Sentencia C.E. 76001-23-33-007-2017-01644-01 (2026)

CONSEJO DE ESTADO 76001-23-33-007-2017-01644-01 SENTENCIA SUSTENTO NORMATIVO : DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1603 / DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45 / LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1742 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 187 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NORMA DEMANDADA : FECHA : 10/08/2026 SECCION : SECCION TERCERA SUBSECCIÓN A PONENTE : FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ ACTOR : VÍAS DE CALI S.A.S. EN LIQUIDACIÓN DEMANDADO : MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI DECISION : REVOCA TEMA : MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA / MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA Problema jurídico: ¿Desbordó la parte apelante los límites del recurso de apelación al introducir en segunda instancia nuevos cargos y fundamentos que no fueron planteados en la demanda ni hicieron parte del debate procesal de primera instancia, modificando con ello la causa petendi y desconociendo el principio de congruencia y el derecho al debido proceso? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala ha reconocido que el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión de primer grado, por lo cual, en principio, los aspectos diversos a los planteados por el recurrente deben excluirse del debate ante el superior. En adición a lo anterior, son inadmisibles las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación, en virtud del derecho fundamental al debido proceso y el principio de congruencia, que imponen fallar de forma coherente con los hechos y las pretensiones formulados en la demanda, y con las excepciones planteadas en la contestación, con lo que se busca “impedir que se sorprenda a las partes con decisiones que recaigan sobre aspectos que no fueron objeto de debate en el curso del proceso, salvo los que, de conformidad con la ley, deban ser resueltos de oficio”. En este punto, es preciso recordar que el proceso de la referencia fue promovido por Vías de Cali para que, de forma principal: (i) se anulen las resoluciones que declararon la caducidad del contrato de concesión; (ii) se invalide el otrosí n° 1; (iii) se declare que la contratante incumplió el acuerdo de voluntades; y (iv) se ordene a la entidad territorial el reintegro del valor de la cláusula penal que se hizo efectiva. De forma subsidiaria, solicitó que: (i) se declare que el concesionario ejecutó el 95% del objeto contractual y (ii) se reduzca la cláusula penal pecuniaria teniendo en cuenta dicho porcentaje. Como fundamentos de derecho, el extremo activo sostuvo que los actos acusados adolecen de falsa motivación y fueron expedidos con violación del debido proceso (…). Sin embargo, e[l] (…) último grupo de aspectos no guardan relación con el litigio, en la forma como fue fijado por el a quo, no fueron esgrimidos en el escrito introductorio, no hicieron parte del debate procesal en primera instancia y, en consecuencia, no pueden ser abordados en este foro. No se desconoce que durante el proceso se aludió a la situación financiera del proyecto, a la subcuenta predial o a la suficiencia de los recursos municipales. Sin embargo, tales circunstancias fueron expuestas como antecedentes fácticos del negocio y no como un reproche autónomo dirigido a demostrar la ilegalidad de los actos de caducidad y de imposición de la cláusula penal. En consecuencia, lo planteado en segunda instancia no constituye un mero desarrollo argumentativo de los cargos originalmente formulados, sino la introducción de una nueva línea de censura que modifica el objeto del debate y desborda el marco de congruencia fijado por la demanda. IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD / NULIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / OTROSÍ AL CONTRATO / DESTINACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NORMA PRESUPUESTAL / NORMATIVA DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO / INTEGRACIÓN PREDIAL / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CARGA DE LA PRUEBA / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RIESGO CONTRACTUAL / DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL Problema jurídico: ¿Se acreditó la nulidad del otrosí n.