Sentencia STC040-2026

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ Magistrada ponente STC040-2026 Radicación No. 11001-02-04-000-2025-02392-01 (Aprobado en sesión de veintiuno de enero de dos mil veintiséis) Bogotá, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiséis (2026). Decide la Corte la impugnación de la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal el 30 de septiembre de 2025, en la acción de tutela que presentó Walter Fabián Arias Martínez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Universidad Nacional de Colombia, trámite al que fueron vinculados el Juzgado Treinta y Uno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, las Fiscalías Quinientos Catorce Seccional, Ciento Tres y Quinientos Treinta y Nueve, todos de esta ciudad, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y las partes e intervinientes en la solicitud de amparo con radicado n.º 11001318703120250006701. ANTECEDENTES Radicación No. 11001-02-04-000-2025-02392-01 2 1. El solicitante invocó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, petición, dignidad humana, salud y educación presuntamente vulnerados por las accionadas. Manifestó que fue víctima de amenazas, constreñimiento, falsas denuncias, hurto, violación de domicilio, tortura y el homicidio de su madre, motivos por los cuales inició los procesos penales 2022-07193 y 2024- 34325, sin embargo, a «pesar de [sus denuncias, no recibió] una respuesta de fondo por parte de la Fiscalía». Refirió que, en calidad de estudiante de la maestría de políticas públicas de la Universidad Nacional, en el primer semestre de 2025 se postuló para obtener una beca que no le fue adjudicada, no obstante, como se presentaron irregularidades en la convocatoria tales como la apertura tardía de esta, la existencia de conflictos de intereses y la ausencia de criterios claros de evaluación, los días 28 de mayo y 4 de junio de ese año presentó impugnación de los resultados, la cual no fue atendida. Indicó que a causa de las anteriores situaciones inició acción de tutela, en la que el Juzgado Treinta y Uno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, el pasado 7 de julio declaró la improcedencia del amparo, luego de considerar que (i) no se vulneraron las garantías del actor toda vez que, no quedó acreditada la existencia de irregularidades en la convocatoria académica, (ii) el 26 de junio de 2025, estando en curso ese trámite constitucional, Radicación No. 11001-02-04-000-2025-02392-01 3 la impugnación de los resultados fue atendida, razón por la cual se superó el hecho que generó la solicitud de protección y, (iii) se desconoció el requisito de la subsidiariedad, porque el trámite penal 2022-07193 se encuentra archivado y el 2024-34325 está activo, por tanto, en el primero al reclamante le corresponde solicitar el desarchivo y en el segundo cuenta con medios para proteger sus derechos. Señaló que, en sede de impugnación, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá mediante sentencia de 13 de agosto de 2025 modificó el fallo de primera instancia, en el sentido de declarar la carencia actual de objeto por hecho superado en atención a que, mientras se tramitaba esa acción, la universidad se pronunció sobre las inconformidades presentadas frente a la convocatoria de la beca. Además, señaló que la tutela es improcedente porque la decisión de adjudicar la beca constituye un acto administrativo que puede ser cuestionado ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En lo restante, confirmó la providencia recurrida. Cuestionó que el ad quem valoró indebidamente el acervo probatorio y las circunstancias fácticas sometidas a su consideración, aunado a que pasó por alto que se vulneraron sus garantías fundamentales. Adujo que solicitó a la Defensoría hacer uso de la insistencia ante la Corte Constitucional, pero en atención al tiempo que tarda agotar ese mecanismo, acudió a la presente acción de tutela, exponiendo como hechos nuevos que, Radicación No