Sentencia STC033-2026

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ Magistrada ponente STC033-2026 Radicación No. 15693-22-08-000-2025-00328-01 (Aprobado en sesión de veintiuno de enero de dos mil veintiséis) Bogotá, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiséis (2026). Decide esta Corte la impugnación de la sentencia proferida por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo el 25 de noviembre de 2025, en la acción de tutela promovida por Álvaro Gómez Alarcón contra la Comisaría de Familia de Chita y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Socha -Boyacá-, trámite al que fueron citadas las partes e intervinientes en la medida de protección con radicado 2022-00209. ANTECEDENTES 1. El solicitante invocó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. Radicado no. 15693-22-08-000-2025-00328-01 2 En síntesis, señaló que María Adela Barón, con quien se encontraba casado y mantenía vigente una sociedad conyugal, acudió a la comisaría accionada aduciendo que él le rasgó las prendas de vestir y se las daño, afirmaciones que consideró carecían de sustento probatorio, pues no se allegó ninguna evidencia material o testimonial que las corroborara. Indicó que, a pesar de no contar con suficientes pruebas, la autoridad administrativa profirió en su contra una medida de protección y luego, le impuso una sanción de dos (2) SMLMV, impidiéndole ejercer su derecho a la defensa y controvertir las pruebas allegadas, pues no se le otorgó la oportunidad de justificar su inasistencia a la audiencia de 10 de julio de 2025. Mencionó que el Comisario se extralimitó en sus funciones toda vez que, fijó en su contra una cuota alimentaria, sin que existiera una sola prueba de su capacidad económica; por el contrario, afirmó que la señora Barón es propietaria de un inmueble ubicado en el casco urbano del municipio, lo cual, según su versión, evidenciaba su autosuficiencia económica, además de restringir su capacidad de disponer de los bienes, determinaciones que consideró solo podían dictarse en un proceso liquidatorio de sociedad conyugal. Sostuvo que la sanción impuesta, fue confirmada en sede de consulta por el Juzgado accionado, pasando por alto las irregularidades procesales previamente enunciadas. Radicado no. 15693-22-08-000-2025-00328-01 3 2. Con fundamento en lo expuesto, solicitó declarar la nulidad de todo lo actuado en la medida de protección 2022- 00209 y se ordene revocar la resolución proferida el 10 de julio de 2025 por la Comisaría de Familia de Chita mediante la cual se impuso sanción por incumplimiento, y la determinación del Juzgado Promiscuo del Circuito de Socha que el 25 de septiembre de 2025 resolvió confirmarla. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS 1. La Comisaría de Familia de Chita expuso que la señora Barón acudió al despacho en busca de protección y relató haber sido víctima de actos de violencia verbal, psicológica y física. Precisó que durante el trámite se obtuvo un informe pericial psicológico, en el cual se identificaron indicadores de afectación emocional y riesgo atribuibles a comportamientos del accionante. Agregó que en el procedimiento se citó al señor Gómez Alarcón para la audiencia de pruebas y fallo del 19 de diciembre de 2022, diligencia en la que se le brindó la oportunidad de ser escuchado, presentar pruebas e interponer los recursos procedentes. Señaló que la inasistencia injustificada del accionante generó la imposibilidad de ejercer tales derechos, de modo que no era cierto que se hubiese negado su acceso a la justicia. Finalmente afirmó que las medidas de protección se adoptaron ante la identificación de riesgos para la integridad de la señora Barón, quien manifestó temor, afectaciones Radicado no. 15693-22-08-000-2025-00328-01 4 psicológicas y dificultades materiales para continuar desempeñando sus labores rurales. Expuso que los hechos atribuibles al accionante se consideraron r