° 1 del contrato de concesión por haber modificado la destinación de los recursos de la subcuenta de gestión predial y el esquema de asignación de riesgos contractuales, con la demostración de la vulneración de normas presupuestales o la configuración de algún vicio que afectara la validez del acuerdo modificatorio celebrado por las partes? Respuesta al problema jurídico: No En la fundamentación del primer cargo de la alzada, la demandante insistió en que el otrosí n° 1 está viciado de nulidad por alterar la destinación de los recursos asociados a la subcuenta de gestión predial, así como el esquema de asignación de riesgos del contrato, y arguyó que dicho modificatorio no comportó una simple adecuación operativa del contrato. En el caso concreto, el instrumento en comento fue celebrado por las partes el 22 de diciembre de 2011 para modificar la cláusula 15.3.1 del contrato, denominada “Suficiencia de la subcuenta de Predios”. (…) Esta Subsección ha explicado que no solo el contrato inicialmente celebrado entre la entidad y el contratista, sino también los acuerdos posteriores son expresión genuina de autonomía negocial para regular aspectos de la ejecución del pacto, para facilitar su cumplimiento, precisar el objeto, ampliar el plazo, desistir de ciertas reclamaciones o adoptar decisiones transaccionales. Lo anterior, como lo ha entendido la Sección Tercera en sede de unificación, implica que los contratos estatales deben celebrarse y ejecutarse de buena fe, de manera que obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o de lo que por ley pertenecen a ella, conforme lo prevén los artículos 1603 CC y 871 del Código de Comercio. Este imperativo, como fuente de derechos y obligaciones, solo puede verse desestimado, además del mutuo disenso o la rescisión por lesión enorme, por la anulación del respectivo acto jurídico bilateral, bajo las causales taxativamente previstas para ello en el ordenamiento jurídico. De cara a lo anterior, debe recordarse, conforme al artículo 44 de la Ley 80 de 1993, que los contratos estatales y sus modificatorios son absolutamente nulos, además de los casos previstos en el derecho común, cuando: (i) se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley; (ii) contra expresa prohibición constitucional o legal; (iii) con abuso o desviación de poder; (iv) se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten; y (v) se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo 21 del EGCAP. Sin embargo, en los términos de los artículos 141 del CPACA, 45 de la Ley 80 de 1993 y 1742 del Código Civil, la invalidación judicial de aquellos acuerdos, incluso si no media pretensión anulatoria, está sujeta a la plena demostración del vicio que erosiona su legalidad, además de la intervención en el proceso de las partes o sus causahabientes, conforme a lo reglado por los artículos 45 de la Ley 80 de 1993, 1742 del Código Civil y 141 del CPACA. Así, en el caso concreto, de un lado, la demanda se limitó a afirmar de forma genérica la violación de “normas de orden presupuestal” con el otrosí n° 1, sin especificar cuáles disposiciones fueron transgredidas, cómo o por qué lo fueron, ni qué causal de nulidad se configuró con su suscripción, lo que impide efectuar un control de legalidad del instrumento contractual, lo que también sucede de cara al reproche frente a los documentos precontractuales (esto es, los pliegos de condiciones y los estudios previos, cuya supuesta vulneración no se explicó). Del otro, al margen de esa omisión argumentativa, la Sala no encuentra acreditado que en la celebración del acuerdo modificatorio cuestionado en el sub lite se hubiese presentado vicio alguno que permita invalidarlo de forma oficiosa. (…) En consecuencia, el primer problema propuesto en el itinerario, y el correspondiente cargo de la alzada esgrimido por la parte demandante, obtienen respuesta negativa: el a quo no desacertó al resolver que el otrosí nº 1 se encuentra ajustado al ordenamiento jurídico, y que no se acreditó que los recursos del negocio hubiesen tenido un uso diferente al cumplimiento de las obligaciones adquiridas allí. FUENTE FORMAL: Decreto 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1603,Decreto 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141,Ley 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44,Ley 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45,Ley 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1742 CADUCIDAD DEL CONTRATO / CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / FACULTAD SANCIONATORIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / CLÁUSULA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ESTATAL / NORMA DE ORDEN PÚBLICO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CARGA DE LA PRUEBA / REQUISITOS DE CARGA DE LA PRUEBA / LÍMITES DE LA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / TRÁMITE ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR VENCIMIENTO DEL PLAZO / INTEGRACIÓN PREDIAL / OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO Problema jurídico: ¿Se encontraba ajustada a derecho la declaratoria de caducidad del contrato de concesión, al haberse acreditado un incumplimiento grave y directamente relacionado con el objeto contractual que condujo a la paralización de las obras e impedía la culminación integral del proyecto, sin que el concesionario demostrara que dicho incumplimiento fuera atribuible a la entidad contratante? Respuesta al problema jurídico: Si La Corporación ha precisado que, en materia contractual, la dirección y control en la celebración y ejecución del contrato que detenta la administración se desarrolla, entre otras -y cuando a ello haya