Sentencia C.E. 41001-23-31-000-2012-00155-01 (2026)

CONSEJO DE ESTADO 41001-23-31-000-2012-00155-01 SENTENCIA SUSTENTO NORMATIVO : DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 / LEY 1150 DE 2007 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44 NUMERAL 10 LITERAL D / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 61 / LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1626 / LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1627 / DECRETO 1222 DE 1986 - ARTÍCULO 121 / LEY 14 DE 1983 - ARTÍCULO 67 / LEY 788 DE 2002 - ARTÍCULO 51 / LEY 788 DE 2002 - ARTÍCULO 54 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 336 / LEY 14 DE 1983 - ARTÍCULO 61 / LEY 223 DE 1995 - ARTÍCULO 218 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 150.12 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 338 / LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1714 / LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1715 / DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55 NORMA DEMANDADA : FECHA : 10/08/2026 SECCION : SECCION TERCERA SUBSECCIÓN A PONENTE : JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ ACTOR : INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA S.A. LICORSA DEMANDADO : DEPARTAMENTO DEL HUILA DECISION : REVOCA TEMA : ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONCESIÓN / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / PLAZO PERENTORIO / TÉRMINO PERENTORIO / PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN / PLAZO PRECLUSIVO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / COMPETENCIA TEMPORAL / COMPETENCIA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / INTERÉS DIRECTO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Vulneró el Departamento del Huila el debido proceso de la contratista al liquidar unilateralmente el contrato después de vencidos los términos previstos para la liquidación bilateral y unilateral, aun cuando conservaba competencia durante el término de caducidad de la acción contractual y se habían adelantado previamente gestiones para lograr, sin éxito, la liquidación de mutuo acuerdo? Respuesta al problema jurídico: No La liquidación del contrato, en los términos originales de la Ley 80 de 1993 -comoquiera que al sub-lite no le aplicó la Ley 1150 de 2007-, cuando sea efectuada de forma bilateral, a voces de su artículo 60, procede dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución contrato o expedición de la decisión que ordene su terminación o dentro del plazo expresamente contemplado por las partes para ello. A la par, el artículo 61 del EGCAP establece la posibilidad de que la Administración (contratante) realice el finiquito unilateral, cuando los contrayentes no logren un pacto sobre el mismo o el contratista no se presente para el efecto, evitando el escenario de la latencia e indefinición en las relaciones contractuales del Estado. Esta atribución se lee en conjunto con lo prescrito en el art. 44, numeral 10, ordinal d) de la Ley 446 de 1998 -modificatoria del art.136 del CCA-, que indica que la entidad está llamada a efectuar el corte de cuentas dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para la liquidación de mutuo acuerdo. La superación de los términos antes aludidos, es decir, los determinados para la liquidación bilateral y unilateral, no precluye la oportunidad para efectuar el corte de cuentas, toda vez que no se trata de un lapso perentorio o preclusivo, en tanto permanece durante los dos (2) años siguientes al vencimiento de esa obligación, a saber, durante el período de caducidad para el ejercicio de la acción contractual, previsto en el art. 136 del CCA. De modo que esta competencia solo fenece con el transcurso de este último período o con el ejercicio de la acción dirigida a liquidar judicialmente el negocio jurídico -una vez se notifique el auto admisorio de la demanda-. (…) En el transcrito precepto negocial se previó el término de cuatro (4) meses para efectuar el finiquito bilateral del contrato. Mediante seis actas, los contrayentes acordaron extender dicho lapso hasta el 30 de septiembre de 2009, al cual se añaden los dos (2) meses contemplados en la Ley 446 de 1998, para que la entidad ejerciera la facultad de liquidar el negocio en forma unilateral. De modo que los plazos fijados para el finiquito se prolongaron hasta el 30 de noviembre de 2009; sin embargo, como ya se explicó, las partes conservaron la competencia para adelantar el corte de cuentas hasta el 1 de diciembre de 2011, esto es, durante el interregno del período de caducidad de dos (2) años, fijado en el art.136 del C.C.A. La Resolución 723, por medio de la cual la entidad liquidó unilateralmente el negocio jurídico se expidió el 28 de diciembre 2009. Esta fue recurrida por la contratista y, el departamento, a través de la Resolución 119 del 26 de marzo de 2010, la confirmó en todas sus partes. Este último acto fue notificado el 20 de abril de 2010. De modo que dicho finiquito fue elaborado y puesto en conocimiento de la parte interesada cuando el contratante aún contaba con la habilitación legal para proferir una determinación en tal sentido, por lo cual se constata que no se configuró el vicio de incompetencia reseñado por la sociedad. (…) El ordenamiento no prescribe un trámite particular a efectos de llevar a cabo el corte de cuentas de mutuo acuerdo, pero al tratarse de un convenio bilateral, debe estar presente el ánimo de ambos contrayentes, en aras de establecer el estado del negocio y si procede algún reconocimiento económico a favor de éstos, por lo que resultan ineludibles los acercamientos entre aquellos, a fin de lograr ese cierre definitorio. Contrario a lo reclamado por Licorsa, los insumos documentales dan cuenta de la interacción de los contrayentes dirigida a alcanzar el finiquito del pacto. (…) La liquidación del contrato interesa a ambos contrayentes, no solo a la entidad, por ello la consagración de la atribución a favor de la Administración de efectuar tal cierre integral de forma unilateral es una facultad supletiva, que sucede siempre y cuando no se logre un acuerdo con el contratista o cuando éste, pese a ser requerido, no comparece a efectuarla conjuntamente con aquélla. Al constatar que en el sub examine se presentaron las negociaciones tendientes a definir el estado de la relación negocial sin que se hubiere logrado una concertación entre los sujetos interesados, no hay lugar a señalar que se hubiere trasgredido la garantía del debido proceso de la sociedad; por consiguiente, este cargo no prospera. FUENTE FORMAL: Decreto 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136,Ley 