Sentencia C.E. 25000-23-37-000-2022-00259-01 (2026)

CONSEJO DE ESTADO 25000-23-37-000-2022-00259-01 SENTENCIA SUSTENTO NORMATIVO : DECRETO 624 DE 1989 - ARTÍCULO 114-1, 19-4, 19-2 / LEY 1233 DE 2008 - ARTÍCULO 6, 10 / LEY 1819 DE 2016 - ARTÍCULO 65 / LEY 1955 DE 2019 - ARTÍCULO 204 / LEY 2010 DE 2019 - ARTÍCULO 118 / LEY 79 DE 1988 - ARTÍCULO 4, 70 / DECRETO 624 DE 1989 - ARTÍCULO 863 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29 / DECRETO 624 DE 1989 - ARTÍCULO 815, 816, 850, 857, 857-1 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 3, 35 Y SS / DECRETO 624 DE 1989 - ARTÍCULO 861 / CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PCSJA25-12355 DE 2025 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERALES 1 A 8; ARTÍCULO 366 NORMA DEMANDADA : FECHA : 20/08/2026 SECCION : SECCION CUARTA PONENTE : CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ ACTOR : COOPERATIVA COLOMBIANA DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA COVISER C.T.A. DEMANDADO : INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - I. C. B. F. DECISION : REVOCA TEMA : MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / ICBF / APORTES AL ICBF / COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO / APORTE PARAFISCAL / EXONERACIÓN DE PAGO DEL APORTE PARAFISCAL / PRINCIPIO DE IGUALDAD / EXONERACIÓN DE APORTE PARAFISCAL / PROCEDENCIA DE LA EXONERACIÓN DE PAGO DEL APORTE PARAFISCAL / COOPERATIVA / CONCEPTO DE COOPERATIVA / CONCEPTO DE COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO / APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL / TRABAJADOR ASOCIADO / DEVENGO PARA LA EXONERACIÓN DE PAGO DEL APORTE PARAFISCAL / DEVOLUCIÓN DE SALDOS Problema jurídico: ¿La exoneración de aportes parafiscales al ICBF prevista en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario resulta aplicable a las compensaciones ordinarias reconocidas por las cooperativas de trabajo asociado a sus trabajadores asociados que devengan menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 114-1 del ET, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, exonera del pago de aportes parafiscales al SENA y al ICBF y de las cotizaciones al régimen contributivo de salud, a las sociedades y personas jurídicas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, respecto de los trabajadores que, individualmente considerados, devenguen menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sobre el particular, esta Sección ha precisado que las entidades pertenecientes al sector cooperativo, esto es, las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo y confederaciones cooperativas a que se refiere el artículo 19-4 del Estatuto Tributario, son beneficiarias de la exoneración prevista en el artículo 114-1 ibidem desde la expedición original de dicha disposición. Este criterio jurisprudencial también fue extendido a las cajas de compensación familiar mencionadas en el artículo 19-2 del Estatuto Tributario, al concluirse que su exclusión reglamentaria del beneficio previsto en el artículo 114-1 ibidem desconocía el alcance de la norma legal y excedía el ejercicio legítimo de la potestad reglamentaria. Dicha interpretación encuentra respaldo en la modificación introducida por el artículo 204 de la Ley 1955 de 2019, mediante la cual se adicionó un inciso al artículo 114-1 del Estatuto Tributario en los siguientes términos: “Las entidades de que trata el artículo 19-4 del Estatuto Tributario conservan el derecho a la exoneración de que trata este artículo”. Posteriormente, el artículo 118 de la Ley 2010 de 2019 incorporó esta misma previsión en el parágrafo 2 del artículo 114-1 del Estatuto Tributario. A partir de lo expuesto, esta Sección ha destacado que la expresión "conservan" por parte del legislador, confirma que la intención de la norma iba dirigida a que las cooperativas disfrutaran de este beneficio desde el texto original de la Ley 1819 de 2016. (...) [L]as cooperativas fueron definidas en el artículo 4 de la Ley 79 de 1988 como empresas asociativas sin ánimo de lucro, en las cuales los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. Por su parte, las CTA fueron establecidas en el artículo 70 de la citada Ley 79 de 1988 como “aquellas que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes, ejecución obras o la prestación de servicios”. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-211 del 1 de marzo de 2000, M.P. Carlos Gaviria Diaz, indicó lo siguiente: “Las cooperativas, en general, son empresas asociativas sin ánimo de lucro, en las cuales los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios, para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general (art. 3 ley 79/88). Según la actividad que éstas desarrollen se clasifican en: especializadas, multiactivas e integrales. Las cooperativas especializadas son las que se organizan para atender una necesidad específica, correspondiente a una sola rama de actividad económica, social o cultural. Las multiactivas son las que se organizan para atender varias necesidades, mediante concurrencia de servicios en una sola entidad jurídica. Y las integrales son aquellas que en desarrollo de su objeto social, realizan dos o más actividades conexas y complementarias entre sí, de producción, distribución, consumo y prestación de servicios. (arts. 61 a 64 ley 79/88). Las cooperativas de trabajo asociado pertenecen a la categoría de las especializadas, y han sido definidas por el legislador así: "Las cooperativas de trabajado asociado son aquellas que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios" (art. 70 ley 79/88). El principal aporte de los asociados en esta clase de organizaciones es su trabajo, puesto que los aportes de capital son mínimos”. (Subrayado fuera del texto) Por ello, a la luz de lo decidido por esta Sección en la sentencia del 30 de julio de 2020, Exp. 23692, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, no resulta jurídicamente admisible excluir a las cooperativas de trabajo asociado del ámbito de aplicación del artículo 114-1 del ET. En dicha providencia se concluyó que las entidades del sector cooperativo previstas en el artículo 19-4 del ET son beneficiarias de la exoneración contemplada en esa disposición, sin que se estableciera diferenciación alguna entre las distintas clases o modalidades de cooperativas. En consecuencia, si la jurisprudencia reconoció el beneficio respecto del sector cooperativo en su conjunto, carecería de sustento excluir a las CTA. (...) [L]a inexistencia de una relación laboral subordinada entre la cooperativa de trabajo asociado y sus asociados no puede interpretarse como la inexistencia de una relación de trabajo o de obligaciones económicas derivadas de la prestación personal del servicio, para efectos de excluirlas del artículo 114-1 del ET. La diferencia radica en la naturaleza jurídica del vínculo, pues mientras en el trabajo dependiente la retribución adopta la forma de salario y se rige por el Código Sustantivo del Trabajo, en el trabajo asociado la contraprestación corresponde a compensaciones previstas en el régimen cooperativo. Así, la ausencia de subordinación no elimina la realidad económica y jurídica de que el asociado aporta su trabajo personal a la cooperativa y, por ello, surgen las consecuencias patrimoniales y legales propias de esta modalidad de trabajo, constitucionalmente reconocida y protegida. Precisamente por esta razón es que, aunque el vínculo no sea laboral, las CTA son responsables de afiliar a sus trabajadores asociados y efectuar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones, y riesgos laborales) y se encuentran sometidas al régimen especial de contribuciones parafiscales previsto en la Ley 1233 de 2008, con las excepciones legales correspondientes (...) En lo relativo a los aportes a seguridad social de las cooperativas, la Ley 1233 de 2008 “por medio de la cual se precisan los elementos estructurales de las contribuciones a la seguridad social (…)”, en su artículo 6 estableció: “Artículo 6. Afiliación al Sistema de Seguridad Social. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado serán responsables del proceso de afiliación y pago de los aportes de los trabajadores asociados al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos profesionales). Para tales efectos, les serán aplicables todas las disposiciones legales vigentes sobre la materia para trabajadores dependientes. Para cotizar a salud, pensión, riesgos profesionales, el ingreso base de cotización será la suma de la compensación ordinaria y extraordinaria mensual que reciba el trabajador asociado, y la proporción para su pago será la establecida en la ley para el régimen de trabajo dependiente.” (Subrayado y resaltado fuera del texto) Se observa que el artículo 6 de la Ley 