lugar-, a través del ejercicio de las cláusulas excepcionales al derecho común -enunciadas en los artículos 14 y siguientes de la Ley 80 de 1993-, fundamentadas en el interés general que persigue satisfacer. En cuanto atañe a la caducidad, (…) tal declaratoria conduce a: (i) dar por terminado el vínculo, sin que haya lugar a indemnización para el contratista; (ii) ordenar su liquidación en el estado en que se encuentre; (iii) exigir las garantías por configuración del siniestro del incumplimiento; (iv) hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria; y (v) configura para el contratista la inhabilidad para celebrar contratos con entidades públicas durante 5 años. Aunado a ello, la jurisprudencia de esta Colegiatura ha explicado que se trata de una potestad de orden público y, como tal, es inalienable, irrenunciable e intransmisible; se ejerce a través de la expedición de actos administrativos que deben ser debidamente motivados, se puede hacer efectiva sin necesidad de acudir ante el juez; no es renunciable por estar involucrado el interés público. A su vez, esta Subsección ha sostenido que la legalidad de la declaratoria de caducidad está supeditada a la concurrencia de los siguientes presupuestos, de obligatoria motivación en el acto administrativo correspondiente: (i) una desatención prestacional del contratista; (ii) la inexistencia de un incumplimiento determinante por parte de la entidad; (iii) la separación del débito negocial debe recaer en una obligación que afecte de manera directa y grave la ejecución del contrato; (iv) ese incumplimiento debe amenazar con paralizar definitivamente el contrato, al punto que impida la realización del objeto y (iv) la declaratoria de caducidad no puede ser repentina, pues debe agotarse un procedimiento que garantice el debido proceso y el derecho de defensa del contratista. (…) [S]egún se describe en los considerandos del acto que declaró la caducidad contractual, el procedimiento correspondiente tuvo origen en la comunicación IMG-230-16 del 9 de junio de 2016, remitida por la interventoría, en la que solicitó iniciar un procedimiento administrativo por incumplimientos “graves, reiterados e injustificados” por parte del concesionario. (…) De cara a lo anterior, con el fin de valorar el reproche, la Sala recalca que, por su semblanza, los instrumentos a través de los cuales se declaró la caducidad del negocio estatal en cuestión, en tanto actos administrativos -como quedó establecido ab initio-, están revestidos de una presunción de legalidad iuris tantum, con arreglo a la cual, quien la dispute, soporta la carga de la prueba necesaria para desvirtuarla. Ello va de la mano del carácter rogado del contencioso-administrativo cuando examina la validez de las manifestaciones de voluntad estatales, que impide al juez de la causa ejercer un control oficioso de ajuste al ordenamiento jurídico, desligado de los motivos concretos de censura de la parte interesada. De allí surge que el concesionario tenía la obligación procesal de acreditar que lo considerado y decidido por la administración configura el vicio de nulidad invocado en su escrito introductorio, en este caso, la falsa motivación. Sin embargo, se aprecia que ese ejercicio demostrativo no se cumplió. (…) [D]esde el trámite administrativo, el concesionario reconoció su incumplimiento -para, de inmediato, exculparse por el incumplimiento recíproco de la entidad- e, incluso, reconoció su gravedad e incidencia en la paralización de las obras; al tiempo que en su demanda también reconoció no haber culminado la totalidad del objeto pactado. (…) La gravedad del incumplimiento no deriva exclusivamente de que quedara pendiente una porción del objeto contractual al vencimiento del plazo pactado. Lo determinante es que las actividades faltantes impedían la culminación integral del proyecto y frustraban la finalidad pública perseguida con el contrato, circunstancia que comprometió de manera directa la ejecución del objeto concesionado e hizo inviable su terminación dentro de las condiciones previstas por las partes. (…) Aunque el demandante no está obligado a replicar la argumentación esgrimida en el trámite administrativo para cuestionar en esta sede judicial la legalidad de la decisión adoptada por la entidad, lo anterior es denotativo de una incongruencia en las justificaciones ofrecidas por el contratista ante esta Corporación como causales de su incumplimiento, y restan credibilidad a lo razonado en su demanda e insistido en la alzada. Aunado a ello, tampoco acompañó al sub lite prueba idónea que acredite de qué forma la supuesta tardanza que le reprocha a su contraparte en los desembolsos pactados en el acuerdo de voluntades incidió -si es que lo hizo- en su propia mora e incumplimiento definitivo, máxime si se tiene en cuenta que, conforme al clausulado del negocio, correspondía al contratista la obligación de financiar, a su cuenta, la ejecución del proyecto. Similar consideración amerita el supuesto incumplimiento de