1150 DE 2007,Ley 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44 NUMERAL 10 LITERAL d,Ley 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60,Ley 80 DE 1993 - ARTÍCULO 61 EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RIESGO EXTRAORDINARIO / HECHO IMPREVISIBLE / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / COSTOS GLOBALES / AFECTACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / RIESGO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Procede el restablecimiento del equilibrio económico de un contrato de concesión cuando las circunstancias alegadas como extraordinarias e imprevisibles corresponden a riesgos asignados al concesionario, quien asumió la ejecución del negocio por su cuenta y riesgo? Respuesta al problema jurídico: No El equilibrio económico del contrato es un principio que se concreta en el derecho -no exclusivo- del contratista de conservar las condiciones económicas surgidas al momento de proponer o contratar, (...) sino como un instituto que se activa ante un quebrantamiento extraordinario y grave de la correspondencia entre los derechos y obligaciones acordados por las partes, de la mano con la prueba de una pérdida real y anormal en la economía contractual (...). Su justificación se halla en la necesidad de garantizar la continuidad del servicio público -en sentido lato- y los intereses generales que están en juego en la contratación estatal (...). Esta institución se funda en la conservación de las condiciones de la ecuación convenida cuando se rompa o altere por causas no imputables a quien resulte afectado, pero no es un instrumento establecido para realizar el derecho de crédito basado en los comportamientos antijurídicos de las partes del contrato (incumplimiento). Si bien la ocurrencia de circunstancias imprevisibles o extraordinarias constituyen una condición necesaria para la ruptura del sinalagma, su acaecimiento no es suficiente para justificar una compensación. La entidad está obligada a restablecer dicho equilibrio solo si el evento genera una situación deficitaria o de pérdida en el balance financiero global pactado, (...) diverso a los compromisos y riesgos asumidos. La estructura económica pactada en el sub-lite, dada la naturaleza del tipo negocial, cobija el desarrollo del objeto por cuenta y riesgo del contratista, elemento esencial y diferenciador para la consolidación de la concesión, (...) cuando se acrediten eventos desencadenantes de su ruptura. El origen de los recursos empleados para financiar la ejecución del objeto material de la concesión y, especialmente, la responsabilidad de su consecución, constituye el aspecto distintivo de esta tipología de acuerdos, (...) en el que al concesionario le atañe suministrar los recursos para su despliegue (...), mientras que el Estado se obliga a las prestaciones acordadas que permiten al contratista recuperar su inversión (...) y obtener sus ganancias a través de los mecanismos permitidos por la ley. (...) [L]a estructura normativa que alude a una actividad por “cuenta y riesgo” del concesionario, responde a un sistema coherente de riesgos y responsabilidades, pues quien tiene a su cargo la planeación integral del proyecto es quien asume sus contingencias financieras, técnicas y operativas. El negocio jurídico celebrado entre el departamento y Licorsa incorporó una cláusula específica de distribución de riesgos (…). Dos componentes emergen de esta regla convencional. El primero, concreta la distribución de riesgos (...) con la expresa indicación de que la entidad “no asumirá ningún riesgo por la explotación del objeto de la licitación y del presente contrato”. Y el segundo, referente a la concurrencia de ambas partes, en impedir o frenar infracciones al régimen de monopolio de licores, así como medidas asignadas a la contratante para aprehender los productos que no acrediten el pago de la participación porcentual o que deriven de actividades de contrabando. Como los riesgos asignados forman parte de la equivalencia entre derechos y obligaciones surgida al momento de proponer o contratar (...), es decir, integran las condiciones económicas pactadas inicialmente, la constatación del rompimiento del sinalagma y el derecho a su restablecimiento por causas no imputables a quien resulte afectado, solo puede determinarse luego de atender la distribución de riesgos contractuales y su materialización en cada asunto particular (...). INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA COMPENSACIÓN / PROVISIÓN CONTABLE PARA CONTINGENCIAS / RIESGO PREVISIBLE / PRINCIPIO DE PREVISIBILIDAD / RIESGO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / VALOR DE VENTA AL PÚBLICO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES / BEBIDAS ALCOHÓLICAS / EMPRESA DE LICORES / AFECTACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CARGO DE NULIDAD / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Se configuró la ruptura del equilibrio económico del contrato de concesión por la disminución del consumo de aguardiente y la consecuente afectación de la cuota mínima anual de ventas, de manera que resultara procedente el reconocimiento de una compensación económica a favor del concesionario? Respuesta al problema jurídico: No La cuota mínima anual de ventas se refiere a la cantidad de botellas de aguardiente anisado (...) que la contratista se obligó a producir y a tener disponible para comercialización para cada anualidad, requisito de la concesión que le fue autorizada. Sobre esta asignación básica se calculaba la utilidad pactada a favor del departamento, así como su participación porcentual, independientemente de que Licorsa alcanzara o no a vender la totalidad del lote del producto exigido. Dicha cuota no se limita a una meta de producción a cargo de la sociedad, sino que denota una asignación objetiva para el modelo financiero del contrato, pues de ésta se siguen las contraprestaciones para el departamento al igual que toda la carga impositiva y costos de producción conexos al objeto de la concesión, razón por la cual cualquier variación en su definición, para aumentarla o reducirla, producía repercusiones directas en relación con la estructura acordada. (...) Mediante la Resolución No. 1722 del 23 de diciembre de 2005 (...), el departamento resolvió (...): ARTÍCULO TERCERO: Dispóngase la modificación del contrato No. 001 de 1997, (...) teniendo en cuenta el desequilibrio demostrado por el contratista y la autorización impartida por la honorable Asamblea Departamental mediante Ordenanza No. 023 de 2005, ajustando el contrato en un 15% de la cuota inicialmente pactada” (...). [L]a