencia virtual alegando el supuesto desconocimiento de sus garantías26. 3.2.4. Conforme con el descrito recuento procesal, la Sala detecta que: i) habiendo estado presente en la audiencia de 14 de enero de 2020, en la que la defensa renunció a la declaración del acusado, este no protestó ante ese desistimiento; ii) el 22 de abril de 2020, el acusado no asistió pese a que tuvo oportunidad de hacerlo -ya estaba en libertad- para manifestar su deseo de declarar en el juicio sin que ello fuera oponible porque conservaba esa prerrogativa; iii) tal derecho pudo realizarlo con los fines que supuestamente perseguía en las siguientes audiencias -de mayo y septiembre de 2020-, y aunque asistió a esas sesiones, en ellas no solicitó ser oído, sino que recusó a la juez y solicitó la nulidad del proceso, postulaciones que la cognoscente consideró dilatorias por ser improcedentes. De manera que, no es cierto que la defensa, de manera inconsulta y caprichosa, renunciara a la declaración del acusado y que la a quo actuara arbitrariamente. Aquel tuvo varias oportunidades de ser oído, no obstante, las desperdició. Todo lo cual se traduce en que no es verdadero que, con arbitrariedad, la judicatura le negara la posibilidad de relatar lo acontecido con su perspectiva como acusado. 25 Cfr. 01:29:00 y ss. 26 Cfr. 01:43:10 y ss. CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 30 El descrito escenario significa la falta de acreditación de la alegada irregularidad y se distancia infundadamente del contenido real del proceso. El cargo, por consiguiente, tampoco prospera. 3.3. De las recusaciones e impedimentos 3.3.1. Para el demandante existe una irregularidad que vicia el proceso, consistente en que, pese a que la cognoscente fue recusada por Oscar Iván en audiencia de 14 de mayo de 2020, por cuanto ella es esposa del anterior juez, quien, validó un preacuerdo entre defensa y fiscalía que desembocó en la valoración de las pruebas y la emisión de una sentencia anticipada, continuó con el conocimiento del trámite y profirió sentencia ordinaria27. 3.3.2. En efecto, se tiene que el 14 de mayo de 202028 el procesado esgrimió la referida recusación con fundamento en la causal 6ª del art. 56 del C.P.P., la cual establece como hipótesis, el que «el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar.» A continuación, la juez rechazó de plano la recusación formulada por el acusado al hallarla infundada. Consideró que ello representaba una maniobra dilatoria y un obrar 27 Recuérdese que ese pacto fue anulado por el Tribunal Superior de Bucaramanga. § 2., 2.1. y 2.2. de los antecedentes. 28 Cfr. Audio 1 de 14 de mayo de 2020, 11:30 en adelante. Óp. Cit. CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 31 abusivo en el ejercicio del derecho -esa fue la recusación número siete elevada por el procesado contra la juez-. Expuso la a quo29, como motivos para catalogar la recusación como infundada, de un lado, que no se actualizaba la premisa de que hubiera participado en el proceso previamente, y, de otro, que su cónyuge, quien fungió como titular del mismo estrado en 2012, cuando profirió la sentencia anticipada de 12 de diciembre del citado año, no valoró la prueba practicada en juicio, pues, su práctica fue realizada con posterioridad a la nulidad decretada por el Tribunal. De modo que, el fallo anticipado no tuvo incidencia en el proceso penal. En todo caso, agregó que fue ella quien conoció de la práctica probatoria, aunado a que, ambos son jueces penales del circuito, ninguno es superior funcional del otro, y no analiza procesos con su consorte en la intimidad de su familia y su vida personal. En consecuencia, la funcionaria ordenó remitir la actuación al Tribunal Superior de Bucaramanga para que se pronunciara al respecto30. Corporación que, por su parte, en auto de 27 de mayo de 2020, decidió abstenerse de darle trámite a la recusación planteada por cuanto consideró que carecía de competencia para ello, y ordenó que la solicitud fuera remitida al «siguiente juez en turno para que decida si la declara fundada o no». El juzgado Tercero Penal del Circuito con función de conocimiento de Barrancabermeja, finalmente, en providencia del 8 de junio del año referido, la declaró 29 Cfr. Audio 2 de 14 de mayo de 2020, 02:30 y ss. 30 Ibidem. CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 32 infundada y, por consiguiente, devolvió el proceso al juzgado de origen. 