1233 de 2008 es categórico al señalar que, para efectos de los aportes al Sistema de Seguridad Social, a las CTA les serán aplicables las disposiciones legales vigentes para trabajadores dependientes. Por tanto, si el régimen general de trabajadores dependientes goza de la exoneración, este beneficio también debe trasladarse a los asociados. Lo anterior va en línea con lo resuelto por esta Sección, en Sentencia del 31 de marzo de 2022, Exp. 25274, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, donde se estableció que: “Bajo ese estricto supuesto, entiende la Sala que la expresa remisión a las disposiciones legales en materia de los trabajadores dependientes para efectos de los aportes a la seguridad social, implicaría tener en cuenta las reglas aplicables a efectos de determinar el ingreso base de cotización (IBC), según las cuales los aportes deben realizarse sobre lo que constituye salario, lo que de suyo descarta los conceptos no salariales, que expresamente son señalados en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, así: (…)” Por su parte, en sentencia de unificación del 24 de marzo de 2022, en relación con la conformación del IBC sobre el que las CTA deben liquidar y pagar los aportes con destino al sistema de la protección social, se determinó que “siempre que un pago, independiente de la denominación que se le dé, retribuya el servicio, deberá hacer parte de la base gravable de los aportes, según se trate de una compensación ordinaria o extraordinaria (…)”, y estableció que el IBC de los aportes al SENA e ICBF “será la compensación ordinaria mensual establecida en el régimen de compensaciones, y para los destinados a las CCF, será la suma de las ordinarias y extraordinarias devengadas en el mes, entendidas como los valores que recibe el cooperado únicamente como retribución por la ejecución de su actividad material o inmaterial. (…)”. Conforme al análisis expuesto, se concluye que el criterio determinante para establecer los pagos computables a cargo del trabajador asociado, —al igual que ocurre respecto de los trabajadores dependientes— radica en la existencia de un pago de carácter retributivo al trabajo prestado, independientemente de la naturaleza del vínculo jurídico, ya sea asociativo o laboral. Lo relevante es el carácter remuneratorio del pago percibido por quien ejecuta la actividad personal. De esta forma, aun cuando las CTA tienen diferencias marcadas y evidentes respecto de las empresas ordinarias, pues los asociados son simultáneamente trabajadores y propietarios, razón por la cual existe identidad entre asociado y trabajador, lo realmente relevante de cara al asunto que se analiza, es que el trabajador asociado recibe una compensación por su relación de trabajo asociado. En otras palabras, la ausencia de un contrato de trabajo no elimina la existencia de una actividad personal remunerada ni la obligación de efectuar los pagos que el legislador ha asociado a esa modalidad de trabajo. La diferencia radica exclusivamente en el título jurídico que origina tales obligaciones —la relación de trabajo asociado y no una relación laboral subordinada—, mas no en la inexistencia de una prestación económica derivada del trabajo realizado. (...) [R]esulta pertinente destacar que la Corte Constitucional, en la Sentencia C 645 de 2011, precisó que las compensaciones percibidas por los trabajadores asociados de las cooperativas de trabajo asociado deben pactarse en condiciones equivalentes a las previstas en el Código Sustantivo del Trabajo para la remuneración del trabajo dependiente, sin que ello implique desconocer la naturaleza asociativa y solidaria de dichas organizaciones. Bajo este análisis, negar la aplicación de la exoneración a los trabajadores asociados por el solo hecho de que su vínculo con la cooperativa sea de naturaleza asociativa y no laboral desconoce el alcance de la normativa aplicable y la jurisprudencia de esta Corporación. Adicionalmente, conforme al principio general de interpretación jurídica según el cual donde la norma no distingue, no le corresponde distinguir al intérprete, no resulta jurídicamente viable restringir el beneficio exclusivamente a los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo en las cooperativas. (...) [L]a Sala concluye que la exoneración del artículo 114 1 del ET sí es aplicable a las compensaciones reconocidas por las cooperativas de