contratista manifestó su inconformidad en relación con el monto de la cuota mínima a partir 2005 (...) y, la segunda, relativa a la constatación de que ese reclamo fue remediado con la Resolución No. 1722 de 2005 y el Otrosí 1, consecuencial a ésta. En esa medida, el quebrantamiento de la ecuación económica que Licorsa aduce, se contrae a los años 2006 y 2007, períodos en los que no fue considerada su solicitud de reducción adicional a la cuota mínima de ventas. Al examinar las circunstancias externas aludidas como desencadenantes del fraccionamiento del sinalagma convencional, se encuentra que no corresponden a eventos imprevistos o extraordinarios. Inclusive, no lo fueron desde antes de la celebración del negocio jurídico. La teoría de la imprevisión exige que esos factores ajenos o exógenos a los contrayentes sean posteriores a la suscripción del contrato, imprevisibles, imprevistos o extraordinarios o, que pudiendo preverse, sus efectos se tornen impredecibles o sobrepasen lo pronosticado, alterando de forma anormal la ecuación contractual, hasta llevarla a un punto de déficit que exceda lo que el cocontratante haya podido y debido razonablemente anticipar, por lo que si se trata de un suceso prudentemente previsible (...) “no procede la aplicación de la teoría (...)”. Este esquema es diáfano en mostrar que la tendencia decreciente en el consumo de aguardiente se presentaba desde 1994, es decir, años antes a la suscripción del contrato. (...) Licorsa (...) debía conocer el curso del sector en que ejerce su actividad económica y productiva. (...) [N]o resultaba sorpresivo el descenso en las ventas de aguardiente, pues era una inclinación comprobada del comportamiento del mercado, anterior a la celebración del propio contrato. Así, al tratarse de una contingencia previsible, no le es dable escudarse en su ocurrencia para solicitar una compensación por la misma. Tampoco se probó que la disminución del consumo de la bebida alcohólica superara el riesgo razonablemente previsto. (...) Licorsa, al constatar la inclinación del mercado para los años anteriores al contrato, debió contemplar la reducción percatada para estos como un riesgo propio de su actividad. Si bien la contratista allegó un cuadro de proyección de reducción de ventas anuales, (...) lo cierto es que ese porcentaje fue remediado por medio del Otrosí 1 que se aplicó a partir de la asignación de 2005 -que redujo la cuota en un 15%- y Licorsa no demostró que esa modificación contractual resultara insuficiente para mantener la economía negocial. Se agrega a lo anterior que al plenario no fue aportada la propuesta que formuló la sociedad, a fin de conocer los valores de la estructura del negocio jurídico que estaban definidos para absorber contingencias, imprevistos y riesgos propios de la producción y comercialización de licores respectivo -al que era inherente el riesgo de demanda que venía teniendo la actividad concesionada años atrás- de modo que, tampoco hay un referente que permita analizar el impacto en la utilidad que proyectaba percibir, generando un escenario de pérdida para la demandante (...). Al no acreditarse que los factores externos aducidos por la demandante como desencadenantes del fraccionamiento de la economía negocial, esto es, el comportamiento del mercado, fueron imprevisibles, ni un estado deficitario producto de la ejecución negocial, con la precisión de que las circunstancias aludidas por aquella fueron remediadas desde 2005 (...), se negará el reclamo examinado en este acápite. CONTRATO DE CONCESIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / PROMOCIÓN EN VENTAS / ACTIVIDAD EMPRESARIAL / SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN / COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS / VALOR DE VENTA AL PÚBLICO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES / ACTIVIDAD DE MERCADEO / ESTRATEGIA DE MERCADEO / PUBLICIDAD DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS / RIESGO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONFIGURACIÓN DEL RIESGO PROPIO DEL SERVICIO / DEBERES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / DEPARTAMENTO / ENTIDAD TERRITORIAL / ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTENIDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO / COMPENSACIONES Problema jurídico: ¿Procede el reconocimiento de una compensación económica a favor del concesionario por el incumplimiento de la entidad contratante en la fijación de la cuota de promoción y degustación, cuando dicha situación fue objeto de medidas de corrección acordadas entre las partes y las actividades de promoción y comercialización correspondían a riesgos inherentes a la explotación de la concesión? Respuesta al problema jurídico: No Licorsa reclamó que el departamento se negó a reconocer la cuota de degustación y promoción del producto, pese a que en el contrato se pactó que los contrayentes suscribirían un acuerdo donde ésta se estipularía al comienzo de cada año. Esa omisión de la entidad obligó al concesionario a usar sus propios recursos, a fin de promover el aguardiente Doble Anís (...). Más allá de que la enunciación del cargo aduzca la ruptura del equilibrio prestacional, lo cierto es que el fundamento que lo respalda se inscribe en la figura de incumplimiento, pues versa sobre la desatención del departamento respecto de lo pactado en el contrato en relación con esta cuota, y de ahí deriva los perjuicios pretendidos. (...) Los insumos probatorios son reveladores de que el departamento reconoció la inobservancia de su compromiso en la definición de la cuota de degustación de 2000 a 2004, y que el ánimo de rectificación debía concretarse a través de medidas relacionadas con el no pago del consumo y/o la reducción de la cuota mínima de ventas, todo lo cual, dio lugar a la suscripción de la modificación acordada. Aquella resolución refirió en específico que la actividad de promoción y degustación estaba a cargo de Licorsa en el marco de la habilitación otorgada para la explotación de licores. Emerge de lo anterior que el hito de remediación entre las partes se sitúa en el acto administrativo contenido en la Resolución 1722, cuyas determinaciones, en conjunto con sus motivaciones, quedaron cobijadas por la presunción de legalidad atribuida a los actos administrativos, pues no se promovió sobre aquella un juicio de ilegalidad. Tal aptitud se proyecta y confirma en el Otrosí 1, en tanto allí las partes pactaron las medidas necesarias para contener las problemáticas a las que hizo referencia aquel acto administrativo, adquiriendo efectos normativos entre ellas (...). En este orden de ideas, no hay