la entidad territorial en materia de gestión predial, específicamente, en torno a los terrenos del denominado “cantón militar Pichincha”, y su alegada incidencia en el desarrollo de las prestaciones a cargo del contratista. Al efecto, no se aportaron elementos suasorios que indiquen que la totalidad de las obras pendientes de ejecución, resaltadas en el acto de caducidad -vía La Paz, la calle 16, la carrera 80 y la autopista sur- estuvieran en el área de influencia de los predios pertenecientes aquella guarnición militar cuya puesta a disposición del contratista se afirma tardía, lo que impide concluir que la dificultad en la entrega del inmueble fuera la causa de la desatención negocial. En todo caso, conforme al clausulado del contrato, la gestión predial comportaba una acción del resorte exclusivo del concesionario, de forma que mal podría éste excusarse del completo desarrollo del objeto con base en esta circunstancia y, al respecto, como se indicó en precedencia, no obra prueba que indique de qué forma la supuesta tardanza de la contratante en los desembolsos pactados en el acuerdo de voluntades incidió -si es que lo hizo- en la mora e incumplimiento de las prestaciones -esta vez, las asociadas a la adquisición de predios-. Por lo hasta aquí discurrido, la Sala encuentra que los requisitos normativos para la declaratoria de caducidad del contrato de concesión objeto del sub examine, materia de análisis en esta instancia, fueron satisfechos, en tanto: (i) se acreditó el incumplimiento del contratista; (ii) se probó su relación directa con el objeto pactado; (iii) se demostró la afectación grave a la ejecución del pacto, a tal punto que (iv) derivó en su paralización, en tanto a la expiración del plazo de ejecución el proyecto quedaría inconcluso. En consecuencia, con los cargos esgrimidos en los recursos de apelación de Vías de Cali, Axa y Mapfre, no se logró desvirtuar la conclusión a la que arribó el fallador de primera instancia, en punto de mantener la legalidad de los actos administrativos acusados, lo que permite dar respuesta negativa al segundo problema jurídico propuesto en el itinerario e impone confirmar tal determinación. FUENTE FORMAL: Ley 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14 AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / DERECHO DE DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CONTRATO DE CONCESIÓN / FACULTAD SANCIONATORIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / ALCANCE DEL DERECHO A LA PRUEBA / IMPROCEDENCIA DEL DECRETO DE LA PRUEBA / PERTINENCIA DE LA PRUEBA / CONDUCENCIA DE LA PRUEBA / PRUEBA PERICIAL / NOTIFICACIÓN / IMPROCEDENCIA DEL DICTAMEN PERICIAL / CAPACIDAD ECONÓMICA / DEBERES DEL CONTRATISTA / ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ / IMPERTINENCIA DE LA PRUEBA / IMPERTINENCIA DEL PERITAJE / INCONDUCENCIA DE LA PRUEBA / PRÉSTAMO A SOCIOS EN DINERO / CITACIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL / NOTIFICACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / BANCO / ESTIPULACIÓN A FAVOR DE TERCERO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / FACULTADES DEL BANCO / ACREENCIA BANCARIA / ENTIDAD FINANCIERA Problema jurídico: ¿Se respetaron el debido proceso y el derecho de defensa del concesionario en el procedimiento administrativo de declaratoria de caducidad, al haberse negado la prueba pericial motivadamente y no acreditarse que la falta de citación del prestamista hubiera afectado las garantías procesales o la situación jurídica del contratista? Respuesta al problema jurídico: Si Al consultar los elementos de juicio aportados al expediente, se observa que, efectivamente, en el curso de la audiencia que derivó en la expedición de los actos demandados, la entidad contratante negó el decreto de los referidos peritajes, al argumentar que, con ellos, lo que se perseguía era mostrar la situación económica del concesionario, y que, por la naturaleza el contrato, el contratista debía debe tener la capacidad económica para poder solventar la situación. (…) El contexto normativo y jurisprudencial anotado no lleva a concluir (…) que el respeto del debido proceso en sede contractual presupone la obligación de decretar todas las pruebas que soliciten el contratista o el asegurador, como soporte de su defensa. Por el contrario, dicha garantía se agota en que se les brinde la posibilidad de allegar y pedir medios de convicción, presentar argumentos de oposición a los señalamientos que se le efectúen (…) y que se le brinde la oportunidad de interponer los recursos que procedan contra las decisiones que se adopten (…). En cuanto hace al cuestionamiento concreto, el contratista contó con la posibilidad de solicitar y aportar elementos probatorios, y el pedimento concreto relativo a los dictámenes fue resuelto de forma motivada, mediante decisión que explicó su inconducencia e impertinencia (…). Esa conclusión (…) se acentúa si se considera que: (i) la defensa de Vías de Cali, ante su contratante, enfiló hacia su