trabajo asociado a sus trabajadores asociados, siempre que estos, individualmente considerados, devenguen menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes y que las sumas correspondientes constituyan una efectiva retribución de la labor prestada, en los términos ya explicados. En consecuencia, el cargo tiene vocación de prosperar. Como el cargo prospera, se ordenará la devolución de los saldos pendientes a favor de la demandante por concepto de los aportes parafiscales pagados sin causa legal entre 2017 y mayo de 2019, respecto de los trabajadores asociados que, individualmente considerados, devengaron menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y dado que no existe discusión -pues no fue objeto de controversia- en torno a que la solicitud de devolución fue presentada por la cooperativa dentro del término previsto para el efecto, no hay lugar a un pronunciamiento adicional sobre la oportunidad de la solicitud. (...) La exoneración prevista en el artículo 114-1 del ET es aplicable a las cooperativas de trabajo asociado respecto de las compensaciones reconocidas a sus trabajadores asociados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. La exoneración del artículo 114-1 del Estatuto Tributario es compatible con la prevista en el artículo 10 de la Ley 1233 de 2008, dado que ambas regulan supuestos distintos: la primera se fundamenta en los ingresos del trabajador asociado y la segunda en el nivel de facturación de la cooperativa. FUENTE FORMAL: Decreto 624 DE 1989 - ARTÍCULO 114-1, 19-4, 19-2,Ley 1233 DE 2008 - ARTÍCULO 6, 10,Ley 1819 DE 2016 - ARTÍCULO 65,Ley 1955 DE 2019 - ARTÍCULO 204,Ley 2010 DE 2019 - ARTÍCULO 118,Ley 79 DE 1988 - ARTÍCULO 4, 70 MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / APORTES AL ICBF / COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO / APORTE PARAFISCAL / DEVOLUCIÓN DE SALDOS / INTERÉS CORRIENTE / DEVOLUCIÓN DEL INTERÉS CORRIENTE / RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS CORRIENTE / INTERÉS MORATORIO / PROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO Problema jurídico: ¿Ante la procedencia de la devolución de los saldos pendientes a favor de la demandante por concepto de los aportes parafiscales pagados sin causa legal se deben reconocer intereses corrientes y moratorios? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l artículo 863 del Estatuto Tributario constituye una norma especial que regula integralmente las consecuencias económicas derivadas de la negativa administrativa de una solicitud de devolución. En contraste, los artículos 177 y 178 del CCA y los artículos 187 y 192 del CPACA contienen reglas generales sobre el cumplimiento de las sentencias condenatorias. Por consiguiente, cuando el litigio tiene por objeto la legalidad del acto que negó una devolución, la aplicación del artículo 863 responde al principio de especialidad y desplaza el régimen general previsto en el Código Contencioso Administrativo y en el CPACA. En ese sentido, esta Sala se permite aclarar que cuando la controversia se origina en una solicitud de devolución de aportes parafiscales presentada, la cual es negada por la autoridad correspondiente, el reconocimiento de intereses debe sujetarse a lo dispuesto en el artículo 863 del ET y no a las normas previstas en los artículos 187 y 192 del CPACA. (...) [E]l objeto mismo de la actuación administrativa consistió en determinar la procedencia de la devolución solicitada por la demandante y no la legalidad de un acto de determinación de aportes parafiscales. En consecuencia, la controversia judicial recae directamente sobre el acto administrativo que negó dicha devolución, razón por la cual el reconocimiento de intereses debe sujetarse al régimen especial previsto en el artículo 863 del Estatuto Tributario, de la siguiente manera: (i) se reconocerán intereses corrientes desde la fecha de notificación del acto que negó la devolución, esto es, la Resolución No. 3122 de fecha 30 de diciembre de 2021, y hasta la ejecutoria de esta providencia, y (ii) se reconocerán intereses moratorios desde el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, hasta la fecha en que el ICBF realice el pago del monto solicitado en devolución. FUENTE FORMAL: Decreto 624 DE 1989 - ARTÍCULO 863 MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / APORTES AL ICBF / COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO / APORTE PARAFISCAL / DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO NO DEBIDO / DEBIDO PROCESO / DEVOLUCIÓN DE SALDOS / DERECHO DE DEFENSA / GARANTÍA DEL DERECHO DE DEFENSA / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO TRIBUTARIO Problema jurídico: ¿Vulneró el ICBF el derecho al debido proceso administrativo al pronunciarse, dentro del trámite de devolución por pago de lo no debido promovido por la cooperativa, sobre obligaciones correspondientes a períodos distintos de los comprendidos en la solicitud, sin adelantar un procedimiento autónomo que garantizara el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción? Respuesta al problema jurídico: Si El trámite de devolución y/o compensación de pagos en exceso o de lo no debido tiene un objeto específico y delimitado por la ley: verificar la existencia de un saldo a favor del administrado y establecer, antes de su devolución, si existen obligaciones ciertas, líquidas y exigibles susceptibles de ser compensadas, de conformidad con los artículos 815, 816, 850, 857 y 857-1 del ET, aplicables por remisión a las contribuciones parafiscales administradas por el ICBF. No obstante, dicho procedimiento no constituye el escenario procesal previsto por el ordenamiento jurídico para adelantar la determinación oficial de obligaciones omitidas o insolutas respecto de períodos no comprendidos en la solicitud de devolución. Tal actuación exige el adelantamiento de un procedimiento autónomo y reglado, con observancia de las etapas y garantías propias del debido proceso, particularmente aquellas orientadas a asegurar el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción, tales como los requerimientos de información, los requerimientos para declarar o corregir, las liquidaciones oficiales y los recursos procedentes contra estas. Esta Sección ha sido enfática en que la Administración no puede, por la vía del trámite de las devoluciones, iniciar un proceso de determinación de los impuestos -o, por extensión, de las contribuciones parafiscales-, en el cual el administrado no cuenta con las garantías que el legislador ha previsto para los procesos de determinación de obligaciones. Particularmente, la Sección en la Sentencia del 13 de marzo de 2008, Exp. 16058, M.P. Ligia López Díaz, se señaló que la Administración no puede reemplazar el procedimiento de determinación mediante una decisión de fondo adoptada bajo la apariencia de una simple actuación de verificación dentro del trámite de devolución: “Observa la Sala que las objeciones de la Administración no configuran las causales para proferir un auto inadmisorio en los términos señalados en el artículo 857 del Estatuto Tributario, pues se refieren a aspectos sustanciales que implican la modificación de la declaración o que se presenten explicaciones que son propias del proceso de determinación del impuesto y no del trámite de devoluciones, el cual es eminentemente formal. En efecto, las objeciones que se hacen al renglón 4 (BC) “Ingresos Brutos por operaciones excluidas”, al cálculo de la proporcionalidad de que trata el artículo 490 del Estatuto Tributario, al valor total de los ingresos por exportaciones, al valor de los impuestos descontables o las dudas sobre los proveedores que generaron los impuestos descontables, son aspectos que deben ser verificados en el proceso de determinación del impuesto, pues si se demuestra que están equivocados implica que la declaración contiene inconsistencias que generarán un menor saldo a favor o un saldo a pagar que puede dar lugar incluso a la sanción por inexactitud. (…) No puede la Administración, a través del trámite de las devoluciones, iniciar un proceso de determinación de los impuestos, en el cual no se cuenta con las garantías que están señaladas por el legislador para modificar la declaración mediante la liquidación oficial de revisión. En el presente caso, resulta evidente la vulneración del debido proceso del demandante, pues los autos inadmisorios directamente plantearon la modificación de sus declaraciones, como si se tratara de un requerimiento especial, pero sin que la Administración explicara claramente las razones para ello y sin contar con el mismo término que tendría el contribuyente para formular sus objeciones y solicitar pruebas. Por el contrario, bajo el apremio de obtener la devolución, terminó corrigiendo sus denuncios tributarios, y dando