Sentencia C.E. 47001-23-33-000-2017-00379-01 (2026)

CONSEJO DE ESTADO 47001-23-33-000-2017-00379-01 SENTENCIA SUSTENTO NORMATIVO : LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 / CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NORMA DEMANDADA : FECHA : 21/09/2026 SECCION : SECCION TERCERA SUBSECCIÓN A PONENTE : JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ ACTOR : UNIÓN TEMPORAL PAE MAGDALENA SOCIAL 2017, COOPERATIVA DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS DE COLOMBIA, ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ , FUNDACION PROSERVCO DEMANDADO : UNION TEMPORAL PAE MAGDALENA 201, CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA Y COLOMBIA – CORDIMAG, CORPORACIÓN REGIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL, ECOALIMENTOS S.A.S., ASOCIACION EMPRESARIAL DE SUMINISTRO Y SERVICIOS VARIOS – ASOEMPRESERVAR, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DECISION : REVOCA TEMA : MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / OFERTA / SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / TÉRMINO PARA LA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / REGLAS PARA LA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Problema jurídico: ¿La Unión Temporal PAE Magdalena 2017 presentó extemporáneamente la subsanación de su propuesta, vulnerando el principio de transparencia, pese a la ampliación del plazo establecida en la Adenda 12? Respuesta al problema jurídico: No La Sala considera que el primer argumento carece de fundamento fáctico. Revisado el texto de la demanda, la parte actora sustentó la presunta violación del principio de transparencia, art. 24. 5, literales a y b de la Ley 80 de 1993 (...) Acorde a lo anterior, el Tribunal de primera instancia abordó el estudio de la presunta extemporaneidad de la subsanación, y descartó el dicho del actor al estar acreditado que mediante adenda 12 del 24 de agosto de 2017 se modificó el cronograma por inconvenientes con la plataforma SECOP I, por lo que se extendió el plazo para publicar el informe de evaluación hasta el 25 de agosto de 2017 y, en consecuencia, la fecha para presentar observaciones y subsanar las propuestas se prolongó hasta el 1 de septiembre siguiente. Esta Sala no pasa por alto que el demandante actúa de forma contradictoria al desconocer en el escrito de apelación los argumentos sobre los cuales sustenta sus pretensiones y que fueron debidamente estudiados por el a quo. No resulta admisible que se pretenda variar el sentido de los cargos esgrimidos en la demanda para forzar un fallo favorable en segundo grado, afirmando que hubo un indebido entendimiento del objeto del litigio cuando la parte tiene absoluta claridad de lo que alegó como fundamento del medio de control ejercido. Por ende, este argumento no está llamado a ser considerado favorablemente. FUENTE FORMAL: Ley 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE / EXPERIENCIA CONTRACTUAL DEL PROPONENTE / CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN DEL OFERENTE Respuesta al problema jurídico: No Esta Subsección ha sostenido de forma reiterada que los requisitos habilitantes corresponden a exigencias básicas que debe acreditar el proponente para cumplir con el contrato, se refieren a factores como la experiencia y la capacidad financiera, jurídica y de organización de los oferentes, los cuales no otorgan puntaje puesto que solo son objeto de verificación por parte de la administración; es decir, sirven como criterios útiles que comprueban la idoneidad del contratista y conducen a definir sobre la admisión o rechazo de una propuesta, en atención a unas condiciones mínimas que se exigen para ejecutar el objeto a contratar. Por ende, al tratarse de elementos que especializan la libre concurrencia al proceso de selección, se entienden razonables en función del interés general y se proyectan como criterios necesarios para constatar la idoneidad del oferente; de modo que lo allí exigido debe ser adecuado y proporcional a la naturaleza y objeto del contrato y a su valor. MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE / SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / REGLAS PARA LA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / OFERTA MEJORADA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / DESCONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE LA SELECCIÓN OBJETIVA EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA Problema jurídico: ¿La documentación presentada por la UT PAE Magdalena 2017 para subsanar las deficiencias de los requisitos habilitantes de vehículos y bodegas constituyó una mejora de la oferta y, al ser avalada por la entidad territorial, vulneró los principios de selección objetiva e igualdad entre los oferentes? