Sentencia C.E. 85001-23-33-000-2022-00138-02 (2026)

CONSEJO DE ESTADO 85001-23-33-000-2022-00138-02 SENTENCIA SUSTENTO NORMATIVO : CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 314 / LEY 136 DE 1994 - ARTÍCULO 84 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 159, 187, 306 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 1, 320, 322, 338 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 287 NUMERAL 3 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 300 NUMERAL 4 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 313 NUMERAL 4 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 41 TRANSITORIO / DECRETO LEY 1333 DE 1986 - ARTÍCULO 195 / DECRETO LEY 1421 DE 1993 - ARTÍCULO 154 NUMERAL 6 / DISTRITO CAPITAL , ACUERDO 816 DE 2021 - ARTÍCULO 4 / LEY 14 DE 1983 - ARTÍCULO 32, 40 / LEY 2082 DE 2021 - ARTÍCULO 2, 14 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188 / LEY 2082 DE 2021 - ARTÍCULO 14 / MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE, ACUERDO 008 DE 2020 NORMA DEMANDADA : FECHA : 17/09/2026 SECCION : SECCION CUARTA PONENTE : WILSON RAMOS GIRÓN ACTOR : ASOCIACION BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA - ASOBANCARIA DEMANDADO : MUNICIPIO DE YOPAL DECISION : CONFIRMA TEMA : MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER GENERAL / ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL / RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / RESOLUCIÓN DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / EXCEPCIONES PROCESALES / EXCEPCIÓN DE FONDO / INDEBIDA CONFORMACIÓN DEL CONTRADICTORIO / DESIGNACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA / REPRESENTACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA / CAPACIDAD PARA SER PARTE / CAPACIDAD DE LA ENTIDAD PÚBLICA / CONCEJO MUNICIPAL / REPRESENTACIÓN JUDICIAL / REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO / ALCALDE MUNICIPAL / RECHAZO DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / ASUNTO NO APELADO / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA Problema jurídico: ¿Procede declarar la prosperidad de las excepciones denominadas “presunción de acierto y legalidad del acto administrativo demandado”, “la norma demandada supera el test de proporcionalidad” e “indebida conformación del extremo pasivo” propuestas como excepciones de fondo por el Municipio de Yopal? Respuesta al problema jurídico: No Al contestar la demanda, el municipio propuso como excepción previa la «indebida conformación del extremo pasivo», alegando que no se le notificó la demanda al concejo municipal que profirió el acto acusado. Como el a quo no se pronunció sobre el particular, le corresponde hacerlo a la Sala en esta oportunidad. Para atender esa cuestión, se pone de presente que los artículos 314 constitucional, 84 de la Ley 136 de 1994 y 159 del CPACA disponen al unísono que la representación legal de los municipios recae en el alcalde municipal, no en los demás órganos que integran el sector central de la Administración municipal; de ahí que, aunque la norma acusada haya sido expedida por el concejo municipal, no sea ese cuerpo de representación popular quien ostente la personería jurídica de la Administración del ente territorial para actuar en el presente proceso. La claridad de los preceptos citados basta para negar la excepción propuesta por el demandado. De otra parte, observa la Sala que las otras excepciones planteadas por el municipio, tituladas «presunción de acierto y legalidad del acto administrativo» y «la norma demandada supera el test de proporcionalidad», buscan afirmar la legalidad de los apartes acusados. Dado que sobre esa cuestión se pronunció el a quo sin que lo apelara el municipio, la Sala tiene vedado valorar dichas excepciones en el trámite de la segunda instancia. Esta circunstancia fue apreciada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-047, del 11 de marzo de 2026, en la que negó la ocurrencia del «defecto sustantivo por falta de motivación» que planteó el municipio demandado cuando alegó que la Sección no se pronunció sobre el argumento relativo a la proporcionalidad de la norma demandada. Señaló esa Alta Corte que esta Sección «no tenía competencia para pronunciarse sobre la línea argumentativa mencionada» porque: [E]l municipio guardó silencio durante el trámite de apelación, a lo que se debe agregar que la entidad no presentó apelación ni se adhirió al recurso de apelación que formuló la demandante en el trámite de