lugar a desconocer la obligatoriedad de los actos jurídicos que superaron la inobservancia advertida en punto a la fijación de la cuota de promoción del producto, por cuanto no se desvirtuó la presunción de legalidad de la resolución, las partes no desconocieron los efectos del otrosí 1, ni se configuró algún evento que lo invalidara. Se agrega que la labor de promoción del producto corresponde a una actividad inherente a la actividad concesionada para mantener su papel en el mercado e impulsar un mayor consumo entre sus clientes (...). De modo que Licorsa no puede pretender atribuir la carga del marketing del producto al departamento (...). La concesión, al tratarse de un modelo de inversión financiera, contempla todas esas tareas conexas a la actividad principal, que redundan en la debida explotación económica de aquella (...). Cuando el concesionario es el que se encarga del desarrollo de la actividad económica, con todas las contingencias enlazadas a ésta, resulta en un contrasentido que reclame a la entidad las alteraciones propias o normales del mercado, así como las herramientas que usó para posicionar el producto ante los consumidores. (...) [L]e correspondía asumirlas al contratista, por ser inherentes a la actividad empresarial que operaba. Licorsa no demostró que los estímulos a la promoción y mercadeo del licor excedieran lo que, bajo condiciones normales, debe implementar cualquier otro actor del sector, (...) por lo que no se advirtió que hubiere tenido que superar lo que de forma regular ejecuta una empresa para promover y comercializar su producto. Por todo lo expuesto, la Sala no accederá a este cargo. PAGO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO / SERVICIO DE BODEGAJE / VALOR NOMINAL / CORRECCIÓN MONETARIA / RECONOCIMIENTO DE LA CORRECCIÓN MONETARIA / CÁLCULO DE LA CORRECCIÓN MONETARIA / MECANISMOS DE CORRECCIÓN MONETARIA / INFLACIÓN / UNIDAD DE PODER ADQUISITIVO CONSTANTE / PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA / INDEXACIÓN / CONCEPTO DE INDEXACIÓN / NATURALEZA JURÍDICA DE LA INDEXACIÓN / EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / DEVALUACIÓN DE LA MONEDA / RECONOCIMIENTO DE LA INDEXACIÓN / PROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN Problema jurídico: ¿Procede la indexación de la suma reconocida por concepto de arrendamiento de las instalaciones utilizadas para el bodegaje de los productos, aun cuando su actualización monetaria no haya sido pactada expresamente, con el fin de preservar el valor real de la obligación y garantizar la plenitud del pago? Respuesta al problema jurídico: Si [C]on ocasión de la existencia de productos remanentes de la extinta licorera, el departamento se comprometió, mediante acta del 11 de marzo de 1998, a buscar que éstos fueran exonerados de la participación porcentual como vehículo de impulso para su venta y, en caso de que no se autorizara tal beneficio, el departamento se obligó a pagar un canon mensual de arrendamiento a Licorsa, por las instalaciones empleadas para guardar estos licores, por el monto de $200.000. (…) La corrección monetaria es el procedimiento mediante el cual se actualiza el valor de la deuda, en aras de compensar la depreciación que el dinero sufre, ante el fenómeno inflacionario ocurrido con el paso del tiempo. No se trata de una nueva reclamación o prestación a cargo del deudor, sino un aspecto implícito frente a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda para que el quantum no se vea disminuido por los efectos de la economía. El art. 1626 del C.C. consagra que el pago, como medio extintivo de las obligaciones, es efectivo cuando acontece “la prestación de lo que se debe”. A su vez, el art. 1627 ib. prevé que éste debe realizarse “en conformidad al tenor de la obligación”. El cumplimiento de las obligaciones dinerarias bajo el principio nominalista -que considera la inmutabilidad del valor nominal de las obligaciones- ha sido abordada en múltiples oportunidades por la jurisdicción ordinaria (…). Ello significa que la pérdida del poder adquisitivo del dinero debe ser tenida en cuenta como una variable para el acatamiento pleno de las obligaciones pactadas bajo ese concepto (es decir, en términos de sumas dinerarias). La anterior manifestación, no desconoce la autonomía de las partes para determinar el contenido económico de sus obligaciones contractuales, lo que hace es poner de presente la depreciación o desvalorización que la inflación produce frente al dinero, reduciendo su valor con el paso del tiempo, sin contemplar una obligación distinta o adicional a la estipulada por los contrayentes. Para que el pago produzca el efecto solutio de cara a la prestación, y con ello la liberación de la responsabilidad implicada en la observancia del mandato convencional, es menester que aquel incluya el reconocimiento de la depreciación monetaria, mediante su actualización (…). Así las cosas, la Sala accederá a la petición de indexación de la suma de $15’333.333, establecida por la entidad a favor de la contratista, por concepto del arrendamiento de las instalaciones usadas para guardar los saldos de la extinta licorera del departamento. En el acápite correspondiente, se actualizará esta cifra desde el momento en que cobró firmeza la decisión que la reconoció bajo su valor nominal. FUENTE FORMAL: Ley 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1626,Ley 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1627 EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RECONOCIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO / MONOPOLIO DE ALCOHOL / MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LICORES / MONOPOLIO ESTATAL DE LICORES / CONTRATO DE CONCESIÓN / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO EXTRAORDINARIO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / RIESGO ECONÓMICO DEL CONTRATO / PARTICIPACIÓN EN EL CONSUMO DE LICORES / PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN / PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN LOS CONTRATOS DE ALCOHOLES / DEPARTAMENTO / ENTIDAD TERRITORIAL / GRAVAMEN DEL IMPUESTO / ASAMBLEA DEPARTAMENTAL / TARIFA PARA PARTICIPACIÓN / ORDENANZA DEPARTAMENTAL / TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE / ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL / ACTO ADMINISTRATIVO DEL ORDEN DEPARTAMENTAL / CONTRATANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Se configuró la ruptura del equilibrio económico del contrato por hecho del príncipe como consecuencia de la modificación de la participación del departamento en el monopolio de licores, al punto de generar una alteración