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a documentación que allegó la UT PAE Magdalena 2017 para subsanar las deficiencias encontradas por la entidad respecto a la acreditación de los requisitos habilitantes de vehículos y bodegas, más que entregar los certificados, seguros y contratos faltantes, se orientó a cambiar casi la totalidad de los ítems presentados con la oferta. Actuación que implica una mejora de su ofrecimiento, por lo que no debió ser avalada por el departamento. (...) La entidad territorial debió declarar “no habilitada” la propuesta de la UT PAE Magdalena 2017 y proceder a modificar el puntaje otorgado a los proponentes que subsanaron en debida forma su oferta, a fin de suscribir el contrato con quien desde el principio hubiese probado haber confeccionado su oferta en debida forma y, en particular logrado sanear las dudas respecto de los dos requisitos habilitantes referidos. Siendo ello así, procede declarar la nulidad de la Resolución 1249 de 2017, dado que se escogió a un proponente que no subsanó su oferta sino que la mejoró al cambiar la mayoría de vehículos y bodegas inicialmente presentadas, actuación que al ser avalada por la entidad territorial demandada generó una evidente vulneración de las normas que imponen la selección objetiva, y rompió la igualdad que debe primar entre los oferentes, de cara al tratamiento que correspondía frente a quienes contestaron los requerimientos del departamento ciñéndose a los requisitos al cierre de la presentación de propuestas. MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE / EVALUACIÓN DE LA OFERTA / OFERTA ÚNICA / OFERTA MÁS FAVORABLE / PRUEBA DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE / PRIVACIÓN DEL DERECHO DE SER ADJUDICATARIO / PROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA / INDEMNIZACIÓN POR UTILIDAD ESPERADA / UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿La UT PAE Magdalena Social 2017, al ser la única propuesta que cumplió con los requisitos habilitantes y se encontraba dentro del presupuesto oficial, tenía vocación cierta de adjudicación y derecho al correspondiente restablecimiento? Respuesta al problema jurídico: Si En este punto se resalta que no es suficiente que la propuesta del actor fuese la única subsistente tras la exclusión de los demás oferentes, sino que la Sala constata que la UT PAE Magdalena Social 2017 cumplió todos los requisitos habilitantes exigidos en el proceso de selección, lo que permite concluir que tenía vocación cierta de adjudicación y aptitud para acceder al restablecimiento de su derecho. (...) Estando establecido que la única propuesta hábil era la de la UT demandante, se debía acudir a las reglas de adjudicación con oferta única; por lo que no era necesario recurrir a alguno de los 4 métodos de calificación entre propuestas –que estaban dirigidos a ponderar las ofertas según la proximidad que tuvieran con método que resultara aplicable–, puesto que, en este caso, sólo una propuesta resultó hábil, siendo entonces la única calificable. Lo anterior, sin perjuicio de constatar que esa oferta estuviera ajustada al presupuesto oficial de la licitación. La oferta de la UT demandante se presentó por valor de $22.730.131.110, y el presupuesto oficial fue de $22.786.460.220, lo que confirma su aptitud para haber sido la adjudicataria. Constatado el daño antijurídico de la UT demandante, al haber sido privada injustamente del derecho a la adjudicación, se genera la obligación a cargo de la entidad pública de indemnizar los perjuicios causados, los cuales corresponden, principalmente, a la pérdida de la utilidad esperada por la ejecución del contrato; con la precisión de que la falta de prueba sobre el monto de los perjuicios o quantum, no desdice de la existencia del daño ni del derecho a la indemnización. CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Es procedente la condena en costas y la fijación de las agencias en derecho para la primera y segunda instancia? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala fijará las agencias en derecho, para la primera instancia, en la suma equivalente al 3% de las pretensiones a las que se accede en esta providencia y, en la segunda instancia, por el valor equivalente a 1 SMLMV a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Esta determinación se efectúa de conformidad con lo previsto en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, norma vigente en materia de tarifas de agencias en derecho para la fecha en que se presentó la demanda. Finalmente, la liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 ib. FUENTE FORMAL: Consejo Superior de la Judicatura, Acuerdo PSAA16-10554 DE 2016,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366