3.3.3. Al respecto, la causal descrita en el artículo 56, numeral 6 del C.P.P. prevé tres hipótesis para su configuración, a saber, que el funcionario (i) haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, (ii) hubiere participado dentro del proceso, o (iii) sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consaguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar. Con estas circunstancias debidamente acreditadas, se busca que el juez a cargo del juzgamiento no tenga ninguna aproximación previa frente a los temas que serán objeto de debate en dicha fase y así evitar que el funcionario se forme un preconcepto, derivado del conocimiento que hubiese adquirido con anterioridad sobre aspectos probatorios o jurídicos del proceso, que pueda afectar su imparcialidad. La primera de ellas se presenta cuando, el juez debe revisar su propia decisión. En ese orden de ideas, la causal es de naturaleza objetiva y evita que el servidor judicial pueda valorar el proveído objeto de censura. La segunda, por su parte, se configura cuando el funcionario judicial al participar en el proceso penal compromete su criterio sobre el asunto que ahora debe entrar a resolver31. Esto, debido a que con su actividad 31 Cfr. CS AP1811-2021, rad. 55766, AP 5084-2014, rad. 44472. CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 33 jurisdiccional terminó por emitir un juicio con el cual vinculó su criterio a la resolución del caso, de modo tal que, pueda estar afectada su imparcialidad al momento de decidir el asunto. Lo anterior, supone que, al conocer de instancias posteriores, puede estar contaminado respecto de una determinada postura en detrimento de la imparcialidad que le es exigible32. Y, la tercera, se estructura cuando se verifica un nexo familiar entre el funcionario judicial que ahora detenta el asunto y aquel que emitió la decisión a revisar33. Por ende, para ser declarada fundada basta con constatar tal vínculo familiar entre el actual fallador y aquel que dictó la providencia que ahora se examina. Ninguna de esas situaciones se constata en el asunto bajo examen. La juez Segunda Penal del Circuito con función de conocimiento de Barrancabermeja, de manera alguna tuvo que revisar su propia y anterior decisión. Tampoco, intervino de manera previa en el proceso y menos, con ocasión de esa intervención comprometió su criterio de forma sustancial y esencial sobre el objeto del diligenciamiento, particularmente sobre la materialidad y responsabilidad del acusado y, finalmente, la decisión que en su momento profirió su cónyuge no fue sometida al escrutinio de la titular despacho que dictó el 12 de febrero de 2021 sentencia en contra de Oscar Iván Hernández Bermúdez. 32 CSJ AP 5554-2014, rad. 44648, CSJ AP2392-2019, rad. 55505 33 CSJ AP680-2025, rad. 67539. CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 34 La jueza que definió la responsabilidad del acusado de manera alguna tuvo que adentrarse en el análisis de la sentencia que, vía anticipada, emitió su antecesor en el cargo y con quien la une el vínculo matrimonial. Esto, porque al fallo por él emitido el 12 de diciembre de 2012, perdió sus efectos con la declaratoria de nulidad que el Tribunal Superior de Bucaramanga determinó con auto del 4 de mayo de la misma anualidad, lo que supuso que el proceso se desarrollara por la senda ordinaria. En ese trasegar, ya no tenía ninguna incidencia ni vigencia el fallo del año 2012, mismo que, sea del caso anotar, estuvo determinado por elementos con capacidad probatoria diversos a las pruebas que, posteriormente se practicaron en el juicio bajo la dirección de la juez que decidió el asunto en el año 2021. Lo cual, descarta que, esta última servidora haya comprometido su imparcialidad y objetividad por cuenta de la actuación que previamente estuvo a cargo de su cónyuge. De modo que, no se evidencia que la juez que profirió sentencia estuviese incursa en la causal de impedimento aludida por el recurrente y, por lo mismo que, con su proceder se haya infringido el axioma del debido proceso en su expresión de la imparcialidad. Corolario, el cargo tercero resulta igualmente impróspero. CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 35 3.4. La revocatoria del poder a la abogada de confianza principal 3.4.1. Según el demandante en la audiencia de 14 de septiembre de 2020 el acusado revocó el poder a sus abogadas principal y suplente, acto que, la juez no avaló y prosiguió con el juicio, y escuchó los alegatos de cierre de la abogada pese a que ya no tenía mandato. Falta de provisión de abogado que se prolongó hasta 30 de octubre de 2020. 3.4.2. En efecto, el derecho de defensa comprende como una de sus expresiones el de contar con un defensor técnico, sea este un abogado de confianza o asignado por el Estado. Lo anterior, en virtud de la normatividad internacional y patria: artículos 8.2 - d y e de la Convención Americana sobre Derechos Humanos34, 14.3-b y d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos35; 29 de la Constitución Política36 y 8-e del Código de Procedimiento Penal37. 34 «(…) Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley.» 35 «3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo.» 36 «(…) Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.» 