grave y extraordinaria de la ecuación financiera del contrato? Respuesta al problema jurídico: No La participación porcentual, al ser la remuneración pactada a favor del departamento, (...) se trata de una compensación independiente a la carga impositiva de dicha actividad. En el contrato se pactó que aquella ascendía al 36% del valor promedio de los aguardientes anisados en el mercado, (...) De modo que su fijación correspondió a un porcentaje determinado (36%), cuya base de aplicación era variable, en atención al precio ponderado de los aguardientes en el territorio nacional. La Ley 788 de 2002 estableció, en su art. 51, que la participación de los departamentos debe calcularse según el grado alcoholimétrico de la bebida, sin que sea inferior al impuesto al consumo. Esa tarifa le corresponde fijarla a cada Asamblea Departamental dentro de su circunscripción. Así, la antedicha ley varió el modo de determinación esa remuneración, pasando de la fijación porcentual con base en el precio promedio de venta del mercado, a su establecimiento según su grado alcoholimétrico (...). La Asamblea Departamental del Huila expidió la Ordenanza 31 de 2006, mediante la cual modificó la tarifa de participación de la entidad en el monopolio de licores destilados. (...) aquella Corporación actúo (...) como titular del monopolio de licores dentro de su jurisdicción; es decir, se trata de un rol que difiere al de contratante del acuerdo de voluntades en estudio. (…) El reproche de Licorsa estriba en que la mencionada resolución constituyó un hecho del príncipe, al romper el equilibrio prestacional del contrato, pues se incrementó el valor de la participación por grado alcoholimétrico por encima de lo previsto en la Ley 788 de 2002. (...) Se concibe entonces como una decisión de carácter general que profiere la misma autoridad que suscribió el contrato, pero no en su condición de contrayente, sino de autoridad administrativa, que repercute de forma directa en la relación jurídica, produciendo su alteración económica, sin que la misma se hubiere podido prever al momento de la celebración del contrato. (...) La concreción del instituto del hecho del príncipe requiere la concurrencia de los siguientes elementos (...): i) La expedición de un acto general y abstracto, por parte de la misma entidad que suscribió el contrato, pero no en su condición de parte sino de autoridad administrativa. ii) La incidencia directa o indirecta del acto en el contrato, tornando más gravosa su ejecución para uno de sus contrayentes. iii) La alteración extraordinaria o anormal de la ecuación financiera como consecuencia de la vigencia del acto. iv) La expedición de dicho acto debió ser razonablemente imprevista para las partes y por ello no fue tenido en cuenta al momento de su celebración. Al confrontar los anteriores supuestos con la Ordenanza 31 de 2006, se encuentra que: (i) efectivamente, esta se trata de un acto administrativo general, (...) proferida por la contratante, pero en ejercicio de sus funciones administrativas (...); (ii) dicha determinación tiene un reflejo en el modelo económico del pacto, en tanto varía la forma de calcular el mecanismo de retribución (...); (iii) al momento de la suscripción del negocio jurídico, la normativa preveía que dicha participación se fijaba en proporción al precio de venta del producto y no con base en sus grados alcoholimétricos, sin que (...) las partes contaran elementos de juicio que les permitiera anticipar dicho cambio; (iv) sin embargo, no se demostró que la aplicación de la ordenanza en cuestión alterara de forma extraordinaria la correlación y equivalencia de las prestaciones convenidas (...). [N]o se comparte la censura de la sociedad consistente en que el acto administrativo estableció un impuesto al consumo superior al previsto en la Ley 788 de 2002 (...), porque lo que hizo fue fijar la tarifa de participación del departamento en el monopolio rentístico de licores. (...) Licorsa se limitó a señalar que la ordenanza superó la previsión del Legislador, pero no demostró si ese nuevo mecanismo de cálculo de la participación lo perjudicó económicamente. (...) Era necesario demostrar que ese cambio en la forma de calcular la participación de la entidad tornó excesivamente oneroso el acuerdo, rebasando el alea normal y previsible asumida por el contratista y provocando un estado de déficit de éste, pero ello no se probó. (...) [N]o se demostró que el contraste entre lo dispuesto en la ley y la ordenanza produjera un menoscabo grave para la sociedad, y su proyección integral en el negocio jurídico. De modo que no existen bases ni argumentos que permitan acceder al reclamo examinado, por lo que la Sala no accederá a esta pretensión. FUENTE FORMAL: Decreto 1222 DE 1986 - ARTÍCULO 121,Ley 14 DE 1983 - ARTÍCULO 67,Ley 788 DE 2002 - ARTÍCULO 51 CONTRATO DE CONCESIÓN / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / HECHO IMPREVISIBLE / RIESGO EXTRAORDINARIO / RIESGO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / COSTOS DE PRODUCCIÓN / REFORMA TRIBUTARIA DE 2004 / REFORMA TRIBUTARIA DE 2000 / IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS / IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLE EN LA PRODUCCIÓN DE LICORES / COBRO DE IVA EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS / ACCESO A BENEFICIO TRIBUTARIO / IMPUESTO DIRECTO / TRASLACIÓN DEL IMPUESTO / PRECIO GLOBAL DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA COMPENSACIÓN / ABANDONO COLECTIVO DE LAS ARMAS Problema jurídico: ¿Se configuró la ruptura del equilibrio económico del contrato de concesión como consecuencia de la modificación del régimen del IVA aplicable a la producción de licores, al restringirse el beneficio del IVA descontable para los productores privados, de manera que dicha circunstancia hubiera generado una afectación grave de la ecuación económica del contrato que justificara su restablecimiento? Respuesta al problema jurídico: No Licorsa sostuvo que con la implementación de la reforma tributaria de 2002 (Ley 788) acaeció un supuesto imprevisible al momento de contratar relacionado con la forma de calcular el IVA y su incidencia en el costo de producción del licor, generando un desbalance en la ecuación económica que cimienta el negocio jurídico (...). El IVA -impuesto de valor agregado- (...) tiene la naturaleza de un impuesto indirecto (...) y, además, es aplicado a las distintas fases del ciclo económico, es decir, producción, importación y distribución. (...) La discusión en este aparte estriba en que la reforma tributaria de 2002 tornó improcedente el descuento del IVA que podían hacer