simple nulidad. En otras palabras, nada dijo sobre el particular en el trámite de segunda instancia. En este punto, es preciso mencionar que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 328 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante. Actuar por fuera de este marco supone una lesión al principio de congruencia. FUENTE FORMAL: Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 314,Ley 136 DE 1994 - ARTÍCULO 84,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 159, 187, 306,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328 MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER GENERAL / ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL / RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / SENTENCIA DE REEMPLAZO / CUMPLIMIENTO DE ORDEN JUDICIAL / SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA / SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA TRIBUTARIA / FACULTAD IMPOSITIVA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / AUTONOMÍA TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO / AUTONOMÍA IMPOSITIVA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / ALCANCE DE LA AUTONOMÍA IMPOSITIVA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / AUTONOMÍA FISCAL DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / ALCANCE DE LA FACULTAD IMPOSITIVA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / FACULTAD IMPOSITIVA DEL MUNICIPIO / LÍMITES DE LA FACULTAD IMPOSITIVA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / LÍMITES DE LA FACULTAD IMPOSITIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL / POTESTAD IMPOSITIVA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / POTESTAD IMPOSITIVA MUNICIPAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / AUTORIZACIÓN LEGAL / LEY DE AUTORIZACIÓN PARA IMPOSICIÓN DE TRIBUTOS / LEY DE AUTORIZACIONES / FACULTAD TRIBUTARIA DEL LEGISLADOR / FACULTAD IMPOSITIVA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL DEL CONSEJO DE ESTADO / PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA / IMPUEST O TERRITORIAL / IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO / NORMATIVA DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO / ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA SALUD HUMANA EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO / ADOPCIÓN DE LA NORMATIVA TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL EN LAS CIUDADES CAPITALES / PRESUPUESTO PARA LA ADOPCIÓN DE LA NORMATIVA TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL EN LAS CIUDADES CAPITALES / ALCANCE DE LA NORMA / OBJETO DE LA NORMA / TARIFA DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO / SECTOR FINANCIERO / ENTIDAD FINANCIERA / RÉGIMEN FISCAL DEL DISTRITO CAPITAL / INTERPRETACIÓN DE LA LEY / REALIDAD TRIBUTARIA DE LA CIUDAD CAPITAL / DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA / PRINCIPIO DE JUSTICIA TRIBUTARIA / PRINCIPIO DE IGUALDAD TRIBUTARIA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / EFECTOS DE LA SENTENCIA DE NULIDAD / VIGENCIA DE LA NORMA / POTESTAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRIBUTO / PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO / PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DEL TRIBUTO / PROCEDIMIENTO DE COBRO COACTIVO / SANCIÓN POR INEXACTITUD TRIBUTARIA / CORRECCIÓN DE LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA / CAUSALES DE EXONERACIÓN DE LA SANCIÓN POR INEXACTITUD DE LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA / ALCANCE DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Problema jurídico: ¿El artículo 18 del Acuerdo Nro. 022 de 2021, expedido por el Concejo Municipal de Yopal vulnera el artículo 14 de la Ley 2082 de 2021, al establecer la tarifa del ICA para las actividades de los bancos y demás entidades del sector financiero en el 20 por mil, porcentaje mayor al previsto por el Distrito Capital para esa misma actividad en el artículo 4° del Acuerdo 816 de 2021 (14 por mil)? Respuesta al problema jurídico: No 2- De acuerdo con la orden impartida por el juez de tutela, le corresponde a la Sala juzgar la legalidad de los apartes acusados del artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, por medio de los cuales se establece la tarifa del ICA aplicable a la actividad financiera desarrollada en la jurisdicción de Yopal por «bancos comerciales» y «demás entidades financieras», según los cargos formulados por la parte actora, en calidad de apelante única, contra la sentencia del tribunal que negó sus pretensiones y se abstuvo de condenarla en costas. (…) A efectos de resolver este debate relativo a la interpretación de la normativa que rige el caso, se atenderá al juicio adelantado por la Corte Constitucional en el fallo de tutela en el que se profirió la orden de reemplazo de la sentencia que había dictado esta Sección el 04 de julio de 2024. 