explicaciones que no son propias de este trámite.” (...) [L]a actuación administrativa consistió en una determinación tributaria encubierta, que desconoce las garantías del artículo 29 de la Constitución Política y de los artículos 3 y 35 y siguientes del CPACA, y que torna nugatorio el derecho de defensa y contradicción de la cooperativa frente a una obligación que, se insiste, no fue definida mediante el procedimiento legalmente previsto para ello. (...) El ICBF vulneró el debido proceso al determinar, dentro del trámite de devolución, obligaciones correspondientes a períodos distintos de los comprendidos en la solicitud, sin adelantar el procedimiento autónomo de determinación que garantizara los derechos de defensa y contradicción de la demandante. FUENTE FORMAL: Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 29,Decreto 624 DE 1989 - ARTÍCULO 815, 816, 850, 857, 857-1,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 3, 35 y ss MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / APORTES AL ICBF / APORTE PARAFISCAL / COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO / DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO NO DEBIDO / DEVOLUCIÓN DE SALDOS / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL / COMPENSACIÓN / COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR / IMPROCEDENCIA DE LA COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR Problema jurídico: ¿La compensación efectuada por el ICBF entre el saldo a favor reconocido a la cooperativa y las sumas imputadas por concepto de aportes correspondientes a los períodos comprendidos entre junio de 2019 y 2021 se ajustó a los requisitos legales que regulan dicha figura? Respuesta al problema jurídico: No [E]l artículo 861 del ET establece que la compensación procede respecto de deudas fiscales y obligaciones de plazo vencido a cargo del contribuyente. En el mismo sentido, el artículo 7 de la Resolución ICBF 3365 de 2021 autoriza la compensación únicamente cuando existan obligaciones ciertas, exigibles y susceptibles de ser cobradas por la entidad. En ese sentido, es claro que la compensación presupone la existencia de una obligación previamente determinada y consolidada en cabeza del contribuyente. (...) La solicitud formulada por la cooperativa no tiene la virtud de suplir la ausencia de un procedimiento autónomo de determinación ni de convalidar las irregularidades derivadas de la omisión de las garantías propias del debido proceso. Menos aún puede entenderse como una renuncia al ejercicio de los derechos de defensa y contradicción respecto de obligaciones que no habían sido determinadas siguiendo el procedimiento aplicable por la entidad demandada. En consecuencia, la petición de compensación elevada por la demandante no constituye fundamento suficiente para legitimar la afectación de su saldo a favor con obligaciones que carecían de exigibilidad, y cuya determinación no estuvo precedida del procedimiento legalmente previsto, dentro del cual la cooperativa hubiera podido controvertir los fundamentos fácticos y jurídicos de las liquidaciones efectuadas por la entidad. Por lo anterior, la Sala concluye que la compensación efectuada por el ICBF no se ajustó a los presupuestos establecidos en el artículo 861 del ET ni a las disposiciones que regulan la materia (...) La compensación efectuada por el ICBF resultó improcedente, por cuanto recayó sobre obligaciones que no habían sido previamente determinadas y, por ende, carecían de certeza, liquidez y exigibilidad. FUENTE FORMAL: Decreto 624 DE 1989 - ARTÍCULO 861 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROSPERIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas en segunda instancia? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con las reglas previstas en los numerales 1 a 8 del artículo 365 del CGP, el artículo 188 del CPACA y el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025 del Consejo Superior de la Judicatura, se condenará a la parte demandada en agencias en derecho en esta instancia con un (1) salario mínimo legal mensual vigente. Por tanto, se ordenará al Tribunal tramitar el respectivo incidente conforme las reglas previstas en el artículo 366 del Código General del Proceso. FUENTE FORMAL: Consejo Superior de la Judicatura, Acuerdo PCSJA25-12355 DE 2025,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 numerales 1 a 8; artículo 366