todas las empresas de licores en la fase de producción del aguardiente, alterando con ello las bases económicas con las que Licorsa planteó su propuesta y, posteriormente, celebró el contrato. (...) El art. 54 de la Ley 788 de 2002 (...) consagró que el IVA quedaría incorporado en la tarifa del impuesto al consumo, o dentro de la tarifa de la participación, según el caso (...). [N]o se halla razón al reproche de Licorsa, consistente en que debió aplicársele el beneficio contemplado en el art. 54 de la Ley 788 de 2002 para los productores oficiales, por cuanto no era sujeto del mismo, al ser una persona jurídica de derecho privado que carece de la aludida connotación (...). La aplicación del IVA descontable únicamente a favor de las licoreras oficiales significó un trato diferenciado frente a las empresas que no tenían tal carácter (...), pero constitucionalmente avalado (...). Aunque la modificación en la forma de calcular el IVA para la actividad de explotación de licores constituyó, en lo que atañe a los actores privados, un hecho novedoso e imprevisto, que restringió el descuento de dicho gravamen del valor final de la operación, (...) dicho aserto no es, por sí solo, idóneo para probar un estado de pérdida en la economía global del negocio jurídico (...). En los impuestos indirectos, como el IVA, opera un fenómeno denominado traslación tributaria (...), en donde los sujetos pasivos, son los productores, los fabricantes, los importadores, los vendedores, entre otros, pero quienes asumen la carga económica final del mismo son los consumidores (...). Si bien el art. 54 de la Ley 788 de 2002 restringió descontar al valor final del gravamen, que las licoreras privadas pagaron bajo ese título, como costo o gasto en su proceso de producción, lo cierto es que la cifra final del tributo es asumida por el consumidor, al desembolsar el precio del aguardiente. La licorera opera como el deudor legal ante la Administración, pero finalmente no sufraga todo el impuesto, lo hace el consumidor con cada venta. El aumento en los costos de producción ante la imposibilidad de descuento del IVA pagado en la fase inicial del licor pudo ser superado con el aumento del precio del producto, ya que Licorsa no estaba atada a un valor o límite particular, tenía libertad para establecerlo. (...) [E]l referido incremento en la fase de producción del aguardiente, pudo ser registrado como un mayor costo del bien final -en términos contables-, derivando en una menor base del impuesto de renta, si la sociedad no aumentó su precio de venta al público. (...) [E]l argumento de la sociedad consistente en la improcedencia del aumento del precio licor anisado, dada su competencia en el mercado con otras bebidas embriagantes, no evidencia un estado de déficit en la ecuación negocial, sino una posible reducción de las utilidades del concesionario. En este orden de ideas, no se probó que la eliminación del beneficio del descuento del IVA, causado en la fase de producción del licor anisado, produjera un detrimento, hasta un estado de pérdida, de cara a las condiciones bajo las cuales se pactó el negocio jurídico; (...) esos mayores costos no previstos (...) fueron contenidos con el fenómeno de la traslación tributaria, y la libertad de precios que Licorsa tenía a su alcance. (...) Licorsa no soportó un razonamiento que derribará tal manifestación de la entidad, en tanto su reproche se centró en la aplicación o no de la connotación de productor oficial y la eliminación del beneficio del IVA descontable para la implementación de este tributo, pero nada dijo en torno la inclusión del IVA dentro del impuesto al consumo y sus efectos de cara al sinalagma convencional. Ante la falta de contradicción de lo decidido por la contratante en este aspecto, no hay lugar a derribar la presunción de legalidad que acompaña esa determinación de la Administración (...). En esa medida, no tiene vocación de prosperidad el reproche fundado en la restricción al descuento del IVA, por lo que esta petición será negada. FUENTE FORMAL: Ley 788 DE 2002 - ARTÍCULO 54 PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RIESGO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RIESGO PREVISIBLE / PRINCIPIO DE PREVISIBILIDAD / OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / COSTOS DE PRODUCCIÓN / PRODUCCIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS / MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LICORES / IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES / TARIFA DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES / CAUSACIÓN DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES / SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO AL CONSUMO / MONOPOLIO ESTATAL DE LICORES / FUNCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL / ESTAMPILLA / ETIQUETA DEL PRODUCTO / INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LA LEY / OBLIGACIONES DEL CONTRATO / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / IMPROCEDENCIA DE LA COMPENSACIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Se configuró una ruptura del equilibrio económico del contrato de concesión por los costos derivados de la obligación de estampillado del licor impuesta por la entidad contratante, cuando dicha exigencia correspondía a una contingencia normativa preexistente y previsible y no se acreditó que hubiera generado una afectación económica adicional para el concesionario? Respuesta al problema jurídico: No La contratista sostuvo que el departamento le impuso la obligación de asumir el proceso de estampillado del aguardiente (...). Por este ítem solicitó la compensación de $59’006.000 (más su actualización monetaria e intereses). A través de la Resolución 723 de 2009, la entidad aseveró que dicha señalización materializó las facultades de control y vigilancia que tiene frente al monopolio de licores del que es titular; además, la aludida norma consagró esa atribución a su favor (...). La Sala no comparte el reproche de la contratista. Desde la suscripción del negocio jurídico Licorsa reconoció que el mismo se sujetó al EGCAP y, en lo que atañe al monopolio rentístico, a “los artículos 336 de la Constitución Política, 61 y subsiguientes de la Ley 14 de 1983 y 121 del Código de Régimen Departamental, y las normas reglamentarias y departamentales que se deriven de las normas citadas en esta cláusula” (...). [E]l ordenamiento jurídico contaba, desde mucho antes de la suscripción del contrato, con unas reglas claras en torno a la tarea de etiquetado de las bebidas alcohólicas, las que concernía ejecutar al fabricante, importador o envasador del producto (...); por