4.1- Sobre la potestad normativa tributaria de las entidades territoriales, cabe señalar que, si bien es originaria porque está conferida por el propio Texto Supremo y no por normas de inferior rango, no es absoluta, pues los artículos constitucionales 287.3, 300.4, 313.4 disponen que se encuentra sometida a dos límites: la Constitución y la ley. De ahí que la Corte Constitucional advirtiera, desde la sentencia C-517 de 1992, que la potestad atribuida en el artículo 338 superior para que las ordenanzas y los acuerdos se ocupen de «fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos» está circunscrita a lo que determinen la Constitución y la ley, siendo inadmisibles en nuestro sistema los tributos territoriales configurados en contravía del precepto legal y los regulados exclusivamente por normas locales. Concordantemente con ese precedente constitucional, esta Sección ha manifestado que la facultad creadora de los tributos es un monopolio del Congreso de la República y que, solo cuando se ha establecido legalmente el tributo, cada ente territorial puede fijar los elementos de la obligación tributaria de acuerdo con las pautas fijadas legalmente. Para el caso del ICA, su configuración contemporánea fue desarrollada por las normas contenidas en el Capítulo II de la Ley 14 de 1983 (codificadas después en los artículos 195 y siguientes del Decreto Ley 1333 de 1986), que prescribieron los elementos del hecho imponible del impuesto que regiría en todas las municipalidades, incluyendo el que para entonces era el Distrito Especial de Bogotá (artículo 40 de la Ley 14 de 1983). Pero la Constitución de 1991 dotó de un nuevo régimen a esta ciudad, que pasó a ser un Distrito Capital al que se le autorizó a contar, entre otros aspectos, con un régimen fiscal establecido por leyes especiales (artículo 322), lo cual dio lugar a que, bajo la autorización otorgada por el artículo 41 transitorio de la Constitución, se profiriera el Decreto Ley 1421 de 1993, en el que se dictó el «régimen especial para el Distrito Capital», que incluyó en el artículo 154 modificaciones al ICA que regirían exclusivamente en esa jurisdicción. Posteriormente, la Ley 2082 de 2021, con fundamento en el artículo 320 constitucional, creó una categoría de municipios denominada «ciudades capitales», que abarca al «Distrito Capital de Bogotá y los demás distritos y municipios que tienen la condición de capitales departamentales» y dispuso para esa categoría la adopción de «un régimen especial para su organización, gobierno y administración y un tratamiento diferenciado por parte de las autoridades administrativas, con el fin de promover su desarrollo integral y regional» (artículo 2.°). En lo que atañe al ámbito tributario, el artículo 14 ibidem autorizó a los concejos de las «ciudades capitales» para adoptar «las normas que rigen para el Distrito Capital de Bogotá en materia de impuesto predial unificado y de industria y comercio», a condición de que sea «a iniciativa del alcalde y acorde con las realidades tributarias de la ciudad capital». 4.2- En torno al alcance de la expresión «las normas que rigen para el Distrito Capital de Bogotá en materia de impuesto … de industria y comercio», que suscita la presente controversia, la Corte Constitucional, en la sentencia de tutela SU-047, del 11 de marzo de 2026, concluyó que carece de sustento la interpretación de la demandante, según la cual la remisión se refiere a las disposiciones sobre el ICA adoptadas por el Distrito Capital en su normativa interna. Por el contrario, consideró en esa providencia el máximo intérprete de la Constitución que la expresión alude al régimen normativo que rige en Bogotá, D. C., dentro de los parámetros establecidos por el legislador, i.e. el Decreto Ley 1421 de 1993. Lo anterior, porque la propia norma exige que las disposiciones que adopten las ciudades capitales atiendan a sus realidades tributarias, lo que «descarta la viabilidad de aplicar la misma tarifa en todas las ciudades capitales, habida cuenta de que estas y Bogotá no tienen la misma “realidad tributaria”». De