37 «(…) En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado, este tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal, en lo que CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 36 En ese contexto, debe entenderse que el procesado, como titular de la facultad de nombrar abogado de confianza, en el mismo sentido, cuenta con la potestad de revocar el poder de su representante judicial. Sin embargo, aclara la Corte, que esa posibilidad no es pasible de ser ejercida de manera arbitraria y caprichosa por los procesados, como aquí se observa Oscar Iván Hernández Bermúdez intentó hacerlo en su juicio oral. 3.4.3. La Sala revisó nuevamente la grabación de la audiencia de 14 de septiembre de 2020 y al respecto se detectó: i) cuando la juez concedió la palabra a los sujetos procesales para que presentaran alegatos de cierre, ii) en ese instante, el procesado intervino para solicitar una nulidad, sustentándola, en esencia, a partir de idénticas razones a las que esbozó para recusar a la juez, (descritas en § 3.3.)38; iii) la funcionaria determinó que se pronunciaría frente a la nulidad en la sentencia39 y iv) dio paso a los alegatos de conclusión. v) En desarrollo de esas alegaciones, luego de escucharse al fiscal y cuando el representante de las víctimas hacía lo propio, el procesado manifestó que revocaba el poder a su defensora por supuesta «falta de defensa técnica»40. vi) La juez indicó que la revocatoria propuesta consistía en una maniobra dilatoria del procesado, por lo que, de conformidad aplica a: (…) e. Ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza o nombrado por el Estado (…)». 38 Cfr. 23:00 y ss. óp. Cit. 39 Como así se observa en el fallo, en el que rechazó de plano la nulidad. Cfr. folios 52 y ss. y 37 del cuaderno 9 de primera instancia. 40 Cfr. 01:29:00 y ss., óp. Cit. CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 37 con el artículo 143 del C.P.P. y de acuerdo con el Código General del Proceso, se pronunciaría sobre el acto cinco días después de la revocatoria al poder. vii) Por su parte, la abogada del acusado solicitó a la juez que se pronunciara, dado que no se trataba de una renuncia al apoderamiento. No obstante, viii) la juez ordenó proseguir con el trámite de los alegatos de conclusión, en los que intervinieron entonces el procurador y aquella profesional del derecho41. Finalmente, ix) la juez dio oportunidad de exponer las réplicas a fiscalía y a defensora42. A más de lo anterior, x) se tiene que el procesado se desconectó de la diligencia virtual y la juez tuvo que suspenderla. Al reanudarla, xi) Oscar Iván manifestó a través de su abogada principal, a quien según la profesional, le escribió vía WhatsApp, que no estaría presente por una supuesta falta de defensa técnica y de sus garantías procesales. xii) Ante el hecho de que aquel ya no se encontraba privado de la libertad, la juez ordenó continuar con el trámite43, no obstante, clausuró el debate (art. 445 C.P.P.), determinó que no emitiría ese día el sentido de fallo, lo programó para una fecha posterior, ordenó comunicarle al procesado la posibilidad de designar un nuevo abogado dentro de los tres días para la referida audiencia y que esta se haría con apoderado de confianza o, en su defecto, con defensor público44. 41 Cfr. 01:56:40 a 02:32:05, ídem. 42 Cfr. Fiscal: 02:36:00 y ss.; abogada: 02:44:40 y ss., ídem. 43 Cfr. 01:43:10 y ss. ídem. 44 Cfr. 02:32:02 y ss. ídem. CUI 68081600013520110066101 N.I. 60722 Casación Oscar Iván Hernández Bermúdez 38 3.4.4. Así, xiii) el día en que se profirió el sentido condenatorio de la decisión, 30 de octubre de 2020, un nuevo abogado convencional de Oscar Iván Hernández Bermúdez asistió en su representación45. 3.4.5. La Sala considera que las premisas procesales expuestas llevan a descartar irregularidades en el proceder de la juez de conocimiento. No fue ilegítimo el actuar de la funcionaria porque, en virtud de los deberes específicos del juez (Art. 139-1° y 2° C.P.P.46) junto con su facultad de dirección del proceso por medio de sus poderes y la posibilidad de impartir medidas correccionales (Art. 143 ejusdem), la razón que expuso para tomar la segunda alternativa resultó plenamente razonable y plausible. 3.4.6. En la sentencia de segunda instancia, incluso, así se pronunció el Tribunal para descartar la nulidad solicitada por la defensa47: «En efecto, si la cognoscente - directora del proceso - entendió que la maniobra desplegada por el encartado era dilatoria, no obedeció a una decisión caprichosa ni sesgada frente a la realidad procesal, si en cuenta se tiene que en el devenir de la actuación acaecieron múltiples situaciones que permiten inferir que ese proceder - contrario a garantizar una adecuada defensa- lo que intentaba era la suspensión de la audiencia para que continuara corriendo el término de prescripción y así -quizá- lograr que se decretara la preclusión del juzgamiento, máxime si se observa que 45 Audio de 30 de octubre de 2020. 46 «ARTÍCULO 139. DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS JUECES. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, constituyen deberes especiales de los jueces, en relación con el proceso penal, los siguientes: 1. Evitar las maniobras dilatorias y todos aquellos actos que sean manifiestame