tanto, no es cierto que la obligación de situar un rotulado en las botellas de aguardiente Doble Anís resultara en una carga adicional o novedosa en el despliegue del negocio jurídico, la falta de su mención específica dentro de las obligaciones de Licorsa, no conllevaba a pasar por alto los compromisos que, por ley, debía asumir el contratista en su condición de fabricante de bebidas alcohólicas. La explotación de la concesión implicaba su desarrollo, con base en todas las normas especiales que regulan esa actividad económica. (...) El art. 218 de la Ley 223 de 1995 determina que los sujetos activos del impuesto al consumo de licores (...), “podrán establecer la obligación a los productores importadores de señalizar los productos destinados al consumo en cada departamento y el Distrito Capital”, por lo que esta norma no hizo más que añadir un elemento adicional al rotulado ya contemplado en el ordenamiento (...). [E]l mandato del art. 218 de la Ley 223 de 1995, otorgó al sujeto activo del impuesto al consumo la posibilidad de imponer o no la obligación de etiquetado de los productos gravados con ese tributo. De modo que no se trató de un evento súbito, repentino o inesperado sino, justamente, en la concreción de una opción consagrada en el ordenamiento jurídico antes de la celebración misma del contrato sub examine, y que, por ende, era plausible de ser activada por la entidad. En este caso sucede que la demandante conocía o debió conocer, antes de la celebración del contrato, que el departamento podía exigir ese requisito adicional a las etiquetas o rótulos de las bebidas alcohólicas, pues el art. 218 de la Ley 223 de 1995 (...), norma que se entiende incorporada al contrato por ser expedida antes de su celebración (...), así lo consagraba (...). La expedición de la Resolución 343 del 30 de julio de 2001 (...) no hizo más que materializar esa autorización que el Legislador determinó, lo cual debió ser concebido como una contingencia normativa, cuya realización podía acontecer, en tanto no hace más que desarrollar la ley. (...) [L]o exigido a la sociedad en este aspecto no versó sobre el ejercicio de la prerrogativa de modificación unilateral en cabeza de la contratante (...). Licorsa no acreditó que el requerimiento concerniente a la señalización del licor excediera lo que regularmente se exige a los agentes del mercado que se ubican en el mismo escenario o que estuviere fuera de las instrucciones de etiquetado previstas en el ordenamiento. (...) [E]l estampillar las botellas del producto (...) no tuvo la virtualidad de producir un desbalance en la economía negocial, en tanto que no se probó siquiera, en qué medida esa indicación adicional afectó los costos de etiquetado que ya venía realizando, en virtud de la producción y comercialización del aguardiente. (...) Para la Sala, la determinación del departamento refleja un entendimiento sistemático del artículo 218 de la Ley 223 de 1995, en tanto que se enlazó con la naturaleza y elementos constitutivos del impuesto al consumo (...). Su comprensión no se limitó a la lectura de ese único artículo, sino a su contextualización con los demás componentes del ordenamiento que desarrollan el gravamen (...). Por todo lo explicado, este cargo carece de vocación de prosperidad. FUENTE FORMAL: Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 336,Ley 14 DE 1983 - ARTÍCULO 61,Ley 223 DE 1995 - ARTÍCULO 218 EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ESTAMPILLA PRO DEPARTAMENTAL / FINALIDAD DE LA ESTAMPILLA PRO DEPARTAMENTAL / TASA PARAFISCAL / CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL / COBRO DE LA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL / ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSIDAD / ESTAMPILLA PRO CULTURA / REALIDAD TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO / PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA / PROCEDENCIA DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES / ACTO ADMINISTRATIVO DEL ORDEN DEPARTAMENTAL / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD / ACTO ADMINISTRATIVO DE CONTENIDO NO TRIBUTARIO / DEMANDA TRIBUTARIA / DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO NO DEBIDO / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DE LA COMPENSACIÓN / CONTROL ABSTRACTO DE LEGALIDAD / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿El cobro de estampillas departamentales durante la ejecución del contrato de concesión produjo una ruptura del equilibrio económico contractual que justificara una compensación a favor del concesionario, pese a no haberse controvertido la legalidad de dichos gravámenes ni demostrado una afectación grave de la ecuación económica del negocio? Respuesta al problema jurídico: No Licorsa señaló que el departamento recaudó $1.317’220.540 (...) por concepto de estampillas, sin que existiera justificación legal para ello. (...) Las estampillas (...) son tasas parafiscales (...), originadas en “la realización de un acto jurídico, cual es la suscripción de un contrato con el Departamento, que se causan sobre un hecho concreto y que por disposición legal tienen una destinación específica” (...). El poder de imposición, esto es, el de establecer contribuciones fiscales y parafiscales fue asignado al Congreso de la República, por parte del Constituyente -artículo 150.12 de la Constitución Política-. Este se comparte de manera derivada con las corporaciones de representación popular de las entidades territoriales (las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales) -art. 338 de la Carta Política-. El ejercicio de esta atribución por parte de estas últimas está circunscrito a la Constitución y la ley, lo que denota que su marco impositivo debe desplegarse con previa expedición de una ley de autorizaciones y esos tributos deben ajustarse a la normativa superior, sin reemplazarla o extralimitarla. (...). Las estampillas pro-electrificación rural, pro-desarrollo departamental, prouniversidad Surcolombiana y pro-cultura tienen como fuente una norma expedida por la Asamblea Departamental (...). De modo que si Licorsa consideró que las mismas desconocían o contrariaban el marco legal (...), le correspondía solicitar su nulidad, a través del contencioso objetivo de legalidad (...). A la Sala no le atañe pronunciarse sobre este aspecto, esto es, efectuar un control abstracto de legalidad, pues la demandante no fundó sus petitum en ese sentido -un actuar distinto configuraría un fallo incongruente. Al lado de lo anterior, la normativa tributaria contempla mecanismos especiales para que los contribuyentes puedan solicitar las sumas dinerarias