modo que, para la Corte Constitucional, «los concejos de las ciudades capitales fueron habilitados por el Legislador para establecer la tarifa del ICA en el rango establecido en las normas que rigen en el Distrito de Bogotá, esto es, que la disposición no busca que aquellas tengan que acoger la tarifa que rige en Bogotá, sino que adopten una propia que refleje sus necesidades particulares». A partir de este razonamiento concluyó que «el artículo 14 de la Ley 2082 de 2021 hace referencia, en general, al régimen normativo de Bogotá y que, de su literalidad, no puede sostenerse que remita a la tarifa que rige en la capital». Agregó que la finalidad de la norma era la de «maximizar la autonomía territorial y con ello el principio de descentralización administrativa, de manera que las regulaciones de cada territorio atendieran sus realidades disímiles en muchos casos con los postulados del Gobierno nacional», motivo por el cual la interpretación de la expresión «las normas que rigen para el Distrito Capital de Bogotá en materia de impuesto … de industria y comercio», que más se ajustaría a esa finalidad era aquella que entiende que la remisión alude a «los parámetros y principios establecidos para tasar el ICA en el Distrito Capital, los cuales … permanecen en el tiempo y permiten que la tarifa sea ajustada a la realidad sin afectar los preceptos constitucionales que inspiraron la reforma»; todo porque: La Ley 2082 de 2021 no buscó homogeneizar la normatividad para todo el territorio, sino reconocer que, dadas las realidades diferentes de cada ciudad capital, se requerían regulaciones heterogéneas, so pena de ser ineficaces, sobre la base del reconocimiento de que las ciudades capitales … son polos de desarrollo del país y centros de dinámicas políticas, sociales y económicas, … Han sido sometidas a presiones económicas y sociales y, adicionalmente, han debido asumir nuevas cargas y responsabilidades. Señaló la Corte Constitucional que esa es la hermenéutica que «mejor se ajusta y maximiza los principios, valores, derechos y finalidades de la Carta», en tanto fortalece la descentralización administrativa, la autonomía fiscal de los entes territoriales y los principios democrático, de equidad, justicia tributaria e igualdad; y juzgó que vincular con el artículo 154 del Decreto Ley 1421 de 1993 la remisión a las normas del ICA que rigen para el Distrito Capital «representa un mayor espectro de deliberación en términos de suficiencia, pues se podrían considerar las necesidades de la entidad territorial y, además, la capacidad de los contribuyentes para fijar una tarifa, a efectos de tomar una decisión acorde con la realidad de la entidad territorial». 4.3- Tal argumentación lleva a negar los cargos de la apelante en los cuales se plantea la tesis de que la norma acusada infringió el artículo 14 de la Ley 2082 de 2021 al adoptar una tarifa del ICA superior a la que tiene establecida mediante acuerdo el Distrito Capital para gravar la actividad financiera. Esto, porque conforme al criterio interpretativo fijado en la sentencia de tutela SU-047, del 11 de marzo de 2026, el parámetro normativo para establecer la legalidad de la tarifa del ICA adoptada por el municipio demandado es el ordinal 6.° del artículo 154 del Decreto Ley 1421 de 1993, que autoriza fijarla entre el 2‰ y el 30‰; y ocurre que la tarifa prevista en la disposición demandada (i.e. 20‰) se encuentra en ese rango, con lo cual no puede considerarse contraria a las disposiciones superiores en las que debía fundarse, del mismo modo en que lo juzgó el a quo. No prospera el cargo de apelación. (...) Adicionalmente, como la Corte Constitucional dispuso en el fundamento jurídico nro. 214 del fallo de tutela que la Sección Cuarta del Consejo de Estado debe «en el marco de sus competencias» proveer acerca de «los efectos de las decisiones que adopte» en la sentencia de remplazo, la Sala pone de presente que, conforme a los efectos previstos en el artículo 189 del CPACA, la presente decisión hace tránsito a cosa juzgada y define con efectos erga omnes la legalidad del precepto demandado por los cargos estudiados, pero que sus efectos no se extienden a actos administrativos distintos al controlado. Sin perjuicio de lo anterior, resulta pertinente hacer las siguientes puntualizaciones: 6.1- Dado que el juicio recayó sobre los apartes demandados del artículo 18 del Acuerdo 022, del 29 de noviembre de 2021, la sentencia de reemplazo únicamente acarrea efectos sobre las actividades financieras gravadas con el ICA llevadas a cabo durante la vigencia de esa norma, la cual, de acuerdo con los artículos 338 constitucional y 17 del Acuerdo 022 de 2021, inició el 01 de enero de 2022 y finalizó el 31 de diciembre de 2024, como consecuencia de que fue expresamente derogada por los artículos 1.