situación financiera (…) que incidieron en el ritmo de ejecución y derivaron en el incumplimiento de su débito negocial; (ii) la solicitud de los medios de convicción referidos se orientó a demostrar la situación económica del concesionario (…) y (iii) en todo caso, la situación económica del contratista no lo hubiera excusado, por sí sola, de atender sus prestaciones negociales. (…) El acuerdo de voluntades cuya declaratoria de caducidad se cuestiona en el caso concreto, fue celebrado por el entonces municipio de Santiago de Cali y la sociedad Vías de Cali S.A.S., exclusivamente, y sólo se consignaron obligaciones a cargo de aquellos sujetos negociales. De esa forma, la desatención de las prestaciones estipuladas en el pacto sólo incumbió a sus contrayentes (…). La cláusula 29.1 únicamente beneficiaba a los prestamistas correspondientes, como interesados en que se les comunicase de la actuación (…), pacto que debe ser entendido a la luz del instituto de la estipulación a favor de terceros (…). En ese sentido, para el caso, el Banco Colpatria (…) sería el único legitimado para reclamar la señalada irregularidad, lo que desvirtúa el reproche de las impugnantes a este respecto. (…) Debe mantenerse la decisión de desestimar el cargo de nulidad fundado en esta circunstancia. (…) De ese tipo de cláusulas no se predica la obligación para la entidad contratante de convocar al prestamista al trámite de incumplimiento que adelanta frente al contratista, ni desplaza hacia este la legitimación que le asiste a aquél para invocar la eventual transgresión de su derecho al debido proceso. (…) La prosperidad del cargo exigía demostrar que dicha circunstancia produjo una lesión directa de una situación jurídica propia de la concesionaria y no simplemente de los intereses contractuales del acreedor. La demandante, sin embargo, no explicó ni acreditó de qué manera la supuesta irregularidad alteró su posición jurídica, restringió el ejercicio de sus derechos contractuales o incidió causalmente en las decisiones administrativas demandadas. Por ello, la sola discrepancia interpretativa acerca del alcance de la estipulación no basta para comprometer la validez de los actos acusados. Por lo discurrido, (…) no se desvirtuó la conclusión del a quo, que excluyó la vulneración del debido proceso con la expedición de los instrumentos contractuales debatidos (…). PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / PRETENSIÓN SUBSIDIARIA / FALLO EXTRA PETITA / NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FACULTAD DEL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / TASACIÓN DE PERJUICIOS / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE CONCESIÓN / CARGA DE LA PRUEBA / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / LÍMITES DE LA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Vulneró el Tribunal el principio de congruencia al declarar la nulidad parcial de los actos administrativos para reducir proporcionalmente la cláusula penal, sin que dicha nulidad hubiera sido solicitada en las pretensiones subsidiarias y sin que se acreditara el porcentaje de cumplimiento de la totalidad del objeto contractual? Respuesta al problema jurídico: No El distrito sostuvo en su impugnación que el Tribunal, al acceder a las pretensiones subsidiarias, transgredió el principio de congruencia, pues se apartó de lo expresamente solicitado por el extremo activo. (…) El contraste entre lo pretendido subsidiariamente en la demanda, lo considerado en la sentencia impugnada y lo consignado en su resolutivo, refleja una disonancia entre lo pedido y lo fallado, lo cual rompe el mandato normativo de congruencia (…). En las pretensiones subsidiarias no se solicitó declarar la nulidad parcial de los actos acusados (…). Teniendo en cuenta que al juez contencioso-administrativo le está vedado ejercer un control oficioso de validez de las manifestaciones de voluntad estatales, desligado de los motivos concretos de censura de la parte interesada, debe concluirse que la determinación adoptada por el Tribunal en tal sentido contrarió el mandato de la congruencia previamente analizado (…). Por consiguiente, este cargo de la apelación encuentra prosperidad, en tanto no resultaba jurídicamente procedente la anulación parcial de los instrumentos contractuales demandados, porque ello no fue solicitado por el extremo censor en su petitum subsidiario. (…) Ahora bien, en punto de la proporcionalidad de la cláusula penal, (…) esta Sección ha efectuado algunas precisiones en torno de la cláusula penal, señalando que se trata del cálculo anticipado de los perjuicios que para la entidad se derivan del incumplimiento del contratista. (…) Esta Corporación también ha reconocido que la señalada reducción proporcional es viable incluso cuando las partes no la pactaron así en la cláusula penal, en aplicación del principio proporcionalidad y del criterio de la equidad (…). La Sala acogerá este cargo de la apelación (…) que exigen a quien impugna judicialmente el monto de