que, en su parecer, cancelaron indebidamente, ya sea, por ejemplo, porque fue mal liquidado el gravamen o no se configuraron los elementos que daban lugar a su causación. (...). Al entender la censura de la demandante como un reproche frente a la totalidad de lo pagado por este concepto, es claro que ésta desconoció el compromiso que asumió frente a los impuestos, tasas y contribuciones derivados del contrato (...) -ante la falta de declaratoria de nulidad de esos gravámenes, los mismos conservan su plena validez–; además, si se interpreta que su reproche versó sobre los efectos económicos de las estampillas frente al sinalagma prestacional, (...) lo cierto es que no probó en qué medida aquel valor desestabilizó la correlación prestacional, hasta conducirla a un estado de pérdida contable. (...) Puesto que las reclamaciones de la demandante se limitan a determinados períodos de ejecución del contrato y no abarcan la totalidad de las sumas pagadas por estampillas, tampoco se acreditó que esos cobros hubieran afectado de manera grave el equilibrio económico del negocio jurídico. Respecto de la estampilla procultura, (...) fue liquidada pero no pagada por la contratista, de modo que ésta no podía exigir alguna compensación por la misma y Licorsa no demostró lo contrario. Por lo expuesto, se negará este cargo. FUENTE FORMAL: Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 150.12,Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 338 IMPROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO NO DEBIDO / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / RECONOCIMIENTO DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN / CONSIGNACIÓN BANCARIA / DESCUENTO DEL IMPUESTO DE ESTAMPILLA / PAGO DE ESTAMPILLA / FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPUESTO DEPARTAMENTAL / GRAVAMEN DEL IMPUESTO Problema jurídico: ¿Procede la devolución de una suma consignada por error a la entidad contratante, si dicho valor fue imputado al pago de una obligación vigente por concepto de estampillas y esa imputación fue definida mediante un acto administrativo en firme? Respuesta al problema jurídico: No La demandante aseveró que consignó por error $96’946.000 a la entidad, pero esta última se abstuvo retornarle esa suma, en tanto que la imputó al rubro de estampillas. Dijo que no había lugar a compensar ese monto bajo ese gravamen, por cuanto este era improcedente. A través de la Resolución No. 119 de 2010, el departamento señaló que con la Resolución No. 10 de 2008 definió este aspecto y dicho acto no fue recurrido por parte de Licorsa. En escrito G.G. 268 - 2007 del 31 de octubre de 2007, la contratista le solicitó al departamento“... la devolución a la mayor brevedad de $96.946.000… consignados erradamente el pasado lunes 29 de octubre, en las cuentas mencionadas” (...). Basta con examinar el pronunciamiento de la entidad, para advertir que ya resolvió este aspecto, a través de un acto administrativo en firme. Situación que no refutó la sociedad. Igualmente, al examinar el récord de lo cobrado por estampillas -traído de presente en el acápite anterior- se encuentra que esos $96’946.000 fueron abonados al recaudo de estas para el segundo semestre de 2006, por lo que, al no probarse la falta de justificación en el cobro de dichas tasas, se encuentra razón al abono de la mencionada suma a una deuda vigente a su cargo; por consiguiente, este cargo tampoco prospera. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / SERVICIO DE BODEGAJE / RECONOCIMIENTO DE LA CORRECCIÓN MONETARIA / RECONOCIMIENTO DE INTERESES / CAUSACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO / TASA DE INTERÉS MORATORIO / IMPROCEDENCIA DE LA COMPENSACIÓN / NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CANON DE ARRENDAMIENTO / INDEXACIÓN Problema jurídico: ¿Procede modificar la liquidación unilateral del contrato para reconocer al contratista el valor adeudado por concepto de arrendamiento de las bodegas, con su correspondiente actualización monetaria e intereses moratorios, y declarar la nulidad parcial de los actos administrativos de liquidación, sin efectuar la compensación de obligaciones ante la falta de certeza sobre su exigibilidad actual? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala modificará el corte de cuentas elaborado por la entidad, a efectos de reconocer a Licorsa la suma de $15’333.333, correspondiente al bodegaje de los saldos de la extinta licorera del Huila, con su corrección monetaria e intereses correspondientes -esto es, la censura que prosperó en el sub-lite-. En esa medida, el monto aludido -$15’333.333- se actualizará y se calcularán los intereses de mora causados -el doble del interés legal civil (12%)-, desde el momento en que esta obligación se tornó exigible e incurrió en mora el deudor, esto es, a partir del 21 de abril de 2010, día siguiente a la fecha en que cobró firmeza la Resolución 119 de 2010 (…). Al advertir que el corte de cuentas efectuado por el departamento comprendió obligaciones a favor de uno y otro contrayente, se podría colegir que procede la compensación entre ellas, de conformidad con el art. 1714 del Código Civil. Sin embargo, como no se tiene certeza de que ambas prestaciones sean actualmente exigibles -que es uno de los elementos que exige dicha figura, según el art. 1715 ib., en tanto la sociedad pudo haber acatado el artículo segundo de Resolución 723 de 2009 que estableció como valor a su cargo y a favor del departamento la suma de $339’748.000, por concepto de las estampillas causadas, la decisión de esta Sala se circunscribirá a declarar la nulidad parcial de las resoluciones enjuiciadas, únicamente en lo que atañe a la reclamación por arrendamiento de las bodegas de que trata el artículo tercero de la citada resolución. En lo demás se mantienen incólumes las decisiones enjuiciadas. (…) En los mismos términos fijados en esta providencia se declarará la nulidad parcial de la Resolución 119 de 2010 -que confirmó en todas sus partes la Resolución 723 de 2009- únicamente en relación con el cargo que prospera. FUENTE FORMAL: Ley 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1714,Ley 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1715 IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE MALA FE Problema jurídico: ¿Debe abstenerse el juez de imponer condena en costas cuando no se encuentra acreditada una actuación temeraria o de mala fe de las partes durante el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998. FUENTE FORMAL: Decreto 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171,Ley 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55