° y 12 del Acuerdo 026, del 28 de noviembre de 2024. 6.2- En esa medida, para las actividades financieras gravadas llevadas a cabo en la jurisdicción de Yopal en el periodo en que rigió el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, sobre las cuales no exista una situación jurídica consolidada, la Administración municipal y los obligados pasivos tributarios tendrán en cuenta la vigencia ininterrumpida de la tarifa del impuesto cuya juridicidad se decidió. Consecuentemente, tendrán que observar que: (i) Los procedimientos de gestión administrativa tributaria que se encuentren en curso o que inicien en el futuro sobre esos periodos en los que estuvo vigente la norma, ya sean de devolución, de liquidación o de cobro coactivo, se decidirán considerando la legalidad declarada de los apartes demandados del artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, definida en la presente sentencia de reemplazo. (ii) Las eventuales conductas infractoras por inexactitud o corrección de las declaraciones tributarias en las que se haya incurrido en las autoliquidaciones en las que no se le haya dado aplicación a la tarifa para las actividades financieras prevista en el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, podrán regularizarse reconociendo la causal de exculpación de la sanción correspondiente prevista en el parágrafo 2.° del artículo 647 del Estatuto Tributario y en el inciso 3.° del artículo 588 ibidem (adicionado por el artículo 46 de la Ley 49 de 1990); así, del modo en que lo avaló el precedente jurisprudencial fijado en la sentencia de esta Sección del 11 de junio de 2020 (exp. 21640, CP: Julio Roberto Piza). 6.3- Finalmente, se advierte que la competencia de la Sección en los procesos que se adelantan bajo el medio de control de nulidad simple le impide emitir pronunciamientos sobre situaciones particulares. Por ende, la modulación de los efectos de esta sentencia de remplazo no puede abarcar las situaciones en las que se prediquen situaciones jurídicas consolidadas derivadas de actos administrativos que hayan adquirido firmeza, sino que para cada caso particular se requeriría por parte del municipio la revocatoria directa o la demanda contra el acto propio en las condiciones reguladas por el CPACA. Conclusión 7- En cumplimiento de la orden impartida por decisión mayoritaria de la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia de tutela SU-047, del 11 de marzo de 2026 (exp. T-11.475.088, MP: Paola Andrea Meneses Mosquera), mediante la cual dejó sin efectos el fallo del 04 de julio de 2024, proferido por la Sala mayoritaria de esta Sección, y ordenó reemplazarlo, la Sala profiere la presente sentencia. Tras el estudio realizado, se confirma la sentencia apelada en la cual se determinó que la ciudad capital de Yopal podía acoger el rango de tarifas del ICA previsto en el artículo 154 del Decreto Ley 1421 de 1993, razón por la cual se ajusta al ordenamiento el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021. FUENTE FORMAL: Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 1, 320, 322, 338,Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 287 NUMERAL 3,Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 300 NUMERAL 4,Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 313 NUMERAL 4,Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 41 TRANSITORIO,Decreto Ley 1333 DE 1986 - ARTÍCULO 195,Decreto Ley 1421 DE 1993 - ARTÍCULO 154 NUMERAL 6,DISTRITO CAPITAL , Acuerdo 816 DE 2021 - ARTÍCULO 4,Ley 14 DE 1983 - ARTÍCULO 32, 40,Ley 2082 DE 2021 - ARTÍCULO 2, 14 MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD / ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO / ACCIONES CONSTITUCIONALES / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL DEL CONSEJO DE ESTADO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas dentro de un proceso promovido en ejercicio del medio de control de nulidad? Respuesta al problema jurídico: No El artículo 188 del CPACA dispensa de condenar en costas en aquellos procesos en los que se ventila un interés público, disposición frente a la cual la jurisprudencia de la Sección ha advertido que esa circunstancia se predica en los casos en los que se tramitan acciones públicas, como la de simple nulidad (sentencia del 06 de julio de 2016, exp. 20486, CP: Jorge Octavio Ramírez). En esa medida, no procede imponer condena en costas en el presente proceso. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188 MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER GENERAL / ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / SENTENCIA DE REEMPLAZO / CUMPLIMIENTO DE ORDEN JUDICIAL / SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA / CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA / SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL / ADOPCIÓN DE LA NORMATIVA TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL EN LAS CIUDADES CAPITALES / PRESUPUESTO PARA LA ADOPCIÓN DE LA NORMATIVA TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL EN LAS CIUDADES CAPITALES / ALCANCE DE LA NORMA / OBJETO DE LA NORMA / TARIFA DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO / SECTOR FINANCIERO / AUMENTO DE LA TARIFA DEL IMPUESTO / INTERPRETACIÓN DE LA LEY / INTERPRETACIÓN DE LA LEY TRIBUTARIA / REALIDAD TRIBUTARIA DE LA CIUDAD CAPITAL / REALIDAD TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / CAPACIDAD ECONÓMICA / CAPACIDAD ECONÓMICA DEL CONTRIBUYENTE / ENTIDAD FINANCIERA / ACTIVIDAD FINANCIERA / POLÍTICA ECONÓMICA / POLÍTICA FISCAL / MUNICIPIO / PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / RECAUDO DEL TRIBUTO / PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VALIDEZ DEL ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿El artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, del Concejo Municipal de Yopal, infringió el artículo 14 de la Ley 2082 de 2021, por falta de motivación sobre las realidades tributarias de ese municipio que justificaran la adopción de la nueva tarifa del ICA para las actividades de los bancos y demás entidades del sector financiero en un porcentaje mayor al previsto por el Distrito Capital para esa misma actividad en el artículo 4° del Acuerdo 816 de 2021? Respuesta al problema jurídico: No Sobre el particular, en el fallo de tutela, la Corte Constitucional señaló que el municipio demandado aportó pruebas documentales para acreditar las circunstancias propias que justificaban la adopción de una nueva tarifa para las actividades financieras desarrolladas en su jurisdicción. Señaladamente, se refirió a la exposición de motivos de la iniciativa de acuerdo y al Acta nro. 51 del Consejo Municipal de Política Fiscal, documentos en los que, de acuerdo con su valoración, se hacía referencia a: (i) las ventajas de implementar periodos bimestrales de causación del ICA en el municipio; (ii) los efectos del aumento de las tarifas para las actividades financieras en el año 2017; (iii) el efecto que tendría en el municipio el incremento de la tarifa del ICA aplicable a tales actividades; y (iv) el impacto de la variación en el recaudo tributario, para lo cual se presentaron diferentes escenarios y proyecciones posibles. En consecuencia, ordenó a la Sección valorar esas pruebas para establecer si demuestran la realidad tributaria del municipio demandado, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 2082 de 2021. Bajo esos parámetros, le corresponde decidir a la Sala. 5.1- Tal como se ha puesto de presente en los párrafos precedentes, el citado artículo 14 autorizó a los concejos de las «ciudades capitales» para adoptar «las normas que rigen para el Distrito Capital de Bogotá en materia de impuesto predial unificado y de industria y comercio», entre otras, a condición de que sea «acorde con las realidades tributarias de la ciudad capital». En el caso que se juzga, para acreditar el cumplimiento de esta exigencia, el municipio demandado se refirió a los siguientes documentos que obran en el expediente: (i) La exposición de motivos del proyecto de acuerdo «por medio del cual se actualiza el régimen jurídico del impuesto predial contenido en el Acuerdo 013 de 2012, se actualiza el régimen del impuesto de industria y se dictan otras disposiciones», del 01 de octubre de 2021, presentado por el alcalde ante el concejo, que a la postre fue aprobado mediante el Acuerdo 022 del 29 de noviembre de 2021 (índice 3). En esa exposición de motivos se indicó que las modificaciones propuestas se habían realizado conforme a los objetivos del Acuerdo 008 del 30 de mayo de 2020, por medio del cual se adoptó el plan de desarrollo para el periodo 