la cláusula penal aplicada, acreditar en el proceso que los perjuicios irrogados fueron superiores o inferiores a ella, según se trate, pues en el caso concreto ese ejercicio demostrativo no fue desplegado por quien soportaba la carga de la prueba: el concesionario. Esa inactividad probatoria impide la aplicación de un criterio de equidad para la regulación del monto de la penalidad (…). La Sala no puede extraer (…) que dicha estipulación dé plena e inequívoca cuenta del avance de ejecución de la totalidad de las prestaciones que componían al acuerdo debatido, pues (…) su objeto abarcaba componentes adicionales al de construcción de obras (…). En consecuencia, no se acreditó en el proceso que el porcentaje de ejecución negocial hubiese sido superior al consignado en el acto administrativo que declaró la caducidad del contrato, de manera que la Sala encuentra que: (i) no hay mérito para acceder en esta instancia a la reducción del monto de la cláusula penal pactada, como fue reclamado por el concesionario; y (ii) le asistió razón a la entidad territorial en su reproche al fallo impugnado, pues el Tribunal no podía modificar la tasación anticipada de perjuicios aplicada por la contratante a falta de prueba en torno al porcentaje de ejecución del objeto contractual -no solo de las obras-. En ese orden de ideas, (…) no fue ajustada a derecho la aplicación de la proporcionalidad para reducir el monto de la cláusula penal, al no haberse demostrado del porcentaje de cumplimiento del objeto. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 187 REMISIÓN DE EXPEDIENTE / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / NUEVO PROCESO JUDICIAL / ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / ACUMULACIÓN DE PROCESOS / ACTIVIDAD ASEGURADORA / ENTIDAD ASEGURADORA / PRETENSIONES DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / COPIA DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿Debe remitirse copia de la decisión adoptada en el presente proceso a otro trámite judicial en el que se pretende la nulidad de los mismos actos administrativos, en consideración a la relación existente entre los objetos de ambas controversias? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a entidad territorial informó, en su apelación, que la liquidación del acuerdo de voluntades que aquí se debate “se ventila dentro del proceso con radicado No. 76001233300020230072200, producto de la anulación del laudo arbitral y que, debió ser acumulado y conocido en este mismo proceso”. Aunque ese punto de derecho no guarda relación -ni incidencia- en la presente controversia, al realizar la consulta sobre esa actuación en el aplicativo SAMAI, se advirtió que en esta Corporación cursa otro proceso, radicado bajo el número 76001233300620180021701 (73705), promovido por AXA Colpatria Seguros S.A. y Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. en contra del distrito de Santiago de Cali (con la vinculación de Vías de Cali S.A.S.), en el que se persigue la nulidad de los mismos actos administrativos que aquí se cuestionan. Por consiguiente, en la medida que el objeto del presente litigio guarda relación con lo debatido en aquél, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección, se remita copia de la presente decisión, una vez ejecutoriada, al proceso con radicado 76001233300620180021701 (73705), que cursa en la Subsección B de esta Corporación. CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede condenar en costas de segunda instancia, incluidas las agencias en derecho, a las partes cuyos recursos de apelación resultaron desfavorables, por encontrarse acreditada su causación con la intervención del apoderado judicial de la contraparte? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con la remisión del primer inciso del artículo 188 del CPACA, y según lo establecido en el artículo 365 del CGP, la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta de la parte a la cual se le imponen. Así, la Subsección condenará en costas de segunda instancia al demandante, a Axa y a Mapfre, pues, según lo dispuesto en el artículo 365, numerales 3 y 8 del CGP, los argumentos de sus recursos resultaron imprósperos, al tiempo que los de la entidad territorial salieron avante. Las costas de segunda instancia serán liquidadas por el Tribunal de origen, según lo previsto en el artículo 366 del CGP. Respecto de las agencias en derecho, la parte demandada ejerció su defensa a través de la designación de apoderado judicial, quien intervino en esta instancia, situación suficiente para entenderlas causadas. Así, por ese concepto, en los términos del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, se fijará la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la ejecutoria de esta sentencia, dividido en partes iguales entre Vías de Cali S.A.S., AXA Colpatria Seguros S.A. y Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., en favor del distrito de Santiago de Cali. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366