Sentencia STL2654-2026

SCLAJPT-12 V.00 LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ Magistrado ponente STL2654-2026 Radicación n. ° 11001-02-03-000-2025-05958-01 Acta 5 Bogotá D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiséis (2026). La Sala resuelve la impugnación presentada por D1 S. A. S. contra el fallo proferido el 10 de diciembre de 2025 por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de esta corporación, dentro de la acción de tutela que promovió contra el JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE QUINCHÍA y la SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA. I. ANTECEDENTES La sociedad convocante promovió la presente acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extraen los siguientes hechos relevantes: Radicación n. ° 11001-02-03-000-2025-05958-01 SCLAJPT-12 V.00 2 José Largo adelantó acción popular contra D1 S. A. S. - aquí accionante- en la que persiguió la protección de los derechos colectivos de la población con discapacidad auditiva. En consecuencia, que se ordenara a la sociedad demandada implementar el servicio de «interprete y guía interprete para las personas sordas y sordociegas» en un establecimiento de comercio ubicado en Quinchía (Risaralda). El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Promiscuo de Quinchía, autoridad que, por sentencia de 22 de julio de 2024, resolvió: Primero: Declarar que D1 S.A.S., en el establecimiento de comercio de su propiedad, localizado en el municipio de Quinchía, vulnera los derechos colectivos al no garantizar la accesibilidad al servicio que presta a las personas con discapacidad auditiva y auditiva–visual. Inconforme con la precitada decisión, el extremo pasivo interpuso recurso de apelación y, en providencia de 2 de octubre de 2025, el Tribunal encartado la confirmó. La propulsora reprochó que los estrados enjuiciados, al emitir las sentencias de 22 de julio de 2024 y 2 de octubre de 2025, incurrieron en defecto sustantivo porque interpretaron de forma «arbitraria e irrazonable» lo dispuesto en el artículo 8. ° de la Ley 982 de 2005. Explicó que no es «destinataria» de la obligación allí contenida de incorporar «el servicio de intérprete y guía intérprete para las personas sordas y sordociegas», por Radicación n. ° 11001-02-03-000-2025-05958-01 SCLAJPT-12 V.00 3 cuanto su actividad es «eminentemente comercial» y no satisface «necesidades de interés general sino particular». Refirió que las accionadas acudieron a un «criterio abiertamente discriminatorio» al afirmar que, «por ser una empresa “grande” estaría en la capacidad de asumir costos de un servicio de intérprete», debido a que la solvencia económica de una empresa no es criterio para imponer obligaciones no previstas por el legislador. Arguyó que desconocieron el precedente jurisprudencial fijado por la Corte -en sentencia CSJ STC11993-2023- en un caso idéntico al aquí narrado, actuar que «afecta la seguridad jurídica y el derecho a la igualdad». Con base en tales supuestos, solicitó dejar sin efecto las providencias de 22 de julio de 2024 y 2 de octubre de 2025, para que, en su lugar, se dicte una nueva decisión favorable a sus aspiraciones. Además, pidió que «se DECLARE que la obligación prevista en el artículo 8 de la Ley 982 de 2005 no resulta aplicable a las empresas privadas de carácter comercial como D1 S.A.S.» II. TRÁMITE Y DECISIÓN DE INSTANCIA Por auto de 1. ° de diciembre de 2025, se admitió la acción de tutela, se ordenó notificar a las autoridades Radicación n. ° 11001-02-03-000-2025-05958-01 SCLAJPT-12 V.00 4 judiciales accionadas y demás vinculados, para que ejercieran su derecho de defensa y contradicción. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira defendió la legalidad de la decisión reprochada; sostuvo que no efectuó una interpretación «errónea, irrazonable, amañada o antojadiza» de l