2020-2023, cuyo objetivo consistía en «recuperar y mantener la sostenibilidad financiera y presupuestal del municipio, con el propósito de garantizar los recursos que demandará el cumplimiento de las competencias legales del municipio y el logro de las metas». Respecto del aumento de la tarifa objeto de debate, tras exponer el resultado económico del sector financiero entre los años 2006 y 2020, se expuso que las entidades financieras que desarrollaban sus actividades en la jurisdicción del municipio estaban sometidas a una tarifa del 5‰, que no estaba «correlacionada con el dinámico crecimiento del sector», ni concordaba «con la máxima tarifa cobrada para actividades de “servicios” equivalente al 10‰». En línea con esta consideración, se indicó en la exposición de motivos que el municipio «tiene 50 aportantes vinculados a actividades financieras que representan el 4.3% del total liquidado, es decir, 1.190 millones de pesos», de modo que con el aumento de la tarifa al 20‰, «se tiene que el total de recaudo por concepto de ICA incrementa de manera adicional un 11,91% correspondiente a 3.567 millones adicionales». (ii) Acta nro. 51 del Consejo Municipal de Política Fiscal, en la que consta que, en sesión del 01 de octubre de 2021, analizó las consideraciones anteriores y avaló la viabilidad de que se presentara ante el concejo municipal el proyecto de acuerdo «por medio del cual se actualiza el régimen jurídico del impuesto predial contenido en el Acuerdo 013 de 2012, se actualiza el régimen del impuesto de industria y se dictan otras disposiciones» (índice 3). 5.2- La Corte Constitucional y el a quo coincidieron en que los mentados documentos dan cuenta de la realidad tributaria del municipio. La Sala acoge ese juicio en la medida en que ambos medios de prueba, más allá de mencionar los indicadores de crecimiento del sector financiero, exponen que, para cumplir con el plan de desarrollo adoptado para el periodo 2020-2023, cuyo objeto es «recuperar y mantener la sostenibilidad financiera y presupuestal del municipio, con el propósito de garantizar los recursos que demandará el cumplimiento de las competencias legales del municipio y el logro de las metas» se acogieron, entre otras, medidas como la de incrementar la tarifa del ICA a cargo de las entidades del sector financiero, con fundamento en las competencias previstas en el artículo 14 de la Ley 2082 de 2021; lo anterior, teniendo en cuenta que los resultados del sector financiero demostraban su capacidad económica y que la tarifa que estaba vigente para la época estaba por debajo de la aplicable a otras actividades de servicios. Ninguno de esos criterios de política económica y fiscal formulados por el demandado para adoptar la norma acusada fue controvertido por la actora, que solo manifestó que los resultados económicos del sector financiero eran insuficientes para justificar el incremento de la tarifa del ICA que le era aplicable; sin percatarse de que el crecimiento económico del sector financiero no fue el único dato que tuvo en cuenta la ciudad capital para establecer una mayor tarifa del ICA a cargo de las entidades financieras. Nunca se plantearon cargos que cuestionaran que la nueva tarifa del impuesto constituía una medida orientada a cumplir el plan de desarrollo municipal y permitía honrar las metas y competencias que debía atender el municipio, en la medida en que se requería mejorar el recaudo tributario y alcanzar la sostenibilidad financiera del municipio. En suma, la realidad tributaria alegada por el ente territorial demandado para incrementar la tarifa del ICA no fue controvertida por la actora. Consecuentemente, para la Sala, los documentos incorporados en el plenario acreditan el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 14 de la Ley 2082 de 2021, según el cual la adopción de las disposiciones del ICA que rigen para Bogotá D.C. debe atender a las realidades tributarias de la ciudad capital. No prospera el cargo de apelación. 6- Habiendo sido desvirtuados los cargos de apelación, la Sala confirmará la sentencia del a quo que negó las pretensiones de la demanda. Con esa decisión, en cumplimiento de la orden impartida en la sentencia de la Corte Constitucional SU-047, del 11 de marzo de 2026, la Sala reemplazará la sentencia que se había proferido en el presente proceso en la Sala del 04 de julio de 2024. FUENTE FORMAL: Ley 2082 DE 2021 - ARTÍCULO 14,MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE, Acuerdo 008 DE 2020